STC279-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01760-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda promovida por Seven Producci\u00f3n S.A.S. frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta capital, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo n\u00ba 2018-00359, impetrado por Punto 85 Construcciones S.A.S. contra TR3S S.A.S. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La quejosa exige la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantados por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n
2. Como fundamento de su ruego, asevera que en el compulsivo n\u00ba 2018-00279, por ella iniciado a TR3S S.A.S., ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta capital, solicit\u00f3 el embargo de remanentes y bienes que se llegaren a desembargar en el juicio aqu\u00ed censurado, de igual naturaleza, con radicaci\u00f3n n\u00ba 2018-00359, adelantado en el estrado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por Punto 85 Construcciones S.A.S. a su deudora. <\/p>\n
Mediante auto de 12 de septiembre de 2019, el funcionario cognoscente de su ejecuci\u00f3n, decret\u00f3 la medida deprecada, limit\u00e1ndola a la suma de $400.000.000 y comunic\u00e1ndola al competente mediante oficio n\u00ba 3122 del 26 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
El 16 de diciembre siguiente, la juez tercera citada declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del coercitivo n\u00ba 2018-00359, por transacci\u00f3n, ordenando dejar a disposici\u00f3n de su hom\u00f3logo octavo, las cautelas impuestas sobre las cuentas bancarias y los muebles y enseres de la obligada, as\u00ed como el excedente de los t\u00edtulos valores constituidos por cuenta de esa causa, por un total de $243.849.808,28, previo descuento de la suma de $90.000.000 para la firma comercial all\u00e1 acreedora y $15.000.000 en favor de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales. <\/p>\n
El 6 de febrero de 2020, los contendientes en el juicio n\u00ba 2018-00279, transaron sus diferencias y pidieron al fallador competente poner fin a ese litigio. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 7 de octubre del mismo a\u00f1o, se desat\u00f3 adversamente lo reclamado, por cuanto el 7 de septiembre de 2019, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales dio cuenta de una deuda de $26.726.000 a cargo de la organizaci\u00f3n ejecutada. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda reclamante acude a la salvaguarda por estimar lesionadas sus prerrogativas superlativas por la c\u00e9lula judicial recriminada, pues, pese al tiempo transcurrido desde la orden de conversi\u00f3n de los dep\u00f3sitos memorados, no ha procedido de conformidad, generando con ello perjuicios para sus intereses. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado censurado dar tr\u00e1mite inmediato <\/p>\n
\u201c(\u2026) a lo ordenado en su auto de fecha 16 de diciembre de 2019, en lo referente al numeral 4.1. [en el sentido de ordenar el pago] [e]n favor de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- [de] la suma de QUINCE MIILLONES DE PESOS ($15.000.000) (\u2026). Por secretar\u00eda, una vez se proceda con la correspondiente conversi\u00f3n, of\u00edciese a la DIAN, informando tal evento y requiri\u00e9ndole informaci\u00f3n sobre el estado [del cobro coactivo] que se encuentra vigente (\u2026) a efectos de proceder conforme (\u2026) corresponda con la entrega del remanente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Suplica, asimismo, informar \u201c(\u2026) a la DIAN, que el t\u00edtulo judicial se encontraba desde el mes de diciembre de 2019 a su orden para su pago, por la suma de $15.000.000 (\u2026) adeuda[da] para esa fecha (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, ruega conminar a la funcionaria accionada a entregar los remanentes al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y asumir los intereses cobrados por la memorada entidad sobre la deuda inicial de $15.000.000. <\/p>\n
1. Respuesta del accionado y los vinculados <\/p>\n
1. El estrado enjuiciado remiti\u00f3, a trav\u00e9s de medio digital, el expediente motivo del presente resguardo y asegur\u00f3 haber ordenado la conversi\u00f3n de los montos descritos por la tutelante, mediante los oficios Nos. 110 de 24 de enero y 145 del 5 de febrero de 2020, en favor del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la DIAN, respectivamente. <\/p>\n
2. La \u00faltima instituci\u00f3n referida puso de presente la existencia de un proceso de cobro coactivo a trav\u00e9s del cual se pretende recaudar el impuesto correspondiente a las ventas de los bimestres cuarto y sexto de 2018, por valor de $14.000.000 al 30 de noviembre de 2020. Por otra parte, afirm\u00f3 no haber vulnerado garant\u00eda alguna a la firma comercial censora. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada, al encontrar resuelta, \u201caunque con alguna tardanza\u201d, la situaci\u00f3n materia de reproche. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) seg\u00fan se refleja en las copias de las actuaciones aportadas (\u2026) el t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial No. 400100007543926 por valor de $138.849.808,28 cuenta con autorizaci\u00f3n de pago por conversi\u00f3n a \u00f3rdenes del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para el proceso con radicado No. 2018-00279 y, el t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial No. 400100007543925 por valor de $15.000.000 cuenta con autorizaci\u00f3n de pago por conversi\u00f3n a \u00f3rdenes de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promotora impugn\u00f3 criticando la tesis acogida por el sentenciador a quo, pues si bien se <\/p>\n
\u201c(\u2026) puso a disposici\u00f3n de la DIAN el t\u00edtulo judicial, no se indic\u00f3 que el mismo hubiese sido tramitado o entregado a la citada entidad, adem\u00e1s no se alleg\u00f3 oficio en el cual se hubiese solicitado el n\u00famero de expediente coactivo y liquidaci\u00f3n definitiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La accionante persigue que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n constitucional, se materialice lo dispuesto en el numeral 4.1. del auto de fecha 16 de diciembre de 2019, a trav\u00e9s del cual la funcionaria confutada orden\u00f3 convertir el t\u00edtulo judicial por $15.000.000 en favor de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN-, informar tal determinaci\u00f3n a la aludida oficina y requerir datos sobre el proceso all\u00ed adelantado a la compa\u00f1\u00eda morosa. <\/p>\n
Reclama, adem\u00e1s, la remisi\u00f3n de los dineros sobrantes al estrado donde cursa su compulsivo contra TR3S S.A.S. y que se ordene a la sede fustigada, asumir el valor de los intereses causados por la mora judicial, en favor de la DIAN. <\/p>\n
2. Auscultado el material probatorio recaudado en este expediente, se extrae la constancia de haber ordenado al Banco Agrario de Colombia S.A., la conversi\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales aqu\u00ed exigidos a \u00f3rdenes de sus destinatarios, de acuerdo con lo dispuesto en auto de 16 de diciembre de 2019, mucho antes de la radicaci\u00f3n de este resguardo. <\/p>\n
As\u00ed lo ilustra la siguiente imagen: <\/p>\n
Lo propio ocurre con el dep\u00f3sito judicial por valor de $15.000.000, cuya conversi\u00f3n en favor de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, se orden\u00f3 en la \u00faltima calenda mencionada, esto es, el 5 de febrero de 2020, seg\u00fan se puede apreciar a continuaci\u00f3n (folio 431): <\/p>\n
Contrario a lo aseverado por la inicialista, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, ejecut\u00f3 las disposiciones del auto de 16 de diciembre de 2019, tan solo 21 d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de esa calenda, de donde no hay lugar a predicar ninguna tardanza en su actuaci\u00f3n, pues con la conversi\u00f3n realizada en favor de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales sald\u00f3 la obligaci\u00f3n reportada, para ese momento por la citada autoridad. <\/p>\n
Situaci\u00f3n id\u00e9ntica se presenta en relaci\u00f3n con el remanente de los $243.849.808,28, si en cuenta se tiene que una vez descontados los $90.000.000 de Punto 85 Construcciones S.A.S. y los $15.000.000 cancelados a la DIAN, quedaba un saldo de $138.849.808,28, el cual coincide con la suma transferida a la cuenta del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante el formato antes relacionado, elaborado el mismo 5 de febrero de 2020 a las 2:03 p.m. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, compete a la interesada o al propio deudor, gestionar lo necesario para determinar a qu\u00e9 obligaci\u00f3n corresponde el monto de $26.726.000, indicado por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales en la comunicaci\u00f3n enviada en septiembre de 2020 al precitado despacho o si se trata de un yerro, tomando en consideraci\u00f3n la respuesta ofrecida en esta actuaci\u00f3n, por el Jefe GIT Representaci\u00f3n Externa de la Divisi\u00f3n de Gesti\u00f3n Jur\u00eddica de la Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos de Bogot\u00e1, quien se\u00f1al\u00f3 como saldo insoluto $14.000.000 al 30 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Ello, porque una vez finiquitada la actuaci\u00f3n coercitiva y puestos a disposici\u00f3n de su hom\u00f3logo octavo todos los bienes cautelados a la firma TR3S S.A.S., el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, no es el facultado para pedir a la DIAN dicha aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
3. En conclusi\u00f3n, las aseveraciones de la gestora carecen de veracidad y, por lo tanto, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n frente a las diversas pretensiones elevadas, dado que el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no existi\u00f3, ni siquiera, antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda, pues la transferencia de los t\u00edtulos judiciales constituidos en el juicio 2018-00359, al radicado con el n\u00ba 2018-00279, fue materializada m\u00e1s de nueve (9) meses antes de su fecha de presentaci\u00f3n -12 de noviembre de 2020-. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
10 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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