STC238-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC238-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00279-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 23 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo de Pereira y de Bol\u00edvar, Audifarma S.A y la Alcald\u00eda de Carmen de Bol\u00edvar, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente al Banco Mundo Mujer, radicada bajo el n\u00famero 2015-01112-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Mundo Mujer, tramitada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2015-01112. <\/p>\n
Reprocha el actor que el estrado encausado aplic\u00f3 el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, violando los c\u00e1nones 5 y 6 de la Ley 472 de 19981, toda vez que la \u201cacci\u00f3n es de impulso oficioso\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, ha consignado en tutelas y autos que \u201ccomo la acci\u00f3n se present\u00f3 en el a\u00f1o 2015 en vigencia CPC, no aplica el CGP (sic)\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, ordenar al estrado accionado: i) decretar la nulidad del auto mediante el cual se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, ii) dar aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 5 y 6 de la Ley 472 de 1998, iii) remitir \u201ccopia digitalizada de toda la acci\u00f3n popular a fin que obre en la acci\u00f3n penal\u201d, iv) informar cu\u00e1ntas acciones populares termin\u00f3 por auto \u201ccon figura inexistente en ley (sic) 472 de 1998, llamada desistimiento t\u00e1cito\u201d, v) indicarle cu\u00e1nto tiempo tarda un tr\u00e1mite como el cuestionado en su despacho y \u201cconsignar todos los radicados donde [ha] desistido de la acci\u00f3n popular ante la renuencia de la tutelada\u201d; y a la Defensor\u00eda del Pueblo en Pereira y a la Procuradur\u00eda Delegada en acciones populares vi) requerirlas para que manifiesten \u201csi se opusieron a la terminaci\u00f3n anormal por auto de la acci\u00f3n popular\u201d y aporten los documentos que prueben su participaci\u00f3n en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial cuestionada manifest\u00f3 que el asunto objeto de controversia fue archivado desde el 10 de noviembre de 2016, al haber sido terminado por desistimiento t\u00e1cito, adem\u00e1s, indic\u00f3, una vez se ubique el expediente en el archivo, se proceder\u00e1 a la digitalizaci\u00f3n del mismo para ser remitido. <\/p>\n
Por otra parte, adujo, el actor \u201cest\u00e1 abusando de los medios y de la jurisdicci\u00f3n, congestionando a\u00fan m\u00e1s los medios virtuales\u201d. <\/p>\n
Solicit\u00f3 negar la salvaguarda impetrada y, en consecuencia, proceder a imponer sanci\u00f3n al accionante, \u201cpor temeridad y mala fe, pues es quien con sus peticiones reiteradas entorpece la correcta administraci\u00f3n de justicia\u201d. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional de Risaralda, suplic\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, pues, afirm\u00f3 no ser el organismo competente para adelantar las pretensiones del censor; asegur\u00f3, igualmente, no haber vulnerado los derechos incoados por aqu\u00e9l. <\/p>\n
3. Audifarma S.A. aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto, esa sociedad, no est\u00e1 relacionada en el decurso cuestionado. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda reclamada por incumplimiento del requisito de inmediatez. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el caso concreto, es evidente la falta de inmediatez con la que se promueve el amparo, si, como informa el Juzgado, la acci\u00f3n popular por la que se queja el accionante fue archivada hace m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, motivo suficiente para declarar su improcedencia, porque la trasgresi\u00f3n que se denuncia, si es que existi\u00f3, no es actual ni eminente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, determin\u00f3 la improcedencia del resguardo impetrado, en lo atinente a las peticiones dirigidas a la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, por cuanto no estaba acreditado que el quejoso hubiese solicitado a esas autoridades lo exigido mediante esta salvaguarda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
1. La promovi\u00f3 el libelista, insistiendo en los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor. Pidi\u00f3 remitir copias aut\u00e9nticas de todo lo actuado en la tutela incluyendo la totalidad de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al conceder la impugnaci\u00f3n presentada, inform\u00f3 que \u201cal expediente digital, tienen acceso todos los intervinientes en este caso, previa solicitud a la Secretar\u00eda de la Sala, y de \u00e9l, se pueden extraer las copias que se necesiten\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia constitucional de esta Corte ha demandado la necesidad de verificar la existencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad como requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, previo a efectuar otro estudio sobre el fondo del asunto debatido, de manera que, a falta de alguna de las aludidas exigencias, se negar\u00e1 el ruego tuitivo. <\/p>\n
La presentaci\u00f3n oportuna es una caracter\u00edstica derivada de la naturaleza propia de esta acci\u00f3n, al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, al autorizar la guarda supralegal \u00fanicamente cuando se requiera la perentoria defensa de las prerrogativas fundamentales, o a\u00fan para evitar un perjuicio irremediable. Quien alega una transgresi\u00f3n o amenaza a sus derechos esenciales debe acudir a la jurisdicci\u00f3n pronta y urgentemente. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, al decretar el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d estipulado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, dentro de la acci\u00f3n popular por \u00e9l iniciada contra el Banco Mundo Mujer, y tramitada bajo el radicado N\u00ba 2015-01112. <\/p>\n
3. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo por inobservancia del presupuesto de inmediatez, pues seg\u00fan lo manifestado por la falladora accionada, el decurso fue terminado y archivado por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d en noviembre de 2016, en consecuencia, desde ese momento hasta el 1\u00ba de noviembre de 2020, fecha en la cual el gestor formul\u00f3 la salvaguarda, han transcurrido aproximadamente cuatro (4) a\u00f1os, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por consiguiente, si el impulsor se demor\u00f3 en incoar la s\u00faplica constitucional, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad atacada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. Por otra parte, frente a la solicitud de env\u00edo del proceso digitalizado, se tiene, como bien lo inform\u00f3 el a quo constitucional al momento de conceder la impugnaci\u00f3n, \u201cal expediente digital, tienen acceso todos los intervinientes en este caso, previa solicitud a la Secretar\u00eda de la Sala, y de \u00e9l, se pueden extraer las copias que se necesiten\u201d. <\/p>\n
5. Se destaca, la s\u00faplica del actor tendiente a lograr informaci\u00f3n del juzgado censurado, respecto a cu\u00e1ntas acciones populares termin\u00f3 por auto \u201ccon figura inexistente en ley (sic) 472 de 1998, llamada desistimiento t\u00e1cito\u201d, as\u00ed como cu\u00e1nto tiempo tarda una acci\u00f3n popular en su despacho, e indicar \u201ctodos los radicados donde [ha] desistido de la acci\u00f3n popular ante la renuencia de la tutelada\u201d, deben plantearse ante dicha autoridad, directamente; adem\u00e1s, se trata de requerimientos que desbordan el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
6. Ahora bien, en lo atinente al amparo demandado en relaci\u00f3n con el Procurador Delegado y la Defensor\u00eda del Pueblo en Pereira, para lograr que tales entes manifiesten \u201csi se opusieron a la terminaci\u00f3n anormal por auto de la acci\u00f3n popular\u201d y, que adem\u00e1s, aporten los documentos que prueben su participaci\u00f3n en el asunto, se pone de presente al promotor que nada le impide peticionar tal gesti\u00f3n ante esas autoridades, por cuanto no se observa que aqu\u00e9l hubiese dirigido a esos organismos, una reclamaci\u00f3n con dicho prop\u00f3sito. <\/p>\n
Sobre el citado requisito, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d3. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
8. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201cArt\u00edculo 5. Tr\u00e1mite. El tr\u00e1mite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollar\u00e1 con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia. Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones. El Juez velar\u00e1 por el respeto al debido proceso, las garant\u00edas procesales y el equilibrio entre las partes. Promovida la acci\u00f3n, es obligaci\u00f3n del juez impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n. Para este fin el funcionario de conocimiento deber\u00e1 adoptar las medidas conducentes para adecuar la petici\u00f3n a la acci\u00f3n que corresponda. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 6. Tr\u00e1mite Preferencial. Las acciones populares preventivas se tramitar\u00e1n con preferencia a las dem\u00e1s que conozca el juez competente, excepto el recurso de Habeas Corpus, la Acci\u00f3n de Tutela y la Acci\u00f3n de cumplimiento <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 84\u00ba.- Plazos Perentorios e Improrrogables. La inobservancia de los t\u00e9rminos procesales establecidos en esta Ley, har\u00e1 incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionables con destituci\u00f3n del cargo \u201c. <\/p>\n
2 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC238-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC238-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00279-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 23 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53144","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53144\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}