STC177-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC177-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2020-00138-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 9 de noviembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Silvio Mendoza Montenegro y Mar\u00eda Teresa Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Administrativos de dicha capital, as\u00ed como los intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00b0 2013-00136. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas, al proseguir el litigio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que mediante sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio el 31 de julio de 2015, se accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n de inmueble pretendida por el liquidador de la Cooperativa Solidaria de Colombia \u2013 Cosolicol, y por ende se dispuso la entrega del predio. <\/p>\n
Que para tal proceder, no se advirti\u00f3 que Silvio Mendoza, quien \u00abfue socio de la extinta cooperativa\u00bb, realiz\u00f3 aportes por valor de \u00ab$18.000.000\u00bb, obteniendo el desembolso de \u00ab$57.000.000,00 para garantizar la adquisici\u00f3n de su vivienda (\u2026) firmando un pagar\u00e9 junto con sus condiciones y un contrato de arriendo crediticio que a todas luces es at\u00edpico, el cual se comprometi\u00f3 a pagar en 84 cuotas\u00bb, lo que retomaron los ac\u00e1 accionantes haciendo \u00ablas respectivas consignaciones las cuales eran por (\u2026) $1.314.802\u00bb. <\/p>\n
Que tras la intervenci\u00f3n realizada por la Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria seg\u00fan resoluciones de \u00ab25\/09\/2009\u00bb y \u00ab2010\/03\/16\u00bb, se orden\u00f3 \u00abla toma de posesi\u00f3n inmediata de bienes y haberes\u00bb, y sin que el se\u00f1or Mendoza recibiera \u00abnotificaci\u00f3n por escrito\u00bb para seguir realizando el pago de \u00ablos dineros adeudados\u00bb, el liquidador, adelant\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n de inmueble en lugar de incoar \u00abacci\u00f3n ejecutiva, toda vez que aqu\u00ed nunca se materializ\u00f3 un \u201cleasing habitacional\u201d, lo que realmente se consolid\u00f3 fue una obligaci\u00f3n meramente crediticia, que a trav\u00e9s de un contrato ficto, restituyeron y vendieron un bien inmueble objeto de medida cautelar (\u2026) que a\u00fan se encuentra vigente (\u2026), desconociendo los derechos de los asociados\u00bb. <\/p>\n
Que al tenor de las resoluciones en comento y de lo previsto en el ordenamiento legal, las actuaciones promovidas por el liquidador y las decisiones adoptadas judiciales, en particular la de \u00abdar por terminado el contrato de \u201carriendo crediticio\u201d (\u2026) vulneran a todas luces el derecho fundamental al debido proceso [causando] afectaci\u00f3n patrimonial a [los accionantes], dej\u00e1ndolos sin aportes, sin sus acciones y por supuesto sin poder disfrutar del inmueble adquirido en la negociaci\u00f3n con la extinta cooperativa\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, (i) se ordene al juzgado \u00ababstenerse de continuar con el tr\u00e1mite del despacho comisorio (\u2026), que a trav\u00e9s de la Alcald\u00eda se adelanta por parte de la Inspecci\u00f3n S\u00e9ptima de Polic\u00eda de Villavicencio, mientras se resuelve el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho (\u2026), el cual se encuentra en etapa de conciliaci\u00f3n ante la Procuradur\u00eda Delegada para asuntos Administrativos\u00bb; y (ii) \u00absuspender los efectos de las resoluciones 20103500001495 de fecha 16\/03\/2010 y 20093500006685 de fecha 25\/09\/2009 con las cuales se orden\u00f3 tomar posesi\u00f3n para administrar los bienes, haberes y negocios de la extinta Cooperativa Solidaria Colombia, por no haber sido notificadas a (\u2026) en debida forma y desconocer los derechos societarios y las obligaciones adquiridas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Villavicencio, inform\u00f3 que en el proceso en cuesti\u00f3n \u00abadelantado por GC-Gesti\u00f3n Corporativa S.A.S. [cesionaria de la Cooperativa Solidaridad Colombia], se profiri\u00f3 sentencia el 31 de julio de 2015 (\u2026) declarando terminado el contrato de arrendamiento y disponiendo entre otros, la restituci\u00f3n del bien inmueble objeto de litigio, providencia que se encuentra m\u00e1s que ejecutoriada\u00bb; que en \u00e9ste \u00abse dio se dio estricto acatamiento a los preceptos establecidos por nuestro estatuto procesal civil, respetando las garant\u00edas procesales que les asist\u00edan a los intervinientes, siempre en procura de una correcta administraci\u00f3n de justicia, sin que se denote actuaci\u00f3n alguna que vaya en contrav\u00eda de los derechos fundamentales invocados\u00bb. Acot\u00f3 que \u00abse han resuelto todas y cada una de las solicitudes (\u2026), efectuadas con posterioridad a la emisi\u00f3n de la sentencia que puso fin al proceso, incluso, en diversas oportunidades se han rechazado solicitudes de nulidad incoadas por la parte pasiva, la \u00faltima de ellas, decidida mediante auto calendado del 18 de diciembre de 2017, el cual fue objeto de recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, resuelto a trav\u00e9s de providencia calendada del 23 de febrero de 2018 (\u2026), manteniendo la decisi\u00f3n fustigada y concediendo el recurso de alzada, este \u00faltimo decidido [con] providencia dictada el 17 de mayo de 2018 (\u2026), en la que se confirm\u00f3 el prove\u00eddo replicado, decisi\u00f3n que se obedeci\u00f3 y cumpli\u00f3 mediante auto calendado del 25 de febrero de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. GC Gesti\u00f3n Corporativa S.A.S., demandante en el pleito criticado, dijo que en relaci\u00f3n con los mismos hechos, contra los accionantes formul\u00f3 denuncia penal que cursa ante la Fiscal\u00eda Seccional de Villavicencio, y record\u00f3 que los actores \u00abya hab\u00edan instaurado otra acci\u00f3n de tutela [2015-00546]\u00bb, en la que se \u00abdeneg\u00f3 el amparo\u00bb, y del mismo modo, \u00abhan instaurado varias acciones judiciales para entorpecer la restituci\u00f3n del inmueble que ocupan habiendo sido todas adversas a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
3. La Inspectora de Polic\u00eda No. 7 del municipio de Villavicencio, inform\u00f3 que la diligencia de entrega del inmueble \u00abapartamento No. 505 del edificio Torres de San Juan\u00bb, para la cual fue comisionada, estaba prevista para el 27 de noviembre de 2020, pero \u00abcomo consecuencia del estado de emergencia sanitaria (\u2026) la reprogramaci\u00f3n de audiencias y diligencias ya se encuentra para el \u00faltimo trimestre del a\u00f1o 2021\u00bb. Frente a lo pretendido, pidi\u00f3 declarar su improcedencia de la acci\u00f3n por \u00abexistir otros medios de defensa judicial\u00bb, y porque respecto de esa oficina, \u00abse carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que esta no ha sido la causante de los hechos [denunciados]\u00bb. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda de Villavicencio, a trav\u00e9s de la Oficina Asesora Jur\u00eddica, tambi\u00e9n se opuso a las pretensiones aduciendo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio por incumplir el presupuesto temporal, pues la pretensi\u00f3n \u00abse dirige contra la orden de entrega material del bien identificado con matr\u00edcula No. 230-97816, proferida en la sentencia adiada 31 de julio de 2015, (\u2026) y contra las resoluciones de toma de posesi\u00f3n para administrar bienes, haberes y negocios de \u201cCosolicol\u201d, adoptada por resoluci\u00f3n No. 20093500006685 de 25 de septiembre de 2009 y de liquidaci\u00f3n por resoluci\u00f3n No. 20103500001495 de 16 de marzo de 2010, expedidas por la Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria\u00bb. Tambi\u00e9n, porque los actores disponen \u00abde otros mecanismos ordinarios para (\u2026) suspender los efectos de los actos administrativos fustigados [pues] bien pudo solicitar la nulidad y restablecimiento de derechos de las pluricitadas resoluciones ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y requerir la suspensi\u00f3n de sus efectos como medida previa, no obstante, mantuvo una postura pasiva o de inercia durante varios a\u00f1os, optando por promover m\u00faltiples acciones de tutela [falladas con sentencias STC17617-2015 y STC11802-2018] en procura de enervar las consecuencias jur\u00eddicas del proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los demandantes al censurar que el tribunal no revis\u00f3 \u00abprofunda y detalladamente las actuaciones desplegadas dentro del proceso (\u2026), en aras de amparar el derecho fundamental al debido proceso y resarcir el derecho constitucional aqu\u00ed violentado, [ya que] se les hace extra\u00f1o que se le diera tr\u00e1mite a una acci\u00f3n civil err\u00f3nea\u00bb, al inobservar \u00ablos requisitos formales de la demanda y de la documentaci\u00f3n aportada [en especial] el certificado de tradici\u00f3n y libertad\u00bb, y reitera que \u00abel contrato de arrendamiento crediticio no fue un leasing habitacional\u00bb y dem\u00e1s argumentos para desvirtuar el fundamento de la restituci\u00f3n, apuntando como desacertada la aseveraci\u00f3n de que no emplearon \u00ablos mecanismos y recursos de ley para ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por los reclamantes, al disponer la ejecuci\u00f3n del fallo proferida dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble n\u00b0 2013-00136, pese a que los actos administrativos sobre \u00abtoma de posesi\u00f3n para administrar bienes, haberes y negocios\u00bb y orden \u00abpara liquidar la Cooperativa Solidaridad Colombia\u00bb -demandante en el asunto ordinario en cuesti\u00f3n-, se adelanta tr\u00e1mite preliminar al mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, siendo ellos: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Resaltado y subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, siendo forzoso que el supuesto de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar, ya que \u00ablas causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que para la procedencia de la tutela, \u00abse requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC8942-2020, 22 oct. 2020, rad. 00139-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, del an\u00e1lisis pertinente que se realiza al presente reclamo, a la informaci\u00f3n extractada de las piezas procesales allegadas, la Sala confirmar\u00e1 el fallo desestimatorio del auxilio, pero al observar la evidente ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por quienes fungen como demandados en el pleito n\u00b0 2013-00136, seguido ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio. <\/p>\n
Ahora, por cuanto seg\u00fan radicados T5356232 de enero 29 de 2016 y T7092989 del 14 de noviembre de 2018, tales resoluciones hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, resulta improcedente volver sobre el an\u00e1lisis de legalidad de las actuaciones que all\u00ed fueron objeto de estudio, por ende, la cr\u00edtica realizada por intermedio de esta acci\u00f3n, solamente puede referir a las situaciones posteriores que no se sujeten a las consecuencias jur\u00eddicas ya resueltas. <\/p>\n
Sentado lo anterior, deviene infundada la acusaci\u00f3n actual dirigida a que la autoridad judicial se abstenga de ejecutar el fallo que profiri\u00f3 desde el 31 de julio de 2015, el cual, tras sortear recursos, solicitudes de nulidad y acciones de tutela, se encuentra en firme; por consiguiente, la orden de entrega del bien en restituci\u00f3n, goza de la suficiente seguridad jur\u00eddica que no puede ser obviada por el juzgador excepcional, cuando para ello se adujeron argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que fueron ampliamente debatidos. <\/p>\n
3.2. En segundo lugar, el hecho de que los quejosos pretendan refutar las resoluciones expedidas por la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria el 25 de septiembre de 2009 y el 16 de marzo de 2010, mediante las cuales, \u00abse ordena toma de posesi\u00f3n para administrar bienes, haberes y negocios de la Cooperativa Solidaridad Colombia (Cosolicol)\u00bb, y \u00abse ordena tomar posesi\u00f3n para liquidar[la]\u00bb, respectivamente, por s\u00ed mismo no implica la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del bien a restituir, cuando el tr\u00e1mite se surti\u00f3 y defini\u00f3 respetando el debido proceso, seg\u00fan da cuenta la actuaci\u00f3n de instancia que inclusive fue revisada en sede de tutela por esta Corte, como atr\u00e1s qued\u00f3 visto. <\/p>\n
As\u00ed, sin perjuicio de lo que disponga el fallador de la causa y por tanto encargado de verificar el cumplimiento de su fallo, o del que asuma el conocimiento del eventual proceso contencioso administrativo, el actual planteamiento para suspender la ejecuci\u00f3n de una orden judicial se muestra carente de fundamento jur\u00eddico, pues no se avizora que, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, la funcionaria enjuiciada hubiera incurrido en vulneraci\u00f3n al derecho fundamentales de los actores. <\/p>\n
3.3. En las condiciones descritas, por cuanto no se observa que la diligencia de entrega del bien objeto de restituci\u00f3n, encargada a la Inspecci\u00f3n S\u00e9ptima de Polic\u00eda de Villavicencio dentro del litigio adelantado ante el juzgado querellado, conlleve afectaci\u00f3n a las prerrogativas invocadas por los ac\u00e1 querellantes, la acci\u00f3n incoada se torna improcedente. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia ha dejado sentado que cuando la controversia planteada en este especial escenario, no conlleva amenaza o vulneraci\u00f3n a derecho superior alguno, la acci\u00f3n carece de relevancia constitucional, en tanto que, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, citada en STC11419-2020, 11 dic. 2020, rad. 00378-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a los razonamientos dados en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la tutela, porque la actuaci\u00f3n cuestionada al interior del pleito ordinario, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, pero por la raz\u00f3n precisada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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