STC289-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC289-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2020-00159-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo dentro de la tutela promovida por Mar\u00eda frente al Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal y la Fiduprevisora S.A., con ocasi\u00f3n del juicio de alimentos iniciado por la aqu\u00ed petente contra Juan y en favor de sus menores hijos, Mart\u00edn y Juanita1, con radicado n.\u00b0 2011-00271-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales a la vida, dignidad humana, \u201cinter\u00e9s superior\u201d, m\u00ednimo vital e igualdad de sus menores hijos, presuntamente lesionados por los convocados <\/p>\n
2. En sustento de su queja manifiesta que, en el a\u00f1o 2011, present\u00f3 demanda de alimentos contra Juan, docente de profesi\u00f3n y padre de sus descendientes, Mart\u00edn y Juanita. <\/p>\n
Mediante oficio de 23 de mayo de 2019, el juzgado accionado, requiri\u00f3 al Tesorero Pagador de la Fiduprevisora S.A, consignar los dineros correspondientes a la liquidaci\u00f3n parcial de las cesant\u00edas a favor de la demandante en la cuenta del despacho judicial. <\/p>\n
Indica que, el 26 de septiembre de 2019 comunic\u00f3 al estrado convocado el incumplimiento de la referida obligaci\u00f3n por parte de Fiduprevisora S.A., raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 a aqu\u00e9l la expedici\u00f3n de una nueva orden de pago. <\/p>\n
Manifiesta que, aun cuando el 14 de febrero de 2020, \u201c(\u2026) present\u00f3 un nuevo escrito de requerimiento (\u2026)\u201d, la entidad accionada a\u00fan no ha efectuado el pago. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado confutado \u201c(\u2026) que en un t\u00e9rmino no menor de 48 horas ordene a quien corresponda, que se realicen todas las acciones tendientes a la realizaci\u00f3n de la consignaci\u00f3n y orden de pago de los dineros productos (sic) de la liquidaci\u00f3n y retiro parcial de las cesant\u00edas a [su] favor en la cuenta del despacho judicial N\u00b0 702152034001 por parte del TESORERO PAGADOR DE LA FIDUPREVISORA S.A, sin dilaci\u00f3n alguna (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El estrado convocado se opuso a la prosperidad del amparo, defendiendo la legalidad de su proceder. A\u00f1adi\u00f3 que en dos ocasiones ha requerido al pagador de Fiduprevisora S.A. solicitando la retenci\u00f3n de las mencionadas cesant\u00edas, raz\u00f3n por la cual la tutelante debe iniciar un incidente en contra de dicha instituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 27 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia la Familia y las Mujeres de Sincelejo, solicit\u00f3 denegar las pretensiones del tutelante respecto al juzgado accionado, pues, en su criterio, en el decurso se encuentra acreditada la negligencia de Fiduprevisora S.A. al no responder a los requerimientos elevados por aqu\u00e9l, de donde s\u00ed resultar\u00eda procedente el amparo frente al pagador. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Fiduprevisora S.A. guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 la salvaguarda por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues, para la defensa de sus intereses, la actora cuenta con la posibilidad de formular un incidente de responsabilidad solidaria frente a Fiduprevisora S.A. por el incumplimiento en los requerimientos efectuados por el juzgado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 la actora insistiendo en la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para la salvaguarda de los derechos invocados, por cuanto, en su criterio: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de responsabilidad solidaria contra el pagador dentro del proceso 2011-00271-00 REVISION DEALIMENTOS (DISMINUCION) (sic), siguiendo los derroteros del art\u00edculo 130 de la Ley 1098 de 2006 y el reenv\u00edo normativo de los art\u00edculos 127, 128, 129, 130 y 131 del C\u00f3digo General del Proceso, hoy no es procedente que el juzgado accionado adelante el tr\u00e1mite indicado en la citada norma sustantiva por cuanto la sentencia fue proferida el 16 de mayo de 2016, y estando vigente la omisi\u00f3n del Pagador de FIDUPREVISORA S.A. de girar el dinero descontado a la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario de Corozal a \u00f3rdenes del Juzgado accionado, persiste la vulneraci\u00f3n [alegada](\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La actora cuestiona al Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal y a Fiduprevisora S.A. por, supuestamente, no adelantar las gestiones necesarias para ordenar y garantizar en forma efectiva, el dep\u00f3sito judicial a favor suyo, de los dineros correspondientes a la liquidaci\u00f3n parcial de las cesant\u00edas del demandado en el aludido proceso de alimentos. <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n reprochada, de entrada, se descarta la arbitrariedad del estrado accionado, por cuanto \u00e9ste ha requerido en varias oportunidades a Fiduprevisora S.A. en aras de que proceda a efectuar la consignaci\u00f3n de las referidas prestaciones sociales de Juan, para garantizar la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria respecto de sus menores hijos, Mart\u00edn y Juanita; no obstante, la entidad pagadora ha hecho caso omiso. <\/p>\n
Ahora bien, el amparo tampoco se abre paso respecto de Fiduprevisora S.A., pues su inobservancia de las \u00f3rdenes emitidas por el juzgado confutado abre la posibilidad a la aqu\u00ed tutelante de aperturar un incidente de responsabilidad solidaria en su contra, con el fin de hacer efectivo el pago de dichas cantidades no descontadas. <\/p>\n
As\u00ed lo dispone el numeral primero del art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, concordante con el canon 129 del estatuto procesal vigente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 130. Medidas especiales para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria. Sin perjuicio de las garant\u00edas de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomar\u00e1 las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria: <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la interesada anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el funcionario competente; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las herramientas previstas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la finalidad de este resguardo no es la de convertirse en un camino m\u00e1s, paralelo a lo que son las v\u00edas (\u2026) por las que transitan las distintas controversias, en af\u00e1n de anticipar la toma de decisiones que, en principio, corresponde adoptar exclusivamente al [funcionario competente]\u201d2. <\/p>\n
Asimismo, ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el amparo no se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; as\u00ed que si el accionante no puso en marcha siquiera una sola de \u00e9stas, le est\u00e1 vedado formular de manera concomitante la presente v\u00eda, porque con ello estar\u00eda pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que \u00e9ste nunca se cre\u00f3 con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad (\u2026) para resolver el conflicto (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Resta poner de presente a la tutelante que, aun cuando en el sublite ya se emiti\u00f3 sentencia, ello no es \u00f3bice para promover el aludido incidente, por cuanto, al tratarse de un proceso de alimentos, no es una determinaci\u00f3n definitiva o inmutable, en tanto no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 CSJ. STC 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00436-00. <\/p>\n
3 CSJ. STC 10 de agosto de 2009 rad. 2009-00189-01, reiterada el 29 de agosto de 2011, exp. 2011-00982-01; el 12 de septiembre pasado, exp. 2012-01742-01; y el 6 de febrero de 2003, exp. 2012-02698-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
14 <\/p>\n
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