STC281-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC281-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2020-00186-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor exige la salvaguarda de sus prerrogativas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, petici\u00f3n, debido proceso e igualdad, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo, el actor manifiesta que el 31 de enero de 2019, present\u00f3 una queja disciplinaria en contra del Juez Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros, Jorge Le\u00f3n Jim\u00e9nez Ur\u00e1n. <\/p>\n
Afirma que el 26 de febrero de 2020 se dispuso la indagaci\u00f3n preliminar y la notificaci\u00f3n al disciplinado; sin embargo, desde entonces, no se observan avances significativos en la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a esa circunstancia, el 28 de agosto pasado remiti\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d solicitando dar celeridad al tr\u00e1mite, reiterado el 29 de septiembre y el 8 de octubre siguientes, sin que, a la fecha, haya obtenido contestaci\u00f3n al respecto. <\/p>\n
3. Alegando que la queja fue radicada hace m\u00e1s de 22 meses y a\u00fan se encuentra en etapa indagaci\u00f3n preliminar, pide, en concreto, ordenar a la magistrada accionada \u201cbrindar una respuesta de fondo, clara y coherente\u201d a sus peticiones. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
La magistrada, Gladys Zuluaga Giraldo, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, allegando un informe detallado del asunto. Indic\u00f3 que, en la actualidad el decurso se halla en etapa probatoria. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, al revisar el \u00fanico correo habilitado por el despacho para la recepci\u00f3n de la correspondencia de los procesos disciplinarios para la fecha de los hechos, esto es, gzuluagg@cendoj.ramajudicial.gov.co y el correo de la auxiliar del despacho crivillj@cendoj.ramajudicial.gov.co, autorizado para la recepci\u00f3n de la correspondencia de procesos de funcionarios, no se evidencia el recibido de los memoriales del 29 de septiembre y el 8 de octubre a los cuales hace alusi\u00f3n el accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo tras descartar la arbitrariedad denunciada, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) no se observa una dilaci\u00f3n injustificada ni la inobservancia de los t\u00e9rminos judiciales que puedan producir la vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de <\/p>\n
justicia invocados, m\u00e1xime que de conformidad con los art\u00edculos 89 y 90 de la referida Ley 734 de 2002, el quejoso no funge como sujeto procesal y de acuerdo con el par\u00e1grafo del \u00faltimo de los c\u00e1nones citados, su intervenci\u00f3n se limita \u00fanicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisi\u00f3n de archivo y el fallo absolutorio, por lo que mal podr\u00eda decirse que est\u00e1 sometido a la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el gestor insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante cuestiona la supuesta mora del estrado confutado en gestionar la queja disciplinaria por \u00e9l promovida desde el 31 de enero de 2019, contra el Juez Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros, Jorge Le\u00f3n Jim\u00e9nez Ur\u00e1n; y, aun cuando, afirma, haber elevado varias peticiones requiriendo dar celeridad al asunto, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego, el decurso a\u00fan se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n preliminar. <\/p>\n
2. Al elevarse requerimientos a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa. Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen bajo las reglas de este, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n procesal, se advierte que las peticiones cuya resoluci\u00f3n, en \u00faltimas, reclama el actor, demandan dar celeridad al tr\u00e1mite de la aludida queja disciplinaria, raz\u00f3n por la cual, no hay lugar a constatar la lesi\u00f3n al derecho de petici\u00f3n sino al debido proceso, por tratarse de una cuesti\u00f3n eminentemente judicial. <\/p>\n
3. Ahora, frente a las situaciones de tardanza judicial que podr\u00edan dar lugar a esta especial protecci\u00f3n, la Corte ha sostenido la procedencia del auxilio si no encuentran justificaci\u00f3n, es decir, cuando <\/p>\n
\u201c(\u2026) aquellas (\u2026) denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEntender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los per\u00edodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. [Pol.]), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso (\u2026)\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cOtro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. De entrada, la Sala descarta una mora judicial injustificada, por cuanto, revisada la actuaci\u00f3n procesal, no se observa un proceder negligente atribuible a la magistrada convocada. <\/p>\n
N\u00f3tese, el actor interpuso la queja el 31 de enero de 2019. El 26 de febrero posterior, se profiri\u00f3 auto de indagaci\u00f3n preliminar en contra del disciplinado, disponiendo su notificaci\u00f3n y el decreto de pruebas. <\/p>\n
Surtido el enteramiento del indagado, el expediente regres\u00f3 a despacho el 22 de noviembre de ese a\u00f1o, para la pr\u00e1ctica de los medios de convicci\u00f3n ordenados. <\/p>\n
El 4 de junio de 2020, a trav\u00e9s de los oficios 817 SGV\/ 2019 \u2013 206 y 818 SGV\/ 2019 \u2013 206, dirigidos al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros y al \u00c1rea de Talento Humano de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Antioquia, se requiri\u00f3 el acervo documental decretado. Solicitud reiterada el 19 de noviembre pasado, mediante oficios 109ES-CRJ y 110 ES-CRJ5, el primero de ellos aclarado, por solicitud del destinatario, a trav\u00e9s del oficio 111ES-CRJ del 20 de ese mes. <\/p>\n
En la actualidad, el decurso se halla a la espera de la respuesta de los destinatarios para proveer acerca de la apertura de la investigaci\u00f3n disciplinaria, de encontrarse m\u00e9rito para ello. <\/p>\n
En eventos donde se discute la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales por mora judicial, la jurisprudencia de la Corte se\u00f1ala que solo puede dispensarse la protecci\u00f3n constitucional cuando aqu\u00e9lla es producto de una actuaci\u00f3n arbitraria, subjetiva o caprichosa del funcionario; contrario sensu, si la tardanza en la resoluci\u00f3n de los asuntos sometidos a su conocimiento encuentra justificaci\u00f3n razonable, no act\u00faa este excepcional mecanismo de defensa de las prerrogativas fundamentales4. <\/p>\n
Por tanto, esta salvaguarda no puede salir avante, dado que, conforme al criterio decantado de esta Sala, las situaciones de dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico de la autoridad convocada, lo cual, como se indic\u00f3, no se vislumbra en este caso. <\/p>\n
5. Con todo, no se observa la transgresi\u00f3n a los derechos fundamentales invocados por el quejoso por cuanto \u00e9ste no es un interviniente facultado para participar en el decurso censurado. <\/p>\n
No puede perderse de vista que, de conformidad con el inciso primero del art\u00edculo 89 de la Ley 734 de 20025, cuando la actuaci\u00f3n se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura s\u00f3lo \u201c(\u2026) [p]odr\u00e1n intervenir en la actuaci\u00f3n disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio P\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, el par\u00e1grafo del canon 90 ib\u00eddem, establece: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La intervenci\u00f3n del quejoso se limita \u00fanicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisi\u00f3n de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podr\u00e1 conocer el expediente en la secretar\u00eda del despacho que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis de la sala). <\/p>\n
\u201c(\u2026) ART\u00cdCULO 65. INTERVINIENTES. Podr\u00e1n intervenir en la actuaci\u00f3n disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio P\u00fablico podr\u00e1 hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales. <\/p>\n
\u201cART\u00cdCULO 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para: <\/p>\n
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en su pr\u00e1ctica. <\/p>\n
2. Interponer los recursos de ley. <\/p>\n
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuaci\u00f3n disciplinaria y el cumplimiento de sus fines, y <\/p>\n
4. Obtener copias de la actuaci\u00f3n, salvo que por mandato constitucional o legal estas tengan car\u00e1cter reservado. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. El quejoso solamente podr\u00e1 concurrir al disciplinario para la formulaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnaci\u00f3n de las decisiones que pongan fin a la actuaci\u00f3n, distintas a la sentencia. Para este efecto podr\u00e1 conocerlas en la Secretar\u00eda de la Sala respectiva (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,7 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 3 de julio de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01337-00; ratificada el 25 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02061-00. <\/p>\n
4 CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Fallo de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterado el 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01 y el 21 de octubre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02374-00, entre otros. <\/p>\n
5 Por la cual se expide el C\u00f3digo Disciplinario \u00danico. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
13 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC281-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC281-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2020-00186-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021) 1. ANTECEDENTES 1. El promotor exige la salvaguarda de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53164","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53164"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53164\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}