STC179-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC179-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2020-01733-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 19 de noviembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela que Francisco Jos\u00e9 Carrillo Cepero promovi\u00f3 contra el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando por conducto de apoderado judicial, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso y \u00ab\u2026a la legalidad\u00bb que estima conculcadas por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Afirma que en el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 curs\u00f3 el proceso ejecutivo hipotecario 2009-00135 promovido por Manuel Bernal Vargas contra Ruby Nancy Palacio S\u00e1nchez que finaliz\u00f3 con sentencia desestimatoria de 18 de julio de 2019. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la aludida determinaci\u00f3n se dispuso el levantamiento de la medida cautelar decretada sobre el inmueble vinculado al asunto por lo que, \u00aben varios memoriales\u00bb, solicit\u00f3 la adici\u00f3n del prove\u00eddo en el sentido de \u00abordenar la entrega material o f\u00edsica del inmueble que fue secuestrado\u00bb que fue denegada. <\/p>\n
Manifiesta que, con posterioridad y \u00abpara evitar otro proceso\u00bb, reiter\u00f3 su petici\u00f3n de entrega, pero esta vez \u00aba los herederos de la se\u00f1ora Gladys Cepero P\u00e1ez\u2026 de acuerdo con el art\u00edculo 308 C. G. del P.\u00bb, con igual resultado desfavorable, pese a que el fallador \u00abtiene pleno conocimiento que la se\u00f1ora\u2026 no enajen\u00f3 como tampoco constituy\u00f3 hipoteca alguna\u00bb pues la justicia penal orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de dos registros en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del aludido bien. <\/p>\n
3. Por lo anterior, y sin identificar el defecto que atribuye a las decisiones cuestionadas, solicit\u00f3 \u00abordenar\u2026 se dicte sentencia complementaria, adicionando a la sentencia\u2026 ordenar y fijar fecha de entrega del bien inmueble\u2026 a los herederos de\u2026 Gladys Cepero P\u00e1ez\u00bb; asimismo, pidi\u00f3 que se disponga \u00abla cancelaci\u00f3n de la hipoteca suscrita entre Palacio S\u00e1nchez Ruby Nancy y Bernal Vargas Manuel y declarar nula la escritura p\u00fablica no. 221 del 23.12-2008 Notar\u00eda 9 de Bogot\u00e1 [sic]; lo mismo cancelar el numeral o anotaci\u00f3n No. 14 de la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-382611 [sic]\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente deprec\u00f3 que, en cumplimiento de la sentencia de 18 de julio de 2019, \u00abhaga la entrega material o f\u00edsica del bien\u2026 a los herederos de\u2026 Gladys Cepero P\u00e1ez\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La Juez Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abcomo el mismo accionante lo manifiesta, pretende a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela suplir las acciones pertinentes para lograr obtener que el inmueble regrese a los herederos de\u2026 Gladys Cepero P\u00e1ez, con base en lo declarado por la autoridad penal, lo cual descarta, de suyo, la procedencia de esta especial\u00edsima acci\u00f3n por carencia del presupuesto de la subsidiariedad ya que existe otra v\u00eda ordinaria id\u00f3nea\u00bb <\/p>\n
EL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda pues \u00ablas decisiones\u2026 por s\u00ed mismas no evidencian al menos un indicio de arbitrariedad, irrazonabilidad o capricho\u00bb toda vez que el despacho convocado, \u00aben el marco de sus estrictas competencias, atendi\u00f3 las solicitudes\u2026 que elev\u00f3 quien hoy promueve el amparo\u00bb, sin que pueda afirmarse que la negativa de acceder a sus solicitudes \u00abtenga la fuerza para predicar la posible vulneraci\u00f3n de alguna de las garant\u00edas que conforman la \u00f3rbita de protecci\u00f3n del derecho al debido proceso constitucional\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que la presente acci\u00f3n desatiende el postulado de la subsidiariedad comoquiera que, \u00abpara satisfacer sus intereses, el ordenamiento jur\u00eddico otorga a\u2026 Carrillo acciones judiciales para tratar de satisfacerlos, v. gr. Promoviendo la acci\u00f3n reivindicatoria del dominio con el fin de recuperar la posesi\u00f3n material del bien o la de posible nulidad absoluta con el fin de dejar sin efectos el gravamen hipotecario\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el gestor, al no acceder a entregarle el inmueble vinculado al proceso ejecutivo hipotecario 2009-00135, cancelar la hipoteca que sobre \u00e9l recae y declarar la nulidad de la escritura p\u00fablica 221 de 23 de diciembre de 2008. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, tiene cabida para proteger de manera inmediata derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre que el interesado carezca de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Como se dijo, este mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo que constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En el presente asunto, se configura la segunda modalidad, dado que, como acertadamente concluy\u00f3 la sala a quo, el querellante cuenta con herramientas id\u00f3neas con las que puede satisfacer sus pretensiones, pues para obtener la entrega del bien sobre el que recay\u00f3 el compulsivo, por tratarse de persona diferente a quien lo detentaba al momento de perfeccionarse el secuestro, tiene a su alcance la acci\u00f3n reivindicatoria, as\u00ed como tambi\u00e9n las acciones judiciales pertinentes para buscar la invalidaci\u00f3n del gravamen hipotecario y del instrumento que lo contiene. <\/p>\n
En efecto, la anterior circunstancia es conocida por el accionante, al punto que en el libelo genitor admite que lo que pretende al incoar esta salvaguarda es evitar la promoci\u00f3n de otros procesos, pese a que en varias oportunidades el despacho cognoscente tuvo a bien advertirle que sus pedimentos desbordan el objeto del proceso ejecutivo. <\/p>\n
As\u00ed le fue informado en la sentencia de 18 de julio de 2019: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En efecto, al no ser la demandada la titular del derecho de propiedad del bien, deviene en la ausencia mediata de aspecto procesal trascendente para esta sentencia, la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues en efecto el resultado de la investigaci\u00f3n penal demostr\u00f3 que el inmueble nunca sali\u00f3 de la esfera de dominio de\u2026 Gladys Cepero P\u00e1ez, quien no lo enajen\u00f3 como tampoco constituy\u00f3 hipoteca alguna. <\/p>\n
Sin embargo, y si bien este aspecto derrota la ejecuci\u00f3n por la v\u00eda hipotecaria ac\u00e1 planteada, no es posible dar alcance tal que pueda efectuarse mediante este tr\u00e1mite, al levantamiento de la hipoteca y dem\u00e1s anotaciones registrales posteriores a la falsedad evidenciada por el juzgador penal. El proceso hipotecario no tiene tal prerrogativa y ser\u00e1 entonces a los interesados en su levantamiento iniciar nuevas y pertinentes acciones judiciales para el efecto. <\/p>\n
Con base en la investigaci\u00f3n penal no puede derivarse el levantamiento de la hipoteca que a continuaci\u00f3n de la venta se registr\u00f3, pues ello no es objeto del presente proceso (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Y en el prove\u00eddo del 11 de noviembre anterior, se le reiter\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, en la sentencia que se profiri\u00f3 en el asunto, se denegaron las pretensiones de la demanda\u2026 por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u2026asimismo se indic\u00f3\u2026 que mediante la acci\u00f3n ejecutiva no pod\u00eda ventilarse lo atinente al levantamiento de la hipoteca ni resolver sobre las anotaciones registrales posteriores a la falsedad evidenciada por la autoridad penal, dado que \u201cel proceso hipotecario no tiene tal prerrogativa y ser\u00e1 entonces a los interesados en su levantamiento iniciar nuevas y pertinentes acciones judiciales para el efecto\u201d\u00bb <\/p>\n
De manera que, en consonancia con lo resuelto tanto por el juzgado de conocimiento y la colegiatura de primer grado, corresponde al aqu\u00ed accionante iniciar las acciones judiciales pertinentes para la satisfacci\u00f3n de sus s\u00faplicas; empero, pese a tener las aludidas herramientas, Carrillo Cepero prefiri\u00f3 acudir a esta particular senda, obviando que este instrumento supralegal ha sido erigido para proteger derechos fundamentales y no para zanjar pedimentos que deben ser propuestos y resueltos ante las diferentes entidades p\u00fablicas, o para \u00abdar celeridad\u00bb o buscar un pronunciamiento expedito. <\/p>\n
Significa lo anterior que el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que es deber del interesado agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
Sobre el agotamiento de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo analizado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, en tanto que el resguardo implorado desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Por un medio expedito, comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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