STC183-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC183-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b066001-22-13-000-2020-00331-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 30 de noviembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes al interior del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de una acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2016-0648) que inici\u00f3. <\/p>\n
2. El querellante cuestiona que, en el marco del asunto de la referencia, supuestamente, \u00abla tutelada aplic\u00f3 desistimiento t\u00e1cito en acci\u00f3n constitucional de impulso oficioso, violando abierta y tajantemente art. 5, 6 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, a dicha terminaci\u00f3n anormal, le present\u00e9 recurso ya que esa figura no aplica para acciones populares, sin embargo, la juez nunca tramit\u00f3 alzada frente a la terminaci\u00f3n anormal\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 se ordene \u00abcontinuar el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular terminada anormalmente. Se ordene digitalizar todo lo actuado y se me brinde copias aut\u00e9nticas a fin de que obre en acci\u00f3n penal y en acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial. Se decrete nulidad del auto que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular, ya que s\u00f3lo se puede terminar con sentencia y se vincule al delegado en esta acci\u00f3n popular a fin que pruebe en derecho c\u00f3mo garantiz\u00f3 el debido proceso que fue cercenado por los operadores judiciales de justicia al inaplicar lo que manda ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira se opuso a la prosperidad del amparo, para cuyo efecto manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n popular cuestionada se encuentra archivada por haber sido terminada por desistimiento t\u00e1cito mediante auto del 17 de septiembre de 2018. As\u00ed las cosas, extra\u00f1a a este juzgado que teniendo pleno conocimiento el aqu\u00ed accionante de estas providencias y en especial la de cambio de doctrina de la Corte, utilice la acci\u00f3n de tutela para causar confusi\u00f3n en este tema en particular cuando ya ha sido ampliamente estudiado por el \u00f3rgano de cierre de esta jurisdicci\u00f3n existiendo innumerables acciones de tutela sobre el mismo tema donde la Corte Suprema de Justicia ha expresado que a partir del 1 de Diciembre de 2018, cambiaba su doctrina respecto a la aplicaci\u00f3n de la figura de desistimiento t\u00e1cito en acciones populares, en el sentido que antes de esa fecha s\u00ed era posible aplicarla y despu\u00e9s de esta fecha ya no era factible\u00bb. <\/p>\n
2. La representante legal de Audifarma S.A., se\u00f1al\u00f3 que el actor lo que pretende es \u00abdilatar el procedimiento, ya que pide desistimientos, acumulaciones y dem\u00e1s, todo esto no es m\u00e1s que un desgaste judicial para las partes, confunde y tiene el sistema colapsado\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador Regional de Risaralda indic\u00f3 que la presente acci\u00f3n constitucional es improcedente, pues \u00abninguna prerrogativa se ha lesionado al quejoso\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador 10 Judicial II de la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles expres\u00f3 que \u00abla providencia que se ataca fue adoptada por la juez 3 Civil del Circuito de Pereira el 17 de septiembre de 2018, de acuerdo a la consulta de procesos en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, lo cual es indicativo que esta decisi\u00f3n se encuentra ejecutoriada y en tal caso deber\u00e1 acatarse\u00bb. <\/p>\n
5. El apoderado de la Alcald\u00eda de Pereira se\u00f1al\u00f3 que \u00aben su car\u00e1cter de tercero interviniente y por su deber legal, se atiene a lo probado en el asunto\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda por no atender el presupuesto de la inmediatez, toda vez que \u00abel auto cuestionado que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito se profiri\u00f3 hace dos a\u00f1os (17 de septiembre de 2018), por tanto, claramente la tutela desborda el plazo razonable de los seis meses fijados por la jurisprudencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que \u00abexijo se aplique en derecho decreto 2591 de 1991, ya que la tutelada no responde mi tutela y nunca se aplica tal decreto. El auto ilegal, a\u00fan en firme no ata\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si el juzgado convocado vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al \u00abaplicar el desistimiento t\u00e1cito en la acci\u00f3n popular 2016-00648 en contradicci\u00f3n de las normas que regulan ese tipo de asuntos\u00bb. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Para la viabilidad de la tutela dirigida contra providencias judiciales, se ha reiterado que deben cumplirse todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales son esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable, y que previo al auxilio se hayan agotado los medios de defensa. <\/p>\n
La importancia del requisito temporal radica en que impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual, ya que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 0188-01, citada entre otras en STC14544-2019, 24 oct. 2019, rad. 01736-01). <\/p>\n
Igualmente, expuso esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras muchas en STC13830-2019, 10 oct. 2019, rad. 03168-00). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, la Sala encuentra que la sentencia desestimatoria de primera instancia ser\u00e1 respaldada, comoquiera que la salvaguarda implorada no alcanza a superar el presupuesto gen\u00e9rico de la inmediatez para la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
Ciertamente, el reclamo tra\u00eddo a discusi\u00f3n en esta oportunidad no atiende el postulado que viene de comentarse, en la medida en que la inconformidad del accionante, surge de la decisi\u00f3n que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en la acci\u00f3n popular con radicado 2016-00648, providencia que tilda como transgresora de sus prerrogativas. <\/p>\n
Bajo ese entendido, le asiste raz\u00f3n al tribunal al evidenciar que la tutela no supera el esencial presupuesto de la inmediatez, toda vez que la referida determinaci\u00f3n fue dictada por el convocado el 17 de septiembre de 2018, y la invocaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n vino a hacerse el 10 de noviembre de 2020, de donde surge que contabilizado el t\u00e9rmino transcurrido entre una y otra fecha es superior a seis (6) meses, y ese lapso, conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, supera el se\u00f1alado como prudencial y razonable para que la instauraci\u00f3n sea tempestiva. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a determinaciones judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, toda vez que la tutela implorada no satisface el presupuesto de la inmediatez, y para tal omisi\u00f3n no se avizora que el actor haya acreditado un v\u00e1lido motivo de exculpaci\u00f3n, ni que est\u00e9n dadas las condiciones para su procedencia como mecanismo transitorio, se impone respaldar el fallo desestimatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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