STC291-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC291-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00489-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la tutela promovida por Pedro contra el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de aumento de cuota alimentaria promovido por Mar\u00eda, en nombre del ni\u00f1o, Mart\u00edn1, con radicado n.\u00b0 496-2019. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
En memorial de 12 de marzo de 2020, dentro del tr\u00e1mite criticado, el referido profesional del derecho manifest\u00f3 que actuaba como agente oficioso del aqu\u00ed tutelante. <\/p>\n
En auto de 3 de julio de 2020, el juzgado accionado dispuso tener por no respondido el libelo; determinaci\u00f3n que el querellante estima arbitraria al no dar aplicabilidad al art\u00edculo 391 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
En escrito de 28 de agosto de 2020, solicit\u00f3 la ilegalidad del precitado prove\u00eddo, siendo resuelto de manera desfavorable el 28 de octubre de 2020. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado querellado decretar \u201c(\u2026) la nulidad del auto del 3 de julio de 2020, y se otorgue el t\u00e9rmino de cinco (05) [d\u00edas] para subsanar la falencia anotada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado accionado relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, precisando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [M]ediante auto adiado 03 de julio de 2020, este despacho judicial resuelve tener por no contestada la demanda de aumento de cuota alimentaria, toda vez que en la contestaci\u00f3n presentada no se aport\u00f3 el respectivo poder otorgado, as\u00ed como tampoco se enunci\u00f3 en qu\u00e9 calidad actuaba el se\u00f1or Elier Fince de Armas, pues no indic\u00f3 si fung\u00eda como apoderado judicial o como agente oficioso. Si bien es cierto lo que indica el actor en los hechos de la tutela frente al memorial presentado el d\u00eda 12 de marzo del presente a\u00f1o, no se puede desconocer que fue aportado posterior al vencimiento del t\u00e9rmino para contestar la demanda, por lo que este despacho no pudo tener por contestada la demanda, ya que de acuerdo al art\u00edculo 57 del C\u00f3digo General del Proceso, fue presentado extempor\u00e1neamente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n al encontrar incumplido el requisito de subsidiariedad, por cuanto el actor no formul\u00f3 reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo por el cual el despacho accionado tuvo por no contestada la demanda de aumento de cuota alimentaria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el actor insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada, particularmente, en que el estrado convocado incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto. A\u00f1adi\u00f3 que, contrario a lo afirmado por el tribunal, el recurso de reposici\u00f3n no resultaba un mecanismo id\u00f3neo para controvertir la decisi\u00f3n reprochada porque \u201c(\u2026) el mismo juez que neg\u00f3 el auto negando el derecho es quien tiene que resolverlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor cuestiona la providencia de 4 de julio de 2020, por el cual el juzgado accionado consider\u00f3 no contestada la demanda de aumento de cuota alimentaria promovida en su contra por Mar\u00eda, a favor de su menor hijo, Mart\u00edn; por no haber aportado el poder otorgado a Elier Fince de Armas ni precisado, oportunamente, si \u00e9ste fung\u00eda como apoderado judicial o como agente oficioso. <\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo, pues, tal como lo anot\u00f3 el a quo constitucional, no se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, por cuanto el interesado no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo censurado. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
En cuanto a la eficacia de dicho mecanismo de defensa para cuestionar decisiones adversas a los intereses de las partes, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al precisar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
3. Ha de tenerse en cuenta, adem\u00e1s, que, en varias oportunidades, esta Corporaci\u00f3n ha puesto de presente que en juicios como el aqu\u00ed reprochado no est\u00e1 prevista la posibilidad de gestionar actuaciones procesales en causa propia, esto es, sin contar con la asistencia de un abogado. <\/p>\n
Ese criterio ha sido esbozado por esta Sala en m\u00faltiples oportunidades: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a determinaci\u00f3n cuestionada, se ciment\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia, particularmente, de los art\u00edculos 63 del Estatuto Procesal Civil, 24 y 39 del Decreto 196 de 1971, en el entendido que para intervenir en esta clase de asuntos se \u2018requer\u00eda del derecho de postulaci\u00f3n\u2019 por cuanto no se encontraba dentro de \u2018las excepciones para litigar en causa propia\u2019 sin ser abogado; luego, no merece reproche desde la \u00f3ptica iusfundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre el tema, la Sala ha sostenido que \u2018(\u2026) en relaci\u00f3n con el derecho de postulaci\u00f3n exigido para el asunto como el censurado, esta Corporaci\u00f3n ha advertido que seg\u00fan la regulaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de familia, se trata de un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia \u2018por raz\u00f3n de su naturaleza, seg\u00fan el art\u00edculo 50, literal i), del Decreto 2272 de 1989, y no de \u2018m\u00ednima cuant\u00eda\u2019, como sostiene el recurrente. (\u2026) Ilustra lo dicho por esta Sala en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, al se\u00f1alar que: \u2018De all\u00ed que se explique que la intervenci\u00f3n judicial procesal se halle restringida por el estatuto de la abogac\u00eda (D. 196 de 1971) a los abogados titulados, dej\u00e1ndose excepciones que, por este car\u00e1cter, son de interpretaci\u00f3n restrictiva (\u2026) Unas de ellas se refiere al litigio \u2018en causa propia sin ser abogado inscrito\u2019, las que se limitan al derecho de petici\u00f3n y acciones p\u00fablicas, a los procesos de m\u00ednima cuant\u00eda, a la conciliaci\u00f3n y a los procesos laborales de \u00fanica instancia y actos de oposici\u00f3n (art. 28 ib\u00eddem). Porque entiende el legislador que son actuaciones que por la simplificaci\u00f3n de su tr\u00e1mite, su escaso valor o urgencia, se estima suficiente o necesario que sean la misma persona interesada la que previa evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n, pueda determinar la asunci\u00f3n de su propia defensa (\u2026) Luego, mal puede decirse que, por extensi\u00f3n, tambi\u00e9n pueda ejercerse la profesi\u00f3n (\u2026), en procesos de \u00fanica instancia ante jueces del circuito o similares (como el de familia), porque no est\u00e1 autorizado por la ley\u2019 (sentencia de 15 de febrero de 1995, radicaci\u00f3n 1986). (Sentencia de 9 de noviembre de 2011, Exp. 2011-00285)\u201d (sentencia de 18 de marzo de 2013, exp No 2013-00393-01, reiterada en fallo de 19 de noviembre de 2013 exp. No 00217-02) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Por tanto, debi\u00f3 el petente conferir poder para actuar v\u00e1lidamente en las diligencias atacadas, a un profesional del derecho, y allegar el mismo desde la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Ahora, si fue error del abogado, el no haber precisado con la r\u00e9plica al libelo que actuaba en calidad de agente oficioso del all\u00ed demandado, esa negligencia no le abre paso a este amparo, porque <\/p>\n
\u201c(\u2026) la contingente incuria de los apoderados judiciales (\u2026) en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales[.] (\u2026) [E]l derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u201d6. <\/p>\n
\u201c[Por otra parte] no se puede \u00abdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (CSJ STC, 29 ene. 2007, rad. 2006-00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Luego, no es dable acudir a esta queja excepcional para subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a su identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 391. Demanda y contestaci\u00f3n. El proceso verbal sumario se promover\u00e1 por medio de demanda que contendr\u00e1 los requisitos establecidos en el art\u00edculo 82 y siguientes. <\/p>\n
Solo se exigir\u00e1 la presentaci\u00f3n de los anexos previstos en el art\u00edculo 84 cuando el juez los considere indispensables. <\/p>\n
La demanda tambi\u00e9n podr\u00e1 presentarse verbalmente ante el secretario, caso en el cual se extender\u00e1 un acta que firmar\u00e1n este y el demandante. La demanda escrita que no cumpla con los requisitos legales, podr\u00e1 ser corregida ante el secretario mediante acta. <\/p>\n
El Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales podr\u00e1n elaborar formularios para la presentaci\u00f3n de la demanda y su contestaci\u00f3n, sin perjuicio de que las partes utilicen su propio formato. <\/p>\n
El t\u00e9rmino para contestar la demanda ser\u00e1 de diez (10) d\u00edas. Si faltare alg\u00fan requisito o documento, se ordenar\u00e1, aun verbalmente, que se subsane o que se allegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
La contestaci\u00f3n de la demanda se har\u00e1 por escrito, pero podr\u00e1 hacerse verbalmente ante el Secretario, en cuyo caso se levantar\u00e1 un acta que firmar\u00e1 este y el demandado. Con la contestaci\u00f3n deber\u00e1n aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse las pruebas que se pretenda hacer valer. Si se proponen excepciones de m\u00e9rito, se dar\u00e1 traslados de estas al demandante por tres (3) d\u00edas para que pida pruebas relacionadas con ellas. <\/p>\n
Los hechos que configuren excepciones previas deber\u00e1n ser alegados mediante recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio de la demanda. De prosperar alguna que no implique la terminaci\u00f3n del proceso, el juez adoptar\u00e1 las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar; o, si fuere el caso, conceder\u00e1 al demandante un t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos so pena de que se revoque el auto admisorio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
5 CSJ STC 29 de noviembre de 2013, exp. 25000-22-13-000-2013-00334-01, reiterada en exp. 50001-22-14-000-2016-00060-01. <\/p>\n
6 CSJ STC, 7 nov. 2013, rad. 2013-02516-00. <\/p>\n
7 CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00365-01, reiterada en CSJ STC, 19 ene. 2012, rad. 2011-01601-01, CSJ STC10177-2018 y STC6183-2020. <\/p>\n
8 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
13 <\/p>\n
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STC291-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC291-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00489-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}