STC296-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC296-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00051-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la salvaguarda incoada por Efra\u00edn Tirado Bedoya frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad; extensiva a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada al aqu\u00ed quejoso por el delito de \u201ccohecho por dar u ofrecer\u201d, el incidente de desacato y el resguardo promovidos por el actor frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del auxilio demanda la protecci\u00f3n de los derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y debido proceso (principios de favorabilidad y legalidad), presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medell\u00edn, mediante fallo de 10 de julio de 2019, conden\u00f3 al reclamante, a la pena principal de 60 meses de prisi\u00f3n, por el punible de \u201ccohecho por dar u ofrecer\u201d, negando la concesi\u00f3n de cualquier subrogado penal. <\/p>\n
Contra la determinaci\u00f3n antes referenciada, el aqu\u00ed gestor interpuso apelaci\u00f3n, censura resuelta, adversamente, en providencia de 22 de mayo de 2020, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de dicha ciudad. <\/p>\n
Estando en tr\u00e1mite la alzada, el precursor solicit\u00f3 al despacho de primera instancia que, en atenci\u00f3n al \u201cprincipio de favorabilidad\u201d, se aplique el \u201cart\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000\u201d1 y, en consecuencia, se conceda su excarcelaci\u00f3n hasta tanto la sentencia proferida en su contra se encuentre debidamente ejecutoriada, pedimento desestimado en prove\u00eddo de 17 de febrero de 2020, ratificado por la corporaci\u00f3n fustigada el 28 de abril siguiente. <\/p>\n
Al estimar vulneradas sus prerrogativas superlativas a la igualdad y debido proceso, el actor present\u00f3 ruego similar, controvirtiendo la negativa de los falladores de instancia a permitirle permanecer en libertad hasta la resoluci\u00f3n definitiva de la causa penal adelantada en su contra, tal como ocurre en el caso de exfuncionarios de la Sala de Casaci\u00f3n hoy recriminada. <\/p>\n
La hom\u00f3loga penal deneg\u00f3 el amparo, en pronunciamiento de 26 de mayo de 2020, al encontrarlo improcedente, en tanto, el decurso criminal se encuentra en curso, siendo ese el escenario id\u00f3neo para dirimir asuntos como el rebatido. La decisi\u00f3n fue impugnada por el interesado. <\/p>\n
El 30 de julio posterior, esta Sala revoc\u00f3 la sentencia del a quo constitucional para, en su lugar, acceder al ruego del tutelante, ante la falta de motivaci\u00f3n del prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual el tribunal vinculado neg\u00f3 la petici\u00f3n de libertad del procesado, pues no hizo alusi\u00f3n alguna al principio de favorabilidad invocado. <\/p>\n
El 5 de agosto de 2020, la se\u00f1alada colegiatura reiter\u00f3 su postura adversa frente al pedimento del investigado, por cuanto, en su caso, no estaban satisfechas las exigencias de la norma cuya aplicaci\u00f3n ultraactiva deprecaba, pues \u00e9l hab\u00eda sido cobijado con medida de aseguramiento durante la fase previa al juicio. <\/p>\n
El inconforme present\u00f3 incidente de desacato frente al memorado tribunal, aduciendo el desobedecimiento a la protecci\u00f3n otorgada en su favor por esta Sala. Para soportar su postura, aleg\u00f3 la falsedad de la premisa f\u00e1ctica con base en la cual fue desechado el estudio de fondo, del principio de favorabilidad, pues en ning\u00fan momento fue afectado con medidas cautelares personales como la mencionada por la sede judicial all\u00e1 censurada. <\/p>\n
El 20 de agosto de 2020, la hom\u00f3loga penal dispuso requerir a la colegiatura recriminada. Ante la afirmaci\u00f3n de haber acatado el amparo con la expedici\u00f3n del interlocutorio de 5 de agosto de 2020, en prove\u00eddo de 7 de septiembre del mismo a\u00f1o, la autoridad aqu\u00ed enjuiciada, dispuso abrir, formalmente, el tr\u00e1mite en comento. <\/p>\n
El 18 de noviembre de 2020, el incidentado emiti\u00f3 un nuevo pronunciamiento para dirimir el asunto materia de debate, concediendo, esta vez, la libertad provisional reclamada por el procesado, aqu\u00ed impulsor, en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n
En decisi\u00f3n de 9 de diciembre de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Penal se abstuvo de imponer sanci\u00f3n a la sede judicial accionada, por encontrar satisfecha la orden de tutela dictada por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
El 12 de noviembre de 2020, el promotor, quien se encontraba recluido en el Establecimiento Carcelario de La Paz de Itagu\u00ed (Antioquia), redact\u00f3 una nueva queja, por considerar transgredidos sus derechos supralegales con la demora en el adelantamiento de la \u00faltima herramienta jur\u00eddica promovida para lograr su excarcelaci\u00f3n, dado que, ante la \u201cburla\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn frente al resguardo inicialmente concedido, nada hac\u00eda la Sala de Casaci\u00f3n Penal enjuiciada para conjurarla2. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, definir <\/p>\n
\u201c(\u2026) de fondo si es o no procedente restablecer [su] estado de libertad bajo la aplicaci\u00f3n (\u2026) de los principios de favorabilidad e igualdad[,] hasta tanto se verifique la eventual e incierta ejecutoria del fallo condenatorio que en la actualidad est\u00e1 surtiendo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn alleg\u00f3 copia, entre otras, de la decisi\u00f3n emitida el pasado 18 de noviembre de 2020, con el fin de cumplir la \u201c(\u2026) tutela CSJ STC4969-2020 (\u2026)\u201d, mediante la cual reconsider\u00f3 su postura inicial y dispuso otorgar la libertad provisional al aqu\u00ed impulsor, por encontrar viable la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000 en su favor. <\/p>\n
2. La hom\u00f3loga penal afirm\u00f3 haber finiquitado la controversia en providencia de 9 de diciembre de 2020, sin imponer sanci\u00f3n a la incidentada, pues esa autoridad acredit\u00f3 haber resuelto, en derecho, la impugnaci\u00f3n interpuesta por el libelista, otorg\u00e1ndole la anhelada excarcelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con id\u00e9ntica finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones la Sala, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
2. Excepcionalmente, se abrir\u00eda paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la prosperidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
3. Examinado el reparo, se colige que el precursor censura la tardanza de la autoridad accionada en resolver el tr\u00e1mite incidental en comento, lo cual habilita el estudio de fondo de la salvaguarda, pues, con ella, no se pretende controvertir lo decidido en ese asunto, sino, todo lo contrario, la falta de impulso procesal y definici\u00f3n del instrumento constitucional accesorio. <\/p>\n
4. Respecto de las situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a esta especial protecci\u00f3n, esta Corte ha sostenido la procedencia del auxilio si su explicaci\u00f3n no es v\u00e1lida, es decir, cuando <\/p>\n
\u201c(\u2026) aquellas (\u2026) denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEntender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los per\u00edodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. [Pol.]), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso (\u2026)\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cOtro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00) (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
5. La salvaguarda invocada, no prospera por carencia actual de objeto. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto revisadas las pruebas aqu\u00ed adosadas se advierte que, con posterioridad a la presentaci\u00f3n de este ruego -13 de noviembre de 2020-, en mensaje de datos allegado a esta Corporaci\u00f3n el 22 de enero de 2021, la magistratura fustigada acredit\u00f3 haber proferido el auto mediante el cual resolvi\u00f3 de fondo el incidente de desacato promovido contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medell\u00edn, quien, a su vez, demostr\u00f3 haber dado cumplimiento al fallo de tutela dictado por esta Sala el pasado 30 de julio de 2020, tal como lo exig\u00eda el gestor. <\/p>\n
En efecto, el 9 de diciembre de 2020, la colegiatura aqu\u00ed recriminada, decidi\u00f3 no sancionar a la citada sede judicial, pues, en providencia de 18 de noviembre de 2020, \u00e9sta volvi\u00f3 a desatar el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por el all\u00e1 procesado y, tras analizar la viabilidad de aplicar el principio de favorabilidad deprecado, decidi\u00f3 otorgar la libertad provisional al reclamante. <\/p>\n
Bajo el panorama descrito, se disipan los supuestos f\u00e1cticos sobre los cuales el impulsor encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, al haberse surtido la fase procesal reclamada. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(…) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Los argumentos glosados son suficientes para desestimar el resguardo deprecado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Efra\u00edn Tirado Bedoya, frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada al aqu\u00ed quejoso por el delito de \u201ccohecho por dar u ofrecer\u201d, el incidente de desacato y el resguardo promovido por el actor frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Art\u00edculo 188. \u201cLas providencias relativas a la libertad y detenci\u00f3n, y las que ordenan medidas preventivas, se cumplir\u00e1n de inmediato\u201d. <\/p>\n
\u201cSi se niega la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, la captura s\u00f3lo podr\u00e1 ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la actuaci\u00f3n procesal se hubiere proferido medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva\u201d. <\/p>\n
2 El asunto fue repartido el 17 de noviembre a la corporaci\u00f3n criticada, quien orden\u00f3 remitirla a esta Sala, mediante auto del 20 posterior y el 13 de enero de 2021, fue asignada a este despacho. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
4 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
5 \u00cddem. <\/p>\n
6 CSJ. STC de 3 de julio de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01337-00; ratificada el 25 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02061-00. <\/p>\n
7 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
8 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
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STC296-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC296-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00051-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la salvaguarda incoada por Efra\u00edn Tirado Bedoya frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53171","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53171","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53171"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53171\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53171"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53171"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53171"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}