STC234-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC234-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2020-00260-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 27 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carolina Su\u00e1rez Uribe contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil extracontractual, radicado con el n\u00ba 2019-00064, promovido por Roberto Carlos Mart\u00ednez Ruiz a la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora solicita la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionados por la autoridad jurisdiccional convocada. <\/p>\n
2. Sostiene, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
El 24 de abril de 2019, la c\u00e9lula judicial reprochada admiti\u00f3 la demanda de responsabilidad civil extracontractual incoada por Roberto Carlos Mart\u00ednez Ruiz, con sustento en el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 8 de diciembre de 2014, donde se vio involucrado el veh\u00edculo de servicio p\u00fablico de placas SPJ-006, de propiedad de la quejosa. <\/p>\n
Ante la manifestaci\u00f3n del all\u00e1 promotor, acerca del desconocimiento del domicilio de su contraparte, en el mismo auto se dispuso emplazarla y, surtido ese medio de notificaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 25 de julio de 2019 se le design\u00f3 curador ad litem. <\/p>\n
El 28 de febrero de 2020, tuvo lugar la vista p\u00fablica contemplada en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuyo desarrollo se accedi\u00f3 a las pretensiones del libelista, condenando a la aqu\u00ed querellante al pago de $5.486.268, por concepto de da\u00f1os materiales, m\u00e1s $50.000.000 como resarcimiento por los perjuicios morales causados al afectado. <\/p>\n
La precursora acude a este mecanismo excepcional por considerar transgredidas sus garant\u00edas superlativas, pues, sin auscultar en los documentos adosados con el escrito introductor de su adversario, el fallador criticado adelant\u00f3 el decurso sin darle la posibilidad de controvertir los hechos endilgados, oblig\u00e1ndola a pagar una indemnizaci\u00f3n de la cual solo tuvo conocimiento por informaci\u00f3n de una amiga que, casualmente, se enter\u00f3 del proceso. <\/p>\n
3. Implora, por tanto, revocar la providencia confutada e invalidar el litigio censurado. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado y los vinculados <\/p>\n
1. El despacho encartado se opuso al ruego tuitivo, manifestando no haber transgredido prerrogativa constitucional alguna, aduciendo que la carga de notificar al extremo demandado reca\u00eda en la parte actora y no en el juzgado. <\/p>\n
2. El oponente de la hoy impulsora afirm\u00f3 haber intentado citarla para la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial, a la direcci\u00f3n registrada en los documentos del veh\u00edculo, es decir, Manzana F Lote 13 Barrio el Recreo, empero, al estar incompleta, la empresa de correo certific\u00f3 sobre la imposibilidad de entregar las respectivas misivas y por ello, explic\u00f3, afirm\u00f3 no conocer su lugar de ubicaci\u00f3n en el libelo genitor de la litis. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Delegada en Asuntos Civiles de Cartagena destac\u00f3 la improcedencia del resguardo, en atenci\u00f3n al incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda tras evidenciar la existencia de mecanismos ordinarios id\u00f3neos para plantear los reparos expuestos en el amparo. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la quejosa reiterando lo dicho en el escrito inicial y criticando la decisi\u00f3n del a quo, por cuanto, en su sentir, los instrumentos alternativos a la tutela no tienen la capacidad de evitar el detrimento de su patrimonio frente a la condena impuesta, tal como lo ha decantado la Corte Constitucional, asegur\u00f3, en las sentencias SU-090 de 2018 y T-025 de 2018, donde el alto Tribunal precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Adem\u00e1s se evidencia que el demandante agot\u00f3 los mecanismos judiciales existentes desde el momento en que supo del proceso en su contra. No obstante que el recurso de revisi\u00f3n pod\u00eda ser procedente para resolver el presente asunto, no era el mecanismo id\u00f3neo teniendo en cuenta que su tr\u00e1mite no suspende los efectos de la decisi\u00f3n judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de la promotora dentro del pleito subex\u00e1mine, al no haber sido enterada adecuadamente de la demanda de responsabilidad civil extracontractual presentada en ese asunto, de la cual solo tuvo conocimiento hasta el mes de octubre de 2020. <\/p>\n
2. El auxilio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, dado el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, pues la accionante cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, de acuerdo con lo estatuido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso1; situaci\u00f3n que le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, si la tesis central del resguardo propuesto por la reclamante se edifica en su indebida vinculaci\u00f3n al contradictorio, el ordenamiento le ofrece un recurso eficaz para someter a juicio sus pretensiones constitucionales, en defensa de sus garant\u00edas a trav\u00e9s del medio extraordinario ya indicado ante el juez competente, iudicium rescindens del cual a\u00fan no ha hecho uso, seg\u00fan se infiere de los antecedentes aportados a la presente queja constitucional. Al no haber agotado ese instrumento de defensa, la salvaguarda supralegal resulta inane y apareja la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada. <\/p>\n
En el mismo sentido, de conformidad con el inciso segundo del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso2, la gestora cuenta con la posibilidad de alegar el vicio denunciado \u201ccomo excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u201d, herramienta a todas luces id\u00f3nea para la defensa de las prerrogativas invocadas y, por contera, de su patrimonio ante el eventual cobro forzado de las sumas de dinero impuestas en la decisi\u00f3n de m\u00e9rito confutada. <\/p>\n
La existencia de herramientas propicias para obtener la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En una acci\u00f3n similar esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. En esa medida, contrario a lo aducido por la inicialista en el escrito de impugnaci\u00f3n, no se configura un perjuicio irremediable capaz de habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional en este asunto, pues los efectos de la sentencia proferida en su contra bien pueden ser contrarrestados a trav\u00e9s del uso oportuno y adecuado de las herramientas jur\u00eddicas ya descritas y as\u00ed lo ha admitido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en eventos semejantes como, precisamente, la sentencia de unificaci\u00f3n 090 de 2015, tra\u00edda a colaci\u00f3n por la querellante. <\/p>\n
En ese pronunciamiento, la alta Colegiatura ratific\u00f3 la tesis aqu\u00ed expuesta acerca de la improcedencia del resguardo cuando el interesado ha dejado de ejercitar los medios defensivos dispuestos por el legislador dentro de cada litigio: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al afirmar, respecto del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que \u201cel mecanismo ordinario es id\u00f3neo y eficaz, (y que) el actor debe estar en la capacidad de encuadrar el defecto que considera tiene la sentencia dentro de alguna de las causales taxativas establecidas en el c\u00f3digo correspondiente. De lo contrario, no puede considerarse improcedente la tutela\u201d[44]. <\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo con el actuar del tutelante, el yerro alegado dentro del incidente de nulidad procesal, se encuadra dentro del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 250 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es \u201cexistir una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelaci\u00f3n\u201d, situaci\u00f3n que por tanto debi\u00f3 resolverse a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el cual aparece id\u00f3neo si de resolver una nulidad originada en la sentencia es de lo que se trata. <\/p>\n
<\/p>\n
En suma, la Corte estima que para que proceda la tutela contra providencias judiciales, el accionante deb\u00eda cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n con la finalidad de proteger los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, as\u00ed como realizar la coherencia y consistencia del sistema jur\u00eddico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Por lo expresado, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues la petente pretende un pronunciamiento, sobre aspectos que deben ser debatidos y solucionados ante el funcionario competente, los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. En torno a la presunta vulneraci\u00f3n de la prerrogativa establecida en el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, no est\u00e1 demostrado que, en iguales condiciones a las descritas en esta salvaguarda, la sede judicial accionada hubiese impartido un trato diferente en favor de otras personas. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Por las razones anotadas, se ratificar\u00e1 el fallo examinado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar electr\u00f3nicamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Art\u00edculo 355. Son causales de revisi\u00f3n: \u201c(\u2026) 7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) La nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades. <\/p>\n
Dichas causales podr\u00e1n alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal. <\/p>\n
El juez resolver\u00e1 la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que fueren necesarias. <\/p>\n
La nulidad por indebida representaci\u00f3n, notificaci\u00f3n o emplazamiento, solo beneficiar\u00e1 a quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anular\u00e1 y se integrar\u00e1 el contradictorio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 Sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
13 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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