STC246-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC246-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01762-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la libertad, debido proceso, igualdad y dignidad, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. La causa petendi constitucional y las correspondientes actuaciones, admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, mediante sentencia de 22 de agosto de 2002, conden\u00f3 a Uriel Hincapi\u00e9 Garc\u00e9s por los delitos \u201chomicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal\u201d a trescientos ochenta y cuatro (384) meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Manifiesta el querellante que, en agosto de 2019, el Consejo de Evaluaci\u00f3n y Tratamiento, en cumplimiento del art\u00edculo 145 de la Ley 65 de 19931, lo clasific\u00f3 en \u201cfase de mediana seguridad\u201d, al cumplir con \u201clas terceras partes\u201d de su condena. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, present\u00f3 ante el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, \u201cpermiso de 72 horas\u201d, autoridad que, mediante auto de 26 de noviembre de 2019, neg\u00f3 la solicitud por no cumplir con el requisito objetivo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 19932, consistente en haber descontado el 70% de la pena impuesta. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, interpuso recurso de apelaci\u00f3n; no obstante, el tribunal acusado, en prove\u00eddo de 24 de junio de 2020, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo. <\/p>\n
Aduce que la norma en la cual se bas\u00f3 el fallador para denegar la petici\u00f3n, \u201cperdi\u00f3 vigencia en el a\u00f1o 1997\u201d, por tanto, \u201cno puede ser aplicada para desconocer el derecho al beneficio reclamado\u201d. <\/p>\n
En criterio del interesado, los estrados accionados le est\u00e1n vulnerando sus garant\u00edas iusfundamentales, pues re\u00fane los presupuestos se\u00f1alados en la ley para gozar del aludido beneficio. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201cimpartir orden perentoria para que se [le] conceda el permiso de salida por 72 horas\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial querellada hizo un recuento del tr\u00e1mite surtido en el caso examinado y se opuso a la prosperidad del ruego, resaltando la licitud de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, aunado al tiempo f\u00edsico y las redenciones de penas reconocidas, el sentenciado lleva, hasta la fecha, un total de tiempo descontado de 151 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, precis\u00f3, el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999, modificado por el numeral 5 del canon 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, sigue vigente, contrario a lo aducido por el inicialista. <\/p>\n
2. No se observa respuesta de los dem\u00e1s involucrados. <\/p>\n
<\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, al no advertir arbitrariedad ni capricho de los funcionarios judiciales querellados, as\u00ed lo expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o encuentra la Sala reparo alguno en las decisiones que, amparadas en la normativa en cita negaron el beneficio administrativo de hasta 72 horas solicitado por el actor, pues desde ning\u00fan punto de vista reflejan arbitrariedad o capricho, sino por el contrario, responden a una interpretaci\u00f3n razonable y la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia al caso en concreto. Se reitera, la negativa del beneficio obedeci\u00f3 al incumplimiento de los requisitos objetivos fijados por el Legislador y no a una interpretaci\u00f3n particular de los juzgadores (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si las autoridades convocadas menoscabaron las prerrogativas superiores de Uriel Hincapi\u00e9 Garc\u00e9s, al negar el permiso por \u00e9l reclamado. <\/p>\n
3. Delanteramente, ha de precisarse que el an\u00e1lisis de la presente salvaguarda se circunscribir\u00e1 a la postura acogida por el ad quem porque con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
Revisadas las pruebas remitidas a este decurso, se advierte que el tribunal accionado, mediante pronunciamiento de 24 de junio de 2020, ratific\u00f3 la negativa al \u201cpermiso de salida hasta por 72 horas\u201d solicitado por el ac\u00e1 gestor, efectuando, inicialmente, un recuento de la normatividad vigente en la \u00e9poca de los hechos por los cuales fue condenado Uriel Hincapi\u00e9 Garc\u00e9s y, luego, indicando las leyes aplicables al caso, conforme al principio de favorabilidad, as\u00ed lo expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i en gracia de discusi\u00f3n, nos remitimos al art\u00edculo 147.5 original de la Ley 65 de 1993, vigente para la fecha del caso, su aplicaci\u00f3n resultar\u00eda desfavorable para el sentenciado, en tanto dicho canon normativo, inicialmente, prohibi\u00f3 esta clase de \u201cbeneficios\u201d para los condenados por delitos de competencia de la JUSTICIA REGIONAL, hoy JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA\u201d. (negrilla propia del texto). <\/p>\n
\u201cEn efecto, en punto de la ley penal, m\u00e1s favorable para el acceso al mentado beneficio en caso de condenados por delitos de competencia de la Justicia Regional (ahora Justicia Especializada), resulta m\u00e1s benigna el contenido del art\u00edculo 147.5 de la Ley 65 de 1993, modificada por el art\u00edculo 29 de la 504 de 1999, el cual permite la concesi\u00f3n del permiso de 72 horas, previo descuento del 70% de la pena (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Luego, acot\u00f3 el incumplimiento del requisito objetivo, en el caso concreto, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) en atenci\u00f3n a que el se\u00f1or Uriel Hincapi\u00e9 Garc\u00e9s, fue condenado a una pena de 384 meses de prisi\u00f3n, el 70% corresponde a 268 meses y 24 d\u00edas de prisi\u00f3n; y como s\u00f3lo ha descontado 135 meses y 22.5 d\u00edas de prisi\u00f3n, para la Magistratura, tiene pendiente a\u00fan por descontar 133 meses y 1.5 d\u00edas, para en forma objetiva tener derecho al \u201cbeneficio administrativo de permiso hasta 72 horas\u201d, esto es, previo cumplimiento de los requisitos que contempla el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 (\u2026)\u201d.( \u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
Por lo anterior, confirm\u00f3 el auto de 26 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n. <\/p>\n
4. Aunque el actor no comparta los argumentos adoptados por la corporaci\u00f3n fustigada, ello no convierte dicha determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitir el paso de esta particular justicia, porque el pronunciamiento atacado se fundament\u00f3 en los mandatos jur\u00eddicos respectivos. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
N\u00f3tese, en el an\u00e1lisis realizado, la Corporaci\u00f3n fustigada, coligi\u00f3 la imposibilidad de acceder a la pretensi\u00f3n del gestor, indic\u00e1ndole que la norma aplicable a su situaci\u00f3n, implica el cumplimiento del 70% de la pena impuesta, trat\u00e1ndose de condenados por los punibles de competencia de los jueces penales del circuito especializados, de tal manera que ante la falta de concurrencia de la totalidad de los requisitos, por expresa disposici\u00f3n legal, se hac\u00eda imperiosa la denegaci\u00f3n del beneficio exigido. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
6. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 ART\u00cdCULO 145. CONSEJO DE EVALUACI\u00d3N Y TRATAMIENTO. En cada establecimiento penitenciario habr\u00e1 un Centro de Evaluaci\u00f3n y Tratamiento. El tratamiento del sistema progresivo ser\u00e1 realizado por medio de grupos interdisciplinarios, de acuerdo con las necesidades propias del tratamiento penitenciario. Estos ser\u00e1n integrados por abogados, psiquiatras, psic\u00f3logos, pedagogos, trabajadores sociales, m\u00e9dicos, terapeutas, antrop\u00f3logos, soci\u00f3logos, crimin\u00f3logos, penitenciaristas y miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. <\/p>\n
<\/p>\n
Este consejo determinar\u00e1 los condenados que requieran tratamiento penitenciario despu\u00e9s de la primera fase. Dicho tratamiento se regir\u00e1 por las gu\u00edas cient\u00edficas expedidas por el Inpec, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluaci\u00f3n. <\/p>\n
2 \u201cART\u00cdCULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS. La Direcci\u00f3n del Instituto Penitenciario y Carcelario podr\u00e1 conceder permisos con la regularidad que se establecer\u00e1 al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que re\u00fanan los siguientes requisitos: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c5. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat\u00e1ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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