STC267-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC267-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01704-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Josel\u00edn Carvajal Segura en contra del Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Despacho acusado. <\/p>\n
2.- En respaldo, narr\u00f3 que demand\u00f3 a la propiedad horizontal Robledo, por responsabilidad extracontractual, asunto que fue radicado bajo el n\u00famero 2018-01016 y que se tramit\u00f3 ante el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de esta ciudad. <\/p>\n
Adujo que, con el escrito inicial, aport\u00f3 \u00abprueba documental id\u00f3nea y completa para demostrar de manera clara, pertinente y suficiente la responsabilidad del hecho da\u00f1oso por parte de la demandada. Se recaud\u00f3 adem\u00e1s, la prueba testimonial de ADEIZA KATERINE GAITAN RUBIANO Y MARIA TERESA SANCHEZ MONROY, y prueba pericial id\u00f3nea, \u00e9sta \u00faltima ordenada por el juez a quo, puesto que en la demanda, en el numeral 15 del ac\u00e1pite de pruebas, solicit\u00e9 INSPECCI\u00d3N JUDICIAL a la oficina 403 de edificio robledo, con perito especializado, pero, [\u2026] el juez la reemplaz\u00f3 decretando un dictamen pericial, experticia que est\u00e1 foliada en el expediente judicial. El perito complement\u00f3 su peritaje, ampli\u00e1ndolo, explic\u00e1ndolo adentro de la audiencia de interrogatorio que menciona el art\u00edculo 228 CGP\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en primera instancia, la decisi\u00f3n fue desfavorable, por cuanto el Despacho consider\u00f3 que \u00abno se demostr\u00f3 el da\u00f1o, que no ten\u00eda como prueba pericial el dictamen elaborado por el perito Jairo Hern\u00e1n Ospina Mora, a solicitud de la parte demandante, ni el testimonio de MARIA TERESA S\u00c1NCHEZ MONROY. La sentencia no tuvo motivaci\u00f3n jur\u00eddica ni probatoria\u00bb. Contra esa determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que, dentro de la ejecutoria del auto que admiti\u00f3 la alzada, solicit\u00f3 al Juez que, \u00absi lo considera indispensable\u00bb, decretara pruebas de oficio, tal como la \u00abINSPECCI\u00d3N JUDICIAL con perito a la oficina 403 y al canalete recolector de aguas lluvias, que est\u00e1 situado en el piso 5\u00b0, haciendo parte de la pared occidental del edificio Robledo\u00bb. Y que, en virtud de la pandemia por Covid 19, no se llev\u00f3 a cabo la audiencia programada para el 12 de mayo de la pasada anualidad. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, desde el 7 de marzo y hasta el 28 de septiembre de 2020, se radic\u00f3 en una finca en el municipio de Manta \u2013 Cundinamarca. El 19 de junio de ese mismo a\u00f1o fue contactado por el \u00abJuzgado 38 Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb, que le inform\u00f3 \u00abque el 24 [siguiente] de junio a las 3 y cuarto de la tarde se llevar\u00eda a cabo la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo [\u2026]\u00bb. Esta decisi\u00f3n fue recurrida, \u00abpara que se reprogramara la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en la fecha y hora programada, recibi\u00f3 una llamada por parte del juez, quien le expres\u00f3 que \u00abiba a realizar la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo\u00bb y, adem\u00e1s, le pidi\u00f3 que \u00abdesistiera del recurso de reposici\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el Despacho atacado desconoci\u00f3 lo reglado por el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, pues pas\u00f3 por alto lo fijado para el \u00abprocedimiento sobre la apelaci\u00f3n de sentencia en materia civil y de familia\u00bb y, en ese sentido, \u00abcercen\u00f3 los requisitos t\u00e9cnicos necesarios para realizar la audiencia virtual\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el funcionario judicial debi\u00f3 \u00abatenerse a las limitaciones que le se\u00f1ala la norma [\u2026] pues no puede resolver sobre otros puntos que s\u00f3lo le competen a la juez de primera instancia. Solo debe concretarse a decidir sobre la materia objeto de apelaci\u00f3n\u00bb. Asimismo, \u00ab[\u2026] debe encerrar su decisi\u00f3n exclusivamente a la materia apelada y discutida por las partes, en esta segunda etapa\u00bb. <\/p>\n
3.- Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se revoque \u00abla sentencia judicial de segunda instancia, de 24 de junio de 2020 [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, que se ordene \u00abque en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia judicial que se dicte en este asunto, dicte auto judicial ordenando cumplir lo resuelto en la sentencia de tutela, y proceda a dar el tr\u00e1mite legal que ordena el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida estuvo \u00abajustada a derecho, sin que la decisi\u00f3n adversa a los intereses de la accionante traduzca per se en la incursi\u00f3n de una v\u00eda de hecho, como se pretende hacer ver en el libelo tutelar\u00bb. Por tanto, la providencia \u00abque se pretende \u201crevocar\u201d se encuentra sustentada en los elementos de persuasi\u00f3n obrantes en el expediente, los cuales dieron a este funcionario fuerza de convicci\u00f3n suficiente para adoptar la decisi\u00f3n all\u00ed contenida, sin que esa labor valorativa pueda ser catalogada de arbitraria o caprichosa y, a diferencia de lo expresado por la actora, no se incurri\u00f3 en las anomal\u00edas alegadas, toda vez que, se itera, se tomaron como cimientos axiales las probanzas oportunamente recaudadas y la normativa aplicable a la materia\u00bb. <\/p>\n
2.- El Despacho Treinta y Ocho Civil Municipal de esta ciudad, luego de hacer un recuento de lo acontecido ante esa instancia, recalc\u00f3 que \u00ablas acciones de tutela contra decisiones judiciales, en casos como este, en el que se ha emitido decisi\u00f3n de segunda instancia, recaen sobre esta \u00faltima, pues es la definitiva que zanja el asunto. En cualquier caso, t\u00e9ngase en cuenta que las decisiones aqu\u00ed adoptadas se encuentran ajustadas a derecho\u00bb. <\/p>\n
3.- El apoderado judicial del Edificio Robledo P.H. manifest\u00f3 que, conforme a lo surtido en el tr\u00e1mite de segunda instancia, no se vulneraron prerrogativas esenciales de las partes del juicio de marras, por lo que \u00abal no existir vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental que tutelar, la misma es improcedente [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo, en consideraci\u00f3n a que, por un lado, el accionante nada cuestion\u00f3 \u00abcontra las decisiones escritas anteriores a la pandemia, en las que se denegaron las pruebas que hab\u00eda pedido y se fij\u00f3 fecha para la audiencia de segundo grado, que no se pudo llevar a cabo por la aludida situaci\u00f3n general. Y no lucen veleidosas o caprichosas las razones expuestas en los autos emitidos en audiencia de 24 de junio de 2020, dictados por el juez de circuito accionado, uno en que rechaz\u00f3 de plano del recurso de reposici\u00f3n del demandante, aqu\u00ed accionante, contra el auto de 8 de junio pasado, y el otro relativo a la negaci\u00f3n de aplazamiento de la audiencia\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, consider\u00f3 que \u00ablos criterios del juzgador de segunda instancia, tanto en los aspectos del tr\u00e1mite a su cargo, como en las motivaciones de la sentencia, no pueden obtener enmienda en sede constitucional, porque no lucen arbitrarios o caprichosos, visto que el funcionario sustent\u00f3 las decisiones tomadas, esto es, las providencias en que dispuso el tr\u00e1mite del recurso, deneg\u00f3 unas pruebas, resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo que fij\u00f3 fecha para audiencia y no aplaz\u00f3 esa data\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor, en la que b\u00e1sicamente manifest\u00f3 \u00abIMPUGNO LA SENTENCIA DE TUTELA\u00bb. Sin embargo, dicha aseveraci\u00f3n la realiz\u00f3 al margen de que resalt\u00f3 que no recibi\u00f3 oficio del auto de admisi\u00f3n de la presente acci\u00f3n y, asimismo, que al consultar su \u00abdemanda de tutela (\u2026) aparece que el 2020-11-13, NIEGA TUTELA y tiene fecha de registro el 2020-11-17. La providencia judicial no se ha enviado a [su] correo electr\u00f3nico, ni se [le] ha notificado por oficio, no la h[a] podido bajar, por lo que hasta ahora ignor[a] el contenido de la providencia que NIEGA LA TUTELA\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En primer lugar, resulta pertinente precisar que al revisar las notificaciones surtidas respecto del auto admisorio y de la sentencia atacada, encuentra la Sala, de conformidad con los soportes allegados, que el accionante fue debidamente enterado de dichas providencias al correo electr\u00f3nico que present\u00f3 en su escrito inicial1, junto con los respectivos anexos. <\/p>\n
2.- Ahora bien, en el asunto sub examine, el gestor pretende que se deje sin efecto la providencia del 24 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., por cuanto estima que vulner\u00f3 su prerrogativa del debido proceso, al pasar por alto las pruebas que hab\u00edan sido solicitadas, as\u00ed como lo reglado por el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
3.- De las probanzas aportadas al expediente, se destaca la decisi\u00f3n del 24 de junio de 2020, que en juicio fue proferida por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR en todas sus partes la sentencia proferida por el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C el d\u00eda 23 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
4.- Analizado lo anterior, advierte la Sala que, de la decisi\u00f3n atacada, no se observa un proceder constitutivo del defecto f\u00e1ctico que el gestor endilga, que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, toda vez que los razonamientos esgrimidos en la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, sobre la falta de acreditaci\u00f3n del da\u00f1o y su cuantificaci\u00f3n, se sustentaron en las particularidades del caso y en el material probatorio arrimado a la contienda. <\/p>\n
5.- En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n, el estrado censurado analiz\u00f3 lo referente al material probatorio aportado al proceso, particularmente la carta del 10 de marzo de 20112, respecto de la cual consider\u00f3 que no se evidencia \u00absi lo que reclama en primera medida son los da\u00f1os inmediatos que se causaron de ocho d\u00edas hasta el 10 de marzo o los que ocurrieron en a\u00f1os atr\u00e1s, esto desde la primera vez que se hizo una reclamaci\u00f3n\u00bb, aunado a que \u00abla carta no se\u00f1ala puntualmente qu\u00e9 bienes son los que fueron afectados entonces esa reclamaci\u00f3n en s\u00ed misma no puede suplir la carga de la prueba que le incumb\u00eda al actor\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo el Despacho que \u00abla carta\u00bb presentada se radic\u00f3 bajo los par\u00e1metros del derecho de petici\u00f3n y, en su momento, no fue contestada por la respectiva administraci\u00f3n del edificio demandado, falta que \u00aben ninguna norma actual, ni pasada de nuestro ordenamiento jur\u00eddico contempla un silencio administrativo positivo frente a la no contestaci\u00f3n de un derecho de petici\u00f3n frente a un particular, en ejercicio de actividades particulares y recu\u00e9rdese que la regla general en todo caso, el silencio administrativo es que es negativo, solo cuando una ley o norma jur\u00eddica establece que ante el silencio de la autoridad se tiene como [\u2026] una aceptaci\u00f3n de lo pedido es que estamos ante un silencio administrativo positivo, [\u2026] por eso se trae a colaci\u00f3n las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley estatutaria que regul\u00f3 el derecho de petici\u00f3n para que a pesar de que no se le dio respuesta en su oportunidad, [\u2026], eso no significa de manera alguna aceptar\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en cuanto a \u00ablos testimonios de quienes vinieron al proceso nada aportan a esa cuantificaci\u00f3n y mucho menos los peritos rindieron una declaraci\u00f3n detallada sobre ese punto de los da\u00f1os. Si miramos detalladamente la contestaci\u00f3n de la demanda a folio 171 se\u00f1al\u00f3 el apoderado de la parte demandada [la objeci\u00f3n al juramento estimatorio de la demanda]. La esencia del Juramento estimatorio no es englobar una cifra, es que se pueda descartar o tener como \u00fanica prueba ese juramento, pero sobre la base de que est\u00e1 debidamente cuantificado o estimados esos da\u00f1os. Cuesti\u00f3n que no ocurri\u00f3 en este caso, pues lo que se hizo fue un englobe de una cifra \u00fanica, situaci\u00f3n que contemplar\u00eda lo descrito en el Art. 206\u00bb. <\/p>\n
En lo relativo a la prueba de oficio requerida por el demandante en el asunto de marras, analiz\u00f3 el funcionario que \u00ab[\u2026] el despacho la neg\u00f3 al encontrarla cumplida, seg\u00fan los requisitos que se\u00f1ala el CGP y es que en primera medida el despacho no puede realizar pruebas que se dejaron de practicar por culpa de la [falla t\u00e9cnica, no se puede escuchar] obligada a presentarla (25:35). En este caso se pretend\u00edan unos testimonios que no se escucharon no hay justificaci\u00f3n de las razones por las cuales no acudieron a las audiencias del art. 372 y 373 y un dictamen pericial, una inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de perito. (26:05) Y debe decirse que a voces del CGP la inspecci\u00f3n judicial est\u00e1 reducida a casos que sean indispensables, \u00f3sea que no exista otra forma de demostrar [falla t\u00e9cnica, no se puede escuchar], en esa inspecci\u00f3n, y b\u00e1sicamente lo que tendr\u00eda que hacerse en un dictamen pericial [falla t\u00e9cnica, no se puede escuchar], es realmente revisar la canaleta no desde una ventana porque realmente eso fue lo que se observa que se hizo por parte del perito. Ah\u00ed hab\u00eda que hacer un trabajo de altura, un trabajo especializado, un experto especializado que se colgara de la pared y mirara por fuera de la pared si la canaleta filtraba o no filtraba, eso no se hizo, eso es un trabajo especializado, aqu\u00ed en el dictamen pericial lo que se hizo fue descartar otras causas y se dijo la hip\u00f3tesis que se puede ajustar al caso que nos ocupa es esta, porque se han descartado las dem\u00e1s pero en realidad no hubo un trabajo pericial, es decir, no se aplic\u00f3 una ciencia sobre el objeto de inspecci\u00f3n. Entonces teniendo en cuenta todo eso, la deficiencia probatoria de este caso, no puede ser suplida por el juez de segunda instancia y dada la deficiencia probatoria pues la decisi\u00f3n del juez de primera instancia no pod\u00eda ser otra porque se insiste no se cuantific\u00f3 en debida forma el da\u00f1o, entonces si yo dijera si es responsable la administraci\u00f3n por el da\u00f1o cuando llegue a cuantificar los perjuicios pues no la hay, no est\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
6.- Conforme a lo indicado, observa la Corte que no se presentan aspectos que permitan deducir la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, pues, de acuerdo con la sentencia de primera instancia, lo esgrimido en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n y, con m\u00e1s rigor, en el material probatorio arrimado a la causa, no es dable determinar, con precisi\u00f3n, el hecho da\u00f1oso y tampoco es posible establecer la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios sufridos, elementos esenciales para fundar la prosperidad de la responsabilidad civil extracontractual exigida por el actor. <\/p>\n
7.- Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que, vuelve a decirse, no est\u00e1n demostradas las abiertas y evidentes circunstancias estructurantes del yerro judicial, que pudieran abrir las puertas del \u00e9xito a la pretensi\u00f3n tutelar, en tanto que, de la transcripci\u00f3n antes vista, independientemente de que la Corte la proh\u00edje o no, por cuanto este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que los medios demostrativos obrantes en el plenario fueron puntual y arm\u00f3nicamente observados y apreciados, seg\u00fan la sana cr\u00edtica, conforme as\u00ed lo imponen las reglas probatorias, am\u00e9n de que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n
En ese orden, se concluye que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida con fundamento en una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas obrantes en el plenario, la conducta de las partes y la normatividad y jurisprudencia que regulan lo concerniente al tema debatido, lo cual descarta la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Por el contrario, lo que se evidencia es una disparidad de criterios entre lo considerado por el Despacho acusado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Lo anterior, en la medida en que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo resuelto en el sub examine no puede ser alterado por esta v\u00eda extraordinaria, al no merecer discusi\u00f3n desde la \u00f3ptica ius fundamental, que implique la inaplazable injerencia del juez de amparo. <\/p>\n
En este aspecto, la Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en STC14745-2017) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01. Reiterada en STC049-2018). <\/p>\n
8.- En cuanto a las alegaciones del actor seg\u00fan las cuales, en el tr\u00e1mite sub judice, el Despacho no cumpli\u00f3 con lo dispuesto en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, advierte la Sala que, como el recurso de apelaci\u00f3n fue admitido3 antes de la entrada en vigencia de la referida disposici\u00f3n, \u00e9sta no resultaba aplicable al caso y, por tanto, deb\u00eda cumplirse con la norma vigente en ese momento, que correspond\u00eda al art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
9.- Ahora bien, frente al uso de las tecnolog\u00edas alegadas por el gestor, advierte la Sala que ha sido prop\u00f3sito del legislador procurar la digitalizaci\u00f3n del servicio de justicia con miras a una mayor eficacia, por lo que, en la Ley 270 de 1996, en su art\u00edculo 95, consagr\u00f3 que se \u00abdebe propender por la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda de avanzada al servicio de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, autorizando que \u00ablos juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podr\u00e1n utilizar cualesquier medios t\u00e9cnicos, electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y telem\u00e1ticos, para el cumplimiento de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
Esto vino a reforzarse con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso que, entre otras disposiciones, estableci\u00f3 en el art\u00edculo 103 la posibilidad de usar las tecnolog\u00edas, permitiendo que los procesos puedan surtirse con cualquier mecanismo o sistema que permita el env\u00edo, trasmisi\u00f3n, acceso y almacenamiento de mensaje de datos. <\/p>\n
Esta Corte, referente al uso de las tecnolog\u00edas en las actuaciones judiciales, ha indicado: <\/p>\n
\u00abque el empleo de los medios inform\u00e1ticos en la ritualidad de los \u2018procesos judiciales\u2019 se ensambla a los principios de eficiencia y efectividad en la medida que se dinamiza el env\u00edo y recepci\u00f3n de documentos por esos canales, al tiempo que facilita la realizaci\u00f3n de otras actuaciones significativas, como las audiencias a trav\u00e9s de la \u2018virtualidad\u2019, con las obvias ventajas que ello produce en cuanto a la accesibilidad a la \u2018informaci\u00f3n\u2019 sin que sea indispensable permanecer en la misma sede de los despachos, como lo fuerza la presencialidad. <\/p>\n
\u00abCiertamente, el uso de las tecnolog\u00edas en el discurrir del litigio facilita que los intervinientes cumplan algunas cargas sin importar el lugar en que se encuentren, pues en la fase escrita, por ejemplo, una vez implementado el Plan de Justicia Digital \u2018no ser\u00e1 necesario presentar copia f\u00edsica de la demanda\u2019 (art. 89 C.G.P), adem\u00e1s de que el canon 109 ib\u00eddem establece que las autoridades \u2018judiciales deber\u00e1n mantener el buz\u00f3n del correo electr\u00f3nico con disponibilidad suficiente para recibir los mensajes de datos\u2019, al referirse a la presentaci\u00f3n de memoriales por esa v\u00eda. Emerge as\u00ed la autorizaci\u00f3n legal para que en este tipo de actuaciones todos los sujetos del \u2018proceso\u2019 puedan acudir al uso de esas tecnolog\u00edas y no solo cuenten con la posibilidad, sino que lo hagan en cumplimiento del deber que supone el arriba mencionado art\u00edculo 103\u00bb (CSJ STC de 20 de mayo de 2020, Rad. 2020-00023-01). <\/p>\n
Tal apoyo tecnol\u00f3gico ha tenido que asumirse con mayor rigor en la actualidad, con ocasi\u00f3n de la situaci\u00f3n sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, que ha forzado a todos los estamentos a adoptar medidas que posibiliten no solo el impulso de los procesos, sino tambi\u00e9n un acceso efectivo de los usuarios, con garant\u00eda y observancia del debido proceso. <\/p>\n
Entre tales disposiciones est\u00e1 el Decreto 806 de 4 de junio de 2020 que, en su art\u00edculo 2\u00b0, autoriza el uso de \u00ablos medios tecnol\u00f3gicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitir\u00e1 a los sujetos procesales actuar en los procesos o tr\u00e1mites a trav\u00e9s de los medios digitales disponibles\u00bb. Y precisa, en el par\u00e1grafo 1, sobre \u00abla necesidad de adoptar todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurar\u00e1n la efectiva comunicaci\u00f3n virtual con los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia y adoptar\u00e1n las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos\u00bb. <\/p>\n
10.- Evidenciado lo anterior, observa la Sala que la decisi\u00f3n de negar la prosperidad del recurso de reposici\u00f3n, por cuanto no se aplaz\u00f3 la audiencia del art\u00edculo 327 del C.G. del P., corresponde a una decisi\u00f3n de la que no se advierte proceder alguno del convocado que injustificadamente trasgreda las prerrogativas esenciales del accionante, pues, como se dijo, desde antes de la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020 se consagr\u00f3 el uso de las tecnolog\u00edas, para garantizar el impulso y efectividad de los procesos judiciales. Asimismo, al habilitarse los t\u00e9rminos por el Consejo Superior de la Judicatura, transcurri\u00f3 un tiempo suficiente, para que las partes se prepararan en pro de la sustentaci\u00f3n de los recursos de apelaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el actor ten\u00eda a su alcance los medios tecnol\u00f3gicos b\u00e1sicos, pues contaba con \u00abplan de datos\u00bb y la gu\u00eda de un empleado del despacho, para acceder a la audiencia. Incluso, el gestor pudo haber actuado a trav\u00e9s de otro apoderado, bajo la figura de la sustituci\u00f3n de poder. <\/p>\n
11.- Consecuente con lo esbozado, se reafirmar\u00e1 el fallo materia de impugnaci\u00f3n, por las razones aqu\u00ed anotadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Presidente de Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 joselincarvajal9@gmail.com <\/p>\n
2\u0002 Derecho de petici\u00f3n presentado por el aqu\u00ed accionante a la propiedad horizontal, para que, en virtud de los da\u00f1os sufridos por las filtraciones de agua, le fueran pagados los perjuicios ocasionados a su propiedad. <\/p>\n
3\u0002 10 de febrero de 2020 \u2013 Fl. 5. Cdno. 3 <\/p>\n
<\/p>\n
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STC267-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC267-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01704-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53156","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53156","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53156"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53156\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53156"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53156"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53156"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}