STC232-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC232-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00308-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 24 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Cristian V\u00e1squez, Augusto Becerra, las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Risaralda, la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de Pereira y Monter\u00eda, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo de la misma urbe, el Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales y Audifarma S.A., entre otros, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente a la \u00faltima sociedad referida, radicada bajo el n\u00famero 2016-00245-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Cristian V\u00e1squez, coadyuvado por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Audifarma S.A. sede Monter\u00eda, tramitada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2016-00245. <\/p>\n
Aduce el actor que el estrado encausado \u201cinaplica\u201d el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, e incumple \u201clos t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le ordena ley (sic) 472 de 1998 y por ello debe perder competencia\u201d. <\/p>\n
Refiere que en la tutela 2018-01133, proferida por esta Sala, se dio aplicaci\u00f3n al aludido precepto. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, ordenar i) al estrado confutado atender el canon mencionado, y \u201cconsign[ar] el radicado completo de todas las acciones populares donde ha aplicado art 121 CGP y ha perdido competencia ante su renuencia\u201d, adem\u00e1s, remitir \u201ccopia digital de toda la acci\u00f3n popular y de todas las tutelas que existan\u201d, a su correo electr\u00f3nico ii) al Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo en Pereira presentar \u201cacciones legales\u201d dirigidas a lograr la aplicaci\u00f3n del \u201cart\u00edculo 121 CGP y la tutelada pierda competencia\u201d, adem\u00e1s, solicitar la observancia del art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 19981 a quien corresponda, asimismo, aporten copia de sus actuaciones en el decurso criticado y iii) a la Sala Disciplinaria y Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira, que proceda de conformidad con el canon 84 ib\u00eddem. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial reprochada remiti\u00f3 el link de acceso al expediente criticado. <\/p>\n
2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Risaralda, se opuso a la prosperidad de la s\u00faplica y pidi\u00f3 negar el ruego, se\u00f1alando que el actor no ha formulado queja contra la titular del juzgado atacado, con fundamento en un eventual impedimento o aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual, adujo, resulta imposible enviar copia en ese asunto. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que el suplicante ha elevado otro tipo de denuncias contra aquella funcionaria, en total sesenta y siete (67), las cuales fueron acumuladas en dos expedientes, radicadas bajo los n\u00fameros 66001-1102-000-2019-00377-00 y 66001-1102-000-2019-00378-00, asimismo, se\u00f1ala, pueden ser objeto de revisi\u00f3n por intermedio del enlace https:\/\/consultaprocesos.ramajudicial.gov.co\/Procesos\/NumerosRadicaci\u00f3n#DetalleProceso. Anot\u00f3, en esos tr\u00e1mites, a\u00fan no hay decisi\u00f3n de fondo, por la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada entre el 16 de marzo y 30 de junio de 2020, en raz\u00f3n de la pandemia producida por el virus \u201cCodiv-19\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, precis\u00f3 que las Salas Disciplinarias, no tienen injerencia alguna en el tr\u00e1mite de la p\u00e9rdida de competencia establecida en el art\u00edculo 121 del Estatuto Procesal. <\/p>\n
3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda sostuvo que las pretensiones del quejoso nada tienen que ver con el actuar de esa Corporaci\u00f3n, configur\u00e1ndose entonces \u201cuna inexistencia del nexo causal entre las acciones u omisiones del Consejo Seccional de la Judicatura y el derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado al se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga\u201d. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional de Risaralda, manifest\u00f3 no ser el organismo competente para adelantar las pretensiones del censor; refiri\u00f3, igualmente, no haber vulnerado los derechos incoados por aqu\u00e9l, en consecuencia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Regional de Risaralda, imploraron su desvinculaci\u00f3n del amparo deprecado. <\/p>\n
6. Audifarma S.A., requiri\u00f3 no acceder el resguardo dada su improcedencia. Agreg\u00f3 que \u201clas pretensiones del actor carecen de justificaci\u00f3n id\u00f3nea y acorde a derecho en raz\u00f3n a que, el actor, como principal interesado en que se surta el proceso debe estar pendiente de las actuaciones en el mismo, para realizar las acciones que estime pertinente\u201d. <\/p>\n
Tras hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el decurso cuestionado, indic\u00f3 que el 7 de septiembre 2020 se realiz\u00f3 audiencia de pacto de cumplimiento, fallida ante la inasistencia del actor popular; agreg\u00f3 que, posteriormente, mediante estado de 9 del mismo mes, se corri\u00f3 traslado para alegatos de conclusi\u00f3n, los cuales fueron remitidos por esa sociedad el d\u00eda 10 ulterior. <\/p>\n
7. La Alcald\u00eda de Pereira, en su condici\u00f3n de tercero interviniente y por su deber legal, asever\u00f3 atenerse a lo probado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
8. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda reclamada por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De acuerdo con el recuento procesal, con auto de 27-02-2020 se neg\u00f3 la nulidad invocada; en firme, sin recursos; luego con memorial del 13-09-2020 se iter\u00f3 la queja procesal y se solicit\u00f3 digitalizar el expediente y remitir copias con destino al CSJ de Risaralda, entre otros ruegos; y con auto del 29-09-2020 fueron desestimados en su mayor\u00eda y se inform\u00f3 que se hab\u00eda compartido el link de acceso; tambi\u00e9n en firme sin recursos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, se colige, la falta de subsidiariedad. El interesado no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n las decisiones referidas, pese a su procedencia (Art.36, Ley 472). Pretiri\u00f3 as\u00ed que la jueza resolviera el problema jur\u00eddico en la acci\u00f3n popular. Claramente, pretende sanear su incuria en el ejercicio oportuno del medio ordinario de defensa por intermedio de esta herramienta residual (\u2026)\u201d. (subraya propia del texto). <\/p>\n
Por otra parte, determin\u00f3 la improcedencia del resguardo impetrado, en lo atinente a las peticiones dirigidas a la Procuradur\u00eda, la Defensor\u00eda del Pueblo, y las Salas Disciplinaria y Administrativa del Consejo Seccional de Judicatura de Risaralda, por ausencia de las conductas reprochables. <\/p>\n
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3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
1. La promovi\u00f3 el libelista, insistiendo en los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor. Refiri\u00f3 las sentencias STL 7967 de 2020 y SU 238 de 2019, sobre da\u00f1o irreparable y exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia constitucional de esta Corte ha demandado la necesidad de verificar la existencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad como requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, previo a efectuar otro estudio sobre el fondo del asunto debatido, de manera que, a falta de alguna de las aludidas exigencias, se negar\u00e1 el ruego tuitivo. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, al inaplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso e incumplir los t\u00e9rminos perentorios establecidos en la Ley 472 de 1998, dentro de la acci\u00f3n popular por \u00e9l iniciada contra Audifarma S.A., sede Monter\u00eda, y tramitada bajo el radicado N\u00ba 2016-00245. <\/p>\n
3. De entrada debe se\u00f1alarse, la censura del petente sobre la tardanza de la juzgadora denunciada en tramitar el litigio acusado, no sale avante, pues esa autoridad no ha incurrido en una negligencia injustificada. <\/p>\n
En torno a la demora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026] (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAsimismo, ha expuesto que: <\/p>\n
\u201c[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
En efecto, la demanda se present\u00f3 el 10 de junio de 2016, admitida mediante prove\u00eddo de 14 postrero. En auto de 2 de abril de 2019, la titular de juzgado impuls\u00f3 oficiosamente el tr\u00e1mite de acuerdo a la nueva doctrina de esta Corporaci\u00f3n3 y orden\u00f3 la publicaci\u00f3n del aviso informativo a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web asignada recientemente a ese estrado judicial, decisi\u00f3n recurrida por el actor y confirmada el 29 de junio de 2019. <\/p>\n
Seguidamente, el 8 de octubre de la misma anualidad, la secretar\u00eda del estrado notific\u00f3 el libelo, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, al Audifarma S.A., compa\u00f1\u00eda que el 17 de octubre ulterior, dio contestaci\u00f3n a la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
Luego en auto de 11 de diciembre de 2019, se fij\u00f3 el 1\u00ba de abril de 2020, para llevar a cabo audiencia de \u201cpacto de cumplimiento\u201d. <\/p>\n
El 12 siguiente, el accionante present\u00f3 nulidad, por el supuesto desconocimiento de los art\u00edculos 90 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso, exigiendo, adem\u00e1s, la acumulaci\u00f3n de todas las acciones adelantadas contra Audifarma S.A.; empero, en providencia de 27 de febrero de 2020, la c\u00e9lula judicial confutada, resolvi\u00f3 negar las peticiones del gestor. <\/p>\n
Por causa de la pandemia producida por el virus \u201cCodiv-19\u201d, se suspendieron los t\u00e9rminos judiciales, interrupci\u00f3n iniciada el 16 de marzo de 2020 y levantada el 1\u00b0 de julio del presente a\u00f1o. <\/p>\n
Tras ello, se program\u00f3, para el 7 de septiembre de 2020, la respectiva audiencia de cumplimiento, la cual se declar\u00f3 fallida ante la insistencia del actor y su coadyuvante. <\/p>\n
Posteriormente el 10 de septiembre, Audifarma S.A., alleg\u00f3 dichos alegatos. <\/p>\n
El 13 siguiente, el actor, solicit\u00f3 la nulidad de las actuaciones, as\u00ed como la digitalizaci\u00f3n del expediente, igualmente, exigi\u00f3 se aceptara su \u201cdesistimiento\u201d; manifestaciones, todas, desestimadas el 29 de septiembre, sin que exista evidencia de la formulaci\u00f3n de reparos contra esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En dicha providencia se le inform\u00f3 al querellante que las actuaciones solicitadas se encontraban digitalizadas desde el mes de julio de 2020 y que el link se encontraba habilitado para su consulta. <\/p>\n
Adem\u00e1s, le indic\u00f3 que la nulidad deprecada ya hab\u00eda sido objeto de estudio por ese despacho, en auto de 27 de febrero de 2020, en donde se analizaron los mismos hechos y pretensiones. <\/p>\n
Ahora, como el 6 de octubre de 2020, el censor requiri\u00f3 al estrado enjuiciado para que se declarara impedido, por haber presentado denuncia disciplinaria en su contra, tras no acoger tal manifestaci\u00f3n, el juzgado remiti\u00f3 el asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 17 de noviembre de 2020, para los efectos del inciso 3\u00b0, art\u00edculo 143 del C\u00f3digo General del Proceso4. <\/p>\n
El 7 de octubre de hoga\u00f1o Augusto Becerra pidi\u00f3 ser reconocido como coadyuvante en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Del anterior relato se constata que el despacho ha sido diligente, impulsando las gestiones del caso de manera oficiosa, todo en aras de lograr la finalizaci\u00f3n del juicio; no obstante, han sido las constantes reclamaciones del censor, aunadas, ahora, al impedimento recientemente formulado, las que han impedido la emisi\u00f3n de la sentencia correspondiente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta demanda no puede salir avante, dado que, conforme al criterio decantado de esta Corte, las situaciones de dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico del juzgado, lo cual no se vislumbra en este caso. <\/p>\n
4. Adicionalmente, en torno a la aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, basta indicar, nada evidencia que el solicitante hubiese recurrido el prove\u00eddo de 27 de febrero de 2020, donde se neg\u00f3 esa reclamaci\u00f3n, siendo improcedente la emisi\u00f3n, en esta sede, de una determinaci\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 recientemente, que es obligaci\u00f3n de la parte interesada, hacer la petici\u00f3n al juzgado, arguyendo las razones del caso para declarar la p\u00e9rdida de competencia contemplada en el art\u00edculo 121 de la Ley adjetiva, todo lo cual implica agotar los recursos consagrados en la legislaci\u00f3n, ante la posible negativa del fallador; sin embargo, ello, en este caso, no aconteci\u00f3. <\/p>\n
Lo aducido se apoya en en la sentencia C-443 de 2019 de la Corte Constitucional, donde se expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]ebe entenderse que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, esto es, cuando expiren los t\u00e9rminos legales contemplados en el art\u00edculo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la pr\u00e1ctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a circunstancia de que el s\u00f3lo vencimiento de los t\u00e9rminos legales tuviese como consecuencia inexorable el traslado del respectivo proceso a otro operador de justicia, independientemente de la voluntad de las partes, del estado del tr\u00e1mite judicial y de las razones de la tardanza, genera una serie de traumatismos en el funcionamiento de los procesos y del sistema judicial en general. Estos traumatismos y disfucionalidades, muchas veces de gran calado, provocan la vulneraci\u00f3n del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y del derecho al debido proceso. En funci\u00f3n de esta consideraci\u00f3n, la Corte concluy\u00f3 que la nulidad autom\u00e1tica de las actuaciones procesales realizadas con posterioridad al fenecimiento de los t\u00e9rminos legales era contraria a la Carta Pol\u00edtica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, en punto al t\u00f3pico del saneamiento de la invalidez prevista en la regla 121, esta Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De esta manera, si se actu\u00f3 sin proponerla, o la convalid\u00f3 en forma expresa, la nulidad quedar\u00e1 saneada, pero si la parte la formula en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 134, siempre que se cumplan los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 135, y una vez verificado el supuesto de hecho indicado en el art\u00edculo 121 \u2013que como se explic\u00f3, no es objetivo y admite el descuento de demoras que no se deben a la desidia del funcionario\u2013, el juez deber\u00e1 declarar la consecuencia jur\u00eddica expresada en esa disposici\u00f3n (\u2026)5\u201d. <\/p>\n
5. Se destaca, la s\u00faplica del actor tendiente a lograr informaci\u00f3n del juzgado censurado, respecto a \u201cque consigne el radicado completo de todas las acciones populares donde ha aplicado art 121 CGP y ha perdido competencia ante su renuencia\u201d, adem\u00e1s remitir \u201ccopia digital de toda la acci\u00f3n popular y de todas las tutelas que existan\u201d, deben plantearse ante dicho estrado, directamente; adem\u00e1s, se trata de requerimientos que desbordan el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de hechos inexistentes e infundados como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
6. Por otro lado, en lo atinente al amparo demandado respecto de las Salas Disciplinaria y Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, el mismo se torna improcedente porque no se acredit\u00f3 que se haya elevado alguna solicitud ante esas autoridades, cuestionando el tr\u00e1mite de los supuestos procedimientos a su cargo o reclamando copias de \u00e9stos. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
8. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201cARTICULO 84. PLAZOS PERENTORIOS E IMPRORROGABLES. La inobservancia de los t\u00e9rminos procesales establecidos en esta ley, har\u00e1 incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02. <\/p>\n
3 CSJ. STC236-2019, de 21 de enero de 2019, rad 2018-01088-01 reiterada el 23 de octubre. exp. 76111-22-13-000-2020-00125-01 <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Cuando el juez recusado acepte los hechos y la procedencia de la causal, en la misma providencia se declarar\u00e1 separado del proceso o tr\u00e1mite, ordenar\u00e1 su env\u00edo a quien debe reemplazarlo, y aplicar\u00e1 lo dispuesto en el art\u00edculo 140. Si no acepta como ciertos los hechos alegados por el recusante o considera que no est\u00e1n comprendidos en ninguna de las causales de recusaci\u00f3n, remitir\u00e1 el expediente al superior, quien decidir\u00e1 de plano si considera que no se requiere la pr\u00e1ctica de pruebas; en caso contrario decretar\u00e1 las que de oficio estime convenientes y fijar\u00e1 fecha y hora para audiencia con el fin de practicarlas, cumplido lo cual pronunciar\u00e1 su decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 CSJ. STC14449-2019 de 23 de octubre. exp. 11001-02-03-000-2019-03319-00 <\/p>\n
6 CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01. <\/p>\n
7 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
14 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
15 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC232-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC232-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00308-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 24 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53138","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53138"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53138\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53138"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53138"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}