STC233-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC233-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00319-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 24 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las Alcald\u00edas y Personer\u00edas de Pereira y de Sevilla, Defensor\u00edas del Pueblo Regionales Risaralda y Valle del Cauca, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales, y el Banco de la Mujer, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente a la mencionada entidad Financiera, radicada bajo el n\u00famero 2015-01176-00. <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Mundo Mujer, tramitada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2015-01176. <\/p>\n
Reprocha el actor que, la juez encausada de \u201cmanera ilegal\u201d termin\u00f3 el decurso cuestionado, \u201cy nunca se pronunci\u00f3 como lo [pidi\u00f3] a fin de saber en derecho si comet\u00eda prevaricato al terminar la acci\u00f3n popular, con figura no aplicable en acciones populares llamada desistimiento t\u00e1cito\u201d. <\/p>\n
Manifiesta que le solicit\u00f3 a la falladora \u201cdigitalizar\u201d todo lo actuado en el proceso, y remitirlo a su correo electr\u00f3nico, \u201clo cual se neg\u00f3 a realizar\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, i) determinar si la juez cometi\u00f3 prevaricato, al terminar por desistimiento t\u00e1cito la referida acci\u00f3n popular, ii) decretar la nulidad de todo lo actuado \u201cya que la tutelada desconoci\u00f3 el art 5 de la Ley 472 de 1998\u201d, iii) ordenar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84 del mencionado precepto legal, iv) exhortar al estrado encausado para que \u201cdigitalice\u201d y remita a su correo personal copia autentica de todo lo actuado en la acci\u00f3n popular, \u201cya que se ha solicitado a la a quo y nunca lo hace\u201d, adem\u00e1s, v) requerir al Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo en Pereira \u201cpara que prueben en derecho como actuaron en la acci\u00f3n popular tutelada y prueben si cumplieron (sic) Ley 734 de 2002\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial cuestionada indic\u00f3 que el asunto objeto de controversia se encuentra archivado desde el 2018, dada su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Aduce que el actor comete \u201cvarias imprecisiones en su escrito\u201d; adem\u00e1s, \u201cest\u00e1 abusando de los medios y de la jurisdicci\u00f3n, congestionando a\u00fan m\u00e1s los medios virtuales\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, en relaci\u00f3n con la aludida acci\u00f3n, no se ha presentado ning\u00fan memorial cuestionando que se haya incurrido en prevaricato, en raz\u00f3n a la terminaci\u00f3n del proceso por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d; ni tampoco escrito donde solicite la digitalizaci\u00f3n de las actuaciones, para lo cual, \u201cen caso de requerirlo deber\u00e1 acreditar el pago del arancel judicial\u201d. <\/p>\n
Pidi\u00f3 negar el ruego impetrado y \u201cproceder a imponer sanci\u00f3n en su contra por temeridad y mala fe, pues es quien con sus peticiones reiteradas entorpece la correcta administraci\u00f3n de justicia\u201d. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional de Risaralda, manifest\u00f3 no ser el organismo competente para adelantar las pretensiones del censor, refiri\u00f3 igualmente, no haber vulnerado los derechos incoados por aqu\u00e9l. <\/p>\n
3. El Procurador Regional de Risaralda implor\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo deprecado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, dada la ausencia de las conductas endilgadas a las autoridades querelladas. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El interesado pretiri\u00f3 acreditar que haya formulado peticiones a los encausados en los t\u00e9rminos expuestos en el libelo; fue requerido y guard\u00f3 silencio; en contraste se tiene que el juzgado inform\u00f3 que no recibi\u00f3 memorial alguno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Cabe resaltar, en el auto mediante el cual el tribunal admiti\u00f3 el resguardo bajo estudio, pidi\u00f3 al interesado allegar copia de las peticiones presentadas a la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo, solicitando informaci\u00f3n sobre las gestiones realizadas en la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
1. La promovi\u00f3 el libelista, sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira remiti\u00f3 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, al impulsor y dem\u00e1s intervinientes, el link de acceso al expediente de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, al i) no pronunciarse, presuntamente, en torno a la petici\u00f3n del actor, \u201ca fin de saber en derecho si comet\u00eda prevaricato al terminar la acci\u00f3n popular\u201d, por desistimiento t\u00e1cito, y ii) negarse a digitalizar y enviar las actuaciones adelantadas dentro de la acci\u00f3n popular por \u00e9l iniciada contra el Banco Mundo Mujer, radicada bajo el N\u00ba 2015-01176. <\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo, dada la inexistencia de la supuesta omisi\u00f3n endilgada por el libelista, frente a la titular del estrado encausado, pues \u00e9sta \u00faltima en su contestaci\u00f3n, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por parte del se\u00f1or Javier El\u00edas y en relaci\u00f3n con dicha acci\u00f3n popular no se ha presentado ning\u00fan memorial en la que haya cuestionado que en raz\u00f3n a ver sido terminada por desistimiento t\u00e1cito dicha acci\u00f3n popular, se haya incurrido en el presunto prevaricato. Tampoco hay escrito en el que solicite se digitalice la acci\u00f3n popular, en caso de requerirlo deber\u00e1 acreditar el pago del arancel judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro, no puede atribuirse vulneraci\u00f3n o irregularidad al proceder de la c\u00e9lula judicial confutada, pues, el censor ninguna petici\u00f3n present\u00f3 ante ese despacho, reclamando lo ahora pretendido con este mecanismo. <\/p>\n
Por tanto, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, por cuanto el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, queda en evidencia la conducta del censor, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de hechos inexistentes e infundados como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Se destaca, la s\u00faplica del actor tendiente a establecer si la juez cometi\u00f3 prevaricato al terminar el proceso por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d, debe plantearse ante las autoridades competentes directamente; adem\u00e1s, se trata de un requerimiento que desborda el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. Ahora bien, en lo atinente al amparo demandado en relaci\u00f3n con el Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo en Pereira \u201cpara que prueben en derecho como actuaron en la acci\u00f3n popular tutelada y prueben si cumplieron (sic) Ley 734 de 2002\u201d, se pone de presente al promotor que nada le impide peticionar tal gesti\u00f3n ante esas autoridades, por cuanto no se observa que aqu\u00e9l hubiese dirigido a esos organismos, una reclamaci\u00f3n con dicho prop\u00f3sito. <\/p>\n
N\u00f3tese, se observa que el tutelante guard\u00f3 silencio frente al requerimiento realizado por el a quo en el auto admisorio del resguardo, qui\u00e9n dispuso \u201cpedir al interesado que arrime copia de las peticiones presentadas a la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo orientadas a que brinden informe sobre las gestiones realizadas en la acci\u00f3n popular\u201d, circunstancia que ratifica que el precursor no ha acudido ante los mencionados \u00f3rganos de control, exigiendo lo ahora pretendido. <\/p>\n
Sobre el citado requisito, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d3. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
6. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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