STC300-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
STC300-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00057-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Mar\u00eda Eugenia Berm\u00fadez Cala a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados Ram\u00f3n Alberto Figueroa Acosta, Jos\u00e9 Mauricio Mar\u00edn Mora y Neyla Trinidad Ortiz Ribero, con ocasi\u00f3n del juicio verbal de terminaci\u00f3n de contrato comercial con radicado n\u00b02018-00161-01, incoado por la gestora contra Espumas Pl\u00e1sticas S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La promotora aduce que, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio Dormi Sue\u00f1os, a partir del 2007 ofert\u00f3 productos de Espumas Pl\u00e1sticas S.A. en su l\u00ednea \u201ccomod\u00edsimos\u201d de colchones, somieres, almohadas, lencer\u00eda entre otros. <\/p>\n
Los contornos del negocio se \u201c(\u2026) expresa[ban] en la venta, reventa [de esos bienes] (\u2026) [los cuales] eran [fabricados] directamente [por] Espumas Pl\u00e1sticas S.A. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, la suplicante aduce que, por su propia cuenta, promocionaba los productos en beneficio de esa compa\u00f1\u00eda, \u201c(\u2026) de modo que las actividades econ\u00f3micas [que] realiz[\u00f3] en ejercicio del encargo, repercutieron directamente en el patrimonio de [la mencionada empresa] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asevera la reclamante que, en forma verbal, acord\u00f3 con esa firma la promoci\u00f3n de los \u201ccolchones comod\u00edsimos\u201d, labor ejecutada de manera independiente y con la facultad de celebrar contratos en nombre de Espumas Pl\u00e1sticas S.A. <\/p>\n
La actora indica que posicion\u00f3 la marca de la compa\u00f1\u00eda en Bucaramanga y en Santander, labor desplegada con asesoramiento de esa sociedad para la publicidad y venta de sus productos. <\/p>\n
En 2014, Espumas Pl\u00e1sticas S.A. arrib\u00f3 a la mencionada ciudad, abriendo sus propias tiendas para ofertar similares productos a los comercializados por la precursora. <\/p>\n
La enunciada circunstancia, seg\u00fan predica la censora, aconteci\u00f3 \u201cinesperada[mente]\u201d y, ello, alega, le caus\u00f3 p\u00e9rdidas, al punto que se vio \u201cforzada\u201d a cerrar su establecimiento de comercio. <\/p>\n
Por tal motivo, la accionante demand\u00f3 a Espumas Pl\u00e1sticas S.A. ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, con el prop\u00f3sito de obtener la declaratoria de (i) la existencia de un contrato de agencia comercial; (ii) su incumplimiento de parte de esa sociedad por competencia desleal; y (iii) la terminaci\u00f3n de esa convenci\u00f3n por causa imputable a esa compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
De manera subsidiaria a esas pretensiones, la petente deprec\u00f3 el reconocimiento de (i) un pacto de suministro; (ii) su inobservancia en virtud de pr\u00e1cticas de competencia desleal atribuibles a esa firma; (iii) la culminaci\u00f3n del acuerdo de voluntades; y (iv) los resarcimientos derivados de la conducta de dicha empresa. <\/p>\n
Mediante sentencia de 31 de julio de 2019, el aludido estrado del circuito deneg\u00f3 los pedimentos de la querellante. <\/p>\n
Inconforme con lo as\u00ed prove\u00eddo, aqu\u00e9lla impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal confutado, quien, el 24 de septiembre de 2020, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n protestada porque, de un lado, no se acredit\u00f3 la agencia comercial invocada y, de otro, aun cuando se evidenci\u00f3 el contrato de suministro, seg\u00fan expuso esa autoridad, no se probaron los actos desleales endilgados a Espumas Pl\u00e1sticas S.A. y, en esa medida, no pod\u00edan concederse los perjuicios rogados. <\/p>\n
Para la quejosa el mencionado fallo lesion\u00f3 sus garant\u00edas, por cuanto, pese a declarar la prosperidad de su pedimento suplementario, en cuanto a la existencia del \u201cpacto de suministro\u201d, la conden\u00f3 en costas; adem\u00e1s, no dio por demostrada, est\u00e1ndola, la competencia desleal de la sociedad encausada, como tampoco el da\u00f1o padecido y resarcimiento econ\u00f3mico, derivados de esa conducta. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la determinaci\u00f3n de la corporaci\u00f3n refutada y, en su lugar, ordenar declarar la prosperidad de todas las pretensiones subsidiarias e, igualmente, disponer exonerarla de cancelar los gatos del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. La corporaci\u00f3n recriminada y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, defendieron, por separado, la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si el tribunal atacado conculc\u00f3 las prerrogativas superlativas de la accionante, al ratificar lo prove\u00eddo por el a quo, pese a advertir la existencia de un contrato de suministro deprecado como pedimento subsidiario, sin derivar los perjuicios aducidos por competencia desleal y, adem\u00e1s, al haber emitido condena en costas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En la sentencia de 24 de septiembre de 2020, el ad quem confutado se\u00f1al\u00f3 que, en el caso, no se daba la agencia comercial implorada como pedimento principal, en tanto la actora operaba de manera independiente respecto a la empresa Espumas Pl\u00e1sticas S.A. y, esta \u00faltima no participaba de las ganancias ni p\u00e9rdidas por la actividad de la gestora y, tampoco estaba obligada a remunerarla. <\/p>\n
Lo antelado, seg\u00fan se adujo en la decisi\u00f3n cuestionada, por cuanto estaba demostrado que la compa\u00f1\u00eda enajenaba sus productos a la promotora a un menor precio y, aqu\u00e9lla, por su lado, los vend\u00eda a un mayor valor, siendo esa diferencia las ganancias para la tutelante. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, as\u00ed discurri\u00f3 la corporaci\u00f3n reprochada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El contorno que identifica a la agencia mercantil de otros negocios de intermediaci\u00f3n, es que la actividad que realiza el agente, redunda en favor del empresario [agenciado,] quien por ese hecho hace suya las consecuencias ben\u00e9ficas o adversas que generan tales operaciones [del agente] (\u2026) los efectos econ\u00f3micos de esa gesti\u00f3n (\u2026) repercuten directamente en el patrimonio del agenciado vi\u00e9ndose favorecido o afectado por los resultados que arroje [el agente,] adem\u00e1s que la clientela pasa a ser [del empresario agenciado] (\u2026), mientras que por su labores (\u2026) el agente recibe una remuneraci\u00f3n preestablecida [sin importar el \u00e9xito o fracaso de su gesti\u00f3n, lo cual no descarta el recibo adicional de beneficios por el car\u00e1cter positivo en el \u00e9xito de la agencia en favor del empresario] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En esa direcci\u00f3n, la prueba recaudada ciertamente da un remanente desafortunado para las aspiraciones de la demandante (\u2026), en efecto la [tutelante] al absolver el interrogatorio de parte (\u2026) [se\u00f1al\u00f3] que: \u201cla reventa de colchones era mi ganancia\u201d, lo cual supone dos (2) contratos de la misma naturaleza \u00edntimamente relacionados pero independientes; uno, una compraventa realizada con su proveedor, en este caso Espumas S.A., de \u201ccolchones comod\u00edsimos\u201d por un determinado precio y, otr[o,] dos, la [venta] que ella realizaba de los mismos colchones (\u2026) a terceras personas, bajo su propia cuenta y riesgo, lo cual implicaba un mayor de venta al de adquisici\u00f3n, esa era su ganancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora bien, si ella se aplic\u00f3 a realizar labores para ampliar el volumen de ventas que le amerit\u00f3 reconocimiento de la demandada, no fue por ampliar o conquistar mercados a favor de la demandada, sino su propio negocio que, desde luego no se discute que, por rebote, beneficiaba a su proveedor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Por su parte] el representante legal de la [sociedad convocada] en [su] interrogatorio [manifest\u00f3] que el ingreso de la empresa [deviene de enajenarle] al distribuidor m\u00e1s barato, para que \u00e9l, al vender, pueda ganar (\u2026). As\u00ed, [se descarta la agencia comercial] porque en caso de perdida la empresa no asum\u00eda ninguna (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ara la [actora] era claro que la relaci\u00f3n entre [la encausada y ella, derivaba de la compraventa de Colchones Comod\u00edsimos, destinados a la reventa (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Con todo, el colegiado fustigado destac\u00f3 que s\u00ed se daban los presupuestos para configurar un pacto de distribuci\u00f3n comercial, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) de los interrogatorios de parte rendidos por la [suplicante] y [el representante de la firma encausada,] se desprende que efectivamente existi\u00f3 un contrato de distribuci\u00f3n de Colchones Comod\u00edsimos que deb\u00eda ejecutarse en Bucaramanga y su \u00e1rea de influencia, en donde aqu\u00e9lla compraba los colchones y los revend\u00eda siendo la ganancia para la distribuidora [ac\u00e1 accionante] la diferencia de precio entre la adquisici\u00f3n de los mismos y la colocaci\u00f3n final a su propia clientela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aun cuando lo rese\u00f1ado no es objeto ataque por parte de la suplicante y, si bien la Sala no encuentra reparos en las premisas de la decisi\u00f3n criticada, conviene se\u00f1alar, a prop\u00f3sito de la tem\u00e1tica, las diferencias establecidas por la Corte entre el contrato de agencia comercial y el de distribuci\u00f3n, sobre los cuales ha adoctrinado lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l contrato de agencia, desarrollado en los art\u00edculos 1317 a 1331, ib\u00eddem, es uno de las modalidades de interacci\u00f3n empresarial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Mediante su concurso, un comerciante asume en forma independiente y estable, el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios de sus productos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 5.4.1. Los requisitos de permanencia e independencia, implican que el agente, para dichos prop\u00f3sitos, es due\u00f1o de una empresa organizada, distinta a la establecida por el agenciado a efectos de sortear los procesos fabril o mercantil. En el manejo de una y otra industria, por tanto, entre los intermediarios y los empresarios no puede haber interferencias o intromisiones rec\u00edprocas de ninguna \u00edndole (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En palabras de esta Corte, \u00ab[e]n el lenguaje jur\u00eddico actual, solo puede entenderse como agente (\u2026) al comerciante que dirige su propia organizaci\u00f3n, sin subordinaci\u00f3n o dependencia de otro (\u2026)\u00bb2. Esto explica, seg\u00fan en otra ocasi\u00f3n se se\u00f1al\u00f3, \u00ab(\u2026) la exigencia de la estabilidad de la relaci\u00f3n contractual, as\u00ed como la independencia o autonom\u00eda del agente, que con su propia organizaci\u00f3n, desempe\u00f1a una actividad encaminada a conquistar clientela, conservar la existente, ampliar o reconquistar un mercado, en beneficio de otro comerciante, que le ha encargado (\u2026) el desempe\u00f1o de esa labor\u00bb3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La autonom\u00eda empresarial del agente, sin embargo, no puede confundirse con el ejercicio del \u00abencargo\u00bb, porque en \u00e9ste, al actuarse ante el p\u00fablico consumidor por cuenta y en nombre de otro, es apenas natural que el agenciado deba estar atento del desarrollo de la actividad. Al fin de cuentas, el empresario es quien asume los riesgos econ\u00f3micos, con incidencia en su patrimonio, verbi gratia, la p\u00e9rdida o da\u00f1os de los productos, o las bajas de los precios (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En sentir de la doctrina, \u00ab[e]l agente no es (\u2026) totalmente libre de fijar la manera de hacer la distribuci\u00f3n y la propaganda, sin consultar con el empresario, porque ello toca con el propio inter\u00e9s de \u00e9ste. En efecto, no puede fijar precios, preferir o excluir ciertos sectores o grupos de clientes, ni realizar la propaganda a su antojo, a menos que no tenga especiales instrucciones del empresario, quien puede darlas en cualquier tiempo y exigir modificaciones\u00bb4 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para la Corte, la independencia y autonom\u00eda \u00abno significa que el agente no deba ce\u00f1irse a las instrucciones que le haya impartido el empresario por cuya cuenta obra y, por ende, a coordinar con \u00e9ste las actividades de promoci\u00f3n que desarrolle, como quiera que se trata de una labor de respaldo o apoyo a una actividad que a los dos beneficia\u00bb5 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En esa l\u00ednea, seg\u00fan recientemente adoctrin\u00f3, \u00ab(\u2026) el empresario no es del todo ajeno a la forma como se lleva a cabo la promoci\u00f3n de sus mercanc\u00edas, pudiendo hacer sugerencias y recomendaciones, que deber\u00e1 tomar en cuenta el agente, para un adecuado mercadeo, m\u00e1xime cuando el productor o comerciante a mayor escala es quien conoce las virtudes, ventajas y riesgos del bien ofertado en el medio, con mayor raz\u00f3n si de ello dependen las consecuencias econ\u00f3micas adversas o favorables que asume\u00bb6 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La intervenci\u00f3n del empresario en la ejecuci\u00f3n del objeto jur\u00eddico de la agencia comercial, esto es, en el encargo de promover o explotar negocios ajenos y dentro de una zona prefijada, y no en la organizaci\u00f3n empresarial del agente, tambi\u00e9n tiene su raz\u00f3n de ser, en que aqu\u00e9l, es quien a la postre se desprende de precisas facultades o potestades (art\u00edculo 1320 del C\u00f3digo de Comercio) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esa injerencia igualmente abreva, seg\u00fan el art\u00edculo 1321, ib\u00eddem, en los correlativos derechos del productor de bienes y servicios de velar porque su representante cumpla las labores confiadas, y en la obligaci\u00f3n que \u00e9ste tiene de informar a aqu\u00e9l las condiciones del negocio en el territorio asignado y en cuanto sean \u00fatiles al empresario para valorar la conveniencia de continuar en el mercado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 5.4.2. Frente a las caracter\u00edsticas de estable y duradero, el encargo conlleva que sea remunerado, pues conforme al art\u00edculo 1323 del C\u00f3digo de Comercio, al agente corresponde, en l\u00ednea de principio, dada su autonom\u00eda e independencia empresarial, asumir el costo de la distribuci\u00f3n y los gastos de la agencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Seg\u00fan el canon 1324, ib\u00eddem, la remuneraci\u00f3n del agente se deriva de la \u00abcomisi\u00f3n, regal\u00eda o utilidad\u00bb pactada; y de acuerdo con al precepto 1322, ej\u00fasdem, siempre estar\u00e1 a cargo del empresario, as\u00ed \u00e9ste ejecute en forma directa el negocio en el territorio asignado o resulte fallido por un hecho suyo, o desistido de com\u00fan acuerdo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los criterios anotados carecen de definici\u00f3n legal y sus significados gramaticales, al decir del Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola7, son dis\u00edmiles. Comisi\u00f3n, es el \u00abporcentaje que percibe un agente sobre el producto de una venta o negocio\u00bb; regal\u00eda, es la \u00abparticipaci\u00f3n en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo\u00bb; y utilidad, es el \u00abprovecho, conveniencia, inter\u00e9s o fruto que se saca de algo\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En consecuencia, la comisi\u00f3n debe concebirse como cualquier rubro que perciba el agente en retribuci\u00f3n por la actividad de promocionar o explotar negocios de terceros; y la utilidad, en la perspectiva de inter\u00e9s o fruto, comprende un \u00abtanto por ciento\u00bb de las ganancias obtenidas, por supuesto, una vez deducidos como expensas todos los gastos de la operaci\u00f3n (art\u00edculo 1323, citado) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La regal\u00eda, en cambio, al asociarse el concepto con el pago a un propietario de un derecho por el permiso que concede a otro para su disfrute, pugnar\u00eda, en l\u00ednea de principio, con la agencia comercial, pues el agente no es quien retribuye al empresario, sino viceversa, salvo que \u00e9ste, como due\u00f1o del derecho dado para su explotaci\u00f3n, entregue a aqu\u00e9l parte de dicha regal\u00eda en contraprestaci\u00f3n por la gesti\u00f3n de promoci\u00f3n que hace del mismo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ll\u00e1mese comisi\u00f3n, utilidad o regal\u00eda, la retribuci\u00f3n puede revestir distintas modalidades. Lo importante es que tenga el alcance de remunerar las actividades que el agente realiza por cuenta y a nombre de un empresario, bien mediante el pago de una cantidad fija o variable, ora representada en un porcentaje de las utilidades o regal\u00edas del negocio, ya combinando una y otra forma (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 5.4.3. En s\u00edntesis, la agencia comercial: (i) es una forma de intermediaci\u00f3n; (ii) el agente tiene su propia empresa y la dirige aut\u00f3nomamente; (iii) la actividad del agente [s]e encamina a promover o explotar los negocios de un empresario en un territorio determinado; iv) la intervenci\u00f3n del agenciado en la ejecuci\u00f3n del encargo encomendado es apenas natural; v) el desempe\u00f1o de la labor exige permanencia y estabilidad; y (v) el gestor tiene derecho a una remuneraci\u00f3n (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
En cuanto al contrato de distribuci\u00f3n, en la sentencia precitada, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 5.5. No hay duda, algunos distribuidores pueden ser agentes; sin embargo, no todos pueden considerarse agentes, independientemente de que se identifiquen con algunos de los rasgos caracter\u00edsticos de la agencia comercial; por ejemplo, los comerciantes que adquieren bienes o servicios para revenderlos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En palabras de la Sala, \u00ab(\u2026) cuando un comerciante difunde un producto comprado para el mismo revenderlo, o, en su caso, promueve la b\u00fasqueda de clientes a quienes revenderles los objetos que se distribuyen, lo hace para promover y explotar un negocio que le es propio, o sea, el de la reventa mencionada; pero tal actividad no obedece, ni tiene la intenci\u00f3n de promover o explotar negocios por cuenta del empresario que le suministra los bienes, aunque, sin lugar a dudas, este \u00faltimo se beneficie de la llegada del producto al consumidor final (\u2026)\u00bb9. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Un simple distribuidor, al actuar en causa propia, es distinto del agente, porque debe asumir todas las contingencias de la operaci\u00f3n, por ejemplo, la p\u00e9rdida o el deterioro de las mercanc\u00edas, el no pago de ellas, la insolvencia o iliquidez de los clientes, o la inestabilidad de los precios en el mercado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La contraprestaci\u00f3n de la actividad es otro de los elementos que distancian al revendedor en una agencia, pues los distribuidores no la derivan del empresario, sino que, por s\u00ed, la amasan y construyen, sacando provecho de la diferencia de precios entre las operaciones de compra y de reventa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Igual que en la agencia, la simple distribuci\u00f3n tampoco excluye la intervenci\u00f3n de los empresarios en actividades de cooperaci\u00f3n, como publicidad (avisos en locales, camisetas, regalos, etc.), y mercadeo (incentivos, garant\u00edas, en fin), entre otras; o en materia de restricciones, imponi\u00e9ndolas, verbi gratia, para salvaguardar la notoriedad de la marca o del producto y los dem\u00e1s derechos materiales e intangibles comprometidos en la distribuci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese marco, las orientaciones de los empresarios seg\u00fan la doctrina, \u00ab(\u2026) pueden comprender la disminuci\u00f3n de algunas potestades (\u2026), como la de estipular precios y cantidades, la de dise\u00f1ar una estrategia propia de mercadeo e, inclusive, en algunos eventos, la restricci\u00f3n de anunciarse con signos distintivos propios10 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las ventajas concedidas a tales distribuidores, como la exclusividad o el trato preferencial, tambi\u00e9n tiene sentado la Corte, \u00abhacen tolerables esas imposiciones (\u2026)\u00bb, pues \u00ab(\u2026) es usual que por tratarse de bienes o servicios respecto de los cuales la marca, el lugar de procedencia, las condiciones de mercadeo, entre otras muchas (\u2026), permiten vislumbrar aceptables m\u00e1rgenes de ganancia (…)\u00bb11. En definitiva, como lo refrend\u00f3 la Corte hace poco12, con cita de autores13:(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00abFrente a la distribuci\u00f3n, la agencia comercial se distinguen en que (i) la venta de la mercader\u00eda ajena, hecha por el agente, se hace por cuenta del principal, apoyada en el mandato, mientras el distribuidor vende a nombre propio y por su cuenta y riesgo, factur\u00e1ndole al cliente y lucr\u00e1ndose con la diferencia; (ii) en punto a sus finalidades, el de agencia busca procurar al proponente un resultado derivado de la actuaci\u00f3n del agente, en tanto la distribuci\u00f3n halla por objeto que la producci\u00f3n llegue con mayor facilidad a distintos lugares, ampliando su clientela; (iii) la forma de actuaci\u00f3n de los auxiliares independientes difiere por cuanto el agente no adquiere la propiedad de las mercader\u00edas en cuya colocaci\u00f3n interviene, cosa que s\u00ed acontece en la distribuci\u00f3n\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La diferencia entre la simple distribuci\u00f3n y la agencia comercial, por lo tanto, en l\u00ednea de principio, no est\u00e1 dada por la intromisi\u00f3n de los empresarios en el desarrollo de una u otra actividad; tampoco en la penetraci\u00f3n de los mercados; ni en la conquista de los clientes; menos, en la comercializaci\u00f3n de bienes o servicios dentro de una zona prefijada. En estricto sentido, porque esas caracter\u00edsticas son predicables de ambas modalidades de intermediaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, coincidiendo en el \u00e1mbito geogr\u00e1fico, en la agencia, cuando la intermediaci\u00f3n cubre un ramo de los negocios del agenciado, y la distribuci\u00f3n, otros elementos; y trat\u00e1ndose de un mismo producto, los casos en que las partes, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, al no estar prohibido, as\u00ed lo establecen y gobiernan (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El contrato de agencia comercial, tiene sentado la Corte, \u00abno obstante su autonom\u00eda, su caracter\u00edstica mercantil intermediadora, lo hace af\u00edn con otros contratos, con los cuales puede concurrir, pero sin confundirse con ellos; raz\u00f3n por la cual, en este evento, su demostraci\u00f3n tendr\u00e1 que ser igualmente inequ\u00edvoca\u00bb14 (resaltado fuera de texto) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En esa direcci\u00f3n, con relaci\u00f3n a la agencia comercial, el legislador impone restricciones a los empresarios, aunque no de manera absoluta. Por una parte, al no permitirles, \u00absalvo pacto en contrario\u00bb, servirse de varios agentes en la misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos (art\u00edculo 1318 del C\u00f3digo de Comercio); y por otra, cuando los faculta para promover y explotar directamente sus negocios en el lugar asignado al agente, pero, en todo caso, con la obligaci\u00f3n de remunerarlo (art\u00edculo 1322, ib\u00eddem) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La agencia comercial y la simple distribuci\u00f3n, en consecuencia, no son incompatibles en la zona trazada, solo que en la hip\u00f3tesis de concurrir, en punto de los mismos u otros bienes o servicios, el \u00e1mbito de acci\u00f3n de una y otra actividad debe quedar debidamente delimitada, y en caso de controversia, probada en juicio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el caso, mem\u00f3rese, la queja de la accionante se centra en haberse reconocido la existencia del contrato de distribuci\u00f3n, pretensi\u00f3n invocada como subsidiaria; empero, no reconocerse los perjuicios alegados por la aducida competencia desleal endilgada a Espumas Pl\u00e1sticas S.A., quien, en 2014, en la misma ciudad donde la quejosa ten\u00eda su establecimiento de comercio, abri\u00f3 sus propias tiendas ofreciendo sus productos a un menor precio a los brindados por aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n, alega, la puso en desventaja por la diferencia de los costos respecto a unos mismos bienes. <\/p>\n
Al punto, en la decisi\u00f3n censurada, el tribunal advirti\u00f3 que no se encontr\u00f3 probada la exclusividad en la distribuci\u00f3n en comento y, tampoco, una conducta mercantil irregular atribuible a Espumas Pl\u00e1sticas S.A., pues al 2014, la petente sab\u00eda de la entrada de esa compa\u00f1\u00eda en el mercado de Bucaramanga. <\/p>\n
Sobre lo mencionado, la corporaci\u00f3n recriminada destac\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e la abundante prueba documental [adosada,] no es posible con base en ella establecer que la apertura de tiendas propias de la [compa\u00f1\u00eda convocada] en Bucaramanga fuera un comportamiento deliberadamente encaminado a poner a la [precursora] en desventaja en su \u00e1rea de influencia y por esa v\u00eda, sacarla del tr\u00e1fico mercantil de esa l\u00ednea de negocios (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Era previsible que la presencia de ese nuevo actor en el mercado, tuviera un impacto negativo en los negocios de la [impulsora] y del otro distribuidor como C\u00e9sar Luengas, esto \u00faltimo de su conocimiento y, que por lo mismo desdibuja cualquier tipo de exclusividad en su favor, por lo menos en cuanto hab\u00eda en el mercado otro actor que distribu\u00eda ese mismo producto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) A partir de la prueba documental (\u2026), se advierte que hay diferencias de precios al p\u00fablico entre uno y otro establecimiento (\u2026), pero lejos est\u00e1 de probar que fuera una pr\u00e1ctica dirigida a fulminarla como distribuidora, siendo de recibo la exculpativa presentada por la [sociedad encausada,] que ello obedeci\u00f3 a contrarrestar el impacto en el mercado de la competencia de la empresa como tal, quitarle clientes, explica el representante de [firma demandada,] que la posici\u00f3n de la empresa no es contra el distribuidor, sino [frente] al mercado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a prueba escrita y la personal recaudada, no reporta que la diferencia de precios que se anota, aplicara exclusivamente en contra de la demandante, [es decir,] no hay probanza encaminada a (\u2026) demostrar que las ofertas, descuentos, regalos etc., aplicables en las tiendas propias que, seg\u00fan la, demandante, la [ubicaban] en franca desventaja, tales promociones beneficiaran al otro distribuidor conocido en el proceso como C\u00e9sar Luengas o cualesquiera otros (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) No bastaba con enrostrarle a Espumas Pl\u00e1sticas S.A. que incurri\u00f3 en conductas desleales o con abuso de su posici\u00f3n dominante, como la fuente de las penurias en los negocios de la demandante, menester era, uno, que cada una de esas conductas; dos, demostrar como esas conductas ten\u00edan por fin \u00faltimo sacarla del mercado; tres, (\u2026) contrastar que efectivamente esa finalidad (\u2026), se cumpli\u00f3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) La [petente] estaba noticiada de la apertura de las tiendas propias de Espumas Pl\u00e1sticas S.A., a partir de ese momento, deb\u00eda tener como cosa suya, que la presencia de otro actor en el mercado, era una variable a tener en cuenta [que para la gestora] era una desventaja competitiva, nada menos que proveniente de su proveedor empresario o colocador (\u2026), cuanto m\u00e1s si no se hab\u00eda pactado exclusividad ni se (\u2026) pretedermin[\u00f3] una zona o radio de acci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a incursi\u00f3n de las tiendas propias de Espumas Pl\u00e1sticas S.A. en el a\u00f1o 2014, significaba que [la reclamante] no solo deb\u00eda abrirse campo en el mercado de su propia distribuidora (\u2026), sino el de otros distribuidores (\u2026). [E]l se\u00f1or Luengas, (\u2026) decidi\u00f3 [ofertar] directamente su producto, [lo cual] no engendra un incumplimiento del contrato, ni mucho menos [puede] ser visto como un acto de competencia desleal (\u2026)\u201d, <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo colof\u00f3n, (\u2026) la [inicialista] no demostr\u00f3 cu\u00e1l obligaci\u00f3n contractual fue incumplida por Espuma Pl\u00e1sticas S.A. dentro del marco del contrato de distribuci\u00f3n (\u2026), tampoco prob\u00f3 en qu\u00e9 conducta desleal incurri\u00f3 o cu\u00e1l fue su comportamiento que la llevara a un abuso de su posici\u00f3n dominante, que [\u2026) significare que su negocio se viniera a menos y, finalmente, la obligara a cerrar su establecimiento de comercio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, por cuanto en manera alguna puede calificarse como un acto contra la fe mercantil, el hecho seg\u00fan el cual, una empresa fabricante de bienes, abra sus propias tiendas en un zona o territorio determinado, en donde sus distribuidores, de igual modo, tambi\u00e9n venden los productos de \u00e9sta, m\u00e1xime, sin mediar pacto de exclusividad. <\/p>\n
En esa medida, si la accionante ten\u00eda su propia clientela y en ausencia de pactos definidos con Espumas Pl\u00e1sticas S.A. sobre la colocaci\u00f3n de existencias en el mercado en la ciudad de Bucaramanga, aqu\u00e9lla en ning\u00fan momento estuvo obligada a comprarle a esa compa\u00f1\u00eda los art\u00edculos que posteriormente revender\u00eda, como tampoco estaba compelida a ofertar en su establecimiento, \u00fanicamente los accesorios producidos por su proveedor. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, si las ventas de la quejosa eventualmente resultaron disminuidas, tal circunstancia no se debi\u00f3 por una imposici\u00f3n contractual de exclusividad y, menos aun, a maniobras maliciosas encaminadas a desviar su clientela. <\/p>\n
Sobre los fines de la Ley 256 de 1996 encaminada a conjurar las pr\u00e1cticas consideradas desleales en el tr\u00e1fico mercantil, la Corte Constitucional ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En concordancia con lo establecido en el Convenio de Par\u00eds, aprobado por la Ley 178 de 1994, se reputan desleales los actos de desviaci\u00f3n de clientela, los actos de desorganizaci\u00f3n, los actos de confusi\u00f3n, los actos de enga\u00f1o, los actos de descr\u00e9dito, los actos de comparaci\u00f3n, los actos de imitaci\u00f3n, la explotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena, la violaci\u00f3n de secretos, la inducci\u00f3n a la ruptura contractual, la violaci\u00f3n de normas y los pactos desleales de exclusividad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La estricta observancia de las normas sobre competencia desleal se garantiza judicialmente mediante dos acciones dotadas de particular agilidad: la acci\u00f3n declarativa y de condena, que puede interponer el afectado por actos de competencia desleal con miras a obtener la declaraci\u00f3n de la ilegalidad de los actos realizados, la remoci\u00f3n de los efectos producidos y la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados; la acci\u00f3n preventiva o de prohibici\u00f3n, que como su nombre lo indica, se instaura con el fin de evitar la realizaci\u00f3n de una conducta desleal que a\u00fan no se ha perfeccionado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a inclusi\u00f3n de una cl\u00e1usula de exclusividad en un contrato de suministro, en principio no es ajena a la libertad de contrataci\u00f3n, que aunque puede ser objeto de variadas restricciones legales, se integra en el objeto propio del derecho a la libertad de empresa. En efecto, este derecho arriesgar\u00eda a perder toda fisonom\u00eda singular si a su titular se le privase injustificada e irrazonablemente de adoptar las decisiones b\u00e1sicas que contribuyen a formar una determinada unidad econ\u00f3mica independiente, y que resultan determinantes para fijar el riesgo, la responsabilidad y el beneficio individuales, todo lo cual se traduce en un plano global en la existencia de una econom\u00eda por lo menos parcialmente descentralizada y aut\u00f3noma. Sin perjuicio de las limitaciones legales que sean en s\u00ed mismas razonables y proporcionadas, la libertad econ\u00f3mica se resuelve en la preservaci\u00f3n de centros privados de decisi\u00f3n relativamente aut\u00f3nomos que dentro de las coordenadas de la empresa definen su objeto espec\u00edfico, la articulaci\u00f3n de los factores de producci\u00f3n, la organizaci\u00f3n de la actividad productiva, su financiaci\u00f3n, desarrollo y terminaci\u00f3n, de modo que las determinaciones sobre la oferta y demanda de bienes y servicios se reserve a la libertad y al c\u00e1lculo de conveniencia o raz\u00f3n instrumental de los sujetos que participan en el mercado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la libertad de empresa ampara el proceso leg\u00edtimo de toma de decisiones relevantes que comprenden la fase de ingreso a una determinada actividad econ\u00f3mica, su posterior desarrollo y su terminaci\u00f3n, no es posible que la libertad de contrataci\u00f3n escape a la misma, ya que sin ella la iniciativa privada no tendr\u00eda posibilidad alguna de expresarse jur\u00eddicamente y fundar sobre esta base su autonom\u00eda en todos los momentos y actos en los que se refleja estructural y din\u00e1micamente la vida de la empresa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) A diferencia de otros actos que la ley califica como desleales, la celebraci\u00f3n de un contrato de suministro anejo al cual se estipula un pacto de exclusividad, en principio se vincula a un elemento que pertenece al contenido del derecho constitucional a la libertad de empresa, cual es la libertad de contrataci\u00f3n. La prohibici\u00f3n que establece la ley, por lo tanto, representa una limitaci\u00f3n a un derecho constitucional, que justamente por serlo no puede examinarse \u00fanicamente desde el punto de vista de la competencia del legislador, sino tambi\u00e9n habr\u00e1 de contemplarse desde la perspectiva del n\u00facleo esencial del derecho mencionado. En este orden de ideas, la Corte tendr\u00e1 que establecer si la restricci\u00f3n legal resulta razonable y proporcionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Alcance del pacto de exclusividad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.2 La interdicci\u00f3n de la ley no se predica de todos los pactos de exclusividad que se convengan en los contratos de suministro. S\u00f3lo se aplica la prohibici\u00f3n a las cl\u00e1usulas que tengan por objeto o como efecto \u201crestringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribuci\u00f3n de productos o servicios\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El pacto de exclusividad y su relaci\u00f3n con la libre competencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.3 El objeto o el efecto de la cl\u00e1usula de exclusividad se contrae a reducir la competencia – en cuanto restringe el acceso de los competidores al mercado -, o a anularla – si tiene como consecuencia monopolizar la distribuci\u00f3n de productos o servicios. En definitiva, la ley califica como desleal una pr\u00e1ctica contractual restrictiva de la libre competencia. La calificaci\u00f3n no se propone, por lo menos expresamente, lograr una equiparaci\u00f3n sem\u00e1ntica entre los conceptos de competencia desleal y pr\u00e1cticas restrictivas de la libre competencia. El resultado positivo, independientemente de la intenci\u00f3n del legislador o del error t\u00e9cnico en que pudo incurrir, no es otro distinto que el de aplicar el mismo r\u00e9gimen sancionatorio a los dos supuestos. En otras palabras, la persona afectada por la enunciada pr\u00e1ctica restrictiva de la libre competencia, en virtud de la ley, tendr\u00eda la posibilidad de intentar los dos tipos de acciones que ella regula, a saber, la acci\u00f3n declarativa y de condena y la acci\u00f3n preventiva o de prohibici\u00f3n (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
Ahora bien, en ausencia de prueba de actos desleales materia de controversia, l\u00f3gicamente, los perjuicios deprecados no pueden ser reconocidos por esa causa. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Puestas las cosas en ese plano, aflora n\u00edtido que el enjuiciador plural hall\u00f3 impr\u00f3spera \u00abla acci\u00f3n de competencia desleal\u00bb luego de confrontar los supuestos en que ven\u00eda estructurada con los elementos persuasivos allegados, de donde infiri\u00f3 que las \u00abconductas\u00bb comerciales de Henao M\u00fanera no atentan contra la \u00abmala fe, sanas costumbres mercantiles\u00bb, ni revelan \u00abexplotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena de Auteco\u00bb, \u00abdesviaci\u00f3n de la clientela\u00bb ni mucho menos \u00abenga\u00f1o a los comercializadores ni consumidores de los repuestos de esa empresa\u00bb; en otras palabras, su actuar no encaja en ninguna de las hip\u00f3tesis que tipifica y reprueba la Ley 256 de 1996, por medio de la cual \u00abse dictan normas sobre competencia desleal\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y es que, de cara al reclamo basilar de la impulsora, debe destacarse que aun cuando algunas disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso (arts. 97, 205, 241, 372, etc.) imponen deducir efectos nocivos desde el espectro \u00abprobatorio\u00bb para el contendiente que, por ejemplo, no \u00abcontesta la demanda\u00bb o lo hace por fuera de la oportunidad legal, el que no concurre a la \u00abaudiencia inicial\u00bb o a la de \u00abinterrogatorio de parte, ello no significa que los indicios o confesi\u00f3n ficta que de all\u00ed puedan derivarse conduzcan forzosa e impajaritablemente a \u00abfallar\u00bb a favor del contrincante, pues de todos modos es indispensable apreciar el resto del material \u00abdemostrativo\u00bb y nada impide que con base en \u00e9l resulten desvirtuados los \u00abindicios\u00bb o infirmada la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb presunta (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
En ese orden de ideas, cuando el tribunal confutado deneg\u00f3 el resarcimiento rogado por la aducida competencia desleal, tuvo en cuenta que, a pesar de la existencia del contrato de distribuci\u00f3n, conforme a las pruebas allegadas a la controversia, en manera alguna, se revelaron actos de la naturaleza endilgada. <\/p>\n
La Sala observa que la determinaci\u00f3n del colegiado refutado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues aqu\u00e9lla se adopt\u00f3 teniendo en cuenta las particularidades de la contienda y la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el debate se defini\u00f3 al tenor de los medios probatorios y, bajo ese panorama, el ruego tuitivo carece de la aptitud para prosperar frente a quien lo plantea, cuando la decisi\u00f3n se profiere sin estar mediada por errores en la valoraci\u00f3n de las probanzas. <\/p>\n
Sobre la apreciaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)17. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos dis\u00edmiles (\u2026)\u201d18. <\/p>\n
Se destaca, el an\u00e1lisis probatorio, se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, el criterio examinado no se observa arbitrario al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues, el colegiado cuestionado defini\u00f3 la controversia teniendo en cuenta la normatividad aplicable en la materia y, por tal motivo, no pod\u00eda resolverla de la manera rogada por la accionante. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d20. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Tocante a la queja, seg\u00fan la cual, pese a estar acreditada la existencia del contrato de distribuci\u00f3n implorado como pretensi\u00f3n subsidiaria, la corporaci\u00f3n atacada conden\u00f3 en costas a la accionante, como si no hubiese tenido \u00e9xito en ninguno de sus pedimentos, la salvaguarda fracasa al incumplirse el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, si en el ac\u00e1pite resolutivo el ad quem le impuso tal obligaci\u00f3n, la promotora pod\u00eda pedir su aclaraci\u00f3n, pues si en \u00faltimas result\u00f3 probado \u201cel pacto de suministro\u201d, la gestora ten\u00eda a su alcance la posibilidad de reclamar explicaciones acerca de la falta de progreso de los resarcimientos y, si ello implicaba ser conminada a pagar los gastos del proceso, cuesti\u00f3n que merec\u00eda dilucidarse a trav\u00e9s de la aclaraci\u00f3n prevista en el canon 285 del C\u00f3digo General del Proceso21, remedio desaprovechado por la inicialista. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, al omitirse el uso del rese\u00f1ado de mecanismo, la quejosa dilapid\u00f3 la oportunidad de hacer efectivos los instrumentos defensivos a su alcance. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d22. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)23\u201d. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos24 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196925, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d26, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio27. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-28, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales29; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas30. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Mar\u00eda Eugenia Berm\u00fadez Cala a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados Ram\u00f3n Alberto Figueroa Acosta, Jos\u00e9 Mauricio Mar\u00edn Mora y Neyla Trinidad Ortiz Ribero, con ocasi\u00f3n del juicio verbal de terminaci\u00f3n de contrato comercial con radicado n\u00b02018-00161-01, incoado por la gestora contra Espumas Pl\u00e1sticas S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 2 de diciembre de 1980 (CLXVI-251). <\/p>\n
3 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 31 de octubre de 1995 (CCXXXVII-1270\/1297). <\/p>\n
4 ESCOBAR SANIN, Gabriel. Negocios Civiles y Comerciales. Negocios de Sustituci\u00f3n. Bogot\u00e1. Universidad Externado de Colombia: 1987, p. 432. <\/p>\n
5 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencia 199 de 15 de diciembre de 2006, expediente 09211. <\/p>\n
6 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 10 de septiembre de 2013, expediente 00333. <\/p>\n
7 Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola. (2017). Consultado en http:\/\/www.rae.es.\/rae.html. <\/p>\n
8 CSJ. SC3645-2019 de 9 de septiembre de 2019, exp. 15001-31-03-001-2009-00236-01. <\/p>\n
9 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 31 de octubre de 1995 (CCXXXVII-1270\/1297). <\/p>\n
10 FARINA, Juan M. Contratos Comerciales Modernos. Modalidades de Contrataci\u00f3n Empresaria. Buenos Aires. Editorial Astrea, 1997, p. 408. <\/p>\n
11 CSJ. Civil. Sentencia 199 de 15 de diciembre de 2006, expediente 09211. <\/p>\n
12 CSJ. Civil. Vid. Sentencia SC1121 de 18 de abril de 2018, expediente 00128. En el mismo antecedente la Corte tambi\u00e9n denot\u00f3 las diferencias de la agencia con otras modalidades de colaboraci\u00f3n empresarial, como el corretaje y la concesi\u00f3n. <\/p>\n
13 MARZORATI, Osvaldo J. Sistemas de Distribuci\u00f3n Comercial. Agencia. Distribuci\u00f3n. Concesi\u00f3n. Franchising. Ed. Astrea. Buenos Aires. 2011. P\u00e1gs. 81-83; GHERSI, Carlos Alberto. Contratos Civiles y Comerciales. Parte General y Especial. Tomo II. Ed. Buenos Aires. 1994. P\u00e1g. 95. <\/p>\n
14 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 00243; reiterando el fallo de 31 de octubre de 1995 (CCXXXVII-1270\/1297). <\/p>\n
15 Corte Constitucional, sentencia C-535-97 de 23 de octubre de 1997, exp. D-1598. <\/p>\n
16 CSJ. STC16829-2018 de 19d e diciembre de 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-03936-00 <\/p>\n
17 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
18 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
19 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
20 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
21 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 285. Aclaraci\u00f3n. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunci\u00f3. Sin embargo, podr\u00e1 ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella (\u2026). En las mismas circunstancias proceder\u00e1 la aclaraci\u00f3n de auto. La aclaraci\u00f3n proceder\u00e1 de oficio o a petici\u00f3n de parte formulada dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia (\u2026). La providencia que resuelva sobre la aclaraci\u00f3n no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podr\u00e1n interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
22 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
23 CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
24 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
25 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
26 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
27 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
28 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
29 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
30 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC300-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC300-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00057-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Mar\u00eda Eugenia Berm\u00fadez Cala a la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53173","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53173"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53173\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}