STC191-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC191-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-00944-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 27 de agosto de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ecopetrol S.A. contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL874-2020, rad. 76750) que inici\u00f3. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Jorge Enrique Pe\u00f1a Daza, con el prop\u00f3sito de obtener el reintegro de unos dineros que habr\u00eda pagado con ocasi\u00f3n de unos fallos de tutela que, en sede de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, fueron invalidados, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien desestim\u00f3 sus pretensiones. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, apelada esa decisi\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la referida localidad la confirm\u00f3, rest\u00e1ndole valor probatorio a \u00abla certificaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n allegada con la demanda, [siendo] un documento p\u00fablico con todos los alcances del art\u00edculo 244 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), en la que consta una obligaci\u00f3n o suma de dinero que en su momento recibi\u00f3 [el all\u00ed convocado]\u00bb; por lo que recurri\u00f3 en sede extraordinaria y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo en firme dicha resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en consecuencia, se advierte un yerro f\u00e1ctico, teniendo en cuenta que \u00abla Sala Laboral de Descongesti\u00f3n consider\u00f3 que la certificaci\u00f3n informada efectivamente es un documento aut\u00e9ntico, pero que no tiene la suficiente vocaci\u00f3n de acreditar, por s\u00ed sola, que el demandado recibi\u00f3 la cantidad all\u00ed establecida\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, que \u00abse declare sin valor, ni efecto, la sentencia de casaci\u00f3n del d\u00eda 9 de marzo de 2020, [proferida] por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Corte Suprema de Justicia (\u2026) y, en su lugar, CONDENE al demandado PE\u00d1A DAZA a las cargas endilgadas, con la consecuente condena en costas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales manifest\u00f3 que \u00abel demandante no acredita los requisitos de procedibilidad espec\u00edficos exigidos jurisprudencialmente para la prosperidad de la tutela contra providencia judicial (Sentencias C- 590 de 2005 y SU-116 de 2018, entre otras), en tanto alega como defecto f\u00e1ctico, no el desconocimiento manifiesto de una prueba por parte del fallador en casaci\u00f3n, sino el hecho de no impartirle al medio de convicci\u00f3n discutido (la certificaci\u00f3n), el alcance probatorio que debi\u00f3 d\u00e1rsele de acuerdo a su valoraci\u00f3n particular\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, recalc\u00f3 que \u00abno es cierto, como plantea el accionante, que la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral 2 de la Corte hubiera desconocido el valor probatorio, ni la presunci\u00f3n de legalidad de la certificaci\u00f3n emanada por la L\u00edder del Grupo Gesti\u00f3n Maestra de Datos de Personal, de La Unidad de Servicios Compartidos de Personal de ECOPETROL S.A, y por el contrario, la raz\u00f3n por la que se neg\u00f3 en las instancias, y en casaci\u00f3n la prosperidad de las pretensiones, tuvo entre sus principales fundamentos, que dicha certificaci\u00f3n no era suficiente para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el demandado Pe\u00f1a Daza, recibi\u00f3 efectivamente el pago por $118.884.650 que deb\u00eda devolver a la entidad, producto de la decisi\u00f3n de tutela que revoc\u00f3 tal asignaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada precis\u00f3 que \u00abla censura, al haber hecho caso omiso de aquellas conclusiones de la segunda decisi\u00f3n de instancia, las dej\u00f3 inc\u00f3lumes, es decir, con soporte suficiente para no anularla, por la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que les asiste a las decisiones judiciales. Pero m\u00e1s relevante aun, importa destacar, que en el referido fallo de casaci\u00f3n, la Corte tambi\u00e9n plante\u00f3, que aun dejando de lado de lado las deficiencias t\u00e9cnicas anotadas, los cargos tampoco tendr\u00edan la vocaci\u00f3n de prosperidad, [\u2026] pues, en esencia, no se encuentra demostrado el perjuicio econ\u00f3mico reclamado, ya que era forzoso que ECOPETROL, que es quien reclama la devoluci\u00f3n de un dinero, acreditara en el juicio que, efectivamente, el demandado recibi\u00f3 los dineros que ella dice le orden\u00f3 un Juez constitucional difuso, dado que lo que materialmente habr\u00eda que resarcir ser\u00eda el cumplimiento de la sentencia de tutela, que en todo caso, orden\u00f3 a la empresa reconocer y pagar al se\u00f1or Pe\u00f1a Daza, unos conceptos sin cuantificar la condena\u00bb. <\/p>\n
3. Un togado de la hom\u00f3loga Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 copia de la grabaci\u00f3n de la audiencia de segunda instancia en la causa que se revisa. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la improcedencia del resguardo, porque \u00ablos razonamientos planteados en el fallo de casaci\u00f3n cuestionado no solo no se muestran arbitrarios o caprichosos, sino que adem\u00e1s de estar debidamente fundamentados en los hechos probados y en la normativa aplicable, abordaron los reproches relativos a la valoraci\u00f3n probatoria que expone la accionante en el libelo. De este modo, es palpable que la decisi\u00f3n censurada, en la cual se dio cierre al respectivo proceso laboral, se aprecia razonable y debidamente motivada, por lo que no se configura defecto alguno que haga procedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la entidad censora recurri\u00f3 la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abJORGE ENRIQUE PE\u00d1A DAZA debe reintegrar a favor de Ecopetrol S.A. la suma de dinero que le fue reconocida con el fin de establecer el equilibrio patrimonial y la concepci\u00f3n de justicia que debe guiar las relaciones jur\u00eddicas reguladas por el derecho (\u2026), [y] atendiendo la naturaleza jur\u00eddica de ECOPETROL S.A. los dineros hacen parte del erario p\u00fablico, por lo que merecen toda la protecci\u00f3n del caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la sociedad convocante (SL874-2020, rad. 76750), en tanto mantuvo en firme el fallo del ad quem, que neg\u00f3 la pretensi\u00f3n de ordenar el pago de los dineros reclamados. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n ratific\u00f3 la providencia del tribunal ad quem, que, a su vez, confirm\u00f3 la negativa de ordenar el rembolso de emolumentos reclamados por la entidad accionante, en tanto no se pudo colegir que, efectivamente, se hubiesen realizado los enunciados pagos al all\u00ed demandado, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al estudiar el primer cargo propuesto, encausado por la v\u00eda directa, por (i) \u00abla aplicaci\u00f3n indebida [de] los art\u00edculos 2313 y 2315 del CC; 127, 128, 249, 306, 260, 468, 469 y 470 del CST; 251, 252 y 264 del CPC; 243, 244 y 257 del CGP; 61 y 145 del CPTSS, al no dar por comprobado est\u00e1ndolo, que pag\u00f3 indebidamente al accionado, por una orden inv\u00e1lida de tutela, la suma de $118.884.650\u00bb, la autoridad enjuiciada expuso que: <\/p>\n
\u00ab1. La censura se equivoca en su formulaci\u00f3n, cuando alega la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 2313 y 2315 del CC; 127, 128, 249, 306, 260, 468, 469 y 470 del CST, por cuanto el Tribunal no pudo incurrir en la transgresi\u00f3n de dicha normatividad, sencillamente, porque no la tuvo en cuenta para dirimir el conflicto. As\u00ed lo adoctrin\u00f3 la Sala en la sentencia CSJ SL7578-2016, cuando indic\u00f3 sobre esa modalidad de infracci\u00f3n \u00ab[\u2026] que no se pueden configurar […] desde el punto de vista l\u00f3gico, cuando el fallador no aplica la norma\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
2. Al hilo de lo previo, se advierte que denunci\u00f3 la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 251, 252 y 264 del CPC; 243, 244 y 257 del CGP; 61 y 145 del CPTSS, sin proponer, como le correspond\u00eda, respecto de aquellas normas adjetivas, la violaci\u00f3n medio, esto es, como vehiculares de la trasgresi\u00f3n de las sustanciales. <\/p>\n
La Corte ha explicado con suficiencia, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL, 15 may. 1995, rad. 7411; CSJ SL, 5 feb. 2003, rad. 19377; CSJ SL, 31 oct. 2006, rad. 28873 y CSJ SL22169-2017, todas ellas reiteradas en la CSJ SL1379-2019, que \u00abLos textos de naturaleza procesal solamente se pueden acusar por violaci\u00f3n medio y en relaci\u00f3n con los de car\u00e1cter sustancial, ya que la infracci\u00f3n de la ley en realidad se produce inicialmente sobre aquellos que son el veh\u00edculo para alcanzar los preceptos sustanciales\u00bb. <\/p>\n
3. En conexi\u00f3n con lo anterior, tampoco explic\u00f3, como era de su carga, de qu\u00e9 manera la violaci\u00f3n de las normas procesales a que se refiri\u00f3, desat\u00f3 la trasgresi\u00f3n de la normativa sustantiva que incorpora el derecho pretendido, requisito al que hizo alusi\u00f3n la Sala en la sentencia CSJ SL, 2 dic. 1997, rad. 10157. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4. A pesar de que la acusaci\u00f3n increpa al sentenciador de la alzada, un error de apreciaci\u00f3n respecto de la certificaci\u00f3n de folio 9 que obra en el plenario, en punto a que en la misma \u00abel fallador no encontr\u00f3 probada la suma que el accionado recibi\u00f3 por esos conceptos\u00bb, examinado objetivamente su contenido, encuentra la Sala que, en efecto, lo que no acredita, es que al se\u00f1or Pe\u00f1a Daza haya recibido la suma de dinero all\u00ed indicada, que fue lo que puntualmente consider\u00f3 el Tribunal, sin cuestionar su autenticidad. <\/p>\n
En s\u00edntesis, lo que la censura propone como ataque en casaci\u00f3n, en realidad corresponde a una confrontaci\u00f3n entre su particular visi\u00f3n de tal elemento probatorio, con la que dej\u00f3 consignada el Tribunal, olvidando que en el recurso sobre el que se discurre, por su naturaleza no ordinaria, se enfrenta es la sentencia atacada con la ley que la gobierna, pues no es funci\u00f3n de la Sala decidir cu\u00e1l de las partes tiene la raz\u00f3n en el litigio, por el m\u00e9rito de las pruebas, en vista de que ello es propio de los juzgadores de instancia. <\/p>\n
5. Adicionalmente, en la sustentaci\u00f3n del cargo, involucra disquisiciones que ri\u00f1en con la senda seleccionada para el ataque, pues a pesar de acusar la sentencia del Tribunal por la v\u00eda indirecta, censur\u00e1ndole la forma como apreci\u00f3 la probanza de folio 9 ib, as\u00ed como la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica que obtuvo de ella (relativa a que no acredita el pago que se predica se realiz\u00f3 al demandado), tambi\u00e9n acude a la exposici\u00f3n de argumentos de naturaleza exclusivamente jur\u00eddica, relacionados con el alcance probatorio de los documentos p\u00fablicos y el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento, incurriendo en una mezcla de las v\u00edas de la causal primera de casaci\u00f3n, que es t\u00e9cnicamente inaceptable, en cuanto cada una tiene entidad propia, debi\u00e9ndose plantear cada una de manera independiente, en cargos separados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en punto del segundo reproche, formulado por la v\u00eda directa, por \u00abla aplicaci\u00f3n indebida [de] los art\u00edculos 2313 y 2315 del CC; 127, 128, 249, 306, 260, 468, 469 y 470 del CST, como consecuencia de la infracci\u00f3n directa de medio de los art\u00edculos 251, 252 y 264 del CPC, 243, 244 y 257 del CGP; 48, 54, 61, 83 y 145 del CPTSS\u00bb, la Colegiatura enjuiciada reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab1. Como en el primero la impugnante acusa la sentencia del Tribunal de aplicar indebidamente normas sustanciales civiles y laborales, que este no tuvo en cuenta para desatar la apelaci\u00f3n, lo cual afecta la estimaci\u00f3n del ataque, por las razones explicadas en la jurisprudencia citada al resolver el primero. <\/p>\n
2. Aunque en esta acusaci\u00f3n, la recurrente si denuncia la violaci\u00f3n medio de normas procesales, como le correspond\u00eda, advierte la Sala que no explica de qu\u00e9 forma la trasgresi\u00f3n de estas, precipit\u00f3 la de las sustanciales, carga que le correspond\u00eda, seg\u00fan la jurisprudencia arriba citada. <\/p>\n
3. Al margen de lo previo, tampoco podr\u00edan estimarse el cargo, porque en la sustentaci\u00f3n del mismo, como en la del primero, la recurrente omiti\u00f3 controvertir, devini\u00e9ndole en imperativo hacerlo, la totalidad de los soportes argumentales de la sentencia de segundo grado, espec\u00edficamente, el concerniente con que no pod\u00eda tenerse por cierto que el convocado a juicio recibi\u00f3 las sumas, producto de los fallos de tutela que inicialmente le resultaron favorables, cuando adem\u00e1s de no existir prueba, tampoco hay un indicio de las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se efectu\u00f3 el pago, tan as\u00ed, que en los hechos de la demanda, no se indica someramente la fecha y la forma en que se cancel\u00f3 tal emolumento, esto es, por transferencia electr\u00f3nica, en efectivo o cheque, pues de ser as\u00ed, es evidente que la accionante, quien afirma que cumpli\u00f3 esa obligaci\u00f3n, deber\u00eda tener constancia de ello. <\/p>\n
En efecto, el recurrente por su parte, en el primer cargo se limit\u00f3 a exponer, que la certificaci\u00f3n aportada por ECOPETROL era suficientemente clara y expl\u00edcita proveniente de un servidor p\u00fablico que no admit\u00eda discusi\u00f3n, pues en ella aparece \u00abla suma debida por el demandado, por concepto del fallo irregular de tutela\u00bb y \u00abse trata de un documento p\u00fablico que indiscutiblemente hace prueba de lo que en \u00e9l se declara\u00bb, por lo que \u00abno era necesaria ninguna otra prueba\u00bb y, en el segundo, solo atin\u00f3 a indicar, que pese a que Colegiado reconoci\u00f3 la autenticidad del documento de folio 9, le rest\u00f3 todo valor probatorio; que al haber reconocido que a ECOPETROL le asist\u00eda el derecho reclamado y al no haberle otorgado credibilidad al referido documento, debi\u00f3 decretar las pruebas necesarias para aclarar el punto, ya que se trataba simplemente de corroborar un dato num\u00e9rico para hacer efectivo un derecho previamente reconocido, pero omiti\u00f3 utilizar sus facultades para realizar su funci\u00f3n primordial de resolver los procesos en forma justa y legal. <\/p>\n
El anterior cotejo permite constatar, que el censor hace caso omiso de aquellas conclusiones de la segunda decisi\u00f3n de instancia que, por no ser atacadas, permanecen inc\u00f3lumes, soport\u00e1ndola con suficiencia para no anularla, por la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que le asiste. <\/p>\n
De vieja data la Sala ha adoctrinado, que es responsabilidad ineludible del recurrente en casaci\u00f3n, desquiciar todos los cimientos de la sentencia que procura anular, pues con uno de ellos que deje libre de cuestionamiento, es suficiente para que la misma contin\u00fae protegida por aquella presunci\u00f3n\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Por \u00faltimo, la Sala convocada concluy\u00f3 que, a\u00fan si se soslayaran las deficiencias t\u00e9cnicas del recurso, tampoco se abrir\u00eda paso la impugnaci\u00f3n extraordinaria, teniendo en cuenta que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si se dejaran de lado las deficiencias t\u00e9cnicas que se acaban de mencionar a los cargos, la impugnaci\u00f3n tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en esencia, no se encuentra demostrado el perjuicio econ\u00f3mico reclamado, ya que era forzoso que ECOPETROL, que es quien reclama la devoluci\u00f3n de un dinero, acreditara en el juicio que, efectivamente, el demandado recibi\u00f3 los dineros que ella dice le orden\u00f3 un Juez constitucional difuso, dado que lo que materialmente habr\u00eda que resarcir ser\u00eda el cumplimiento de la sentencia de tutela, que en todo caso, orden\u00f3 a la empresa reconocer y pagar al se\u00f1or Pe\u00f1a Daza, unos conceptos sin cuantificar la condena. <\/p>\n
Tampoco se puede pasar inadvertido, que la \u00fanica certificaci\u00f3n que se aport\u00f3 al proceso, si bien indica que \u00abel se\u00f1or PE\u00d1A DAZA JORGE ENRIQUE [\u2026] adeuda a Ecopetrol S. A. [\u2026], por concepto de sentencia de tutela inicialmente favorable que posteriormente fue revocada: [\u2026] ($118.884.650) m\/cte\u00bb, ni siquiera permite ver que ello resulta de los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de C\u00facuta el 1\u00b0 de febrero de 2011, modificado por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 17 de marzo de 2011, los cuales quedaron sin efecto, por virtud de la sentencia CC T-784-2011 y, mucho menos, inferir razonablemente que recibi\u00f3 la suma de dinero que all\u00ed se indica. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, a pesar de que la mencionada certificaci\u00f3n es un documento aut\u00e9ntico, no tienen la suficiente vocaci\u00f3n de acreditar, por s\u00ed sola, como lo comprendi\u00f3 la segunda instancia, que el demandado recibi\u00f3 la cantidad all\u00ed establecida y, en segundo t\u00e9rmino, no se puede perder de vista lo que anta\u00f1o ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, en torno a que a ninguna de las partes le es dable producir sus propias pruebas, como lo sostuvo el Tribunal, \u00abes decir, que la parte que hace una declaraci\u00f3n de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio\u00bb. <\/p>\n
De no ser ello as\u00ed, la sola afirmaci\u00f3n de la recurrente, de haber cancelado al demandado dicha suma de dinero, en cumplimiento de los fallos de tutela (hechos 13 y 14 de la demanda), bastar\u00eda para conminar al Juez laboral a fallar en su favor, que es lo que en \u00faltimas pretende con su discurso, con evidente desconocimiento de la regla probatoria atr\u00e1s asentada, referida por la Corte en varias providencias, como la CSJ SL, 4 sep. 2002, rad. 16168, en el sentido que \u00abel documento en que se expresa por una de las partes la ocurrencia de un hecho que le favorece, no es prueba de su existencia, porque ello ir\u00eda contra el principio seg\u00fan el cual la parte no puede fabricar su propia prueba\u00bb, m\u00e1s la CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 31637, en la que explic\u00f3 que <\/p>\n
[\u2026] no se puede soslayar lo que anta\u00f1o ha sostenido esta Corporaci\u00f3n en torno a que a ninguna de las partes le es dable producir sus propias pruebas, es decir, que la parte que hace una declaraci\u00f3n de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio. Criterio que tambi\u00e9n se ha expuesto en las CSJ SL2168-2019; CSJ SL1980-2019; CSJ SL2254-2019; CSJ SL469-2019 y CSJ SL194-2019\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la sociedad inconforme no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. Frente a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC191-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC191-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-00944-01 (Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 27 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53117","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53117"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53117\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}