STC245-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC245-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-003-2020-00178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la tutela promovida por Mary Nieto de Quintero y Hermes Quintero Nieto frente a los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal, ambos de Tulu\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil extracontractual adelantado por Jorge Enrique, Carlos Alberto y Olga Lucia Estrada Londo\u00f1o contra los aqu\u00ed quejosos, con radicado n.\u00b0 2018-00442-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, los actores suplican la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo, sostienen, en s\u00edntesis, que, en el decurso antes referido, el 25 de julio de 2019 se llev\u00f3 a cabo la audiencia inicial, a la cual se presentaron junto a su apoderado. <\/p>\n
En dicha oportunidad, tambi\u00e9n asisti\u00f3 el all\u00ed demandante, Jorge Enrique Estrada, con su abogada; no obstante, a los tambi\u00e9n accionantes, Carlos Alberto y Olga Luc\u00eda Estrada Londo\u00f1o, se les permiti\u00f3 participar en la diligencia de manera virtual por no encontrarse en el pa\u00eds, aun cuando en la demanda indicaron direcciones de notificaciones ubicadas en el territorio nacional. <\/p>\n
En su criterio, la referida vista p\u00fablica debi\u00f3 declararse fallida por la no comparecencia de los prenombrados, pues no manifestaron en el libelo su carencia de domicilio en Colombia ni aportaron su documento de identificaci\u00f3n. <\/p>\n
Refieren que, deprecaron nulidad mencionando las irregularidades antes se\u00f1aladas, y como la misma fue rechazada, incoaron apelaci\u00f3n, tramitada por el juzgado del circuito confutado, quien, a la fecha, no les ha notificado su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Cuestionan que, a pesar de los defectos enrostrados, el estrado municipal convocado dispuso reanudar el tr\u00e1mite del asunto, reprogramando la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento para el 3 de diciembre de 2020. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, ordenar la suspensi\u00f3n de la precitada diligencia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El despacho municipal accionado, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
2. El juzgado del circuito convocado indic\u00f3 que no emitir\u00eda ning\u00fan pronunciamiento frente a lo pretendido en el amparo, por cuanto la actuaci\u00f3n reprochada involucra \u00fanicamente al estrado de conocimiento. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 la salvaguarda tras descartar la vulneraci\u00f3n alegada, luego de razonar que, en el sublite <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Los tutelantes] le dieron poder a una abogada, para que a trav\u00e9s de ella se adelantaran las diligencias propias del proceso, entre otras la notificaci\u00f3n de las providencias que interesan a su parte y por su medio, comunicar a sus poderdantes, diligencias en la que deban intervenir personalmente, como fue el caso del interrogatorio de parte realizado en la audiencia inicial del 25\/0782019. Luego si bien la parte demandante eligi\u00f3 una direcci\u00f3n en Colombia, que es la de uno de los demandantes que vive en Colombia, esto no configura vulneraci\u00f3n alguna al debido proceso, ni incumplimiento de tal art\u00edculo\u201d. <\/p>\n
\u201cComo \u00faltimo punto, y verificado lo acontecido en la videoconferencia realizada con los demandantes v\u00eda Skype, se observa que despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n y generales de ley realizados a los demandantes del minuto 4\u00b450\u201d al 7\u00b445\u201d y despu\u00e9s del interrogatorio minuto 52\u00b455\u201d, la parte demandada en el proceso (accionante hoy), a trav\u00e9s de su apoderado, no realiz\u00f3 objeci\u00f3n alguna frente a la identificaci\u00f3n de \u00e9stos, sino que se continuo con el se\u00f1or Estrada Londo\u00f1o que se encontraba en persona, para absolver el interrogatorio; en este sentido, al no haber puesto en conocimiento de tal \u201canomal\u00eda\u201d a la juez ordinaria, no puede el juez constitucional manifestarse sobre ello, pues se estar\u00eda invadiendo su \u00f3rbita (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetraron los promotores, insistiendo en las razones expuestas en el escrito genitor. Adicionalmente, precisaron: \u201c(\u2026) En el presente caso nunca se ha reprochado la utilizaci\u00f3n de los medios electr\u00f3nicos, se reprocha que su utilizaci\u00f3n est\u00e1 debidamente establecida por la norma y dicho ritual jur\u00eddico no aconteci\u00f3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los actores cuestionan que, en el decurso censurado, la juez municipal accionada haya fijado fecha para llevar a cabo la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, aun cuando, supuestamente, a\u00fan no les ha sido notificada la decisi\u00f3n por la cual la funcionaria del circuito convocada resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n por ellos incoado frente al prove\u00eddo de 5 de agosto de 2019, que rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad por \u00e9stos deprecada, donde alegaban la presunta configuraci\u00f3n de algunas irregularidades procesales acaecidas en desarrollo de la audiencia inicial. <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n cuestionada, se advierte que, mediante prove\u00eddo de 10 de marzo de 2020, la juez del circuito convocada inadmiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de los all\u00ed demandados -aqu\u00ed gestores-, por no ser procedente frente a la decisi\u00f3n impugnada al no encontrarse enlistada en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso; prove\u00eddo notificado en estado n\u00b0 30 de 13 de marzo siguiente. <\/p>\n
Ahora, devuelto el expediente al a quo, en prove\u00eddo de 2 de octubre de 2020, \u00e9ste dispuso reanudar el tr\u00e1mite, reprogramando la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento para el 3 de diciembre de 2020 a las 10:00 am; sin embargo, atendiendo a una solicitud elevada por el apoderado de los aqu\u00ed tutelantes, dicha vista p\u00fablica se suspendi\u00f3, mediante auto de 2 de diciembre pasado, a la espera de que esta Corporaci\u00f3n emitiera un pronunciamiento sobre el presente ruego constitucional. <\/p>\n
3. De entrada, aunque se advierte desatino en la gesti\u00f3n adelantada por la falladora del circuito convocada, no se acceder\u00e1 al amparo exigido por incumplir el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, el ad-quem accionado desconoci\u00f3 que el prove\u00eddo interlocutorio por el cual se rechaz\u00f3 de plano la nulidad invocada s\u00ed es susceptible de apelaci\u00f3n, con fundamento en el canon 321 del ordenamiento procesal civil vigente, seg\u00fan el cual ser\u00e1 apelable el auto que \u201cniegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva\u201d. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan el numeral 6\u00b0 del precepto 321 ib\u00eddem, la apelaci\u00f3n procede contra el prove\u00eddo \u201c(\u2026) que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad y el que la resuelva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la alzada era admisible y le ata\u00f1\u00eda al Juez Segundo Civil del Circuito decidir favorablemente la queja y proceder a zanjar de fondo el recurso vertical (\u2026)1. <\/p>\n
Adicionalmente, ha referido que: <\/p>\n
Contrario a lo discurrido en la providencia emitida el 18 de agosto de 2016, la apelaci\u00f3n planteada por el tutelante s\u00ed resultaba procedente, pues, de un lado, la conclusi\u00f3n del control de legalidad contenido en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso no puede ser otra que estimar correctamente adelantado un decurso o invalidar las etapas correspondientes para enmendar los vicios presentados, siendo esto \u00faltimo lo ocurrido en el juicio reprochado. <\/p>\n
Y, de otro, el numeral 6\u00b0 del canon 321 \u00eddem, taxativamente establece la apelabilidad para el auto \u201c(\u2026)\u201d que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Pese a lo antelado, como se indic\u00f3, el amparo no puede salir avante, por cuanto frente a la precitada decisi\u00f3n los aqu\u00ed actores no incoaron recurso de reposici\u00f3n, remedio que resultaba procedente para cuestionar el defecto sustantivo antes se\u00f1alado, pues as\u00ed lo estipula el art\u00edculo 318 del estatuto procesal vigente. Esa circunstancia le cierra el paso a esta especial jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n
Ello, por cuanto esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, porque, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Con todo, se advierte que, durante la pr\u00e1ctica de la audiencia inicial ahora censurada, los apoderados de las partes manifestaron no existir ninguna causal ni vicio que invalidara el tr\u00e1mite, raz\u00f3n por la cual la juez de conocimiento prosigui\u00f3 con el decreto de pruebas y fij\u00f3 fecha para adelantar la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento; circunstancia que, de entrada, descalifica la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede desconocerse que el asunto cuestionado a\u00fan se encuentra en curso, pudiendo, a\u00fan, apelarse la sentencia del a quo y censurarse el fallo de segundo grado, mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, de cumplirse los presupuestos correspondientes. <\/p>\n
En una acci\u00f3n similar esta Corte indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos (\u2026), en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. No debe olvidarse la viabilidad de utilizar medios tecnol\u00f3gicos al alcance de la administraci\u00f3n y de los interesados para adelantar actuaciones judiciales. As\u00ed, lo consagra el par\u00e1grafo 1\u00b0 de la regla 107 \u00eddem, cuando expresamente habilita a \u201c(\u2026) las partes y dem\u00e1s intervinientes (\u2026)\u201d para participar en las audiencias \u201c(\u2026) a trav\u00e9s de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio t\u00e9cnico, siempre que por causa justificada el juez lo autorice (\u2026)\u201d, con mayor raz\u00f3n si quien debe ser convocado se halla fuera de la sede judicial o fuera del pa\u00eds y se torna imposible su comparecencia directa al proceso. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ STC4918-2017, 5 de abr. 2017, rad. 00068-01. <\/p>\n
2 CSJ STC18326-2016, 14 de dic. 2016, rad. 00646-01. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4 CSJ, STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
13 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
15 <\/p>\n
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STC245-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC245-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-003-2020-00178-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53151","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53151"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53151\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}