STC303-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC303-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00061-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Carmen Esther Acosta Ram\u00edrez a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y al Juzgado Primero Civil Municipal de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado n\u00b02006-00563-00, incoado por Electricaribe S.A. E.S.P. contra el Banco Ganadero. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la informaci\u00f3n y vivienda digna, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La promotora aduce que, en 2017, se llev\u00f3 a cabo diligencia de remate sobre un inmueble ubicado en la carrera 19 # 19 A \u2013 10, barrio los Almendros de Santa Marta, en donde tuvo decisi\u00f3n favorable a sus intereses. <\/p>\n
Mediante escrito datado 21 de febrero de 2019, la accionante pidi\u00f3 la reproducci\u00f3n de la enunciada gesti\u00f3n al Juzgado Primero Civil Municipal de esa urbe. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 13 de marzo postrero, el mencionado despacho le indic\u00f3 a la suplicante que la diligencia en cuesti\u00f3n correspond\u00eda a un martillo celebrado el 15 de marzo de 2015, al interior del compulsivo con radicado n\u00b02006-00563-00, incoado por Electricaribe S.A. E.S.P. contra el Banco Ganadero. <\/p>\n
Igualmente, le manifest\u00f3 que, en la rese\u00f1ada actuaci\u00f3n, se adjudic\u00f3 un predio a Jorge Eli\u00e9cer Valencia Dom\u00ednguez, localizado en la calle 11 # 19 A -10 barrio los Almendros de Santa Marta. <\/p>\n
Asimismo, le mencion\u00f3 que dejar\u00eda a su disposici\u00f3n el expediente para la toma de copias respectivas, debiendo en todo caso, pagar las expensas necesarias para ese fin. <\/p>\n
El 15 de marzo de 2019, el aludido juzgado dej\u00f3 constancia de haberse comunicado v\u00eda telef\u00f3nica con la tutelante para enterarla del contenido del precitado prove\u00eddo y, seg\u00fan se dej\u00f3 sentando, ella refiri\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [V]endr\u00eda el lunes 18 del presente mes y a\u00f1o para tomarle copia de la decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asevera la impulsora que el 22 de mayo de 2019, elev\u00f3 un \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d ante la \u201cSala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura\u201d quien, conforme aduce, remiti\u00f3 al tribunal aqu\u00ed acusado el requerimiento de aqu\u00e9lla, por cuanto la solicitud versaba sobre una actuaci\u00f3n decidida por dicha colegiatura. <\/p>\n
El 4 de abril postrero, reiter\u00f3 a la corporaci\u00f3n encausada el ruego objeto de disenso. <\/p>\n
La accionante cuestiona la falta de pronunciamiento, en relaci\u00f3n con su reclamo y requiere \u201ccon urgencia\u201d la copia de la almoneda para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, la emisi\u00f3n de una respuesta a sus peticiones. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta se\u00f1al\u00f3 que al interior del compulsivo con radicado n\u00b02006-00563-00, entablado por Electricaribe S.A. E.S.P. contra el Banco Ganadero, se llev\u00f3 a cabo diligencia de remate el 19 de marzo de 2015, en donde se adjudic\u00f3 un inmueble a Jorge Eli\u00e9cer Valencia Dom\u00ednguez. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que, en la diligencia de entrega del predio, la petente solicit\u00f3 ser reconocida como opositora, pedimento denegado en auto de 25 de julio de 2017. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al elevarse requerimientos a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa. Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen bajo las reglas de este, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n procesal, se advierte que las peticiones cuya resoluci\u00f3n, en \u00faltimas, reclama la accionante, se circunscriben a obtener copia de la diligencia de remate llevada a cabo al interior del compulsivo en donde ella pidi\u00f3 ser reconocida como opositora. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, ante la solicitud elevada por la impulsora el 21 de febrero de 2019, en auto de 13 de marzo postrero le indic\u00f3 que pod\u00eda acercarse a la secretar\u00eda de ese despacho para tomar las reproducciones correspondientes, se descarta la existencia de una vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas de aqu\u00e9lla, pues dicha providencia se le notific\u00f3 y, en el acto, esta se\u00f1al\u00f3 que \u201c(\u2026) vendr\u00eda el lunes 18 del presente mes y a\u00f1o para tomarle copia de la decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, es claro que se acogi\u00f3 el pedimento de la reclamante y, si \u00e9sta no ha podido acceder a las copias imploradas, tal cuesti\u00f3n no obedece a una conducta atribuible al referido estrado municipal. <\/p>\n
Igualmente, frente al tribunal acusado, la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque, de un lado, su solicitud ya fue atendida desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o y, de otro, si bien la tutelante le elev\u00f3 un requerimiento en similar sentido al colegiado fustigado, los pedimentos efectuados por conducto del \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d al interior de un proceso, se definen conforme a los tr\u00e1mites espec\u00edficos de cada ritual, sin estar sujetos a la prerrogativa a la informaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Con todo, nada obsta para que la suplicante, dadas las actuales restricciones de movilidad a causa de la pandemia causada por la \u201cCovid19\u201d, pida a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, el env\u00edo de la almoneda en la cual tiene inter\u00e9s. <\/p>\n
Para tal efecto, por secretar\u00eda se dispondr\u00e1 informar a la reclamante del correo de dicho despacho. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Carmen Esther Acosta Ram\u00edrez a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y al Juzgado Primero Civil Municipal de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado n\u00b02006-00563-00, incoado por de Electricaribe S.A. E.S.P. contra el Banco Ganadero. <\/p>\n
SEGUNDO: INFORMAR, por secretar\u00eda, a la accionante, la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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