STC237-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC237-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01399-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 24 de septiembre de 2020, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Kristhian Alfredo Saravia Zamudio frente a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y al Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral adelantado por el aqu\u00ed actor contra los Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas -Protecci\u00f3n S.A.- y -Porvenir- y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
El peticionario inco\u00f3 decurso ordinario laboral contra los Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas -Protecci\u00f3n S.A.- y -Porvenir- y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con el objeto de lograr la nulidad de su traslado del R\u00e9gimen de Prima Media (RPM) al R\u00e9gimen de Ahorro Individual (RAIS), de manera que se le permitiera continuar con la afiliaci\u00f3n en Colpensiones, sin perder la totalidad de los aportes efectuados, pues, seg\u00fan asever\u00f3, \u201c(\u2026) no se le brind\u00f3 la informaci\u00f3n (\u2026) [para] conocer las consecuencias que dicho cambio acarreaba (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
El 8 de febrero de 2019, el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia mediante la cual accedi\u00f3 a la invalidez de la inscripci\u00f3n del tutelante al RAIS y, asimismo, le orden\u00f3 al Fondo de Pensi\u00f3n y Cesant\u00edas -Porvenir- la transferencia de los dineros recibidos a Colpensiones, con ocasi\u00f3n de la inscripci\u00f3n del gestor2. <\/p>\n
Inconformes las entidades demandadas, interpusieron apelaci\u00f3n y, el 20 de marzo de 2019, el tribunal convocado, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y las absolvi\u00f3 de las pretensiones formuladas por el precursor3. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el querellante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n4. <\/p>\n
Manifiesta el petente que, en raz\u00f3n de la \u201c(\u2026) demora que implica la tramitaci\u00f3n [de ese medio de impugnaci\u00f3n,] procedi\u00f3 a solicitar el reconocimiento de su pensi\u00f3n a Porvenir (\u2026)\u201d, el cual fue negado por dicha entidad, argumentando \u201c(\u2026) que se encontraba pendiente la resoluci\u00f3n (\u2026)\u201d del recurso incoado por aqu\u00e9l5. <\/p>\n
Expresa que debido a la \u201c(\u2026) asfixia econ\u00f3mica (\u2026) y su [estado grave] de salud (\u2026)\u201d, el 13 de marzo de 2020 elev\u00f3 memorial ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, solicitando el desistimiento a la impugnaci\u00f3n extraordinaria; empero, despu\u00e9s de varias decisiones adoptadas por esa Colegiatura el 18 de marzo siguiente, relativas a la \u201c(\u2026) ineficacia de [los] traslados (\u2026)\u201d, el 28 de mayo posterior radic\u00f3 escrito para que la referida Corporaci\u00f3n resolviera de fondo y tuviera por no presentado dicho desistimiento6. <\/p>\n
3. Pide, por tanto, dejar sin efectos la providencia censurada proferida el 20 de marzo de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y, en consecuencia, se le ordene emitir un nuevo pronunciamiento \u201c(\u2026) acatando el precedente judicial (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de las accionadas y vinculados. <\/p>\n
1. El tribunal querellado expres\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada por el suplicante, dictada por esa judicatura, se ci\u00f1\u00f3 a los elementos \u201c(\u2026) probatorios, legales y jurisprudenciales (\u2026)\u201d; por tanto, asegur\u00f3, los defectos aducidos por aqu\u00e9l, no \u201c(\u2026) justifican la procedencia de la acci\u00f3n constitucional (\u2026), dado que no se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, agreg\u00f3 que el ruego no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, si se tiene en cuenta que \u201c(\u2026) respecto de la sentencia de segunda instancia se present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y fue concedido mediante auto de 8 de octubre de 2019 (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
2. El juzgado convocado manifest\u00f3 que, en las actuaciones surtidas en esa instancia, no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a las prerrogativas del promotor, por cuanto la providencia emitida por esa sede judicial estuvo \u201c(\u2026) en concordancia y conforme al an\u00e1lisis del acervo probatorio allegado al plenario y de acuerdo con el precedente jurisprudencial vigente (\u2026)\u201d. Por lo esbozado, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n y se nieguen las pretensiones del precursor9. <\/p>\n
3. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- arguy\u00f3 que las s\u00faplicas del inicialista \u201c(\u2026) invade[n] la \u00f3rbita del juez ordinario y su autodominio, (\u2026) en la medida que no se prob\u00f3 [violaci\u00f3n] de derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable (\u2026)\u201d. En consecuencia, solicit\u00f3 se declare la improcedencia del resguardo, pues, \u201c(\u2026) no se materializ\u00f3 ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n (\u2026)\u201d por parte del tribunal accionado10. <\/p>\n
4. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo, adujo que el peticionario no demostr\u00f3 \u201c(\u2026) los requisitos generales de procedencia de tutela, contra sentencia judicial (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
5. El Instituto Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -P.A.R.I.S.S.- expres\u00f3 que, de conformidad con el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la entidad competente para resolver sobre el reconocimiento de derechos pensionales, respecto de los afiliados en el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, es Colpensiones12. <\/p>\n
6. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas -Protecci\u00f3n S.A.- realiz\u00f3 un recuento de los hechos relevantes acaecidos en el decurso cuestionado, destacando que no observ\u00f3 \u201c(\u2026) ninguna causal de nulidad [y, en virtud de lo expuesto, precis\u00f3 que] la presente acci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
7. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional no accedi\u00f3 al resguardo implorado, tras estimar que la tutela incumpl\u00eda el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) toda la discusi\u00f3n planteada en la demanda de tutela debe proponerla al interior del proceso en las fases pertinentes y no a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, luego impedido se encuentra el juez de tutela para pronunciarse al respecto. <\/p>\n
\u201cLo anterior atendiendo que ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se surte el tr\u00e1mite relativo al recurso de casaci\u00f3n que la parte actora promovi\u00f3 contra el fallo de segunda instancia, que si bien es cierto el representante judicial desisti\u00f3 del mismo y posteriormente solicit\u00f3 tener por no presentada dicha petici\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que a\u00fan no se ha emitido respuesta al respecto, circunstancia que, a no dudarlo, releva a esta Sala de cualquier pronunciamiento, motivo por el cual, se insiste, prematura resulta el ejercicio del tr\u00e1mite constitucional, ya que el actor debe esperar que el asunto se resuelva al interior de la respectiva actuaci\u00f3n, mientras ello no ocurra, el juez de tutela carece de competencia para emitir decisi\u00f3n alguna sobre las pretensiones del tutelante (\u2026)\u201d14. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el suplicante, argumentando que la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u201c(\u2026) valor\u00f3 err\u00f3neamente el material probatorio (\u2026)\u201d, pues, seg\u00fan su afirmaci\u00f3n, en el caso objeto de estudio, se debe \u201c(\u2026) flexibilizar los requisitos de subsidiariedad e inmediatez[, al versar sobre] derechos de \u00edndole pensional (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El gestor pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efectos la sentencia de 20 de marzo de 2019, mediante la cual el tribunal acusado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo para, en su lugar, absolver a las demandadas de todas las pretensiones formuladas por el tutelante, entre ellas, no acceder a la nulidad de su traslado del R\u00e9gimen de Prima Media (RPM) al R\u00e9gimen de Ahorro Individual (RAIS). <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, es claro, la presente salvaguarda no prospera, pues la misma deviene prematura como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, tal como lo asever\u00f3 la c\u00e9lula fustigada, el pronunciamiento cuestionado por el petente, dictado por esa judicatura, a\u00fan no se encuentra en firme hasta tanto no se defina el \u201crecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u201d interpuesto por la apoderada judicial del inicialista contra esa decisi\u00f3n y el cual fue concedido en el efecto suspensivo. <\/p>\n
En torno a lo expuesto, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre en estos asuntos ha se\u00f1alado la improcedencia de ese tipo de requerimientos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para rechazar la solicitud del demandante recurrente, basta con decir, que las disposiciones que actualmente rigen el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, estipulan que su interposici\u00f3n suspende la ejecutoria de la sentencia del Tribunal al imponer la remisi\u00f3n del expediente a la Corte. Por tanto, no es posible el cumplimiento provisional de la decisi\u00f3n de segunda instancia, sin que sea dable acudir por analog\u00eda a lo regulado en el procedimiento civil por no haber vac\u00edo legal. Es as\u00ed que en auto reciente del 8 de febrero de 2011 radicado 48864, que rememor\u00f3 lo dicho en providencia del 17 de junio de 2008 radicado 37167, se puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(…) Desde la expedici\u00f3n del Decreto 969 de 1946, cuyos art\u00edculos 42 y 63 a 78 reglamentaron el recurso de casaci\u00f3n en los procesos laborales, introducido efectivamente por la Ley 75 de 1945, el legislador consider\u00f3 que este medio extraordinario de impugnaci\u00f3n se conced\u00eda en el efecto suspensivo. En este sentido, el art\u00edculo 64 del Decreto 969 de 1946 dispuso que al concederse el recurso deb\u00eda ordenarse la inmediata remisi\u00f3n de los autos a la Corte, a menos que, como lo autoriz\u00f3 el precepto siguiente, decretara el Tribunal el cumplimiento de la sentencia, a petici\u00f3n de la parte favorecida, siempre que \u00e9sta preste cauci\u00f3n real suficiente a juicio del mismo tribunal, para responder en su caso de la restituci\u00f3n de cuanto ella reciba y del perjuicio que por la ejecuci\u00f3n irrogara al recurrente. Esta regla era de contenido similar al art\u00edculo 525 del C\u00f3digo Judicial de 1931, que se aplic\u00f3 en reemplazo del Decreto 969 de 1946, al ser suspendido \u00e9ste por el Consejo de Estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c\u2018Apenas dos a\u00f1os despu\u00e9s, con la expedici\u00f3n del Decreto 2158 de 1948, se adopt\u00f3 el C\u00f3digo Procesal del Trabajo que se convirti\u00f3 en legislaci\u00f3n permanente por as\u00ed disponerlo el Decreto Ley 4133 de 1948, con lo cual qued\u00f3 delineado el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, en cuanto a los efectos de su concesi\u00f3n. As\u00ed, dispuso el art\u00edculo 88: El recurso de casaci\u00f3n podr\u00e1 interponerse de palabra en el acto de la notificaci\u00f3n, o por escrito dentro de los cinco d\u00edas siguientes. Interpuesto de palabra, en la audiencia, all\u00ed mismo se decidir\u00e1 si se otorga o se deniega. Si se interpone por escrito se conceder\u00e1 o denegar\u00e1 dentro de los dos d\u00edas siguientes. Al conceder el recurso, se ordenar\u00e1 la inmediata remisi\u00f3n de los autos al Tribunal Supremo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u2018De modo que, advierte la Sala, de un lado se mantuvo la esencia de la disposici\u00f3n contenida en el ef\u00edmero Decreto 969 de 1946, que en el fondo implicaba la p\u00e9rdida de competencia por parte del Tribunal, inmediatamente se dictara el auto de concesi\u00f3n del recurso. Pero al tiempo, se elimin\u00f3 del r\u00e9gimen procesal laboral la instituci\u00f3n del cumplimiento provisional de la sentencia de segunda instancia (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
3. Al margen de lo discurrido, en lo tocante a la solicitud radicada por el quejoso el 28 de mayo de 2020, consistente en \u201c(\u2026) tener por no presentado (\u2026)\u201d el desistimiento a la impugnaci\u00f3n extraordinaria, es pertinente memorar, que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a la fecha, no se ha pronunciado sobre tal pedimento. <\/p>\n
Con ese entendimiento, el auxilio se torna anticipado, de un lado, por cuanto, como se anot\u00f3, el recurso de casaci\u00f3n promovido contra la sentencia de segunda instancia emitida por el tribunal querellado est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n por parte de la colegiatura encargada y, de otro, porque le corresponde a ese estrado cognoscente, definir sobre dicho desistimiento, quedando as\u00ed, en el juez natural, la potestad exclusiva de revisar lo acontecido. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto se pretende un pronunciamiento del fallador constitucional, frente a particularidades que deben ser atendidas y solucionadas por el funcionario competente; sin hallar asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
Esta jurisdicci\u00f3n tiene vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al director de la causa, por cuanto no puede arrogarse facultades ajenas. Al respecto, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d17. <\/p>\n
4. Adicionalmente, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo, m\u00e1xime si ninguna circunstancia de vulnerabilidad se ha aducido en el decurso reprochado, a fin de lograr una determinaci\u00f3n sobre el caso del censor, anticip\u00e1ndose a los turnos de decisi\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Corte ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d18 (negrillas originales). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos19 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196920, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d21, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio22. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-23, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales24; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas25. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb26, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb27; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 3; Cuaderno \u201c1. Escrito de tutela\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 4; Cuaderno \u201c1. Escrito de tutela\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 5; Cuaderno \u201c1. Escrito de tutela\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Folio 14; Cuaderno \u201c1. Escrito de tutela\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1 y 2; Cuaderno \u201c112611 respuesta tutela\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Folios 1 al 6; Cuaderno \u201c112611 RTA AT Ord 2017-546 NUL TRASLADO\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Folios 1 al 12; Cuaderno \u201cCaso respuesta 19275377\u201d. <\/p>\n
11\u0002 Folios 1 y 2; Cuaderno \u201cIntervenci\u00f3n Procuradur\u00eda\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201cRespuesta Kristhian\u201d. <\/p>\n
13\u0002 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201cT-Kristhian Alfredo\u201d. <\/p>\n
14\u0002 Folios 1 al 15; Cuaderno \u201c112622 Primera declara improcedente\u201d. <\/p>\n
15\u0002 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201c13. Impugnaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
16\u0002 CSJ Laboral, Auto del 3 de mayo de 2011. Rad. 46718. Rese\u00f1ada por esta Sala en la sentencia STC17592-2015 de 18 de diciembre de 2015, exp. 2015-01646-01. <\/p>\n
17\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
18\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
19\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
20\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
21\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
22\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
23\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
24\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
25\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
26\u0002 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
27\u0002 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
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STC237-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC237-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01399-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53143","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53143","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53143"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53143\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53143"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53143"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53143"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}