STC236-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC236-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03359-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Marina Suarez de Jaimes frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se vincularon los intervinientes e interesados en el proceso de restituci\u00f3n de tierras de radicado 2018-00111-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna, al m\u00ednimo vital y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente trasgredidos por la autoridad judicial acusada al interior del referido pleito. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de las pruebas allegadas al plenario se evidencia la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Alexy Monta\u00f1a Garc\u00eda reclam\u00f3 la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del predio1 ubicado en la calle 12\u00aa No. 7-65 casa 263, barrio t\u00e9cnico en el municipio de Tib\u00fa e identificado con FMI 260-1915592. En dicho decurso, arguy\u00f3 que ella y su n\u00facleo familiar en el a\u00f1o 2001, se desprendieron de la posesi\u00f3n ejercida sobre ese bien por el contexto generalizado de violencia entre las autodefensas, ELN, FARC y EPL. <\/p>\n
Ante varias circunstancias de peligro, en el 2005 se ofert\u00f3 el predio objeto de reclamaci\u00f3n a Parques Nacionales, por lo que se realiz\u00f3 \u00abescritura en confianza\u00bb en la notaria \u00fanica de San Luis Tolima favor de Nelson Vanegas Rosero -pariente de la reclamante- con el fin de que \u00e9ste realizara los tr\u00e1mites respectivos. Sin embargo, al rechazarse dicha propuesta, en el 2006 se le vendi\u00f3 el inmueble a Dionel Vargas Quintero -hijo de un vecino-. <\/p>\n
Pasado el tiempo, el 08 de noviembre de 2011, la se\u00f1ora Marina Suarez de Jaimes adquiri\u00f3 el predio por medio de compraventa realizada con el se\u00f1or Vargas Quintero mediante escritura p\u00fablica 443 de la Notaria \u00danica de Tib\u00fa y registrada en la oficina de instrumentos p\u00fablicos de C\u00facuta3. El bien se afect\u00f3 a vivienda familiar y para su adquisici\u00f3n se obtuvo un cr\u00e9dito hipotecario con la caja cooperativa petrolera (Coopetrol). <\/p>\n
La aqu\u00ed gestora se opuso a la petici\u00f3n restitutoria, y aleg\u00f3 ser compradora de buena fe exenta de culpa, al adquirir \u00abel predio a trav\u00e9s de un negocio jur\u00eddico de compra-venta, por medio de escritura p\u00fablica, protocolizada, debidamente autenticada ante autoridad competente, donde el vendedor, manifest\u00f3 su consentimiento expreso, libre y voluntario, recibiendo por ello un justo precio, conforme a lo estipulado y una vez le\u00eddo el documento ante la notar\u00eda \u00danica de Tib\u00fa… Tiempo desde el cual\u2026 ha ejercido el dominio sobre el inmueble hasta el d\u00eda de hoy, ha realizado construcciones nuevas (dos apartamentos), tanto as\u00ed, que el predio en litigio hoy, es una casa nueva\u20264. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el tribunal convocado mediante sentencia del 03 de septiembre de 2020, accedi\u00f3 a las pretensiones, declar\u00f3 impr\u00f3spera las \u00aboposiciones formuladas\u00bb por la hoy tutelante, neg\u00f3 la calidad de segundo ocupante y la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb consagrada en el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Por v\u00eda de tutela, la actora aduce que la corporaci\u00f3n confutada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico -indebida apreciaci\u00f3n de las pruebas-, sustantivo -se efectu\u00f3 una aplicaci\u00f3n restrictiva del art\u00edculo 91 literal r) y canon 98 de la Ley 1448 de 2011- y un desconocimiento del precedente vertical sobre la materia, por las siguientes razones: <\/p>\n
Se desconoci\u00f3 que dentro del conflicto armado que vive nuestro pa\u00eds, \u00abtodos los d\u00edas\u2026, se realizan negocios jur\u00eddicos v\u00e1lidamente celebrados, con consentimiento y causa licita, dentro de autonom\u00eda y libertad de las partes para contratar y obligarse y, se realizan actos de comercio, mercantiles, burs\u00e1tiles, financieros y laborales, con presencia y ante autoridades competentes locales, que dan fe p\u00fablica de ello, del respeto y observancia de las normas vigentes de nuestro ordenamiento jur\u00eddico\u00bb, situaci\u00f3n dentro de la cual realiz\u00f3 su negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Agrega que dicha autoridad parte erradamente que \u00abporque en el municipio de Tib\u00fa, regi\u00f3n donde hist\u00f3ricamente, han hecho presencia los grupos armados al margen de la ley\u2026, y su contexto de violencia, de conocimiento p\u00fablico\u2026, haya sido la causa real de la venta del inmueble urbano objeto de restituci\u00f3n en el a\u00f1o 2005, por parte de la [reclamante], cuando en el a\u00f1o 2003, ella y su esposo\u2026, ya hab\u00edan manifestado la voluntad y consentimiento libre y voluntario de querer enajenar y trasferir el domino del predio a la entidad Parque Nacionales Naturales\u2026\u00bb, por lo que se dict\u00f3 \u00abun fallo sin una carga argumentativa, de una manera subjetiva\u2026 basado en un sesgado examen de la pruebas obrantes en el plenario\u2026\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que en el fallo cuestionado no se evalu\u00f3 \u00abque el se\u00f1or Nelson Vanegas Rosero, en el a\u00f1o 2006, en su calidad de leg\u00edtimo propietario\u2026, celebr\u00f3 un negocio jur\u00eddico de compraventa con el se\u00f1or Dionel Vargas Quintero con consentimiento y causa licita, dentro de la autonom\u00eda y libertad de las partes para contratar y obligarse\u2026, para lo cual\u2026 realiz\u00f3 los pasos adecuados e id\u00f3neos y de buena fe, para adquirir el inmueble urbano\u2026\u00bb. <\/p>\n
Recalca que es tercera compradora y ocupante del predio debatido y que no intervino directa o indirectamente en la venta inicial del bien que le hiciera la reclamante a su cu\u00f1ado. <\/p>\n
Resalta, adem\u00e1s, que no se tuvieron en cuenta los hechos f\u00e1cticos: \u00abnotorios, confesado y probados, las pruebas documentales, testimoniales y la inspecci\u00f3n judicial realizada al inmueble\u00bb. <\/p>\n
Refiere, en relaci\u00f3n a la calidad de segundo ocupante que, el accionado predica dicha condici\u00f3n de un estado de vulnerabilidad, lo que confunde a los opositores de buena fe con los victimarios. <\/p>\n
Exalta que se prob\u00f3 en el plenario la buena fe exenta de culpa tanto su elemento subjetivo como el objetivo. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, seg\u00fan lo relatado, se revoque la sentencia proferida el 03 de septiembre de 2020, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n Tierras de C\u00facuta. En consecuencia, se deje sin efectos las medidas y ordenes impuestas en la misma, y en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales y los de su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal querellado, despu\u00e9s de referirse frente a los argumentos planteados en el escrito de tutela, manifest\u00f3 que los \u00abdiscernimientos explanados en la sentencia atacada\u2026, no fueron caprichosos, ama\u00f1ados o meramente subjetivos como lo se\u00f1al\u00f3 la accionante, sino que se originaron a partir del examen en conjunto de los elementos suasorios, situaci\u00f3n por lo que deviene\u00bb improcedente el amparo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo pretendido por la tutelante \u00abdesquicia la finalidad de este especial mecanismo de protecci\u00f3n constitucional que se cimenta en los principios de residualidad y subsidiariedad\u00bb5. <\/p>\n
2. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de Victimas exigi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de dicha entidad, por carecer de competencia frente a los hechos y pretensiones de la s\u00faplica6. <\/p>\n
3. La Procuradora 19 Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta consider\u00f3 que la Sala accionada no conculc\u00f3 las prebendas alegadas, pues \u00abla sentencia [cuestionada] re\u00fane la totalidad de los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, fue notificada en debida forma y actualmente debidamente ejecutoriada\u00bb7. <\/p>\n
4. El Instituto Geogr\u00e1fico de Agust\u00edn Codazzi pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva8. <\/p>\n
5. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta concluy\u00f3 que no existe conculcaci\u00f3n alguna, toda vez que \u00abel tr\u00e1mite de la comisi\u00f3n conferida se viene adelantando bajo el amparo de la normatividad legal vigente que rige la materia, aunado a que la acci\u00f3n de tutela\u2026 se dirige en contra de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta con ocasi\u00f3n a las decisiones proferidas\u00bb en el proceso debatido9. <\/p>\n
6. La Directora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas exigi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de dicha entidad, teniendo en cuenta su falta de legitimaci\u00f3n para realizar las gestiones tendientes a restablecer los derechos fundamentales que la parte actora considera vulnerados10. <\/p>\n
7. El Gerente General de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol inform\u00f3 las obligaciones que ha adquirido la promotora con dicha entidad11. <\/p>\n
8. Larissa Lisbeth Jaimes Su\u00e1rez -hija de la accionante- adujo que el tribunal accionado pretende desconocer su condici\u00f3n de compradora de buena fe exenta de culpa de la \u00abporci\u00f3n del lote de terreno, v\u00e1lidamente adquirido, el d\u00eda 22 de junio de 2012, a trav\u00e9s de un negocio jur\u00eddica libre y observancia de la legislaci\u00f3n vigente de nuestro ordenamiento jur\u00eddico y, no [le] reconoce la calidad de segunda ocupante, compradora de buena fe exenta de culpa, con violaci\u00f3n a los art\u00edculos 3, 91 y 98 de la ley 1448 de 2011\u00bb12. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, se observa que la gestora pretende invalidar la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en cuanto declar\u00f3 impr\u00f3spera la oposici\u00f3n por ella formulada y le neg\u00f3 la calidad de segunda ocupante13. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, advierte la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, se considera que la determinaci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la salvaguardia deprecada, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. Sobre el particular, al definir el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, el Tribunal convocado concluy\u00f3 que estaban reunidos los presupuestos que establece la ley 1448 de 2011, a m\u00e1s de los fundamentos f\u00e1cticos y probatorios para conceder la protecci\u00f3n del derecho de restituci\u00f3n de tierras a la se\u00f1ora Mar\u00eda Alexy Monta\u00f1a Garc\u00eda. As\u00ed mismo, declar\u00f3 impr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada por la promotora del amparo y neg\u00f3 la calidad de \u00absegundo ocupante\u00bb. <\/p>\n
En esa providencia el accionado, preliminarmente, advirti\u00f3 el tratamiento especial que se le debe otorgar a la reclamante por su condici\u00f3n de adulta mayor y v\u00edctima del conflicto armado. Adem\u00e1s, corrobor\u00f3 que el inmueble discutido, los solicitantes y su n\u00facleo familiar estuvieran inscritos en el Registro Nacional de Tierras14 y explic\u00f3 el alcance, los presupuestos axiol\u00f3gicos15 de la acci\u00f3n invocada y la calidad de v\u00edctima de desplazamiento forzado. <\/p>\n
Luego, destac\u00f3 la situaci\u00f3n de violencia suscitada en el municipio de Tib\u00fa -e incluso siendo de conocimiento p\u00fablico-, zona en la que est\u00e1 ubicado el bien objeto del litigio, la cual fue confirmada por los relatos de los declarantes Mar\u00eda Alexy Monta\u00f1a, Luis Hernando Meneses, Olga Luc\u00eda y \u00ablos testigos practicados por la solicitud de la contradictora, salvo Dionel Vargas Quintero\u00bb, quien manifest\u00f3 que \u00abTib\u00fa nunca, Tib\u00fa, yo nunca vi ning\u00fan, digamos que yo pueda constatar alg\u00fan grupo al margen de la ley nunca\u2026\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido declararon la opositora y su hija Larissa Lisbeth Suarez. De lo que se pudo acreditar la dif\u00edcil y compleja situaci\u00f3n de orden p\u00fablico que ha afectado esa localidad, circunstancias que \u00abno fueron controvertidas sino confirmadas\u00bb por los intervinientes. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, con fundament\u00f3 en los presupuestos f\u00e1cticos y probatorios, encontr\u00f3 superado el requisito de temporalidad, acreditados los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 74 de la Ley 1448 de 2011 y los supuestos de la presunci\u00f3n de que trata el literal a del numeral 2\u00ba del canon 77 ibidem, sin que fueran desvirtuados. <\/p>\n
Bajo ese contexto, n\u00f3tese que al abordar el estudio de las excepciones formuladas por la opositora, concretamente, la denominada \u00abcompradora de buena fe exenta de culpa\u00bb, la Colegiatura acusada efectu\u00f3 una coherente exposici\u00f3n sobre la naturaleza del \u00abprincipio general de buena fe constitucional\u00bb y de las exigencias propias de su \u00abcomponente cualificado o buena fe exenta de culpa\u00bb que se exige en esta clase de litigios. Al respecto, record\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSeg\u00fan ya se tiene dicho por la Sala al respecto, la jurisprudencia constitucional ha definido la preceptiva por la cual las personas est\u00e1n llamadas a obrar en todas sus acciones con lealtad, rectitud y honestidad, buena fe simple, al lado de la que existe una cualificada con efectos superiores, denominada buena fe exenta de culpa. Para que esta \u00faltima se configure debe concurrir adem\u00e1s de un componente subjetivo consistente en la conciencia de haber actuado correctamente y adquirido el bien de su leg\u00edtimo due\u00f1o, otro objetivo definido como la conducta encaminada a verificar la regularidad de la situaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, con fundamento en lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia C-330 de 23 de junio de 2016, destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abPara la estructuraci\u00f3n de esta \u00faltima [buena fe exenta de culpa], debe corroborarse entonces: (i) que el derecho o la situaci\u00f3n jur\u00eddica aparente tenga en su aspecto exterior todas las condiciones de existencia real, de manera que cualquier persona prudente o diligente no pueda evidenciar el escenario verdadero; (ii) que la adquisici\u00f3n del mismo se verifique normalmente dentro de los requisitos exigidas por la ley; y (iii) que concurra la creencia sincera y leal de obtenerlo de quien es leg\u00edtimo due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, probar la buena fe exenta de culpa en el proceso de restituci\u00f3n de tierras supone, en \u00faltimas, demostrar que se realizaron actos positivos de averiguaci\u00f3n para tener la certeza de la no afectaci\u00f3n del bien y de la regularidad de las tradiciones anteriores, si las hubiere, por asuntos relacionados con el conflicto\u00bb. <\/p>\n
Y, aclar\u00f3 que <\/p>\n
\u00abaunque la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que, en algunos eventos, atendiendo a las particularidades que la casu\u00edstica presenta, el Juez puede flexibilizar el est\u00e1ndar de la buen fe exenta de culpa inclusive inaplicarlo\u2026, en el sub lite no se otean estas condiciones especiales pues aunque su hija indic\u00f3 que para la \u00e9poca de la violencia ellos se fueron a vivir a C\u00facuta, dejaron empleados en los negocios y no esgrimi\u00f3 que por esos motivos fue el desplazamiento y en todo caso la contradictora tampoco se\u00f1al\u00f3 que hubiese sido compelida a migrar por el conflicto armado, por lo tanto no ostenta tal calidad y adem\u00e1s cuenta con establecimientos de comercio donde tambi\u00e9n tiene fijada su residencia, seg\u00fan su propia cofesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, al analizar la situaci\u00f3n particular de la contendiente encontr\u00f3 sin sustento la demostraci\u00f3n del componente cualificado de la conducta, toda vez que los medios persuasivos all\u00ed recopilados16 le permitieron afirmar que <\/p>\n
\u00abpese a las declaraciones, estas no demostraron la corroboraci\u00f3n de que el inmueble estuviere al margen de apremios o circunstancias relacionadas con el conflicto armado que hubiesen obligado a los antiguos due\u00f1os a prescindir de su propiedad, o al menos haber efectuado indagaciones a los vecinos sobre lo propio, m\u00e1xime en atenci\u00f3n a las condiciones de violencia que aquejaban el pueblo, bien conocidas por la opositora, que aunque junto con otros testigos apel\u00f3 a que el barrio era tranquilo, s\u00ed sab\u00eda que la situaci\u00f3n del municipio era compleja, que los habitantes viv\u00edan bajo una tensa calma, que algunas empresas se ve\u00edan compelidas a abandonar la regi\u00f3n, entre otras, porque eran extorsionadas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que con base en el testimonio del se\u00f1or Dionel Vargas, en atenci\u00f3n a que \u00e9ste \u00abse\u00f1al\u00f3 que tuvo conocimiento de la intenci\u00f3n de venta por un empleado de la entidad Parques Naturales H\u00e9ctor Valderrama, el que a su vez le contact\u00f3 con Hernando Meneses con quien en \u00faltima pact\u00f3 el negocio\u00bb, denota que si la opositora hubiera indagado a fondo respecto a la tradici\u00f3n del inmueble hubiera podido enterarse que \u00abla transacci\u00f3n que realiz\u00f3 \u00e9ste al adquirir el bien no fue exclusivamente con quien figuraba para ese momento como propietario\u00bb. <\/p>\n
Incluso, recalc\u00f3 que \u00abpudo haber indagado con el padre de Dionel Vargas sobre los anteriores propietarios debido a su vecindad con el inmueble, el que bien pudo informar respecto de la familia solicitante, la que aquel conoc\u00eda e incluso refiri\u00f3 en sede judicial que el jefe de hogar trabaja en parques naturales, afirmaci\u00f3n que le pudo llevar a obtener indicios de lo que en realidad motiv\u00f3 la salida de la familia del ente territorial\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, el tribunal evidenci\u00f3 que si bien la accionante adujo que realiz\u00f3 la compra en raz\u00f3n a que una amiga abogada le indic\u00f3 que \u00abiban a rematar el inmueble\u00bb, lo cierto es que ni siquiera hubo embargo y posterior remate judicial para que \u00abeventualmente pudiese al menos confiarse de esta intervenci\u00f3n jurisdiccional para adquirir sin realizar pesquisas\u00bb. <\/p>\n
Por el contrario, manifest\u00f3 el juzgador accionado que al \u00abhaber obtenido la noticia de la venta mediante una profesional del derecho le otorgaba una herramienta m\u00e1s para desplegar las actividades de verificaci\u00f3n exigidas. Pero, incluso una adjudicaci\u00f3n de este tipo que en principio podr\u00eda generarle una especie de \u201cconfianza leg\u00edtima\u201d no necesariamente la relevar\u00eda de efectuar las investigaciones que corresponden con el est\u00e1ndar cualificado, puesto que el mismo legislador del 2011 previ\u00f3 la posibilidad de que algunas actuaciones judiciales pudieran ser contrarias a los derechos de las v\u00edctimas, permiti\u00e9ndose la declaratoria de su nulidad en estos fallos\u00bb. <\/p>\n
De lo expuesto en precedencia, concluy\u00f3 que a la opositora \u00able era exigible y posible realizar pesquisas acordes al comportamiento cualificado, m\u00e1s en tanto era comerciante en el municipio con varios contactos como aquel de la abogada que le sugiri\u00f3 comprar, por lo que ten\u00eda informaci\u00f3n de primera mano sobre el funcionamiento de las cosas all\u00ed, sumado a que en efecto era sabedora de la ocurrencia de desplazamientos en la localidad en raz\u00f3n a la violencia\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, en relaci\u00f3n con la incorporaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas de compraventa que, las mismas \u00abno sustenta la conducta prudente exigida sino solo la facultad que ten\u00edan los inscritos para enajenar\u2026, pero en \u00faltimas, tampoco dijo ni prob\u00f3 que esa revisi\u00f3n de t\u00edtulos la hubiese hecho con antelaci\u00f3n a su adquisici\u00f3n, empero, aun demostr\u00e1ndose que fue realizado en el momento exigido, esa sola actividad no permite auscultar que las tradiciones estuvieran libres de apremios en raz\u00f3n a la violencia, como es lo legalmente exigido\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, despach\u00f3 lo relacionado con las averiguaciones hechas ante las entidades p\u00fablicas y privadas, al no fundamentarlas probatoriamente. As\u00ed mismo, destac\u00f3 que por su honorabilidad como comerciante de la regi\u00f3n le \u00abimpon\u00eda una mayor carga y cautela al momento de efectuar tal negociaci\u00f3n de cara a su acceso a la informaci\u00f3n y posici\u00f3n social. As\u00ed las cosas, ninguna compensaci\u00f3n ser\u00e1 ordenada a su favor\u00bb. <\/p>\n
Definido lo anterior, se ocup\u00f3 de la calidad de la actora como \u201csegundo ocupante\u201d. Para ello, resalt\u00f3 que para pretender esa singular protecci\u00f3n es necesario demostrar una \u00ab\u2026verdadera relaci\u00f3n Jur\u00eddica y f\u00e1ctica entre la persona catalogada como segundo ocupante y el predio, en cuanto al ejercicio de la vivienda o la derivaci\u00f3n de los medios de subsistencia ya que, de lo contrario, no ser\u00eda posible establecer las condiciones de desprotecci\u00f3n en las que quedar\u00eda al momento de tener que restituirlo\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa particularidad, anot\u00f3 que seg\u00fan lo confes\u00f3 la actora \u00absu manutenci\u00f3n y vivienda no dependen del inmueble reclamado toda vez que cuenta con establecimientos de comercio como un billar, un almac\u00e9n, una compraventa y es \u201cdirectora en Yanbal\u201d y la destinaci\u00f3n del mismo es para la residencia de sus descendientes qui\u00e9n a la par de vivir all\u00e1, arrienda ciertas \u00e1reas. Empero no se advirti\u00f3 que su madre dependiera de esos c\u00e1nones. Aspectos algunos que tambi\u00e9n fueron narrados por su hija y por carolina C\u00e1ceres Castrill\u00f3n -jefe en la compa\u00f1\u00eda de comercio de productos de belleza-\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, evidenci\u00f3 que la opositora no cumple con los requisitos necesarios para tenerla en condici\u00f3n de segundo ocupante. <\/p>\n
Finalmente, se refiri\u00f3 a la compraventa sobre una porci\u00f3n del fundo suscrita entre la opositora y su hija Larissa, de lo cual acot\u00f3 que en principio se podr\u00eda evidenciar \u00abuna presunta calidad de segunda ocupante para lo cual necesariamente se requiere un v\u00ednculo jur\u00eddico entre Larissa\u2026 y el predio y a lo sumo seria ac\u00e1 analizar su situaci\u00f3n de eventual poseedora\u00bb, sin embargo \u00absu madre en su defensa siempre actu\u00f3 haciendo valer su condici\u00f3n de due\u00f1a, la misma que expresamente reconoci\u00f3 en sus declaraciones aquella\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se exalta que la determinaci\u00f3n cuestionada resulta conforme al ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida de conformidad con las probanzas allegadas al plenario, la normatividad y jurisprudencia que regulan el proceso de restituci\u00f3n de tierras despojadas, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Ciertamente, se determin\u00f3 que los presupuestos f\u00e1cticos narrados y alegados por la se\u00f1ora Mar\u00eda Alexy Monta\u00f1a, al tratarse de una v\u00edctima de episodios de violencia, permitieron acreditar su derecho a la restituci\u00f3n del bien debatido. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, qued\u00f3 sin sustento probatorio la buena fe cualificada requerida en esta clase de asuntos y tampoco se comprob\u00f3 que la aqu\u00ed accionante demostrara las exigencias requeridas para ser considerada como segundo ocupante. A tal conclusi\u00f3n lleg\u00f3 la autoridad judicial accionada, al considerar que, no se pudo corroborar el estado de vulnerabilidad en que se encontraba aquella. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Desde luego, en este escenario, tampoco es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n de las probanzas del caso concreto. En efecto, <\/p>\n
el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00). <\/p>\n
La Sala, en procesos de similar envergadura al analizado, ha indicado que: <\/p>\n
La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su n\u00facleo esencial, los derechos de las v\u00edctimas, opositores, intervinientes y terceros. De ello da cuenta la sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que la Corte Constitucional destac\u00f3 que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como \u00abuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios\u00bb, se definieron en la norma \u00abgarant\u00edas suficientes para que quienes tengan inter\u00e9s puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas\u00bb (CSJ STC11957-2015, rad. 01947-00, reiterada en CSJ STC8884-2020, rad. 2020-02553-00). <\/p>\n
6. De conformidad con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda rogada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El predio fue adquirido en el a\u00f1o 2000, mediante compraventa que realiz\u00f3 con la se\u00f1ora Marleny Rol\u00f3n -sucesora del causante Pedro Antonio L\u00f3pez Rodr\u00edguez-. <\/p>\n
2\u0002 Consecutivo n\u00ba 49-1 expediente del Juzgado <\/p>\n
3\u0002 Consecutivo n\u00ba 55, folios 40-52 del expediente del Juzgado. <\/p>\n
4\u0002 Consecutivo N\u00ba 55, folios 1-23 ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 11 de diciembre de 2020 <\/p>\n
7\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 9 de diciembre de 2020 <\/p>\n
8\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 10 de diciembre de 2020 <\/p>\n
9\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 07 de diciembre de 2020 <\/p>\n
10\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 09 de diciembre de 2020 <\/p>\n
11\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 09 de diciembre de 2020 <\/p>\n
12\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 09 de diciembre de 2020 <\/p>\n
13\u0002 En la sentencia C-330\/2016, se profundiz\u00f3 en las condiciones que deben acreditarse para ser considerado un segundo ocupante. <\/p>\n
14\u0002 Resoluci\u00f3n RN 00063 del 14 de febrero de 2017. <\/p>\n
15\u0002 El solicitante debe tener un v\u00ednculo jur\u00eddico de propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n con el predio. Debe ser v\u00edctima de despojo o abandono forzado y se pueda corroborar el da\u00f1o, el hecho sufrido y el nexo causal. Los hechos victimizantes deben haber ocurrido en el tiempo delimitado por la ley, esto es, a partir del 1\u00ba de enero de 1991. <\/p>\n
16\u0002 Declaraciones de Marina Suarez, Larissa Lizbeth Jaimes Suarez, Santos Emilia Vargas -vecino, Dionel Vargas -vendedor-, obrantes en consecutivo n\u00ba 168-2 y 171-2 cuaderno del Juzgado. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC236-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC236-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03359-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Marina Suarez de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}