STC235-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC235-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2020-03521-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la sociedad LMM Construcciones Ltda. \u2013 en liquidaci\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de radicado 11001-31-03-031-2015-01157-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or William Ocampo Fl\u00f3rez instaur\u00f3 demanda declarativa en contra de las sociedades LLM Construcciones Ltda y Marble Solutions de Colombia S.A.S., con el fin de obtener la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa sobre el apartamento 302 del Proyecto Edificio Alborada 140 suscrito por las partes el 10 de enero de 2014 \u00abteniendo como causales de incumplimiento de las obligaciones propias de este contrato por parte de promitentes vendedoras; esto es: la no concurrencia ni comparecencia a la Notar\u00eda 68 de Bogot\u00e1 para la firma de la escritura de venta y la entrega del inmueble y como fundamento jur\u00eddico la condici\u00f3n resolutoria que protege los intereses de la parte contratante cumplida, en este caso mi poderdante\u00bb. As\u00ed mismo, solicit\u00f3 se condene a las demandadas a devolver al demandante el precio pagado, la cl\u00e1usula penal estipulada en el negocio y el valor de los da\u00f1os y perjuicios sufridos \u00abdesde la fecha en que se entregaron los cheques a las promitentes vendedoras, es decir enero 10 y 17 de 2014 (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Notificado personalmente el auto admisorio al apoderado de la ac\u00e1 accionante, este present\u00f3 oportunamente contestaci\u00f3n de demanda, en la cual propuso la excepci\u00f3n previa de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb ya que, a su juicio, \u00abno se puede reclamar un precio, da\u00f1os y perjuicios frente al bien inmueble del apartamento 302 que pertenece a LMM CONSTRUCCIONES LTDA, cuando se observa la inexistencia de un negocio jur\u00eddico que no cumpli\u00f3 con los requisitos legales, m\u00e1s cuando fue el se\u00f1or FABIO CASTELLANOS ROJAS, en su calidad Representante Legal de MARBLE SOLUTIONS DE COLOMBIA, y no a LMM CONSTRUCCIONES LTDA, quien hizo el negocio con el se\u00f1or WILLIAM OCAMPO FLOREZ, y fue a ese a quien le entreg\u00f3 el precio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, propuso la \u00fanica excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abfalta de pago y\/o pago inexistente\u00bb, frente a la promesa de compraventa \u00abya que no se puede reclamar un precio, da\u00f1os y perjuicios frente al bien inmueble del 304 de la alborada, cuando se observa de la inexistencia de un negocio jur\u00eddico que no cumpli\u00f3 con los requisitos legales\u00bb2. <\/p>\n
2.3. En auto del 24 de septiembre del 2015, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Oralidad de Bogot\u00e1 le requiri\u00f3 a la promotora presentar por separado la excepci\u00f3n previa formulada3. Sin embargo, ante el silencio de la parte, el juez tuvo por presentada la contestaci\u00f3n pero aclar\u00f3 que \u00abno se tendr\u00e1 en cuenta ni se atender\u00e1 la excepci\u00f3n previa formulada\u00bb4. Por su parte, ante la falta de conocimiento del domicilio de la sociedad Marble Solutions de Colombia S.A.S., se emplaz\u00f3 y se nombr\u00f3 curado, el cual contest\u00f3 en t\u00e9rmino el libelo genitor5. <\/p>\n
2.4. Agotadas las correspondientes audiencias, el juzgador profiri\u00f3 sentencia el 20 de junio del 2019, mediante el cual declar\u00f3 \u00abno probadas las excepciones planteadas por la demandada LMM CONSTRUCCIONES LTDA\u00bb y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Sin embargo, de oficio, estableci\u00f3 \u00abla nulidad absoluta de la promesa de compraventa celebrada el 10 de enero de 2014 entre WILLIAM OCAMPO FLOREZ (\u2026) como promitente comprador y MARBLE SOLUTIOS DE COLOMBIA S.A.S. (\u2026) y LMM CONSTRUCCIONES LTDA (\u2026)\u00bb. Por tanto, conden\u00f3, a t\u00edtulo de restituciones mutuas, a la demandada MARBLE SOLUTIONS DE COLOMBIA a devolver el precio recibido del demandante6. <\/p>\n
2.5. Inconforme con tal determinaci\u00f3n, la parte demandante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, al resolver la alzada en prove\u00eddo del 24 de septiembre del 2019, confirm\u00f3 el prove\u00eddo del a quo y, adem\u00e1s, dictamin\u00f3 \u00abadicionar el numeral cuarto de la sentencia proferida el 20 de junio de 2019 por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el sentido de imponer la condena por restituciones mutuas a ambas enjuiciadas, es decir, Marble Solutions de Colombia S.A.S. y LMM Construcciones Ltda\u00bb7. <\/p>\n
2.7. Se\u00f1al\u00f3 que, en tal determinaci\u00f3n, \u00abla sala ignor\u00f3 la presencia de un documento de Resoluci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n del Contrato de Obra Civil No. 01 de julio 17 de 2013 y de su otros\u00ed suscrito por los representantes tanto de MARBLE como de LMM, el d\u00eda 23 de enero de 2019, en virtud del cual se rompe la solidaridad entre las dos compa\u00f1\u00edas\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, denuncia la incursi\u00f3n en un defecto f\u00e1ctico ya que \u00abno tuvieron en cuenta lo expresado bajo la gravedad juramento por el mismo demandante WILLIAM OCAMPO FLOREZ, el d\u00eda 5 de junio de 2019 (\u2026) ni tampoco analizaron lo dicho por el se\u00f1or Leopoldo Eugenio Mendoza en id\u00e9ntica fecha y actuaci\u00f3n probatoria (interrogatorio de parte) y mucho menos repararon en el contenido del documento de Resoluci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n del Contrato de Obra Civil No. 01 de julio 17 de 2013 y de su otros\u00ed por medio del cual, se rompi\u00f3 la solidaridad existente o que hubiera podido existir entre LMM CONSTRUCCIONES LTDA. – EN LIQUIDACI\u00d3N y MARBLE SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que si bien la solidaridad es la regla general en las obligaciones mercantiles, tiene que tenerse en cuenta que \u00abse resolvi\u00f3 el contrato y se incorpor\u00f3 el medio de prueba que lo demostraba, el que simplemente fue ignorado por parte del ad quem al momento de desatar la alzada\u00bb. As\u00ed las cosas, \u00abla sala civil no debi\u00f3 limitarse a simplemente aplicar la norma respecto a la presunci\u00f3n legal sobre la solidaridad mercantil, sin revisar que objetivamente se desprend\u00eda de los elementos de prueba la ruptura de la solidaridad\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, dictamin\u00f3 que la Sala \u00abtampoco se percat\u00f3 de que en los interrogatorios de parte y tanto demandante como el representante legal de la demandada (ac\u00e1 petente del amparo) coincidieron en que el dinero \u00fanicamente le fue entregado a MARBLE SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A.S. y este aspecto necesariamente rompe con la presunci\u00f3n legal de solidaridad\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se ordene a la autoridad querellada que \u00abdeclaren la nulidad del fallo de segunda instancia adiado septiembre 24 del a\u00f1o 2019, dej\u00e1ndolo sin efecto y en su lugar, confirmen integralmente la sentencia de primera instancia, proferida el d\u00eda 20 de junio del a\u00f1o 2019, por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 cuyo titular es el doctor Bernardo Florez Ruiz, dentro del radicado n\u00famero 11001310303120150115700 \u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Colegiado accionado dictamin\u00f3 que \u00ablas decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso 110013103120150115701 est\u00e1n soportadas en la normatividad que gobierna el caso, concerniente a la resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa y a las consecuentes restituciones mutuas, tema respecto del cual estuvo circunscrito el evocado litigio\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n pues \u00abpues se trata de hechos ajenos a este Despacho\u00bb. <\/p>\n
3.- El se\u00f1or William Ocampo apuntal\u00f3 que \u00abla parte accionante en su escrito no dice claramente por que considera se le viol\u00f3 a la sociedad demandada el debido proceso, pues para el Juez Colegiado Accionado, es claro y en el expediente as\u00ed se encuentra registrado, se cumplieron todas y cada una de las etapas procesales, hasta llegar al fallo correspondiente, que al togado no le gust\u00f3 la decisi\u00f3n, ya es otra cosa muy diferente, pero el debido proceso se cumpli\u00f3 a cabalidad en el expediente\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, se extrae que la situaci\u00f3n de la que se duele el gestor se consolid\u00f3 con la resoluci\u00f3n proferida el 19 de septiembre de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, pues considera que dicha decisi\u00f3n lesiona su garant\u00eda superior al debido proceso. <\/p>\n
2. La Sala avizora la improcedencia del ruego incoado frente a la providencia dictada por el colegiado, por cuanto no se atiende al requisito de inmediatez, identificado por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la acci\u00f3n. Ello a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 el fallo recriminado, esto es, \u00ab24 de septiembre de 2019\u00bb8 y, la presentaci\u00f3n del resguardo, el \u00ab18 de diciembre de 2020\u00bb9; es decir, que pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3. Respecto del citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, el citado \u00f3rgano ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
4. Bajo tales presupuestos, la Sala acomete el estudio para establecer si las circunstancias f\u00e1cticas puestas de presente por la promotora tienen la virtualidad para pretermitir el requisito de inmediatez y proceder al estudio de fondo de la acci\u00f3n. <\/p>\n
5. Para empezar, la gestora adujo que no pudo interponer la acci\u00f3n oportunamente pues la petici\u00f3n de copias surtida en el juzgado de primera instancia \u00fanicamente fue concedida hasta el 15 de septiembre del 2020. <\/p>\n
Sin embargo, tal justificaci\u00f3n no es procedente pues desde el 24 de septiembre del 2019, el accionante tuvo la oportunidad de acudir al Despacho para solicitar al secretario la reproducci\u00f3n de las audiencias. As\u00ed lo dispone el art\u00edculo 114 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor literal se indica que \u00abSalvo que exista reserva, del expediente se podr\u00e1 solicitar y obtener la expedici\u00f3n y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes: 1. A petici\u00f3n verbal el secretario expedir\u00e1 copias sin necesidad de auto que las autorice\u00bb. <\/p>\n
6. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 56-64 del PDF \u00abCuaderno 1\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 106-115 del PDF \u00abCuaderno 1\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 120 del PDF \u00abCuaderno 1\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folio 127 del PDF \u00abCuaderno 1\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Folio 249 del PDF \u00abCuaderno 1\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Folio 301 del PDF \u00abCuaderno 1\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Folio 22-41 del PDF \u00abCuaderno 1\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 E, incluso, desde la fecha en que se profiri\u00f3 el auto que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del improcedente recurso de casaci\u00f3n, proferido el 20 de noviembre del 2019. <\/p>\n
9\u0002 Transcurrieron 15 meses. <\/p>\n
<\/p>\n
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