STC264-2021 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC264-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-21-000-2020-00056-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el veintitr\u00e9s (23) de noviembre de 2020, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ismael Enrique Rodr\u00edguez Gamboa contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, la UAEGRTD, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura. <\/p>\n
Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a todas las partes que intervinieron en el proceso de Restituci\u00f3n de Tierras y a la Unidad Para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas- UARIV. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales -sin mencionarlos-, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas, en lo concerniente a las decisiones y actuaciones realizadas dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras de radicado No. 2014-00146-00. <\/p>\n
2. La causa f\u00e1ctica se puede compendiar de la siguiente manera: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 el gestor que junto a su familia fue reconocido por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras y Jueces de esa especialidad como v\u00edctima de desplazamiento forzado. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que la c\u00e9lula judicial accionada mediante sentencia del 30 de julio de 2015 orden\u00f3 a su favor la entrega material del predio denominado \u00abFinca Sol y Sombra\u00bb, ubicado en el corregimiento de Misiguay del municipio de Rionegro. <\/p>\n
2.3. Manifest\u00f3 que la citada autoridad el 10 de noviembre de 2016, realiz\u00f3 audiencia de seguimiento de cumplimiento del fallo, en la que modul\u00f3 la decisi\u00f3n anterior, para en su lugar disponer la compensaci\u00f3n. Esto, luego de determinar que en el fundo restituido era imposible la implementaci\u00f3n de proyectos productivos, por encontrarse en una \u00abzona de bosque primario, suelo pedregoso [y] no tiene v\u00edas de acceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que en el acta de dicha diligencia se dej\u00f3 estipulado que el valor a compensar deb\u00eda ser \u00abel previsto en el aval\u00fao comercial efectuado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi\u00bb. Sin embargo, aleg\u00f3 que, dicha entidad realiza aval\u00faos catastrales -no comerciales-, los cuales se encuentran \u00abmuy por debajo de los precios reales del mercado de los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
2.5. Bajo ese panorama, refiri\u00f3 que la UAEGRTD el 24 de noviembre de 2016, llevo a cabo la diligencia de compensaci\u00f3n, en la que, despu\u00e9s de explic\u00e1rsele la modulaci\u00f3n de la sentencia, expres\u00f3 que no aceptaba \u00abninguna forma de compensaci\u00f3n de las expuestas, ya que debe darse por un valor mayor al que estableci\u00f3 el IGAC\u00bb. <\/p>\n
2.6. Finalmente, afirm\u00f3 que fue compensado por la suma de treinta y cuatro millones de pesos ($34.000.000) correspondientes al aval\u00fao catastral del inmueble, valor que estima no le alcanza ni siquiera para la cuota inicial de una casa y que recibi\u00f3 dado su estado de necesidad. As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que no le han otorgado subsidio de vivienda ni la indemnizaci\u00f3n administrativa a que tiene derecho. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme lo relatado, se ordene que: i) la UAEGRTD y el Juzgado accionado lo compensen a \u00abprecios real o de mercado y\/o comercial el valor del inmueble del cual fue despojado\u00bb, ii) el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura \u00able entreguen el dinero del subsidio de vivienda para que pueda comprar una casa digna\u00bb, iii) le paguen la indemnizaci\u00f3n administrativa a la que tiene derecho tanto \u00e9l como su n\u00facleo familiar y, iv) le entreguen el apoyo econ\u00f3mico necesario para desarrollar alg\u00fan proyecto productivo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Director Territorial de Santander del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi solicit\u00f3 \u00abse declare la improcedencia y\/o desvinculaci\u00f3n del IGAC de la presente acci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto no existe relaci\u00f3n alguna entre las partes de la presente acci\u00f3n, los derechos presuntamente vulnerados y la entidad\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora 44 Judicial I para la Restituci\u00f3n de Tierras sostuvo que, \u00abrevisados los argumentos en que se funda la acci\u00f3n constitucional y contrastados con el proceso de restituci\u00f3n de tierras\u2026, se tiene que el se\u00f1or Rodr\u00edguez Gamboa, hasta el momento, no ha planteado ante el juez natural, a trav\u00e9s de los recursos ordinarios de que dispone, las inconformidades que ahora pone de presente a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, en cuanto al procedimiento del pago de la compensaci\u00f3n, que este se realiz\u00f3 de conformidad a lo estipulado en las normas que gobiernan la materia, pues al actor se le ofrecieron otras alternativas de pago las cuales le fueron explicadas, entre ellas, la entrega de un bien inmueble, pero el mismo de manera \u00abconsiente, informada y libre de apremios\u00bb escogi\u00f3 el dinero que en efecto recibi\u00f3. <\/p>\n
3. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indic\u00f3 que \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, para responder por el presente asunto, en raz\u00f3n a que la respuesta esperada por el accionante actualmente est\u00e1 en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, adscrita al Departamento Administrativo de Prosperidad Social\u00bb. Motivo por el cual, exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas \u2013 UARIV inform\u00f3 que mediante resoluci\u00f3n 2019-140244 del 14 de diciembre de 2019 -notificada el 9 de mayo de 2020-, reconoci\u00f3 como v\u00edctima al gestor. De igual manera, advirti\u00f3 que \u00abel orden de otorgamiento o pago de la indemnizaci\u00f3n estar\u00e1 sujeto al resultado del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u00bb, el cual, se ejecut\u00f3 el d\u00eda 30 de junio de la misma anualidad, por lo que \u00abmediante Oficio RADICADO: 818716-4031668 DE 2020, se le inform\u00f3 el resultado del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n del a\u00f1o 2020, el cual no cobija al accionante para proceder con materializaci\u00f3n de la entrega de la medida indemnizatoria en la presente vigencia fiscal\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, implor\u00f3 \u00abNEGAR las pretensiones incoadas, en raz\u00f3n a que la Unidad para las V\u00edctimas, tal como lo acredita, ha realizado, dentro del marco de su competencia, todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales del solicitante\u00bb. <\/p>\n
5. La UAEGRTD expres\u00f3 que \u00fanicamente tiene competencia para realizar el pago ordenado a favor del solicitante restituido, pues quien debe determinar la procedencia de la compensaci\u00f3n es la autoridad judicial. <\/p>\n
Inform\u00f3 que a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No. RC-GF-00010 del 8 de marzo de 2017, reconoci\u00f3 el pago de $34.076.340 a favor del accionante, suma que fue transferida por la fiducia el 31 de marzo de 2017. Por lo tanto, pidi\u00f3 se deniegue por improcedente el amparo constitucional, as\u00ed como su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
6. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite cuestionado, manifest\u00f3 que \u00abninguna providencia era posible emitir con relaci\u00f3n a las circunstancias que ahora pone de presente el se\u00f1or Ismael en el escrito de tutela, si previo a ello no se presentaba una solicitud concreta por su apoderada\u00bb, raz\u00f3n por la cual, exigi\u00f3 se deniegue la s\u00faplica. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla compensaci\u00f3n en dinero no fue fruto del arbitrio del Fondo de la UAEGRT o de una decisi\u00f3n caprichosa o ama\u00f1ada del juez, toda vez que esta tuvo Genesis en la imposibilidad de disfrutar del inmueble reclamado, siendo que finalmente mediante una decisi\u00f3n libre y voluntaria del aqu\u00ed accionante opt\u00f3 por la compensaci\u00f3n en dinero\u2026\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00aben todo caso, si es que al fin de cuentas alguna desavenencia o inconformidad exist\u00eda de su parte pues era en el mismo proceso y ante el juez natural que debi\u00f3 manifestarlas, y obvio, antes de aceptar libre informadamente la forma de compensaci\u00f3n que ahora, y manera tard\u00eda por dem\u00e1s, reprocha, pues este especial mecanismo constitucional, caracterizado por ser de car\u00e1cter residual y subsidiario, no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales o debates que ya fueron concluidos en la sede natural\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, sostuvo frente a las pretensiones encaminadas al otorgamiento del subsidio de vivienda, pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa y el proyecto productivo, \u00abtodas ellas contenidas en la sentencia del 30 de julio de 2015 [que], la competencia se encuentra a\u00fan en cabeza del juzgado vinculado en virtud del art\u00edculo 102 de la Ley 1448 de 2011 y que no puede usurpar ninguna autoridad jurisdiccional, so pretexto de actuar como Juez Constitucional, toda vez que ello resultar\u00eda en contrav\u00eda de la autonom\u00eda e independencia garantizada a los jueces en los art\u00edculos 228 de la Carta Pol\u00edtica y 5\u00ba de la Ley 270 de 1996\u2026, m\u00e1s all\u00e1 del tiempo transcurrido pero que no es imputable per se al aludido funcionario, de hecho en esa sede judicial mediante autos del 31 de julio y 30 de septiembre de 2020 se han realizado requerimientos a las entidades tendientes a la materializaci\u00f3n de las aludidas \u00f3rdenes\u00bb. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que si bien la tutela procede \u00aba\u00fan en situaciones en las que existe otro mecanismo alterno de defensa judicial, ello ocurre solo en aquellos eventos en los que se teme la inminencia de un perjuicio irremediable, mismo que le incumbe probar a la parte actora, m\u00e1s all\u00e1 de cualquier apreciaci\u00f3n generalizada y subjetiva, circunstancia que no se acredit\u00f3 en le sub examine\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, en la que insiste en sus argumentos iniciales y considera que \u00abel Estado Colombiano lo ha revictimizado porque no le ha pagado su inmueble al precio comercial como es debido, adem\u00e1s que lo tiene en total abandono con las dem\u00e1s ayudas que por la ley debe recibir, tambi\u00e9n por la falta de reparaci\u00f3n administrativa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso bajo an\u00e1lisis, se observa que el actor se duele de la suma pagada en compensaci\u00f3n sobre el predio \u00abSol y Sombra\u00bb del cual fue despojado, por lo tanto, pretende que i) se le reconozca el valor comercial de dicho inmueble y, ii) se le otorgue el subsidio de vivienda, el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa y el apoyo econ\u00f3mico para la implementaci\u00f3n de un proyecto productivo. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, de entrada, frente a la primera pretensi\u00f3n la Corte concluye la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, dada la improcedencia del amparo, ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, del escrutinio realizado a los documentos obrantes en el plenario, se evidencia que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de tierras mediante sentencia del 30 de julio de 2015, ampar\u00f3 el derecho fundamental del gestor y orden\u00f3 la entrega jur\u00eddica y material del predio referido. <\/p>\n
No obstante, la misma autoridad mediante auto del 10 de noviembre de 2016, modul\u00f3 la precedente determinaci\u00f3n, y en su lugar, dispuso la compensaci\u00f3n \u00aben especie o monetaria\u00bb a favor del tutelante, en atenci\u00f3n a que las condiciones del fundo restring\u00edan el ejercicio del derecho a la propiedad, en raz\u00f3n a que se encuentra en una zona de conservaci\u00f3n de bosque y carece de v\u00edas de acceso. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas mediante resoluci\u00f3n RC-GF-00010 del 8 de marzo de 20171, orden\u00f3 al Consorcio Unidad de Tierras a pagar a favor del gestor la suma de $34.076.340 en compensaci\u00f3n del predio. Dicho acto administrativo fue debidamente notificado, sin embargo, el accionante renunci\u00f3 a los t\u00e9rminos sin presentar recurso alguno. <\/p>\n
El 31 de marzo de 2017, la fiducia encargada efectu\u00f3 la transferencia monetaria a la cuenta bancaria suministrada por el tutelante (comprobante No. CE1700000082), raz\u00f3n por la cual el 24 de mayo del mismo a\u00f1o, se tuvo por cumplida la orden impartida. <\/p>\n
Lo precedente demuestra, que el se\u00f1or Ismael Enrique Rodr\u00edguez cont\u00f3 con la oportunidad de exponer ante las autoridades accionadas las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses e incluso interponer los recursos de ley frente a la resoluci\u00f3n criticada -en la que se orden\u00f3 el pago de la compensaci\u00f3n-. Sin embargo, no lo hizo. <\/p>\n
Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir oportunidades procesales o debates que ya fueron concluidos, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
De esta manera no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto al pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa, en necesario se\u00f1alar que la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de Victimas mediante resoluci\u00f3n No.04102019-140244 del 14 de diciembre de 2019, orden\u00f3 el reconocimiento de dicho derecho al actor y su n\u00facleo familiar, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 y del Decreto \u00fanico reglamentario 1084 de 2015. <\/p>\n
En efecto, del citado acto administrativo se observa que el pago de dicha prestaci\u00f3n es por turnos, con base a la fecha de la firmeza de los actos y de los recursos presupuestales. No obstante, se puede priorizar dicha cancelaci\u00f3n cuando el interesado manifiesta una urgencia o estado de vulnerabilidad, situaci\u00f3n que no se demostr\u00f3 en este caso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, destaca la Sala la improcedencia del ruego, por cuanto resulta prematuro. Ello toda vez que, la indemnizaci\u00f3n pretendida por el actor se encuentra en curso y a\u00fan no se ha realizado el pago correspondiente. <\/p>\n
En esas condiciones, el reclamante no puede aspirar a que el fallador constitucional se pronuncie sobre un t\u00f3pico que le corresponde decidir al juez natural, por cuanto, de admitirse, implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de tales prerrogativas dentro de la causa. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abes palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar [\u2026] para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente [\u2026] para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (STC7661, 23 sept. 2020, rad. 02423-00). <\/p>\n
La misma suerte corren las pretensiones encaminadas a que se otorgue el respectivo subsidio de vivienda y apoyo para proyectos productivos, los cuales, seg\u00fan la respuesta otorgada por el Juzgado accionado en esta instancia, mediante autos del 31 de julio y 30 de septiembre de 2020, ha venido haciendo los \u00abrequerimientos necesarios a efectos de materializar a favor del restituido las medidas en materia de subsidios\u00bb. Lo que denota, que a\u00fan se est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite respectivo para obtener lo que por esta v\u00eda pretende. <\/p>\n
4. De conformidad con lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fls. 1-6 documentos de prueba <\/p>\n
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