STC229-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC229-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2020-00252-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 24 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan, en representaci\u00f3n de su menor hijo Jos\u00e91 frente al Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cfijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u201d, adelantado por el aqu\u00ed actor contra Mar\u00eda. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, \u201cprevalencia del derecho sustancial\u201d y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
El promotor, en nombre de su descendiente Jos\u00e9, inco\u00f3 libelo de \u201cfijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u201d contra Mar\u00eda2. <\/p>\n
En auto de 6 de octubre de 2020, el juez de la causa \u201crechaz\u00f3\u201d la demanda, pues, seg\u00fan advirti\u00f3, \u201c(\u2026) el escrito subsanatorio (sic) aportado, no corr[eg\u00eda] completamente los errores anotados (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el inicialista interpuso recurso de apelaci\u00f3n5. <\/p>\n
En providencia de 15 de octubre de 2020, el funcionario acusado dispuso el \u201crechazo\u201d del remedio vertical por improcedente, al ser un tr\u00e1mite de \u201c\u00fanica instancia\u201d; sin embargo, adecu\u00f3 la impugnaci\u00f3n a una \u201creposici\u00f3n\u201d, resolviendo mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n6. <\/p>\n
Manifiesta el petente que \u201c(\u2026) a pesar de [haber] subsan[ado] dentro del t\u00e9rmino (\u2026)\u201d, los yerros se\u00f1alados por la c\u00e9lula fustigada, se rechaz\u00f3 su demanda \u201c(\u2026) sin ning\u00fan fundamento[, neg\u00e1ndole] el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Agrega, dio cumplimento a los requisitos establecidos en los art\u00edculos 90 y 82 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c(\u2026) para presentar y subsanar (\u2026)\u201d el escrito introductor8. <\/p>\n
3. Pide, por tanto, dejar sin efectos la providencia de 6 de octubre de 2020 para, en su lugar, \u201c(\u2026) revis[ar] el procedimiento que [se] ha utilizado [y se le permita ejercer su] derecho de defensa (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada y vinculados. <\/p>\n
1. El juez querellado se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos por el peticionario, destacando que no le ha negado \u201c(\u2026) el acceso a la justicia, muy por el contrario, se tramit\u00f3 conforme a la ley sustancia y procesal (\u2026)\u201d. Adujo, la acci\u00f3n de tutela \u201c(\u2026) no se puede convertir en una artificiosa segunda instancia[, aunado,] todas [las] providencias (\u2026) fueron debidamente notificadas en los estados electr\u00f3nicos del juzgado (\u2026)\u201d; por lo esbozado, se opuso a la prosperidad del resguardo10. <\/p>\n
2. La Procuradora 115 Judicial de Familia de Cartagena expres\u00f3 que lo acaecido en el decurso censurado, en torno a la \u201c(\u2026) inadmisi\u00f3n y posterior rechazo de la demanda, se ajusta, en principio, a las normas del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d; no obstante, asegur\u00f3, al debatirse en ese asunto, los alimentos a favor de un menor de edad, siendo una <\/p>\n
\u201c(\u2026) persona de especial protecci\u00f3n constitucional (\u2026) sit\u00faa en un escenario de indefensi\u00f3n en el que la aplicaci\u00f3n excesivamente rigurosa del procedimiento constituye una barrera de acceso a la administraci\u00f3n de justicia que conduce a la vulneraci\u00f3n del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, muy a pesar de que se act\u00fae por conducto de apoderada judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 se adopte una decisi\u00f3n \u201c(\u2026) orienta[da] a la garant\u00eda de los derechos del ni\u00f1o (\u2026), as\u00ed como la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
3. La Defensora de Familia del ICBF, Regional Bol\u00edvar, manifest\u00f3 haber evidenciado \u201c(\u2026) el exceso de rigurosidad por parte del Juzgado Sexto de Familia (\u2026)\u201d, pues, seg\u00fan sostuvo, \u201c(\u2026) el accionante no tiene el conocimiento t\u00e9cnico del proceso judicial (\u2026), sin embargo, aquellas falencias que presenta la demanda, no son los requisitos que impiden la admisi\u00f3n de la misma (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que los procesos de alimentos de menores, \u201c(\u2026) est\u00e1n revestidos de una importancia mayor (\u2026)[, al ser] sujetos de derechos que gozan de especial protecci\u00f3n por parte del Estado (\u2026)\u201d, por tanto, los jueces al momento de dictar sus decisiones, deben \u201cponderar\u201d las situaciones para evitar \u201cdenegaci\u00f3n de justicia\u201d. Por lo esbozado, pidi\u00f3 se concedan las s\u00faplicas del gestor12. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional advirti\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos reclamados por el actor, en especial, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por cuanto, en su criterio, el juez querellado \u201c(\u2026) imprimi[\u00f3] un excesivo ritual manifiesto al inadmitir la demanda de regulaci\u00f3n de alimentos presentada y luego rechazarla por falta de subsanaci\u00f3n, sin tener en cuenta la actuaci\u00f3n desplegada (\u2026)\u201d por el impulsor. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los motivos que llevaron al rechazo, fueron <\/p>\n
espec\u00edficamente cuatro (4), los cuales especific\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o indicar correctamente el nombre de la demandada, no indicar fundamentos de derecho vigentes, no indicar el canal digital de la defensora de familia y no haber solicitado las pruebas requeridas por derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
\u201cCon relaci\u00f3n al primer aspecto, es palmar que, del texto mismo de la demanda y escrito presentado para subsanar las falencias de la misma, se precisa que el nombre de la demandada es [Mar\u00eda], as\u00ed se indic\u00f3 en los hechos y se especific\u00f3 en los dem\u00e1s ac\u00e1pites de la misma (\u2026). <\/p>\n
\u201cLo mismo sucede, con la exigencia de indicar el canal digital que usa la Defensora de Familia adscrita al despacho y la estricta referencia a normas vigentes en materia de Infancia y adolescencia, pues, en realidad de verdad, no son exigencias que justifiquen dar al traste con la demanda (\u2026)13. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la c\u00e9lula judicial atacada, expresando que, en prove\u00eddo de 25 de noviembre de 2020, dio cumplimiento al mandato constitucional dictado por el tribunal para dejar sin efectos las decisiones proferidas el 6 y 15 de octubre de 2020 y, en su lugar, \u201c(\u2026) admitir la demanda de alimentos de menores promovida por [Juan] contra [Mar\u00eda] (\u2026)\u201d14. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si con los pronunciamientos de 6 y 15 de octubre de 2020, el juzgado denunciado vulner\u00f3 las prerrogativas del gestor, al \u201crechazar\u201d el litigio de alimentos promovido en favor de su hijo menor y en contra de Mar\u00eda, pues, seg\u00fan advirti\u00f3 esa autoridad, \u201c(\u2026) el escrito subsanatorio (sic) aportado [por el libelista,] no corrige completamente los errores anotados (\u2026)\u201d en el prove\u00eddo inadmisorio de 25 de septiembre hoga\u00f1o. <\/p>\n
2. Se advierte, tal como lo expuso el a quo constitucional, la procedencia de la protecci\u00f3n exigida, por cuanto revisada la actuaci\u00f3n censurada, se constata el quebranto de la garant\u00eda al debido proceso del tutelante y el desafuero cometido por el juez querellado. <\/p>\n
En el subex\u00e1mine, en veredicto de 25 de septiembre de 2020, el funcionario fustigado inadmiti\u00f3 el decurso debatido, incoado por el petente, en nombre de su descendiente, en s\u00edntesis, porque: <\/p>\n
i) El escrito genitor presentaba \u201cnotorias inconsistencias\u201d respecto del nombre de la demandada, al indicarse que aqu\u00e9lla es \u201cMaria\u201d, cuando en el registro civil aportado en el expediente, se observa claramente que es \u201cMar\u00eda\u201d. <\/p>\n
ii) Se observaron \u201cincongruencias graves\u201d en los hechos 2\u00b0 y 4\u00b0, que sirven de fundamento a las pretensiones del pleito (numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
iii) Se manifest\u00f3 que en la \u201cpretensi\u00f3n\u201d n\u00b0 2 no se aclar\u00f3 la entidad de tr\u00e1nsito a la cual se deb\u00eda \u201coficiar\u201d y tampoco se se\u00f1al\u00f3 \u201c(\u2026) el canal digital, de conformidad con el Decreto Legislativo 806 de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
iv) Se incumpli\u00f3 con el requisito reglado en el numeral 8\u00b0 del canon 82 \u00eddem, en cuanto a los fundamentos jur\u00eddicos, pues, se transcribi\u00f3 la normatividad de un estatuto jur\u00eddico inadecuado para la clase de proceso -C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-. <\/p>\n
v) Se mencionan \u201c(\u2026) normas derogadas como el Decreto 2737 de 1989 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
vi) No se \u201c(\u2026) inform\u00f3 del canal digital de la Defensora de Familia adscrita a es[e] despacho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
vii) Para decretar las pruebas solicitadas, deb\u00eda hacerse por \u201c(\u2026) la v\u00eda del derecho de petici\u00f3n (\u2026)\u201d, seg\u00fan lo consagra el art\u00edculo 173 \u00eddem. <\/p>\n
viii) La recepci\u00f3n de los testimonios, deb\u00eda pedirse con apego a lo dispuesto en el art\u00edculo 212 \u00eddem. <\/p>\n
ix) En el ac\u00e1pite de las notificaciones, no fue clara la ciudad de las direcciones de los testigos. <\/p>\n
x) La solicitud de emplazamiento no cumpli\u00f3 con los requisitos. <\/p>\n
xi) El listado de los anexos no se ce\u00f1\u00eda a los par\u00e1metros del Decreto 806 de 2020 y varios de ellos eran ilegibles. <\/p>\n
Posteriormente, dentro del t\u00e9rmino otorgado, el actor radic\u00f3 escrito con el objeto de subsanar los errores aducidos por el servidor enjuiciado. En ese mismo orden explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
i) Incorpor\u00f3 al dossier, la demanda corregida en su totalidad, en cuanto al nombre del extremo pasivo de la litis. <\/p>\n
ii) Precis\u00f3, en torno a los hechos 2\u00b0 y 4\u00b0, que el infante tiene 11 a\u00f1os y cuando ten\u00eda 9 a\u00f1os, su madre se fue a vivir a Bogot\u00e1. <\/p>\n
iii) Indic\u00f3 que la medida cautelar solicitada se dirige a ordenar el \u201cembargo\u201d y posterior \u201csecuestro\u201d del veh\u00edculo marca Renault 2016 de placas BNG345, registrado a nombre de la demandada e inscrito en \u201c(\u2026) el departamento de tr\u00e1nsito y transporte de Cartagena (\u2026)\u201d y, asimismo, agreg\u00f3 el canal digital de dicha entidad: tramites@transitocartagena.gov.co <\/p>\n
iv) Referente a los fundamentos de derecho, corrigi\u00f3 y estableci\u00f3, indicando: \u201c(\u2026) art\u00edculo 397 del CGP (\u2026) art\u00edculos 42, 43, 44, 45 CN (\u2026) art. 133, C\u00f3digo del menor (\u2026) art\u00edculos 24 y 41 numerales 10, 15, 31 (\u2026) art\u00edculo 81, numerales 9 y 11 (\u2026) Ley 1098 de 2006 C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
v) El \u201c(\u2026) Decreto 2737 de 1989, derogado por el art\u00edculo 217 de la Ley 1098 de 2006 a excepci\u00f3n de los art\u00edculos 320 a 325 y lo relativo a juicio especial de alimentos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
vi) El canal digital de la Defensora de Familia adscrita al despacho es \u201c(\u2026) Noredy Royeve, celular 3102658895, <\/p>\n
atencionalciudadano@icbf.gov.co (\u2026)\u201d. <\/p>\n
vii) Frente al decreto de pruebas solicitadas dijo: \u201c(\u2026) es deber del juez [hacerlo de oficio] para establecer la capacidad econ\u00f3mica del alimentante y la necesidad del alimentario, cuando las partes no lo aportan (\u2026) numeral 3\u00b0 del canon 397 (\u2026) [y] 170 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
viii) Manifest\u00f3 cada uno de los hechos que pretend\u00eda probar con la recepci\u00f3n de los testimonios, los cuales, adem\u00e1s, se desprenden de los antecedentes transcritos desde un inicio. <\/p>\n
ix) Aclar\u00f3 que la ciudad es Cartagena, domicilio de los testigos. <\/p>\n
x) Efectu\u00f3, nuevamente, la petici\u00f3n de emplazamiento. <\/p>\n
xi) Escane\u00f3 los documentos aportados como anexos m\u00e1s legibles. <\/p>\n
Ahora bien, la autoridad acusada, en veredicto de 6 de octubre de 2020, resolvi\u00f3 \u201crechazar\u201d la demanda interpuesta por el quejoso, porque \u201c(\u2026) el escrito subsanatorio (sic) aportado [por el libelista,] no corrige completamente los errores anotados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.1. Auscultado el procedimiento criticado, se extrae, evidentemente, el excesivo rigorismo del togado censurado, al imponerle cargas ajenas al peticionario e innecesarias para la tramitaci\u00f3n del juicio de alimentos. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, si bien como lo tiene decantado la Sala15, al lado de los derechos y obligaciones de los contendientes, surgen tambi\u00e9n deberes y cargas, cuyo cumplimiento influye decisivamente en las resultas de la controversia, tambi\u00e9n lo es, el mismo estatuto procesal, brinda facultades a los directores de los decursos para que, en su funci\u00f3n esencial de administrar justicia, hagan uso de todos los mecanismos jur\u00eddicos establecidos y adopten las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n de los decursos, procurando la mayor econom\u00eda. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, los yerros mencionados por el servidor al escrito genitor para sustentar la inadmisi\u00f3n y posterior rechazo de la demanda, no imped\u00edan la continuidad del tr\u00e1mite en comento, pues se hizo precisi\u00f3n sobre las normas aplicables y, con todo, el juez fustigado olvid\u00f3 los poderes contenidos en el art\u00edculo 42 de la obra civil, en espec\u00edfico, en el numeral 4\u00b016, en concordancia con el canon 170 \u00eddem17, concerniente al decreto de pruebas de oficio necesarias para esclarecer los hechos alegados objeto de controversia, tales como la capacidad de los alimentantes y la necesidad del alimentario, para asignar la prestaci\u00f3n exigida por el precursor, en favor del infante. <\/p>\n
2.2. Bajo esa tesitura, se destaca, la inobservancia por parte de la c\u00e9lula fustigada, del precedente jurisprudencial sobre la protecci\u00f3n y trato especial que merecen quienes integran grupos de especial protecci\u00f3n estatal. <\/p>\n
En reiteradas oportunidades, esta Corporaci\u00f3n ha insistido en el alcance amplio de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el marco del Estado Social de Derecho. Ello impone un tratamiento jur\u00eddico proteccionista por medio de la tutela judicial efectiva de sus prerrogativas. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica propende por la protecci\u00f3n reforzada de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en la regla 44 y en otras disposiciones, como desarrollo del principio de la supremac\u00eda constitucional. Precisamente consigna el indiscutido apotegma: \u201cLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d (art. 44. C. N.) (negrilla y subrayas nuestras). <\/p>\n
En tal sentido, esta Colegiatura aludi\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, (\u2026) lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores (\u2026)\u201d18. <\/p>\n
Esta garant\u00eda cobra especial valor en el \u00e1mbito del derecho a los alimentos, por cuanto estos comportan todo lo indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes19. <\/p>\n
Frente a los elementos constitutivos del \u201cderecho de alimentos\u201d, la Corte Constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El derecho de alimentos puede entenderse como el poder de voluntad de una persona (alimentario), otorgado por el ordenamiento jur\u00eddico positivo, de exigir a otra (alimentante) los medios para su subsistencia cuando carece de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El fundamento constitucional del derecho de alimentos es el principio de solidaridad social (Arts. 1\u00ba y 95, Num. 2) en el interior de la familia, por ser \u00e9sta la instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad (Art. 5\u00ba) o el n\u00facleo fundamental de la misma (Art. 42), por lo cual, por regla general, una de sus condiciones es el parentesco de consanguinidad o civil entre alimentario y alimentante, en los grados se\u00f1alados en la ley, o la calidad de c\u00f3nyuge o divorciado sin su culpa (\u2026)\u201d20. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, es indiscutible que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son beneficiarios prevalentes del derecho de alimentos. <\/p>\n
3. De lo transcrito, fluye diamantino, tal como lo expuso el a quo constitucional, la procedencia del resguardo deprecado, por afectarse los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia del impulsor, pues, el funcionario acusado, tras de imponerle una carga exagerada y ajena a sus facultades, lo sancion\u00f3 con el rechazo del libelo demandatorio. <\/p>\n
Ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo la de la Corte Constitucional, que el defecto procedimental <\/p>\n
\u201c(\u2026) puede estructurarse (\u2026) cuando \u2018(\u2026) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: \u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales (CC T-352\/12) (\u2026)\u201d21. <\/p>\n
Corresponde a las autoridades jurisdiccionales y a los particulares habilitados para el ejercicio de la funci\u00f3n judicial, atender al debido proceso como un medio para garantizar los derechos sustanciales y no a manera de un obst\u00e1culo para su realizaci\u00f3n, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) [d]e lo contrario, se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica (\u2026), por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material (\u2026)\u201d22. <\/p>\n
3.1. Debe destacarse, el acatamiento de lo ordenado por el a quo constitucional, en prove\u00eddo de 25 de noviembre de 2020, no permite revocar el mandato impartido por esa autoridad, pues, de ning\u00fan modo se configur\u00f3 un \u201checho superado\u201d, por cuanto, de un lado, tal pronunciamiento se emiti\u00f3 en virtud de este tr\u00e1mite y, de otro, es claro que, de no haberse acudido a esta jurisdicci\u00f3n, la situaci\u00f3n del peticionario y su hijo no habr\u00eda variado. <\/p>\n
Por consiguiente, se mantendr\u00e1 el mandato de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, consistente en dejar sin efectos los prove\u00eddos de 6 y 15 de octubre de 2020 proferidos por el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
4. Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos23, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos donde la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, como la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n, por cuanto se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcci\u00f3n del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa. <\/p>\n
Aunque los prove\u00eddos de los administradores de justicia son en principio ajenos al an\u00e1lisis propio de la acci\u00f3n de amparo consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en los eventos en los cuales la respectiva autoridad profiere alguna decisi\u00f3n ostensiblemente arbitraria, en contrav\u00eda de la legislaci\u00f3n, como lo es la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular sede en aras de reparar esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
En el caso de los procesos de alimentos cuando son entablados por los demandantes sin el apoderamiento de un profesional del derecho y muchas veces sin el auxilio del defensor de familia, las circunstancias son muy diferentes. Los jueces con especial celo, deben garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para leer los sucesos diarios de un pa\u00eds o de una comunidad y de las familias que acuden, para que los obligados cumplan los deberes b\u00e1sicos, concretizados en el derecho alimentario y que les impone no solamente la Constituci\u00f3n y las reglas b\u00e1sicas del derecho internacional de los derechos humanos, sino ante todo el deber m\u00e1s sentido, b\u00e1sico y elemental de reclamo de protecci\u00f3n para una necesidad ligada con lo m\u00ednimo para aspirar a ser persona para vivir: Los alimentos. <\/p>\n
El juez debe actuar como un dispensador de justicia y no como un calculador y defensor de la l\u00f3gica jur\u00eddica, del ritualismo, de la congruencia vacua, del despotismo y del capricho, de la rigidez, del formalismo jur\u00eddico desprovisto de sentido de humanidad. Al leer lo pretendido, debe actuar con mente abierta y con sentido de humanidad y \u00e9tica para captar la necesidad de justicia, desplegando poderes oficiosos para coadyuvar en la adecuaci\u00f3n del escrito genitor y en la instrucci\u00f3n probatoria para hallar la verdad y establecer la presencia o no de los elementos de la obligaci\u00f3n alimentaria, porque no puede olvidar, que gran parte de los usuarios, carecen tanto del conocimiento, habilidad y destreza en el desarrollo de esas actividades y funciones jur\u00eddicas, como de los recursos para apoyarse de un profesional del derecho. <\/p>\n
En todos estos casos, el juez no puede actuar como aut\u00f3mata de un c\u00f3digo que no tiene coraz\u00f3n ni sentimientos, que a medida que pasa el tiempo se desentiende de la realidad. El director del proceso debe leerlo con una concepci\u00f3n desprevenida pero inteligente, sabiendo que es su int\u00e9rprete din\u00e1mico, encarnando el Estado de Derecho que adjudica normas, lo actualiza a los sucesos diarios y las necesidades del ser humano; no puede realizar la subsunci\u00f3n normativa, como si se tratara de un laboratorio cient\u00edfico, o como un campo est\u00e9ril donde s\u00f3lo existe inercia e insensibilidad. El juez debe llenar el plexo normativo diariamente de valores, de principios y de derechos, de modo que cuando ejerce su labor cotidiana, los c\u00f3digos son apenas un medio que puede utilizar para acercar el Estado Constitucional a la ciudadan\u00eda. <\/p>\n
El juez de familia es una persona con un sello especial y trascendente, no es un ingeniero ni un cient\u00edfico del derecho, ni es la ley por la ley, es un ser con una misi\u00f3n inmortal de verdad, es el aut\u00e9ntico servidor int\u00e9rprete activo de la justicia, no es la boca muda ni insensible de la ley y de la Constituci\u00f3n, es el portador leg\u00edtimo de la vida que se edifica en el m\u00ednimo vital, es el int\u00e9rprete del sentimiento y de las necesidades inmediatas, es el defensor de los derechos de las actuales generaciones para que tengan existencia material y de las futuras para que aspiren a vivir, cuando encara el juicio alimentario; es a quien la Constituci\u00f3n le ha otorgado la magna tarea de la guardian\u00eda de la vida. No es quien condena a un imputado a la mazmorra por un crimen, sino quien encara desde lo m\u00e1s profundo, la vida misma, la existencia del ser humano en cuanto es y debe ser. <\/p>\n
5. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos24, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n
Sobre el particular, los c\u00e1nones 8.1 y 25 de ese tratado se\u00f1alan: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196925, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb26, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio27. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia28, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales29; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas30. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase copia de este pronunciamiento al juzgado involucrado. <\/p>\n
TERCERO: Env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb31, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb32; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folios 141 al 145; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 1 PARTE\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Folios 19 y 20; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 1 PARTE\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Folios 17 y 18; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 1 PARTE\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Folio 21; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 1 PARTE\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Folio 11; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 1 PARTE\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Folio 14; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 1 PARTE\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Folios 27 al 31; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 2 PARTE\u201d. <\/p>\n
11\u0002 Folios 204 al 207; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 2 PARTE\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Folios 208 al 2013; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 2 PARTE\u201d. <\/p>\n
13\u0002 Folios 217 al 233; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 2 PARTE\u201d. <\/p>\n
14\u0002 Folio 239; Cuaderno \u201cExpediente 2020-00252-00- 2 PARTE\u201d. <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC del 8 de nov. de 1972. <\/p>\n
16\u0002 ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
4. Emplear los poderes que este c\u00f3digo le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. <\/p>\n
17\u0002 ART\u00cdCULO 170. DECRETO Y PR\u00c1CTICA DE PRUEBA DE OFICIO. El juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. <\/p>\n
Las pruebas decretadas de oficio estar\u00e1n sujetas a la contradicci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
18\u0002 CSJ. STC18057-2017 de 2 de nov. 2017, rad. 2017-00626-01. <\/p>\n
19\u0002 El art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia <\/p>\n
20\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-994 de 2004. <\/p>\n
21\u0002 CSJ. STC9028 de 12 de julio 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-01822-00. <\/p>\n
22\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-1306 de 2001. <\/p>\n
24\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
25\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
26\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
27\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
28\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
29\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
30\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
31\u0002 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
32\u0002 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
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STC229-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC229-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2020-00252-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53137","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53137","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53137"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53137\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53137"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53137"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53137"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}