STC280-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC280-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01762-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La censora exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y \u201cpropiedad privada\u201d, presuntamente vulneradas por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Miguel Eduardo V\u00e1squez Sep\u00falveda impetr\u00f3 ante el Juzgado Cuarenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1, el litigio materia de este resguardo, en el cual, en prove\u00eddo de 17 de enero de 2017, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Asevera la tutelante que el 5 de julio siguiente, cancel\u00f3 el valor del cr\u00e9dito cobrado y las \u201ccostas causadas\u201d; sin embargo, el ejecutante, requiri\u00f3 la expedici\u00f3n de \u201cun nuevo mandamiento de pago\u201d por los intereses dejados de liquidar, petici\u00f3n denegada por el despacho instructor en auto de 30 de julio de 2019. <\/p>\n
Afirma que esa decisi\u00f3n fue recurrida en apelaci\u00f3n por el extremo activo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esta capital, quien, en providencia de 6 de diciembre siguiente, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, disponiendo la emisi\u00f3n de la orden de apremio requerida. <\/p>\n
Sostiene que, en auto de 7 de febrero de 2020, el despacho municipal querellado cumpli\u00f3 la determinaci\u00f3n del superior, decisi\u00f3n contra la cual interpuso reposici\u00f3n, remedio desestimado por improcedente. <\/p>\n
Manifiesta que los convocados vulneraron sus prerrogativas fundamentales <\/p>\n
\u201c(\u2026) al retrotraer la actuaci\u00f3n a instancias ya decididas y ejecutoriadas, (\u2026) pas\u00e1ndose a debatir asuntos que ya hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada. De otra parte, violan el derecho a la propiedad privada, pues aun cuando ya se pag\u00f3 el cr\u00e9dito, no se termin\u00f3 el proceso y las medidas cautelares se encuentran vigentes afect\u00e1ndose [su] derecho de dominio sobre dos bienes inmuebles de [su] propiedad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, declarar la \u201cnulidad de todo lo actuado\u201d en el despacho del circuito fustigado. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que la promotora pretende utilizar la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia sobre el asunto criticado. <\/p>\n
2. El estrado municipal fustigado se opuso al ruego resaltando que el comentado subex\u00e1mine se ha tramitado en debida forma y mediante las normas procesales aplicables a esa clase de asuntos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E] el pedimento no puede prosperar por las siguientes razones:\u201d <\/p>\n
\u201cPrimera, porque el reclamo formulado no satisface el requisito de inmediatez, como quiera que desde que se profirieron las decisiones cuestionadas, el 6 de diciembre de 2019 y el 7 de febrero de 2020, y la fecha en la que se acudi\u00f3 al amparo, el 12 de noviembre, han transcurrido m\u00e1s de 11 y 9 meses, respectivamente, lo que desvirt\u00faa la inminencia de la afectaci\u00f3n que reclama. No puede olvidarse que dicha exigencia impone \u201cque la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n\u201d, el cual, trat\u00e1ndose de providencias judiciales, es de seis meses\u201d. <\/p>\n
\u201cY segundo, porque as\u00ed se pasara por alto la falta [del anterior presupuesto], lo cierto es que el amparo tampoco podr\u00eda abrirse paso, como quiera que con la providencia del 12 de febrero el juez municipal dio cumplimiento a la orden proferida por el del circuito, luego ning\u00fan reparo o discusi\u00f3n suscita (\u2026)\u201d <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor y resaltando que el ruego debe ser concedido \u201cpara reivindicar la buena y adecuada aplicaci\u00f3n de justicia\u201d. <\/p>\n
Expuso que no pod\u00eda negarse la salvaguarda por inmediatez, pues los t\u00e9rminos judiciales se encontraban suspendidos con ocasi\u00f3n de la pandemia generada por el Covid 19. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La censora reprocha, puntualmente, el prove\u00eddo de 6 de diciembre de 2019, mediante el cual, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en segunda instancia, orden\u00f3 la emisi\u00f3n del \u201cmandamiento de pago\u201d requerido por el ejecutante en el proceso bajo estudio. <\/p>\n
2. Se advierte que, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, esto es, el 12 de noviembre de 2020, y la providencia censurada, han transcurrido m\u00e1s de once (11) meses, tiempo que supera el t\u00e9rmino establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la corporaci\u00f3n atacada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el alegato expuesto por la gestora en la impugnaci\u00f3n para justificar la tardanza en la presentaci\u00f3n del presente ruego constitucional carece de fundamento porque en el Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020, se indic\u00f3 que las reclamaciones relacionadas con la vida, la salud y la libertad tendr\u00edan prelaci\u00f3n; empero, no se limit\u00f3 el derecho a acceder al amparo por otros motivos. <\/p>\n
En efecto, en el art\u00edculo 2\u00b0 del rese\u00f1ado acto administrativo, se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con nitidez se aprecia que, en manera alguna, se excluyeron reclamaciones de linaje constitucional, distintas a las all\u00ed priorizadas y, en esa medida, la censora contaba con la posibilidad de acudir oportunamente a esta jurisdicci\u00f3n para invocar la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas haciendo uso de los canales virtuales habilitados para ello. <\/p>\n
3. Por otro lado, ning\u00fan reproche merece el prove\u00eddo de 7 de febrero de 2020, mediante el cual el juzgado municipal querellado, profiri\u00f3 el mandamiento de pago requerido por el ejecutante, pues con aquella decisi\u00f3n estaba obedeciendo a lo dispuesto por el superior, como lo establece el art\u00edculo 329 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra: <\/p>\n
\u201cDecidida la apelaci\u00f3n y devuelto el expediente al inferior, este dictar\u00e1 auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior y en la misma providencia dispondr\u00e1 lo pertinente para su cumplimiento\u201d. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
9 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
10 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
13 <\/p>\n
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