STC187-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC187-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-00795-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 30 de junio de 20201, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mayerly S\u00e1nchez Tovar contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, la E.S.E. Hospital Universitario Moncaleano Perdomo, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al trabajo, m\u00ednimo vital, dignidad, e igualdad, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas, toda vez, que mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 454 de 11 de mayo de 2020 fue desvinculada del cargo que desempe\u00f1aba como \u00abauxiliar en el \u00e1rea de la salud c\u00f3digo 412 grado 11\u00bb. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, aduce que el 8 de noviembre de 2017, fue nombrada en provisionalidad en el referido cargo, al servicio de la E.S.E. Hospital Universitario Moncaleano Perdomo, vinculo que perdur\u00f3 hasta el 11 de mayo de 2020, fecha en la que dicha entidad dio por terminado dicho nombramiento, con fundamento en un fallo de tutela proferido el 14 de abril de 2020, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva. <\/p>\n
Sostiene, que en dicha providencia se dio una interpretaci\u00f3n errada al \u00abcriterio de unificacio\u0301n de fecha 16 de enero de 2020\u00bb, lo que conllev\u00f3 a que se aplicara la Ley 1960 de 2019 a una situacio\u0301n surgida con anterioridad a su vigencia, ma\u0301s especi\u0301ficamente, la resolucio\u0301n de 2017 que efectuo\u0301 su nombramiento, desconociendo la vigencia de otra la Ley 909 de 2004 aplicable al caso concreto. <\/p>\n
Precisa, que la Resoluci\u00f3n n\u00ba 454 de 11 de mayo de 2020 desatiende lo preceptuado en el art\u00edculo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2005 en cuanto a la motivaci\u00f3n que deben soportar dichos actos administrativos. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda (i) se deje sin valor ni efecto la Resoluci\u00f3n n\u00ba 454 de 11 de mayo de 2020, (ii) se ordene a la E.S.E. Hospital Universitario Moncaleano Perdomo \u00ababstenerse de realizar alguna maniobra que atente contra la estabilidad laboral y la provisio\u0301n del cargo de provisionalidad que [ostenta]\u00bb, y (iii) que se suspendan los efectos del citado acto administrativo, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, en sede de revisi\u00f3n, respecto del fallo de tutela proferido el 14 de abril de 2020 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, radicado n\u00ba 2020-00006-00. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Hasta la fecha en la que se somete a discusi\u00f3n el presente asunto, no se acredito ning\u00fan pronunciamiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo neg\u00f3 el amparo al considerar que incumple el presupuesto de la subsidiariedad, y debido a que no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la querellante afirmando que \u00ab(\u2026) el principio fundamental de la acci\u00f3n de tutela, es la primac\u00eda y salvaguarda, de la garant\u00eda constitucional, de todos los conciudadanos, lo que consider\uf05ba\uf05d que en el presente caso no se ha dado, ya que si bien es cierto, el despacho realizo pronunciamiento, el mismo no es de fondo, ya que al determinar la ausencia de subsidiariedad, esquivado, el fondo de la misma que es la protecci\u00f3n de \uf05bsus\uf05d derechos y de \uf05bsu\uf05d familia, solo por una inc\u00f3moda formalidad, que no atiende la situaci\u00f3n primigenia de pandemia por la que atraviesa nuestro pa\u00eds, nuestra legislaci\u00f3n, y nuestro fr\u00e1gil, menudo, y formal de nuestro sistema judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades acusadas vulneraron las garant\u00edas esenciales aducidas por la querellante, al expedir (i) el fallo de tutela de 14 de abril de 2020, radicado n\u00ba 2020-00006-00 y (ii) la Resoluci\u00f3n n\u00ba 454 de 11 de mayo de 2020, esta \u00faltima, por medio de la cual se dio por terminado el nombramiento, en provisionalidad, que desempe\u00f1aba Mayerly S\u00e1nchez Tovar al servicio de la E.S.E. Hospital Universitario Moncaleano Perdomo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa esta Corporaci\u00f3n que no se abre paso el amparo propuesto, como quiera que la promotora adem\u00e1s de cuestionar la sentencia proferida en virtud de la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2020-00006-00, reprocha la legalidad de un acto administrativo de car\u00e1cter particular. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al respecto, cabe destacar que este particular mecanismo no ha sido erigido para censurar determinaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite de una tutela, pues ello implicar\u00eda abrir la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Lo anterior, cobra mayor relevancia cuando una vez surtida la impugnaci\u00f3n \u00aba\u00fan est\u00e1 en tr\u00e1mite el proceso de selecci\u00f3n y revisi\u00f3n del fallo ante la propia Corte Constitucional, porque ello equivaldr\u00eda a suplantar la funci\u00f3n que la (\u2026) Constituci\u00f3n ha encomendado a \u00e9sta \u00faltima\u00bb (CC SU-1219\/01) Resalta la Sala. <\/p>\n
En este orden, aunque ya culminaron las instancias, est\u00e1 pendiente de que el fallo de tutela objeto de censura haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, y esta situaci\u00f3n ratifica la improcedencia de la salvaguarda, pues adem\u00e1s de no haberse superado el esencial requisito de la subsidiariedad por no haberse agotado todos los mecanismos de defensa, tramitar otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la que ya fue definida, afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica de las actuaciones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, en cuanto al reproche endilgado frente a la Resoluci\u00f3n n\u00ba 454 de 11 de mayo de 2020, por medio de la cual se dio por terminado el nombramiento, en provisionalidad, que desempe\u00f1aba la promotora en la E.S.E. Hospital Universitario Moncaleano Perdomo, cabe resaltar que ese ataque no se abre paso en este excepcional escenario dado que cuestiona un acto administrativo de car\u00e1cter particular, cuyo control corresponde, al menos prima facie, a los jueces contenciosos administrativos. En ese sentido, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(…) Recu\u00e9rdese que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u2018corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 10 de mayo de 2000, Rad. 1030, 6 nov. 2009, Rad. 00335-01, reiterada en STC3135, 8 mar. 2017). <\/p>\n
As\u00ed, el medio de defensa con el que cuenta la convocante para debatir lo atinente a la legalidad del acto administrativo que la desvincul\u00f3, es el de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando la interesada cumpla con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad). <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo dicho medio de defensa, tambi\u00e9n resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
Por lo tanto, la existencia de otros mecanismos de defensa para plantear lo manifestado en esta sede, impide a esta excepcional jurisdicci\u00f3n adentrarse en el estudio de las cuestiones aducidas en la demanda de tutela. <\/p>\n
Lo anterior, conlleva la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto en precedencia, se impone respaldar el fallo proferido por el a-quo, mediante el cual se declar\u00f3 la improcedencia del amparo implorado, pues aunado a que se dirigi\u00f3 contra una sentencia dictada dentro de una acci\u00f3n de similar estirpe, en la que a\u00fan no se ha definido su revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n, se cuestiona tambi\u00e9n la legalidad de un acto administrativo de car\u00e1cter particular, el cual potencialmente podr\u00eda ser objeto de ataque a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La impugnaci\u00f3n de la referencia fue sometida a reparto el 15 de diciembre de 2020, e ingresaron al Despacho el 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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