STC276-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC276-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00321-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Alcald\u00eda de Villeta, la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo de Cundinamarca, el Procurador Delegado en acciones constitucionales y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente a la Fundaci\u00f3n de la Mujer, radicada bajo el n\u00famero 2015-01184-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 el asunto aqu\u00ed cuestionado contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer, sucursal Villeta, tramitado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, quien lo instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2015-01184. <\/p>\n
Esgrime el actor que la juez encausada, de \u201cmanera ilegal\u201d, termin\u00f3 el decurso reprochado, \u201cy nunca se pronunci\u00f3 como lo [pidi\u00f3] a fin de saber en derecho si comet\u00eda prevaricato al terminar la acci\u00f3n popular, con figura no aplicable en acciones populares llamada desistimiento t\u00e1cito\u201d. <\/p>\n
Manifiesta que le solicit\u00f3 a la falladora \u201cdigitalizar\u201d todo lo actuado en el proceso y remitirlo a su correo electr\u00f3nico, \u201clo cual se neg\u00f3 a realizar\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, i) determinar si la juez cometi\u00f3 prevaricato, al decretar el desistimiento t\u00e1cito en la referida acci\u00f3n popular, ii) anular las actuaciones \u201cya que la tutelada desconoci\u00f3 el art 5 de la Ley 472 de 1998\u201d, iii) ordenar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84 del mencionado precepto legal, iv) exhortar al estrado encausado para que \u201cdigitalice\u201d y remita, a su correo personal, copia autentica del expediente, \u201cya que se ha solicitado a la a quo y nunca lo hace\u201d, adem\u00e1s, v) requerir al Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo en Pereira \u201cpara que prueben en derecho como actuaron en la acci\u00f3n popular tutelada y prueben si cumplieron (sic) Ley 734 de 2002\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial fustigada indic\u00f3 que el asunto objeto de controversia fue terminado por desistimiento t\u00e1cito mediante auto de 25 de junio de 2018, providencia recurrida por el actor y frente a la cual, en prove\u00eddo de 1 de agosto del mismo a\u00f1o, se dispuso mantener la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en relaci\u00f3n con el decurso cuestionado, se present\u00f3 acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00famero 2020-00117. <\/p>\n
Pidi\u00f3 negar el ruego impetrado y \u201cproceder a imponer sanci\u00f3n en contra [del gestor] por temeridad y mala fe, pues es quien con sus peticiones reiteradas entorpece la correcta administraci\u00f3n de justicia y pretende revivir asuntos ya terminados\u201d. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional de Risaralda, declar\u00f3 no ser el organismo competente para adelantar las pretensiones del censor, refiri\u00f3, igualmente, no haber vulnerado las prerrogativas invocadas por aqu\u00e9l. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Cundinamarca aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y demand\u00f3 negar el resguardo dada su improcedencia. <\/p>\n
4. El Procurador Regional de Risaralda rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos implorados por el gestor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, al considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n el caso concreto, es evidente la improcedencia de la protecci\u00f3n constitucional porque no es la acci\u00f3n de tutela el medio judicial previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para determinar si un funcionario judicial ha cometido o no un hecho punible, y, en cualquier caso, si bien el accionante adujo que le solicit\u00f3 a la funcionaria un pronunciamiento sobre su actuar, lo cierto es que, en el expediente que remiti\u00f3 el juzgado, es inexistente alguna solicitud suya, orientada a que la jueza se pronuncie sobre el presunto prevaricato en que ha incurrido, o a que declare la nulidad que aqu\u00ed invoca, menos una que tienda a que se le env\u00ede el expediente digitalizado a su correo electr\u00f3nico\u201d. <\/p>\n
Respecto a las peticiones dirigidas a la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, sostuvo, no se acredit\u00f3 que el censor hubiese solicitado a esas entidades lo reclamado mediante esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
1. La promovi\u00f3 el libelista, suplicando no permitir \u201cq (sic) se cristalice un da\u00f1o irremediable, por exceso ritual manifiesto, el auto ilegal no ata, (sic)aun en firme\u201d. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira remiti\u00f3 al impulsor y dem\u00e1s intervinientes, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, el link de acceso al expediente del presente asunto constitucional. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, al i) no pronunciarse, presuntamente, en torno a su petici\u00f3n, \u201ca fin de saber en derecho si comet\u00eda prevaricato al terminar la acci\u00f3n popular\u201d, por desistimiento t\u00e1cito, y ii) negarse a digitalizar y enviar las actuaciones adelantadas dentro de dicho proceso, por \u00e9l iniciado contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer, radicado bajo el N\u00ba 2015-01184. <\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo, dada la inexistencia de la supuesta omisi\u00f3n endilgada por el libelista frente a la titular del estrado encausado, pues auscultadas las actuaciones no se evidencia que aqu\u00e9l hubiese presentado escrito alguno cuestionado un presunto \u201cprevaricato\u201d, en raz\u00f3n a la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito de la aludida acci\u00f3n popular. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro, no puede atribuirse vulneraci\u00f3n o irregularidad al proceder de la c\u00e9lula judicial confutada, pues, el censor ninguna petici\u00f3n present\u00f3 ante ese despacho, reclamando lo ahora pretendido con este mecanismo. <\/p>\n
Por tanto, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, por cuanto el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por el despacho accionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda en evidencia la conducta del censor, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de hechos inexistentes e infundados como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Se destaca, la s\u00faplica del actor tendiente a establecer si la juez cometi\u00f3 prevaricato al terminar el proceso por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d, debe plantearse ante las autoridades competentes directamente; adem\u00e1s, se trata de un requerimiento que desborda el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. Por otra parte, debe se\u00f1alarse, la censura del petente en torno a la falta de \u201cdigitalizaci\u00f3n\u201d del litigio acusado, no sale avante, pues, revisadas las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se constata, la c\u00e9lula judicial encartada, mediante providencia de 1\u00ba de agosto de 2018, le inform\u00f3 a Arias Id\u00e1rraga que, una vez cancelara las expensas necesarias, se proceder\u00eda a la expedici\u00f3n de las piezas procesales y copias por \u00e9l requeridas; sin embargo, examinadas las actuaciones no se evidencia el cumplimiento de la carga a \u00e9l impuesta. <\/p>\n
5. Ahora bien, fracasa el amparo demandado, en relaci\u00f3n con el Procurador Delegado y el Defensor del Pueblo en Pereira, \u201cpara que prueben en derecho como actuaron en la acci\u00f3n popular tutelada y prueben si cumplieron (sic) Ley 734 de 2002\u201d, pues no se observa que el tutelante hubiese dirigido a esos organismos, una reclamaci\u00f3n con dicho prop\u00f3sito, incumpli\u00e9ndose, por tanto, el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
Sobre el citado requisito, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d3. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
6. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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