STC186-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC186-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00317-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala del veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 30 de noviembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes al interior del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de una acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2016-00615) que inici\u00f3. <\/p>\n
2. El querellante cuestiona que, en el marco del asunto de la referencia, supuestamente, \u00abla tutelada dej\u00f3 de pronunciarse sobre la aplicaci\u00f3n del art. 34 inciso final de la ley 472 de 1998 tal como lo pidi\u00f3 en la demanda de acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 se ordene a la autoridad convocada \u00abpronunciarse en sentencia sobre aplicaci\u00f3n del art. 34 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se opuso a la prosperidad del amparo, para cuyo efecto manifest\u00f3 que \u00abprofiri\u00f3 sentencia el 3 de octubre de 2017, providencia que fue revocada por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira, el 17 de julio de 2020 y actualmente, el proceso se encuentra archivado\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor y sus pretensiones no vinculan a la entidad por cuanto su resoluci\u00f3n no se encuentra dentro de nuestra competencia\u00bb. <\/p>\n
3. El asesor del despacho de la Personer\u00eda de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que \u00abfrente a los hechos, no nos consta y nos adherimos a las pruebas aportadas dentro del expediente\u00bb. <\/p>\n
4. La apoderada de la Alcald\u00eda de esa ciudad, indic\u00f3 que \u00abno existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte de la Administraci\u00f3n municipal de la que pudiera derivarse la supuesta afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales del gestor, por lo que se debe declarar la improcedencia de la protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el amparo porque \u00abes inexistente alguna vulneraci\u00f3n en raz\u00f3n que no aparece una petici\u00f3n orientada a que se adicione la sentencia aplicando el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998 que aqu\u00ed echa de menos el accionante, aunado a que ning\u00fan perjuicio irremediable se ha invocado y menos se ha demostrado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia sin expresar las razones de su desacuerdo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta irregularidad en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2016-00615) por cuanto \u00aben su sentencia no hizo pronunciamiento sobre el art. 34 de la ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que habr\u00e1 de refrendarse el fallo desestimatorio del tribunal a quo, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilite la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la queja se circunscribe a que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal \u00aben su sentencia no hizo pronunciamiento sobre el art. 34 de la ley 472 de 1998\u00bb <\/p>\n
en el marco de la acci\u00f3n popular con radicado 2016-00615, aspecto que por s\u00ed mismo no podr\u00eda configurar una trasgresi\u00f3n iusfundamental, pues, se observa que el referido despacho mediante fallo de fecha 3 de octubre de 2017 \u00abneg\u00f3 las pretensiones de la demanda\u00bb y en raz\u00f3n a la naturaleza de la decisi\u00f3n advirti\u00f3 que no proced\u00eda, \u00abla comunicaci\u00f3n a las entidades y autoridades administrativas que se\u00f1ala el inciso final del art. 34 de la ley 472 de 1998\u00bb, determinaci\u00f3n que fue revocada por el superior el 17 de julio de 2020 para, en su lugar, \u00abamparar el derecho colectivo al acceso a los servicios p\u00fablicos y prestaci\u00f3n eficiente y oportuna en la acci\u00f3n popular\u00bb y dispuso la \u00abconformaci\u00f3n del comit\u00e9 para la verificaci\u00f3n del cumplimiento de la sentencia, integrado por el juzgado de primera instancia, las partes y el Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, se observa en el expediente, que no obra petici\u00f3n alguna para que se adicione la sentencia aplicando el inciso final del art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998, que echa de menos el quejoso y que se encuentre pendiente por resolver, por lo que tampoco se puede establecer la ocurrencia de un evento transgresor de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
I. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. Conforme con ello, se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia constitucional, en tanto los hechos expuestos en esta sede no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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