STC178-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC178-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00303-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala del veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formula da frente a la sentencia proferida por la Sala Civil familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 25 de noviembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes al interior del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de una acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2013-01124) que inici\u00f3. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 se ordene \u00abdeterminar si la juez cometi\u00f3 prevaricato al terminar una acci\u00f3n constitucional, que es de impulso oficioso, art. 5 ley 472 de 1998. Se ordene la nulidad de todo lo actuado ya que la tutelada desconoci\u00f3 art. 5 ley 472 de 1998. Se ordene aplicar art. 84 ley 472 de 1998 por quien corresponda en derecho. Se ordene digitalizar todo lo actuado a fin de presentar acci\u00f3n penal y reparaci\u00f3n directa por error judicial. Se ordene al procurador delegado en acciones populares y al defensor del pueblo que prueben en derecho c\u00f3mo actuaron en la acci\u00f3n popular tutelada y prueben si cumplieron ley 734 de 2002 o nada hicieron para garantizar art. 29 CN\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira se opuso a la prosperidad del amparo, para cuyo efecto manifest\u00f3 que \u00abcontrario a lo indicado por el actor en su escrito de tutela, en este despacho, no se tramita ni acci\u00f3n popular ni proceso alguno radicado con el n\u00famero 2013-01124\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que \u00abno es el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante y m\u00e1s a\u00fan cuando no se le ha vulnerado derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que la presente acci\u00f3n constitucional es improcedente, pues \u00abninguna prerrogativa se ha lesionado al quejoso\u00bb. <\/p>\n
. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el amparo por cuanto \u00abcon la informaci\u00f3n suministrada por el juzgado accionado, se estableci\u00f3 la falsedad de los hechos planteados en la demanda, por ser inexistente el proceso al que se refiere el accionante y tampoco present\u00f3 peticiones a la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo que se encuentren pendientes por resolver\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que \u00abel auto ilegal no ata, aun en firme\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta irregularidad en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2013-01124) por cuanto, supuestamente, \u00abno resolvi\u00f3 memorial sobre prevaricato al terminar el asunto de forma ilegal y anormal\u00bb. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la queja se circunscribe a que supuestamente el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira \u00abno se ha pronunciado sobre memorial por prevaricato por haber terminado el asunto de manera ilegal y anormal\u00bb en el marco de la acci\u00f3n popular con radicado 2013-01124, aspecto que por s\u00ed mismo no podr\u00eda configurar una trasgresi\u00f3n iusfundamental, pues, conforme a la respuesta ofrecida por la autoridad accionada \u00abno ha tramitado acci\u00f3n popular ni proceso alguno con esa radicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en punto al cuestionamiento de que \u00abel procurador provincial y el defensor del pueblo regional Risaralda deben probar si cumplieron ley 734 de 2002 o nada hicieron para garantizar art. 29 CN.\u00bb se advierte que el gestor no ha presentado solicitud en tal sentido ante las referidas entidades que se encuentre pendiente por resolver, por lo que tampoco se puede establecer la ocurrencia de un evento transgresor de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
I. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. Conforme con ello, se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia constitucional, en tanto los hechos expuestos en esta sede no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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