STC294-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC294-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00027-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Marco Tulio Puerchambud, como gobernador del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Ipiales, en nombre de \u00e9ste y en el de \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales-, con ocasi\u00f3n de la solicitud de extradici\u00f3n efectuada por los Estados Unidos de Am\u00e9rica respecto del aqu\u00ed representado. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas del agenciado al debido proceso, igualdad e identidad cultural, entre otras, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Relata el tutelante que \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda se encuentra censado como ind\u00edgena perteneciente \u201c(\u2026) al Resguardo de Ipiales, por tanto, conserva la identidad cultural y social del Pueblo de los Pastos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aduce que el se\u00f1alado \u201ccomunero\u201d fue capturado por miembros de la DIJ\u00cdN el 20 de enero de 2020, pues sobre aqu\u00e9l recae un pedido de extradici\u00f3n de la justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, en virtud de dos cargos relacionados con \u201cnarcotr\u00e1fico\u201d y \u201cconcierto para delinquir\u201d, quedando a disposici\u00f3n de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Aduce que, por lo anterior, la referida comunidad ind\u00edgena, \u201cen cumplimiento a lo ordenado por el Derecho Mayor, la Ley Natural, y en uso de sus facultades legales y Constitucionales\u201d adelant\u00f3 un procedimiento contra el aqu\u00ed agenciado, el cual culmin\u00f3 con la Resoluci\u00f3n 009 de 15 de abril pasado, donde le fueron impuestos los siguientes correctivos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a. Sanci\u00f3n en presencia de la Asamblea Ind\u00edgena con 35 azotes o latigazos. b. Encierro en uno de los cuartos de reclusi\u00f3n y sanaci\u00f3n con enfoque diferencial durante 12 a\u00f1os. c. Realizar mingas de trabajo y mingas educativas cuando el Cabildo lo autorice. d. P\u00e9rdida de derechos de representaci\u00f3n en la comunidad Ind\u00edgena de Ipiales hasta tanto cumpla su sanci\u00f3n y pena. e. P\u00e9rdida de los beneficios otorgados a los ind\u00edgenas del Resguardo de Ipiales. f. Prohibici\u00f3n en el consumo de sustancia psicoactivas o alcoh\u00f3licas. g. Realizaci\u00f3n cada 4 meses de rituales de sanaci\u00f3n y purificaci\u00f3n, que consisten en que un m\u00e9dico tradicional o cham\u00e1n, a trav\u00e9s de la ortigada, los sahumerios, las sopladas y los secretismos, el ind\u00edgena \u00c1lvaro Leones Ordo\u00f1ez Garc\u00eda cambie su forma de pensar y actuar, reconociendo que las faltas cometidas no se vuelvan a repetir. h. Sometimiento a seguimiento y verificaci\u00f3n del cumplimiento de la sanci\u00f3n durante el tiempo de la pena. i. Mantener buen comportamiento y acatar las \u00f3rdenes del Cabildo como la de los Guardias Ind\u00edgenas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sostiene que el cabildo elev\u00f3 solicitud formal a la Sala de Casaci\u00f3n Penal con la finalidad de obtener la entrega del mencionado \u201ccomunero\u201d para el cumplimiento de las sanciones impuestas por la jurisdicci\u00f3n especial; sin embargo, dicha corporaci\u00f3n inform\u00f3 que el detenido deb\u00eda permanecer a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Afirma que insisti\u00f3 en dicho pedimento ante el mencionado ente investigativo, quien le inform\u00f3: <\/p>\n
\u201c[N]o es posible dejar a disposici\u00f3n del cabildo ind\u00edgena al ciudadano [Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda], hasta tanto no exista pronunciamiento de fondo del Gobierno Nacional que defina si se concede o niega el pedido de extradici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Alega que el comentado tr\u00e1mite vulnera los derechos fundamentales del agenciado, pues no se le ha respetado el \u201cfuero especial ind\u00edgena\u201d del cual goza y, de ser extraditado, el Estado Colombiano \u201cestar\u00eda atentando contra la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por no proteger su diversidad \u00e9tnica y cultural\u201d. <\/p>\n
Manifiesta haber obtenido el \u201cconsentimiento\u201d por escrito del representado para impetrar el presente ruego y agenciar sus prerrogativas supralegales. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende: i) ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal emitir concepto desfavorable ante la solicitud de extradici\u00f3n del ind\u00edgena \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez, y ii) exigir a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u201cremitir el expediente\u201d del mencionado \u201ccomunero\u201d al Resguardo de Ipiales para dar cumplimiento a las penas impuestas en la jurisdicci\u00f3n especial. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El ente investigativo fustigado manifest\u00f3 haber remitido el asunto a la Corte Suprema de Justicia para que se emita el respectivo concepto sobre el pedido de extradici\u00f3n reprochado por el quejoso. <\/p>\n
2. La corporaci\u00f3n querellada adujo que el 18 de enero de 2021, dentro del asunto bajo estudio, se dispuso el cierre del debate probatorio y el consecuente traslado a los intervinientes para presentar alegatos de conclusi\u00f3n conforme al art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004, por tanto, el detenido puede acudir al tr\u00e1mite adelantado en su contra para debatir la presenta vulneraci\u00f3n de derechos alegada en este ruego. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuesti\u00f3n Preliminar <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]os derechos de las comunidades ind\u00edgenas pueden ser defendidos por sus dirigentes o sus miembros, pues estos \u201cgozan de legitimidad para reclamar en sede de tutela la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los cuales goza su comunidad. As\u00ed mismo ha admitido que pueden hacerlo las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y la Defensor\u00eda del Pueblo\u201d, e incluso terceros, cuando los hechos as\u00ed lo demanden\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese sentido, con mayor raz\u00f3n cuando la acci\u00f3n de tutela es interpuesta por las propias autoridades de la comunidad ind\u00edgena se tiene legitimaci\u00f3n por activa para interponer la acci\u00f3n de tutela a favor de sus propios miembros, toda vez que un presunto desconocimiento del fuero y de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, atenta no solo contra los derechos y garant\u00edas establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos ind\u00edgenas, sino tambi\u00e9n contra las garant\u00edas consagradas a favor de las comunidades ind\u00edgenas como colectividades reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d1. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron los derechos supralegales de \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda con el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n adelantando en su contra por el requerimiento de la justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
3. Se extrae el fracaso del auxilio impetrado, dado que la actuaci\u00f3n criticada a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, pues la Sala de Casaci\u00f3n Penal debe emitir el concepto de extradici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 599 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal2, el cual, de llegar a ser desfavorable, obligar\u00e1 al Gobierno Nacional a negar el requerimiento impetrado por el Estado extranjero, seg\u00fan el canon 501 ib\u00eddem3. <\/p>\n
Con todo, si el concepto es favorable, ser\u00e1 el presidente de la Rep\u00fablica quien, en \u00faltimas, determinar\u00e1 si acepta o no la extradici\u00f3n del agenciado, como lo se\u00f1ala la segunda de las citadas normas, decisi\u00f3n que podr\u00eda ser atacada a trav\u00e9s del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en la regla 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ante la jurisdicci\u00f3n de esa especialidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, pues no puede arrogarse facultades que no le son propias. <\/p>\n
En ese orden, el auxilio resulta prematuro porque, como qued\u00f3 visto, el asunto que impulsa al gestor a hacer uso de este amparo est\u00e1 todav\u00eda a la espera de ser solucionado. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7 impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Marco Tulio Puerchambud, como gobernador del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Ipiales, en nombre de \u00e9ste y en el de \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales-, con ocasi\u00f3n de la solicitud de extradici\u00f3n efectuada por los Estados Unidos de Am\u00e9rica respecto del aqu\u00ed representado. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Corte Constitucional, sentencia T-866 de 27 de noviembre de 2013 <\/p>\n
3 Art\u00edculo 501. \u201cEl concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligar\u00e1 al gobierno; pero si fuere favorable a la extradici\u00f3n, lo dejar\u00e1 en libertad de obrar seg\u00fan las conveniencias nacionales\u201d. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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