STC192-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC192-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01141-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 25 de agosto de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Martha Jeanet Sierra D\u00edaz contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia y su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas en un juicio laboral (SL314-2020, rad. 73223) que inici\u00f3. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que naci\u00f3 el 29 de mayo de 1968, ingres\u00f3 a laborar en el Banco de la Rep\u00fablica con contrato a t\u00e9rmino indefinido el 7 de diciembre de 1987, actualmente sigue trabajando para la entidad y considera que es beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva de 1997, \u00abla cual se viene prorrogando de manera autom\u00e1tica desde el 23 de noviembre de 1999 y en cuyas cl\u00e1usulas 18 y 20 ampara el derecho a la pensi\u00f3n convencional para las mujeres respectivamente: con 20 a\u00f1os de servicios y 50 a\u00f1os de edad, y 25 a\u00f1os de servicio y cualquier edad\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que \u00abcumpli\u00f3 22 a\u00f1os de servicios el 7 de diciembre de 2009, es decir, antes del 31 de julio de 2010, con lo cual consolid\u00f3 tanto el requisito del art. 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva, como del art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo de 1985, que hacen parte de su contrato de trabajo\u00bb, y a la fecha cuenta con m\u00e1s de 30 a\u00f1os laborados. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, ante la negativa de la empleadora para conceder la pensi\u00f3n extralegal, present\u00f3 demanda, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien desestim\u00f3 sus pretensiones; decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la referida localidad, en tanto \u00abel acto legislativo 01 de 2005, hab\u00eda colocado un l\u00edmite a las pensiones en este caso convencionales las cuales de acuerdo con el par\u00e1grafo tercero desaparecer\u00edan a partir del 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, inconforme, formul\u00f3 el recurso extraordinario, y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo en firme la negativa del ad quem, tras considerar, entre otros aspectos, que \u00absi bien ten\u00eda cumplidos en la primera hip\u00f3tesis, 20 a\u00f1os de servicios -7 de diciembre de 2007- no as\u00ed la edad exigida -50 a\u00f1os-, pues naci\u00f3 el 29 de mayo de 1968, por lo que este requisito lo cumpli\u00f3 en el a\u00f1o 2018; y, respecto a la segunda hip\u00f3tesis, de los 25 a\u00f1os de servicios con independencia de la edad, tal presupuesto lo cumpli\u00f3 el 7 de diciembre de 2012, es decir, con posterioridad al 31 de julio de 2010\u00bb, determinaci\u00f3n que \u00abtuvo un salvamento de voto que demuestra la existencia de la antinomia constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, que \u00abSE ORDENE DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 05 de febrero de 2020, proferida por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral, Sala de Descongesti\u00f3n No. 3, que decidi\u00f3 NO CASAR el fallo proferido por el H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El presidente de la Asociaci\u00f3n Nacional de Empleados del Banco de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que \u00abse debe reconocer el derecho pretendido en esta acci\u00f3n de tutela y se debe dejar sin efectos la decisi\u00f3n de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Descongesti\u00f3n Laboral y acoger los fundamentos expuestos en el salvamento de voto por ser coherente, real, legal, protector de derechos anteriores a la entrada en vigencia el acto legislativo 01 de 2005, acoger las directrices y acuerdos internacionales principalmente las recomendaciones del comit\u00e9 de libertad sindical de la OIT aprobados por el consejo de administraci\u00f3n de la misma organizaci\u00f3n por ser vinculante\u00bb. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada precis\u00f3 que \u00abno se incurri\u00f3 en la aducida vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, toda vez que la decisi\u00f3n no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb. <\/p>\n
3. La representante legal del Banco de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[no] es viable admitir que la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n accionada haya incurrido en el desconocimiento de precedente alguno, toda vez que, contrario a ello, la decisi\u00f3n atacada, lo que hizo fue adoptar el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente de la propia Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo, porque \u00abal resolver el recurso de casaci\u00f3n, la Corte estim\u00f3 que el juez colegiado de segundo grado no incurri\u00f3 en los dislates f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que le endilgaban, pues, conforme al criterio jurisprudencial vigente, encontr\u00f3 que las reglas pensionales del instrumento (convenci\u00f3n colectiva de 1997), suscrito entre el banco accionado y su sindicato ANEBRE, perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, \u201c\u2026data para la cual la demandante no cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos en el mismo, para obtener la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pretendida. Lo anterior, porque los art\u00edculos 18 y 20 de dicho acuerdo, solo pod\u00edan surtir efectos hasta el 31 de julio de 2010, por as\u00ed establecerlo el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo n\u00b0. 01 de 2005, pues a partir de esa fecha, las normas convencionales de car\u00e1cter pensional desaparecieron del mundo jur\u00eddico (\u2026), y estas argumentaciones y determinaciones que no se ofrecen arbitrarias ni caprichosas, ni violatorias del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abmanifiesto mi inconformidad, mi desacuerdo y mi profunda decepci\u00f3n con la decisi\u00f3n tomada, dado que no se observaron los derechos fundamentales tutelados; no se observaron los principios que se me vulneran al no reconocer mi pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional; no se observaron los avances jurisprudenciales, ni las decisiones pertinentes que vienen siendo favorables a los trabajadores y ex trabajadores cuando reclaman su derecho a la pensi\u00f3n convencional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la convocante (SL314-2020, rad. 73223), en tanto mantuvo en firme la sentencia del ad quem, que neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de esta Corporaci\u00f3n ratific\u00f3 la sentencia del tribunal ad quem, que, a su vez, confirm\u00f3 la negativa al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de origen extralegal reclamada por la actora, en tanto cumpli\u00f3 los requisitos previstos en el instrumento con posterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005, esto es, luego del 31 de julio de 2010, deviniendo improcedente, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al estudiar conjuntamente los cargos propuestos en casaci\u00f3n, relacionados uno por la v\u00eda directa y otro por la senda indirecta, con fundamento en que, (i) \u00absi bien el art\u00edculo 48 constitucional \u201chace un corte\u201d a las pensiones extralegales despu\u00e9s del 31 de julio de 2010, no lo hace respecto a una transici\u00f3n de los mismos\u00bb y (ii) \u00abel sentenciador de segundo grado no tuvo en cuenta sus argumentos ni todas las pruebas presentadas\u00bb, respectivamente, la autoridad enjuiciada expuso que: <\/p>\n
\u00abPara la censura el ad quem incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n de las normas acusadas, por cuanto las contenidas en la convenci\u00f3n colectiva de 1997 suscrita entre el banco empleador y su sindicato, no han desaparecido por la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la cual se ha venido prorrogando autom\u00e1ticamente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 478 del CST, y cre\u00f3 unas expectativas leg\u00edtimas a los trabajadores; que el Tribunal fij\u00f3 su criterio frente al par\u00e1grafo 3 de aquel acto jur\u00eddico, la sentencia CC SU-555-2004 y las interpretaciones de esta Sala sobre el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n despu\u00e9s del 31 de julio de 2010, con un claro desconocimiento de principios, derechos, pactos, convenios 87, 98 de la OIT y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. <\/p>\n
Son supuestos f\u00e1cticos fuera de controversia, por haberlo encontrado as\u00ed el Tribunal: i) que Sierra D\u00edaz, naci\u00f3 el 29 de mayo de 1968; ii) que se vincul\u00f3 al Banco de la Rep\u00fablica, como trabajadora oficial, desde el 7 de diciembre de 1987 y cumpli\u00f3 20 a\u00f1os de servicio, el mismo d\u00eda y mes de 2007; iii) que es beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre el Banco y su organizaci\u00f3n sindical Asociaci\u00f3n Nacional de Empleados \u00abANEBRE\u00bb, entre el 23 de noviembre de 1997 y el 22 de noviembre de 1999, a\u00fan vigente; y, iv) que el art\u00edculo 18 extralegal consagr\u00f3 una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con m\u00e1s de 20 a\u00f1os y 55 a\u00f1os de edad y el art\u00edculo 20, un tiempo de 25 a\u00f1os de servicios, sin consideraci\u00f3n a la edad (f.\u00b0 26 a 82). <\/p>\n
La Sala frente a este tema, asent\u00f3 el criterio que la pretensi\u00f3n pensional, en los t\u00e9rminos planteados, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que el par\u00e1grafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, es claro al fijar que las reglas all\u00ed contenidas se mantendr\u00edan por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado en el instrumento colectivo. <\/p>\n
Por lo anterior, no es dable aceptar la tesis del recurrente en el sentido que al no ser denunciado el instrumento colectivo, dicha cl\u00e1usula pensional se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente, pues sin perjuicio de las normas de rango legal que contemplan el sistema de pr\u00f3rrogas y denuncias, es claro que en este caso el constituyente regul\u00f3, de manera concreta, un mecanismo que permitiera, de forma gradual, suprimir los reg\u00edmenes pensionales especiales y exceptuados que, en su criterio, compromet\u00edan la sostenibilidad financiera del sistema y creaban situaciones de inequidad. <\/p>\n
En el caso que se examina, el Tribunal, hall\u00f3 con fundamento en el par\u00e1grafo transitorio 3, del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicion\u00f3 el 48 superior, el cual consagr\u00f3 que las reglas de car\u00e1cter pensional extralegal que reg\u00edan a la fecha de entrada en vigencia de dicho acto, se mantendr\u00edan por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado y que en los pactos, convenciones o laudos que se suscribieran entre la vigencia de la reforma y el 31 de diciembre de 2010, no pod\u00edan consagrarse condiciones m\u00e1s favorables que las vigentes para ese momento, pero en todo caso, perder\u00edan efectos en la mencionada fecha. <\/p>\n
Del contenido de los art\u00edculos 18 y 20 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1997-1999 de los que la demandante deriva el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada, por ser beneficiaria, perdieron su vigor el 31 de julio de 2010, data para la cual, si bien ten\u00eda cumplidos en la primera hip\u00f3tesis, 20 a\u00f1os de servicios -7 de diciembre de 2007- no as\u00ed la edad exigida -50 a\u00f1os-, pues naci\u00f3 el 29 de mayo de 1968, por lo que este requisito lo cumpli\u00f3 en el a\u00f1o 2018; y, respecto a la segunda hip\u00f3tesis, de los 25 a\u00f1os de servicios con independencia de la edad, tal presupuesto los cumpli\u00f3 el 7 de diciembre de 2012, es decir, con posterioridad al 31 de julio de 2010, fecha l\u00edmite establecida por el Acto Legislativo 01 de 2005, para optar a la prestaci\u00f3n jubilatoria pretendida, tal como lo concluy\u00f3 el sentenciador colegiado. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, no resultan equivocadas las inferencias del Tribunal, pues la reforma pensional, estableci\u00f3 un l\u00edmite temporal m\u00e1ximo para la vigencia de las reglas extralegales que ven\u00edan pactadas en materia pensional, en el entendido de que tales exigencias, deb\u00edan acreditarse a m\u00e1s tardar el 31 de julio de 2010, pues a partir de esa fecha, las normas convencionales desaparecer\u00edan del mundo jur\u00eddico, tal como sucedi\u00f3 en el presente caso\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Seguidamente, la Colegiatura encartada reliev\u00f3, con observancia de las enunciadas previsiones constitucionales y jurisprudenciales, que las convenciones colectivas solo tendr\u00edan vigor hasta el 31 de julio de 2010, teniendo en cuenta que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conforme al anterior criterio jurisprudencial, como el convenio colectivo, pilar fundamental de las pretensiones de la actora, suscrito en el a\u00f1o de 1997, las condiciones contenidas en los art\u00edculos 18 y 20 de dicho acuerdo, solo pod\u00edan tener vigor hasta el 31 de julio de 2010, por as\u00ed establecerlo el citado par\u00e1grafo 3, del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo n.\u00b0 01 de 2005. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al desconocimiento de preceptos constitucionales sobre integraci\u00f3n de normas internacionales al ordenamiento jur\u00eddico, basta traer a colaci\u00f3n lo expresado por esta Corte, en la sentencia CSJ SL3962-2018, emitida en un asunto de similares contornos al que aqu\u00ed se dilucida: <\/p>\n
La Corte no encuentra que el ad quem hubiese desconocido las normas constitucionales sobre integraci\u00f3n de los tratados en los cuales se consagr\u00f3 el derecho a la seguridad social como un derecho humano, pues justamente se limit\u00f3 a aplicar en estricto rigor las disposiciones constitucionales referidas a la negociaci\u00f3n de condiciones pensionales, plasmadas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que establecieron la p\u00e9rdida de la vigencia de las condiciones pensionales extralegales a partir del 31 de julio de 2010, de manera que el fallador no desconoci\u00f3 la especial protecci\u00f3n que tiene el derecho a la seguridad social en el \u00e1mbito del derecho internacional. <\/p>\n
Para la Corte resulta claro que un juez no puede desconocer normas internacionales cuando aplica los mandatos de la Carta Pol\u00edtica de 1991, que constituyen la fuente primaria del ordenamiento jur\u00eddico colombiano, tal como lo efectu\u00f3 en el presente asunto el Tribunal, pues el constituyente derivado, en este caso, fue el que dispuso la modificaci\u00f3n de las reglas constitucionales. (CSJ, SL 12420-2017, rad. 58560).\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Por \u00faltimo, la Sala convocada concluy\u00f3 que \u00abel colegiado, no incurri\u00f3 en los dislates f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que se le endilgan, pues encontr\u00f3 que las reglas pensionales del instrumento de 1997, suscrito entre el banco accionado y su sindicato \u00abANEBRE\u00bb, perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, data para la cual la demandante no cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos en el mismo, para obtener la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pretendida\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la inconforme no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. Frente a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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