STC301-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC301-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00072-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Mar\u00eda Danny Arias Molina, Juli\u00e1n Camilo S\u00e1nchez Arias, Erika Lorena S\u00e1nchez Moreno, Betty Contreras de S\u00e1nchez y Jos\u00e9 Gerardo, Nelson Fernando, N\u00e9stor Oswaldo y Luz Piedad S\u00e1nchez Contreras contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, espec\u00edficamente frente a las magistradas Adriana Saavedra Lozada, Nubia Esperanza Sabogal Var\u00f3n y Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, y el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual por accidente de tr\u00e1nsito\u201d adelantado por los aqu\u00ed quejosos a Leasing Corficolombiana S.A. y otros. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los interesados reclaman la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, supuestamente quebrantados por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Los aqu\u00ed promotores incoaron ante el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el juicio materia de este amparo, por el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 28 de septiembre de 2014, en el cual se ocasion\u00f3 la muerte de Orlando S\u00e1nchez Contreras (q.e.p.d). <\/p>\n
En el compendio f\u00e1ctico de la reclamaci\u00f3n civil, se adujo que el prenombrado, mientras \u201cmontaba bicicleta a las fuera de [esta] ciudad\u201d, fue atropellado por un \u201ctracto cami\u00f3n\u201d de propiedad de Leasing Corficolombiana S.A. y conducido por \u00c1ngel Custodio Borda. <\/p>\n
En ese litigio se profiri\u00f3 sentencia el 25 de julio de 2019, deneg\u00e1ndose las pretensiones invocadas, por cuanto se dio por probada la excepci\u00f3n de fondo denominada \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n fue apelada por el extremo activo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, quien, en prove\u00eddo de 10 de julio pasado, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Se\u00f1alan los gestores que la corporaci\u00f3n fustigada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) incurri\u00f3 en \u201cdefecto material\u201d, por darle un indebido alcance probatorio al \u201cinforme policial\u201d aportado al proceso, el cual ten\u00eda como fin exclusivo demostrar las falencias en el procedimiento desplegado por los agentes de tr\u00e1nsito al momento de atender el siniestro donde perdi\u00f3 la vida su familiar, ii) inaplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 328 de C\u00f3digo General del Proceso, pues se pronunci\u00f3 sobre argumentos no expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n, al realizar un amplio estudio sobre un dictamen pericial desestimado por el a quo al momento de emitir la sentencia de primera instancia, y iii) le otorg\u00f3 plena credibilidad a la declaraci\u00f3n del conductor del cami\u00f3n involucrado en el accidente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, \u201cse corrijan las falencias mencionadas y de esta manera se acceda a las pretensiones de la demanda inicial\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
1. El juzgado querellado se opuso al ruego resaltando la legalidad de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. EL colegiado convocado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de los tutelantes con las actuaciones de los convocados al denegar las pretensiones invocadas en el juicio bajo estudio. Esta Sala analizar\u00e1 la sentencia de 10 de julio de 2020, emitida por el colegiado confutado, puesto que con esa decisi\u00f3n el decurso aqu\u00ed censurado cobr\u00f3 fuerza de ejecutoria. <\/p>\n
Para resolver el asunto puesto a su conocimiento, la corporaci\u00f3n recriminada comenz\u00f3 indicando que el caso giraba alrededor de la \u201cresponsabilidad civil por culpa aquiliana derivada del ejercicio de actividades peligrosas\u201d, por tanto, quien se presume autor del da\u00f1o, para liberarse de su responsabilidad, tiene la carga de probar \u201cel hecho extra\u00f1o o la culpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
Sobre las circunstancias del siniestro demandado, adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En relaci\u00f3n con el hecho de la colisi\u00f3n entre el automotor y el veloc\u00edpedo, el informe de tr\u00e1nsito levantado por la autoridad competente a quien correspondi\u00f3 el procedimiento (\u2026), da cuenta que los policiales que acudieron al lugar de los hechos establecieron como hip\u00f3tesis \u2013 la n\u00famero157 u otra- esto es, \u201cno detener el veh\u00edculo o ceder el paso cuando se ingresa a una v\u00eda de mayor prelaci\u00f3n\u201d atribuida al ciclista Orlando S\u00e1nchez Contreras, documento que encontr\u00f3 acogida demostrativa en la primera instancia por provenir de una autoridad administrativa con funciones policivas, lo que le permiti\u00f3 al juzgador atribuir veracidad a la informaci\u00f3n y, concluir la ruptura del nexo causal, por culpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
\u201cPara tal prop\u00f3sito aport\u00f3 [un] dictamen pericial (\u2026), realizado por el se\u00f1or Jos\u00e9 Mauricio L\u00f3pez Fl\u00f3rez y que fue sustentado en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento. Seg\u00fan el dicho del experto, los policiales habr\u00edan errado en la consignaci\u00f3n de la verdadera causa de la colisi\u00f3n, por cuanto: (i) cuando el se\u00f1or S\u00e1nchez Contreras se movilizaba por la v\u00eda que proviene del municipio de Sibat\u00e9 y se aproxim\u00f3 a la intersecci\u00f3n con la autopista que de Girardot conduce a Bogot\u00e1, \u00e9l ten\u00eda la prioridad de paso, ya que no exist\u00eda ninguna se\u00f1alizaci\u00f3n que le ordenara parar; por tanto, quien deb\u00eda detener su camino era el veh\u00edculo que se movilizaban por la v\u00eda de mayor flujo y, (ii) que en el tramo por el que se movilizaba la tractomula, exist\u00edan se\u00f1ales de tr\u00e1nsito que no fueron indicadas por los polic\u00edas en el levantamiento topogr\u00e1fico, las que, en verdad, daban cuenta que el conductor demandado desconoci\u00f3 reglas que, de haber acatado, habr\u00edan evitado el fat\u00eddico resultado, estas ser\u00edan: que los carros de mayor tama\u00f1o deb\u00edan movilizarse por el carril derecho -pues la autopista es de doble calzada-, l\u00edmite de velocidad a 40 km\/h, prelaci\u00f3n de paso peatonal y bandas sonoras incorporadas en el asfalto. Sin embargo, como es de exigencia legal que el dictamen sea fundamentado, son varios los cuestionamientos que la Sala tiene respecto de este medio de prueba (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Respecto de la valoraci\u00f3n de dicha experticia, el tribunal razon\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn lo que ata\u00f1e a la conclusi\u00f3n de que el conductor del veh\u00edculo desacat\u00f3 las se\u00f1ales de tr\u00e1nsito, no se demostr\u00f3 que para el momento de la ocurrencia del hecho o al menos para la \u00e9poca concomitante -a\u00f1o 2014- existieran tales indicativos, si en cuenta se tiene, que el punto no fue atendido o desarrollado por el perito, sino que corresponde a una suposici\u00f3n de la apoderada recurrente, derivada de las impresiones fotogr\u00e1ficas aportadas y que corresponden al a\u00f1o 2018, lo que hace imprecisa la informaci\u00f3n, m\u00e1s cuando el propio experto manifest\u00f3 que en su tarea de investigaci\u00f3n se dirigi\u00f3 ante la autoridad vial del municipio de Soacha y solicit\u00f3 verbalmente dicho dato, pero no le fue suministrado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Deviene de lo expuesto, que la presunci\u00f3n de autenticidad del contenido del informe policial de tr\u00e1nsito no fue desvirtuada, lo que le otorga veracidad al contenido. Entonces la imprudencia del se\u00f1or Orlando S\u00e1nchez se consolida como la causa potencial y eficiente que origin\u00f3 el accidente que le cost\u00f3 la vida, puesto que quien va por la carretera principal y contin\u00faa por ella, tiene la preferencia respecto del que pretende ingresar, que fue lo que busc\u00f3 hacer el ciclista fallecido, en el informe se detalla cu\u00e1l era la v\u00eda prevalente entre la carretera nacional por la que transitaba el conductor del veh\u00edculo involucrado y aquella por donde proven\u00eda el se\u00f1or S\u00e1nchez en su bicicleta (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la declaraci\u00f3n rendida por el conductor del veh\u00edculo sobre el accidente es clara y concordante con los dem\u00e1s elementos de prueba aportados al litigio, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) su versi\u00f3n es coincidente con las indicaciones plasmadas en el levantamiento topogr\u00e1fico (\u2026) que denota que las huellas de frenado (\u2026) tienen un desplazamiento vertical que proviene o se origina del tramo derecho de la v\u00eda y se transporta hasta la izquierda de la carretera, causando un choque en la esquina del separador entre las calzadas, lo que permite verificar que la tractomula -con capacidad de 35 toneladas- que estaba, seg\u00fan el dicho del demandado con el cupo casi lleno, intent\u00f3 maniobrar el rodante para evitar la colisi\u00f3n, lo que por cierto, no es inmediata dado el peso de carga que transportaba. Ahora, el hecho que la posici\u00f3n final del veh\u00edculo haya sido el carril izquierdo de la calzada, no sobrelleva concluir que \u00e9ste se ven\u00eda transportando por ese sentido de la v\u00eda, sino tan solo que, dada la operaci\u00f3n realizada para esquivar la colisi\u00f3n (\u2026), par\u00f3 en ese carril; cualquier otra tesis, de cara a las pruebas vistas dentro del proceso, se adentra en el escenario de la especulaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cPor \u00faltimo, no es que el conductor demandado a la hora de ser interrogado haya afirmado que las se\u00f1ales de tr\u00e1nsito que se fotografiaron en el dictamen estuvieran para el 2014 en la zona, sino que las reconoci\u00f3 en su significado vial, al punto que describi\u00f3 que indicaban cada una de ellas, situaci\u00f3n que dista de la confesi\u00f3n que alude el extremo impugnante. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Lo pretendido por los promotores es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por la corporaci\u00f3n accionada en la providencia aqu\u00ed cuestionada, de la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la interpretaci\u00f3n de las normas que rigen el caso y de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente. <\/p>\n
N\u00f3tese, el tribunal fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que, el actuar imprudente de la v\u00edctima fue la causa del siniestro demandado, pues aqu\u00e9lla, al pretender ingresar en una \u201cv\u00eda de mayor prelaci\u00f3n\u201d mientras se movilizaba en su bicicleta, debi\u00f3 detenerse o ceder el paso; sin embargo, no lo hizo, motivo por el cual, ning\u00fan disvalor se le pod\u00eda imputar al conductor del veh\u00edculo pesado. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ara que el interpelado pueda liberarse plenamente de la obligaci\u00f3n indemnizatoria, se requiere que el proceder de la v\u00edctima re\u00fana los requisitos de toda causa extra\u00f1a, esto es, \u201cque se trate de un evento o acontecimiento exterior al c\u00edrculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad\u201d, como causa exclusiva del reclamante o de la v\u00edctima (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otro lado, es de recordar que el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General de Proceso, limita al juez de segunda instancia a pronunciarse \u00fanicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, por tanto, dicha norma no proh\u00edbe la valoraci\u00f3n, por parte del ad quem, de todas las pruebas practicadas en el litigio, como err\u00f3neamente lo pretenden hacer ver los tutelantes. <\/p>\n
Ahora, sobre la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)2. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se niega el amparo deprecado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Mar\u00eda Danny Arias Molina, Juli\u00e1n Camilo S\u00e1nchez Arias, Erika Lorena S\u00e1nchez Moreno, Betty Contreras de S\u00e1nchez y Jos\u00e9 Gerardo, Nelson Fernando, N\u00e9stor Oswaldo y Luz Piedad S\u00e1nchez Contreras, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, espec\u00edficamente frente a las magistradas Adriana Saavedra Lozada, Nubia Esperanza Sabogal Var\u00f3n y Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, y el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual por accidente de tr\u00e1nsito\u201d adelantado por los aqu\u00ed quejosos a Leasing Corficolombiana S.A. y otros. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
3 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
4 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
15 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC301-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC301-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00072-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Mar\u00eda Danny Arias Molina, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53174","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53174"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53174\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}