STC292-2021 <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC292-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2020-03515-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Hernando Lineros Carrascal frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, integrada por los magistrados Martha Isabel Mercado Rodr\u00edguez, Alberto Rodr\u00edguez Akle y Tulia Cristina Rojas Asmar, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio declarativo n.\u00ba 2017-00349, seguido por el aqu\u00ed inicialista a Nibia de la Cruz L\u00f3pez Morales y Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez L\u00f3pez. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor requiere la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u201cpropiedad\u201d y \u201cdignidad humana\u201d, presuntamente quebrantados por las autoridades jurisdiccionales accionadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito introductor y las pruebas adosadas al plenario, se extraen como hechos soporte de la presente salvaguarda, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
El 6 de septiembre de 2017, el reclamante impetr\u00f3 demanda de simulaci\u00f3n absoluta contra Nibia de la Cruz L\u00f3pez Morales y Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez L\u00f3pez, respecto de las escrituras p\u00fablicas N\u00b0 2003 de 28 de octubre y N\u00b0 1593 de 2 de septiembre de 2015, a trav\u00e9s de las cuales la convocada enajen\u00f3 los inmuebles con matr\u00edcula 080-90009 y 226-25316, ubicados en la ciudad de Santa Marta y el municipio de Santa Ana (Magdalena), respectivamente. <\/p>\n
Como fundamento de sus pretensiones, adujo haber contribuido econ\u00f3micamente a la adquisici\u00f3n de las referidas propiedades, puestas a nombre de L\u00f3pez Morales, en el marco de la convivencia sostenida con ella, por m\u00e1s de 27 a\u00f1os, dada la existencia, en cabeza suya, de una sociedad conyugal vigente. Para soportar sus aseveraciones, aport\u00f3 copias del asunto instaurado para lograr el reconocimiento de la aludida uni\u00f3n marital y sus consecuencias patrimoniales, donde fueron denegadas sus s\u00faplicas, as\u00ed como diversos testimonios y documentos para acreditar su participaci\u00f3n en la compra de los memorados bienes ra\u00edces. <\/p>\n
Notificado, el extremo pasivo se opuso a las pretensiones, aduciendo las excepciones de \u201cinexistencia de la uni\u00f3n marital\u201d y \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u201d. <\/p>\n
El 28 de enero de 2020, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta desestim\u00f3 los pedimentos del escrito introductor, por hallar demostrada la segunda defensa esgrimida por los llamados a juicio, pues, no evidenci\u00f3 el v\u00ednculo alegado por el actor, aqu\u00ed inconforme, ni el \u201canimus contrehendi\u201d del cual se pudiera deducir la intenci\u00f3n de los contendientes \u201cde conformar una sociedad patrimonial de hecho\u201d. <\/p>\n
En desacuerdo, el accionante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El tribunal fustigado, al desatar la alzada el 12 de noviembre de 2020, ratific\u00f3 la providencia recurrida, tras advertir la existencia del fallo judicial desestimatorio, frente al reconocimiento de la instituci\u00f3n consagrada en la Ley 54 de 19901, modificada por la Ley 979 de 2005. <\/p>\n
En sentir del precursor, los estrados judiciales acusados incurrieron en un defecto f\u00e1ctico, por cuanto, sin realizar una adecuada valoraci\u00f3n al caudal probatorio allegado a las diligencias, concluyeron que no estaba acreditada su cohabitaci\u00f3n con la demandada, ni, por tanto, su legitimaci\u00f3n para develar los actos fingidos por sus contendientes, cuando el v\u00ednculo marital se desprende, con claridad, dice, de los testimonios vertidos en juicio y la denuncia penal realizada ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, donde se adelanta la respectiva investigaci\u00f3n en la actualidad. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, dejar sin efectos los pronunciamientos rese\u00f1ados y, en su lugar, ordenar al juez del circuito llamado a juicio, proferir una nueva sentencia, a trav\u00e9s de la cual se reconozca su inter\u00e9s en la acci\u00f3n de prevalencia y se proceda a resolverla de fondo. <\/p>\n
4. En mensaje de datos enviado el 15 de enero de 2021, el gestor precis\u00f3 que su \u201c[a]cci\u00f3n de tutela no se extiende a la (\u2026) Fiscal\u00eda Seccional 18 del Magdalena \u2013 Santa Marta, solo va dirigida en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito (\u2026) y [el] Tribunal Superior del [citado] Distrito Judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino del traslado concedido para contestar, guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El presente resguardo estriba en establecer si, con la providencia de 12 de noviembre de 2020, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, trasgredi\u00f3 los derechos del tutelante, al confirmar la sentencia desestimatoria proferida el 28 de enero del mismo a\u00f1o, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la citada localidad, declarando probada su falta de legitimaci\u00f3n para invocar la simulaci\u00f3n absoluta de los contratos de compraventa celebrados mediante las escrituras p\u00fablicas N\u00b0 2003 y N\u00b0 1593 de 28 de octubre y 2 de septiembre de 2015. <\/p>\n
En ese contexto, el an\u00e1lisis de esta Corte se circunscribir\u00e1 a la postura prohijada en la \u00faltima determinaci\u00f3n emitida en el decurso reprochado, pues con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea infirmado. <\/p>\n
2. No se observa desafuero en la tesis del colegiado atacado, por cuanto, revisado el fallo de segunda instancia, que ratific\u00f3 la postura del a quo, se colige una fundamentaci\u00f3n razonada, acorde con la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, las evidencias recaudadas y las alegaciones de los extremos de la lid. <\/p>\n
3. La sala tra\u00edda a juicio emprendi\u00f3 el estudio del asunto puesto a su consideraci\u00f3n, remembrando que el fallador de primer grado deneg\u00f3 los pedimentos del escrito genitor, por cuanto el querellante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para accionar, al no demostrarse la consolidaci\u00f3n de la presunta uni\u00f3n marital de hecho y su respectiva sociedad patrimonial, ni el \u00e1nimo de los contendientes de haber conformado una \u201csociedad patrimonial de hecho\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, la magistratura precis\u00f3 los reparos concretos formulados por el apelante al elevar la alzada, los cuales se circunscribieron a defender su inter\u00e9s para incoar la \u201csimulaci\u00f3n\u201d, pues su convivencia con la codemandada encontraba respaldo, seg\u00fan adujo, en los testimonios rendidos en desarrollo del juicio y los soportes de pago de parte del valor del inmueble con matr\u00edcula 080-90009. <\/p>\n
Acto seguido, memor\u00f3 los requisitos de procedibilidad de la herramienta jur\u00eddica en comento, destacando el de la legitimaci\u00f3n para actuar, concretamente, cuando quien la invoca aduce su calidad de compa\u00f1ero permanente, tema sobre el cual trajo a colaci\u00f3n la sentencia del 27 de agosto de 2002, emitida por esta Corporaci\u00f3n, al interior del expediente 6926, seg\u00fan la cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) el inter\u00e9s (\u2026) surge[], no cuando se ha disuelto la sociedad patrimonial formada en virtud de la uni\u00f3n marital de hecho, sino cuando se ha solicitado dicha disoluci\u00f3n mediante demanda y la misma se ha notificado a la parte demandada, siendo en este momento cuando se adquiere la facultad jur\u00eddica para demandar los actos celebrados, por el otro compa\u00f1ero, como presuntamente simulados. As\u00ed pues, alegar \u00fanicamente la condici\u00f3n de compa\u00f1ero permanente, como fruto de una convivencia reiterada, no confiere un derecho concreto sobre los bienes adquiridos durante el tiempo de duraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital, ni legitima para atacar por simulado el acto celebrado por el otro compa\u00f1ero (\u2026). [U]na vez disuelta la sociedad patrimonial, los compa\u00f1eros permanentes, est\u00e1n legitimados para demandar la simulaci\u00f3n de los actos celebrados por el otro. Es en aquel momento cuando el inter\u00e9s jur\u00eddico se hace evidente en este caso, porque disuelta la sociedad por cualquiera de las causas legales, se actualiza el derecho de cada uno de los compa\u00f1eros permanentes sobre los bienes sociales para la determinaci\u00f3n de los gananciales que a cada uno correspondan de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo ya se se\u00f1al\u00f3[,] para el caso de los compa\u00f1eros permanentes resulta necesario para adquirir la legitimaci\u00f3n en la pretensi\u00f3n simulatoria la acci\u00f3n directamente encaminada a la disoluci\u00f3n del r\u00e9gimen de la sociedad patrimonial y no s\u00f3lo la acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y menos a\u00fan el simple inter\u00e9s de mantener unos activos al interior de una sociedad patrimonial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se adentr\u00f3 en el examen de los elementos demostrativos arrimados al plenario, constatando la acreditaci\u00f3n del segundo medio defensivo propuesto por la pasiva para repeler las pretensiones de la demanda, por cuanto, lo alegado por el convocante para fundamentarlas, fue la defraudaci\u00f3n de la masa social edificada durante la cohabitaci\u00f3n con L\u00f3pez Morales, afirmaci\u00f3n desvirtuada por la sentenciadora del Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]\u00fan cuando el actor alude que entre \u00e9l y la demandada existi\u00f3 un v\u00ednculo marital que perdur\u00f3 por 27 a\u00f1os, y que al interior de \u00e9ste se adquirieron los inmuebles de los que reclama la declaratoria de simulaci\u00f3n de las sendas compraventas que hiciera \u00e9sta a su sobrino, al acompa\u00f1ar a la demanda certificado del Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta en el que consta que mediante sentencia de 2 de noviembre de 2016 se negaron las pretensiones de la demanda de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial y consecuente disoluci\u00f3n de \u00e9stas entre \u00e9l y la aqu\u00ed demandada, no queda otro camino que declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa, ins\u00edstase, (\u2026) el Juez de Familia, neg\u00f3 la aludida uni\u00f3n, y de contera la sociedad patrimonial, [la cual] hubiese revestido de inter\u00e9s al demandante por el posible detrimento (\u2026) ocasiona[do] a su patrimonio [con] la alzada de bienes sociales[.] [No es] dable entrar a analizar los testimonios rendidos por Joyce Segundo Yepes Reales y Jhon Freddy Su\u00e1rez Rodr\u00edguez, quienes coinciden en se\u00f1alar a la se\u00f1ora Nibia L\u00f3pez como su compa\u00f1era, pues no tienen la entidad de desconocer la decisi\u00f3n emitida por el juez competente, y tampoco resulta de recibo alegar que aport\u00f3 dinero para la compra de los bienes, pues esto, per se[,] no legitima para demandar la simulaci\u00f3n de las negociales. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]l no hallarse acreditada la legitim[aci\u00f3n] del demandante para actuar en el asunto, la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n resulta improcedente, y por consiguiente el alegato del extremo activo (\u2026) [tendiente a] quebrar la sentencia de primer nivel resulta impertinente, [al] intenta[r] tard\u00eda y desesperadamente demostrar la calidad de compa\u00f1ero permanente dentro del presente proceso [no siendo \u00e9ste (\u2026) el escenario id\u00f3neo para tal fin], pues, ins\u00edstase, la simulaci\u00f3n es un \u201cacto de prevalencia\u201d, [cuyo] objetivo [es] sacar a la luz un acto real escondido detr\u00e1s de uno aparente, para lo cual, como ha quedado claro l\u00edneas arriba, debe mediar con anterioridad a la acci\u00f3n simulatoria prueba seria y no hipot\u00e9tica del inter\u00e9s jur\u00eddico que le asiste al querellante, siendo imperativo establecer previamente, la declaratoria de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial, y su posterior disoluci\u00f3n o[,] en su defecto, acreditar que el proceso est\u00e1 en curso al incoar la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, y lo que se demostr\u00f3 (\u2026) [fue la existencia de una decisi\u00f3n adversa a tales pretensiones] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. La tesis adoptada es l\u00f3gica, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el fallador enjuiciado efectu\u00f3 una disertaci\u00f3n adecuada de los elementos probatorios y los supuestos normativos pertinentes que lo condujeron a la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, las probanzas recaudadas en el decurso cuestionado llevaban, inequ\u00edvocamente, a concluir, la falta de inter\u00e9s, serio y actual, en cabeza del all\u00ed actor, para cuestionar los negocios jur\u00eddicos celebrados entre Nibia de la Cruz L\u00f3pez Morales y Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez L\u00f3pez, pues la conformaci\u00f3n de una sociedad patrimonial derivada de la uni\u00f3n marital de hecho que el libelista dice haber sostenido con la primera, fue desestimada por la autoridad judicial ante quien se inco\u00f3 su reconocimiento, por cuanto el hoy tutelante se encontraba \u201cimpedido legalmente para contraer matrimonio\u201d. <\/p>\n
Precisamente, seg\u00fan lo asever\u00f3 el propio inicialista en su demanda de amparo, para la \u00e9poca de la presunta cohabitaci\u00f3n con su adversaria, ten\u00eda \u201cuna sociedad conyugal vigente\u201d, circunstancia por la cual \u201cautoriz[\u00f3] que [en] el contrato de compraventa deb\u00eda aparecer su compa\u00f1era permanente Nibia de la Cruz L\u00f3pez Morales (\u2026)\u201d. Tal situaci\u00f3n corrobora su falta de legitimaci\u00f3n en el asunto aqu\u00ed cuestionado, en tanto, a\u00fan de declararse la simulaci\u00f3n absoluta pretendida, no podr\u00eda reclamar el capital, seg\u00fan \u00e9l, invertido en la adquisici\u00f3n de los inmuebles perseguidos. <\/p>\n
En suma, como el demandante fund\u00f3 su legitimaci\u00f3n para cuestionar las compraventas, en la existencia de la instituci\u00f3n jur\u00eddica aludida, no hab\u00eda lugar a considerar que estaba satisfecho tal presupuesto, como pudo acreditarlo, empero, no lo hizo, de haber demandado el enriquecimiento sin causa de su contendiente, ante la inexistencia de acciones alternativas para debatir el empobrecimiento que dice haber sufrido a expensas de su excompa\u00f1era sentimental. <\/p>\n
Acerca del inter\u00e9s de quien pretende la declaratoria de simulaci\u00f3n de determinado negocio jur\u00eddico, esta Sala ha adoctrinado que <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]ebe ser cierto, serio, actual y concreto, de modo que faculte formular la pretensi\u00f3n o excepci\u00f3n en cada caso espec\u00edfico. El inter\u00e9s jur\u00eddico, serio y actual, tiene sentado, \u00ab(\u2026) no es otra cosa que la titularidad de un derecho cierto cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por el acto ostensible, que por ser fingido su declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n se reclama (G.J. CXCVI, 2\u00b0 semestre, p\u00e1g. 23)\u00bb. <\/p>\n
\u201cEl inter\u00e9s para obrar, de consiguiente, es el motivo sustancial de car\u00e1cter particular, subjetivo (no general), leg\u00edtimo (autorizado por ley), directo (para su propio provecho o del representado), real y concreto (que no sea abstracto) que mueve a una parte seriamente a presentar una pretensi\u00f3n o excepci\u00f3n al Estado para obtener una sentencia de m\u00e9rito o de fondo a su favor, asimilable propiamente con el inter\u00e9s en la pretensi\u00f3n o la excepci\u00f3n. Es el beneficio que le pueda reportar el desenlace de la controversia, por cuanto constituye esencia de la pretensi\u00f3n m\u00e1s no de la acci\u00f3n o de la contradicci\u00f3n. En el caso del demandado, hace relaci\u00f3n al m\u00f3vil para contrarrestar las pretensiones y en los terceros por aquello que en concreto motiva su intervenci\u00f3n; o como expone la doctrina acad\u00e9mica: \u00ab(\u2026) la utilidad o el perjuicio jur\u00eddico, moral o econ\u00f3mico que para el demandante y el demandado puedan representar las peticiones incoadas en la demanda y la consiguiente decisi\u00f3n que sobre ellas se adopte en la sentencia\u00bb2 (\u2026)3\u201d. <\/p>\n
5. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se negar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela invocada por Hernando Lineros Carrascal frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, integrada por los magistrados Martha Isabel Mercado Rodr\u00edguez, Alberto Rodr\u00edguez Akle y Tulia Cristina Rojas Asmar, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio declarativo n.\u00ba 2017-00349, seguido por el aqu\u00ed inicialista a Nibia de la Cruz L\u00f3pez Morales y Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez L\u00f3pez. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
3 CSJ, SC5191-2020. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC292-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC292-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2020-03515-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Hernando Lineros Carrascal frente a la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53169","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53169","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53169"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53169\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53169"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53169"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53169"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}