STC288-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC288-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00580-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2020 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Juan, a nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hijo, Jos\u00e91, frente al Juzgado Veintiuno de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo de alimentos iniciado por el aqu\u00ed petente contra Mar\u00eda, con radicado n.\u00b0 2018-00945-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderada judicial, el actor suplica la protecci\u00f3n de los \u201cderechos fundamentales\u201d de su descendiente, presuntamente lesionados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del extenso escrito inicial se extrae, en s\u00edntesis, que, en sentencia de 19 de octubre de 2016, el estrado accionado otorg\u00f3 la custodia y cuidado personal de Jos\u00e9, a Juan. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan afirma el accionante, en dicha decisi\u00f3n, el estrado confutado, motu proprio, disminuy\u00f3 la cuota alimentaria fijada a cargo de Mar\u00eda, progenitora de Jos\u00e9, y a favor de \u00e9ste, de $1.226.527 a $555.000 \u201cporque la demandada ten\u00eda muchos cr\u00e9ditos por pagar\u201d, desconociendo los ingresos reales de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Sostiene que, tras iniciar el juicio ejecutivo de alimentos en contra de Mar\u00eda, la juez accionada, arbitrariamente, se ha negado a entregar los t\u00edtulos judiciales consignados a \u00f3rdenes del aludido compulsivo, situaci\u00f3n por la cual se ha visto obligado a solicitar pr\u00e9stamos, pignorar algunos bienes muebles y requerir el apoyo de su familia, en aras de cubrir los gastos de manutenci\u00f3n del ni\u00f1o. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado confutado: (i) autorizar el pago inmediato de dichos dep\u00f3sitos; (ii) mantener la medida cautelar de embargo del salario devengado por la ejecutada, en calidad de empleada del Tribunal Superior de Cundinamarca, hasta tanto garantice el pago de los alimentos adeudados y, (iii) fijar una cuota alimentaria teniendo en cuenta la capacidad econ\u00f3mica de la alimentante, as\u00ed como el costo real que demanda el sostenimiento de Jos\u00e9. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El estrado convocado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, indicando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e acuerdo con el an\u00e1lisis efectuado a la relaci\u00f3n de dep\u00f3sitos judiciales emitida por el Banco Agrario de Colombia se evidencia que mensualmente se ha realizado el pago de la cuota alimentaria ordinaria al ejecutante\u201d. <\/p>\n
\u201cLas restantes sumas de dinero diferentes a las cuotas alimentarias ordinarias, se constituyeron para abonar al cr\u00e9dito y ser\u00e1n entregadas una vez quede en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, si a ello hubiere lugar (\u2026)\u201d <\/p>\n
Posteriormente, preciso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Como quiera que el pagador de la entidad donde labora la demandada no ha realizado los ajustes necesarios en la n\u00f3mina de la ejecutada, se ha venido consignando a \u00f3rdenes del despacho $662.000; por tal raz\u00f3n el despacho realiza el correspondiente fraccionamiento para pagar la mesada alimentaria que asciende a $654.297 y los restantes $7.703, se abonan al cr\u00e9dito (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mar\u00eda se opuso a la prosperidad del ruego se\u00f1alando que el estrado acusado no ha vulnerado los derechos fundamentales de su menor hijo, por cuanto, en su criterio, no puede ordenar el pago de los dineros reclamados por el tutelante hasta tanto no se haya proferido sentencia y efectuado la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que es improcedente reclamar, a trav\u00e9s de este amparo, el aumento de la cuota alimentaria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Banco Agrario pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. No obstante, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) se evidencia que para el caso que nos ocupa, existen varios dep\u00f3sitos judiciales relacionados en el cuadro adjunto, algunos de ellos se encuentran con estado pendientes de pagos y constituidos a \u00f3rdenes del Juzgado 21 de Familia de Bogot\u00e1, quien para su pago deber\u00e1 determinar el beneficiario de los dep\u00f3sitos judiciales y deber\u00e1 emitir la orden de pago correspondiente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 la salvaguarda por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no se observa que haya solicitado a la juzgadora la entrega de los dineros consignados para el proceso ejecutivo, as\u00ed como tampoco ha solicitado al juzgado el aumento de la cuota de alimentos, para ser tramitada en el mismo expediente de custodia y cuidado personal donde fueron fijados los alimentos, (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al no pago de los dineros consignados al proceso por la entidad pagadora con destino a la demanda ejecutiva de alimentos, desvirtu\u00f3 la arbitrariedad alegada, aduciendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) es claro que estos a\u00fan no pueden ser entregados por cuanto no se ha proferido sentencia que resuelva las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la ejecutada y, por ende, no existe una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en firme -art. 447 C.G.P.-, por lo que no puede concluirse que debido a la no entrega de estos dineros, el juzgado haya incurrido en una conducta omisiva que vulnere derechos fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
Adicionalmente, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) No es cierto que jam\u00e1s haya reclamado ante el Despacho el pago de los t\u00edtulos depositados en la cuenta judicial a su nombre. Al contrario, siempre personalmente pasaba primero al Banco Agrario que le informaran si ya hab\u00eda llegado la autorizaci\u00f3n de pago de los t\u00edtulos consignados, pero en el Banco le manifestaban que deb\u00eda acudir al Juzgado, pues mientras la juez de conocimiento no autorice dicho pago el Banco no puede hacerlo, luego pasaba al Juzgado a averiguar la raz\u00f3n por la cual no hab\u00edan enviado la orden de pago al Banco Agrario, y siempre respond\u00edan, que hab\u00eda mucho trabajo, que no hab\u00eda llegado la contestaci\u00f3n del Banco agrario sobre t\u00edtulos depositados, que la pandemia no permit\u00eda ninguna actuaci\u00f3n al respecto y que los juzgados deben permanecer cerrados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Son dos los motivos de censura del actor. El primero, respecto al proceso de custodia y cuidado personal de su menor hijo, Jos\u00e92, espec\u00edficamente, frente al apartado de la sentencia de 19 de octubre de 2016, en el cual la juez accionada disminuy\u00f3 la cuota alimentaria a cargo de la progenitora demandada y a favor de aqu\u00e9l sin, supuestamente, contar con prueba id\u00f3nea tanto de la capacidad de la alimentante como de la necesidad del alimentario; determinaci\u00f3n que, seg\u00fan afirma se adopt\u00f3 sin la presencia de su abogado. <\/p>\n
El segundo, la presunta arbitrariedad de la juzgadora al no ordenar el pago de los dineros consignados por la entidad pagadora con destino al juicio ejecutivo de alimentos3 iniciado por el aqu\u00ed petente frente a la madre del ni\u00f1o. <\/p>\n
2. Con relaci\u00f3n a la inconformidad relativa a las posibles irregularidades acaecidas durante la audiencia de juzgamiento llevada a cabo el 16 de octubre de 2016, de entrada, se advierte la improsperidad del amparo por la desatenci\u00f3n del requisito de inmediatez, pues han transcurrido m\u00e1s de 4 a\u00f1os de desde la actuaci\u00f3n reprochada, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del interesado; lapso que supera el plazo de seis (6) meses se\u00f1alado por esta Sala como razonable para reclamar el resguardo de sus derechos. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Ahora bien, la queja tambi\u00e9n deviene impr\u00f3spera por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues, sin perjuicio de lo antes se\u00f1alado, se pone de presente al actor que la sentencia definitoria del decurso censurado no es una determinaci\u00f3n definitiva o inmutable, en tanto no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material. <\/p>\n
As\u00ed, si el accionante considera que han variado las condiciones por la cuales se fij\u00f3 la cuota alimentaria a cargo de la progenitora de su menor hijo y a favor de \u00e9ste, debe exponer esa situaci\u00f3n directamente ante la juez de conocimiento, con miras a obtener una resoluci\u00f3n judicial ajustada a esas nuevas circunstancias. <\/p>\n
Ello deja sin fundamento la pretensi\u00f3n del gestor tendiente a obtener, a trav\u00e9s de este ruego, la imposici\u00f3n de una cuota alimentaria correspondiente con las necesidades actuales del alimentario y con la capacidad real de la alimentante; pues, se itera, para el alcance de dicho prop\u00f3sito, deber\u00e1 acudir ante la juez natural exponiendo la variaci\u00f3n de las condiciones que dieron lugar a la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria ahora estimada como insuficiente. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la protecci\u00f3n invocada deviene impr\u00f3spera por su condici\u00f3n residual y subsidiaria, evento contemplado como causal de inviabilidad en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la finalidad de este resguardo no es la de convertirse en un camino m\u00e1s, paralelo a lo que son las v\u00edas (\u2026) por las que transitan las distintas controversias, en af\u00e1n de anticipar la toma de decisiones que, en principio, corresponde adoptar exclusivamente al [funcionario competente]\u201d5. <\/p>\n
Asimismo, ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el amparo no se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; as\u00ed que si el accionante no puso en marcha siquiera una sola de \u00e9stas, le est\u00e1 vedado formular de manera concomitante la presente v\u00eda, porque con ello estar\u00eda pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que \u00e9ste nunca se cre\u00f3 con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad (\u2026) para resolver el conflicto (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
3. Frente al segundo motivo de censura, el amparo tampoco se abre paso por la inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, pues, no obra prueba en el plenario de que el aqu\u00ed petente haya elevado solicitud ante el estrado accionado, requiriendo la entrega de las mensualidades generadas durante el transcurso del litigio. <\/p>\n
3.1. Al respecto, ha de considerarse que esta Sala, de anta\u00f1o, y en casos equiparables donde no se hab\u00eda emitido sentencia o, dictada la misma, no estaba aprobada la mencionada liquidaci\u00f3n, otorg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada para que se surtiera la entrega <\/p>\n
\u201c(\u2026) a favor de los \u2018menores\u2019, de los valores depositados por el obligado, por cuenta de los alimentos (\u2026), pues, \u2018son el sustento de los citados y la garant\u00eda de su m\u00ednimo vital\u2019 (Sentencias de 23 de febrero de 2009, exp. 2008-00139-01; y de 15 de marzo de 2010, exp. 2009-00278-01) (\u2026)\u201d7 (\u00e9nfasis fuera de texto). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en cuanto al suministro de los alimentos causados al interior de los asuntos ejecutivos, la Corte ha sostenido, <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien es cierto que el ejecutado propuso la \u2018excepci\u00f3n de pago\u2019 como medio para resistirse a las pretensiones de la demanda, tambi\u00e9n lo es que los \u2018menores\u2019 en menci\u00f3n deben recibir el sostenimiento econ\u00f3mico que les garantice su \u2018derecho al m\u00ednimo vital\u2019 mientras se adelanta el proceso motivo de reparo, raz\u00f3n por la cual, en el presente caso es necesario que la \u2018orden\u2019 proferida por el \u2018Juez constitucional de primera instancia\u2019 cobije la \u2018entrega\u2019 de aquellos t\u00edtulos depositados por el obligado, por cuenta de los alimentos que se causen durante el tr\u00e1mite del juicio referido, salvo que se demuestre que se han pagado, pues se reitera que \u2018efectivamente el Juzgado accionado incurri\u00f3 en una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la menor por la que se acciona, pues, sin fundamento alguno que pueda ser de recibo a la luz de la constituci\u00f3n y la ley, decidi\u00f3 negar la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales depositados por concepto de cuota alimentaria, y que tan siquiera era objeto de controversia, los cuales, se entiende, y ello no amerita mayor an\u00e1lisis, son el sustento de la ni\u00f1a y la garant\u00eda de su m\u00ednimo vital\u2019 (Sentencia de 23 de febrero de 2009, exp. 2008-00139-01) (\u2026)\u201d8 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
A lo analizado s\u00famase un amplio cat\u00e1logo normativo hoy vigente. En primer lugar, el efecto devolutivo cuando se apela una decisi\u00f3n que contiene fijaci\u00f3n de alimentos se aplica con rigor en el art\u00edculo 323 del C.G.P. Por regla general, a pesar de la existencia de sentencia estimatoria hay prohibici\u00f3n expresa para entrega de dineros, pero trat\u00e1ndose de tan importante derecho fundamental, contrariamente \u201c(\u2026) la apelaci\u00f3n no impedir\u00e1 el pago de prestaciones alimentarias impuestas en la providencia apelada, para lo cual, el juez de primera instancia conservar\u00e1 competencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La previsi\u00f3n se halla en una norma que alude a todos los procesos, como los declarativos o de condena, sin circunscribirse a los ejecutivos; de modo que a\u00fan sin existir t\u00edtulo ejecutivo podr\u00e1 ordenarse el pago de alimentos desde cuando se fijen. <\/p>\n
En segundo lugar, otro grupo de disposiciones sustentan esa filosof\u00eda proteccionista, por el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, adolescentes y a\u00fan mayores de edad con relaci\u00f3n a este tipo de prestaci\u00f3n en el art\u00edculo 397 ej\u00fasdem, texto que fija un conjunto de reglas sobre el particular, concordantes con el numeral 5 del art\u00edculo 386 del mismo C\u00f3digo, y las preceptivas especiales 129-138 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia; sin desconocer aquellas disposiciones centenarias del C\u00f3digo Civil, como la 417 que en forma bondadosa, equitativa y justa ordenan dar provisionalmente alimentos con apoyo en un fundamento plausible. <\/p>\n
3.2. Ahora, si lo pretendido es el pago de las restantes sumas de dinero diferentes a las mesadas alimentarias ordinarias, tal como lo advirti\u00f3 el tribunal, dichos rubros a\u00fan no pueden ser entregados por cuanto no se ha proferido sentencia que resuelva las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la ejecutada y, por ende, no existe una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en firme. <\/p>\n
As\u00ed lo dispone el art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 447. Entrega de dinero al ejecutante. Cuando lo embargado fuere dinero, una vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o las costas, el juez ordenar\u00e1 su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado. Si lo embargado fuere sueldo, renta o pensi\u00f3n peri\u00f3dica, se ordenar\u00e1 entregar al acreedor lo retenido, y que en lo sucesivo se le entreguen los dineros que se retengan hasta cubrir la totalidad de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196911, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb17, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb18; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Radicado n\u00b0 2015-0856. <\/p>\n
3 Radicado n\u00b0 2018-0945. <\/p>\n
4 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
5 CSJ. STC 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00436-00. <\/p>\n
6 CSJ. STC 10 de agosto de 2009 rad. 2009-00189-01, reiterada el 29 de agosto de 2011, exp. 2011-00982-01; el 12 de septiembre pasado, exp. 2012-01742-01; y el 6 de febrero de 2003, exp. 2012-02698-01. <\/p>\n
7 CSJ. STC de 21 de octubre de 2011, exp. 7600122100002011-00135-01 <\/p>\n
8 CSJ. STC 21 oct. 2011, exp. 2011-00135-01; reiterada en STC de 20 mar. 2013, exp. 2013-00018-01 y recientemente en STC5488 de 21 de abril de 2017, exp. 05001-22-10-000-2017-00068-01 <\/p>\n
9 CSJ. STC1314 de 7 febrero de 2017, rad. 2016-00695-01; reiterada en STC7622 de 14 de junio de 2018, exp. 11001-22-10-000-2018-00185-01 <\/p>\n
10 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
11 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
17 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
18 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
18 <\/p>\n
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STC288-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC288-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00580-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53166","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53166\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}