STC307-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC307-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00034-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelly Pulido D\u00edaz contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes del juicio reivindicatorio a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
1. La accionante reclama a trav\u00e9s de gestora judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia de segunda instancia proferida el 14 de octubre de 2020, en el marco del proceso declarativo reivindicatorio que promovi\u00f3 en contra de Nicol\u00e1s Gacharn\u00e1 Alonso y Ruth Janeth Peralta Beltr\u00e1n, con radicado No. 2016-00435-00. <\/p>\n
Por tanto, solicita, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que \u00abse anule la [citada] decisi\u00f3n\u00bb, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abdict[ar] una [nueva] sentencia en derecho, teniendo en cuenta la totalidad del material probatorio, [as\u00ed como] el argumento central de la apelaci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial su apoderada, que una vez fueron evacuadas las etapas correspondientes al interior del litigio referido en l\u00edneas precedentes, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta capital emiti\u00f3 sentencia el 31 de enero de 2020, negando las pretensiones de la demanda principal y de reconvenci\u00f3n formulada por el extremo pasivo (resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 sin suerte a trav\u00e9s de apelaci\u00f3n, toda vez que la aludida Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 lo resuelto mediante la providencia rese\u00f1ada con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que la citada instancia judicial con lo decidido incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos sustantivo, f\u00e1ctico, procedimental, falta de motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, por cuanto que, en compendio, no valor\u00f3 en debida forma las pruebas recaudadas en el litigio, especialmente, la confesi\u00f3n que hizo la parte demandada en relaci\u00f3n a que son poseedores del local comercial objeto de reivindicaci\u00f3n, as\u00ed como la manifestaci\u00f3n que en tal sentido hizo su mandante en la demanda; neg\u00f3 el decreto de las pruebas solicitadas desde la sustentaci\u00f3n de la alzada; dio aplicaci\u00f3n a una posici\u00f3n jurisprudencial que no aplica al caso; y, no motiv\u00f3 con suficiencia y claridad por qu\u00e9 no estaba demostrado el requisito de la posesi\u00f3n en cabeza del demandado, ya que se\u00f1al\u00f3 que \u00abla posesi\u00f3n se entreg\u00f3 en un negocio\u00bb, esto es, en raz\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa, pero luego indic\u00f3 que este era inexistente, defectos que, afirma, tornan procedente la protecci\u00f3n suplicada en favor de su defendida a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 14 de enero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada ponente de la decisi\u00f3n cuestionada se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con sustento en que no ha vulnerado derecho alguno a la accionante, en tanto que no se aprecia que la actuaci\u00f3n adelantada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00absea contraria a la ley o se enmarque en las denominadas v\u00edas de hecho\u00bb3. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los otros involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas4. La primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Nelly Pulido D\u00edaz se duele, en concreto, de la providencia emitida el 23 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por medio de la cual se resolvi\u00f3, entre otros, \u00abCONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de [la misma ciudad] el 31 de enero [anterior]\u00bb, que a su vez dispuso negar las pretensiones incoadas dentro del proceso declarativo reivindicatorio que ella promovi\u00f3 en contra de Nicol\u00e1s Gacharn\u00e1 Alonso y Ruth Janeth Peralta Beltr\u00e1n, con radicado No. 2016-00435-005, pues en su sentir, la citada autoridad incurri\u00f3 con lo resuelto en los defectos sustantivo, f\u00e1ctico, procedimental, falta de motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por la accionante resulta improcedente, pues, si bien la Colegiatura accionada al resolver los reparos expuestos por \u00e9sta con el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la sentencia de primera instancia, al final, cit\u00f3 un precedente que no aplicaba al caso6, ya que aqu\u00ed el contrato de promesa de compraventa alegado no naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica, en tanto que no fue firmado por la demandante, aqu\u00ed actora; de ah\u00ed que, no pod\u00eda afirmarse que la posesi\u00f3n invocada proviene de una relaci\u00f3n contractual, la cual debe ser discutida en otro escenario, lo cierto es que el argumento principal para confirmar lo decidido por el a quo fue que no qued\u00f3 demostrado en el proceso que los demandados tuvieran la posesi\u00f3n del local comercial objeto de reivindicaci\u00f3n, puesto que reconoc\u00edan dominio ajeno, es decir, como propietaria del mismo a la aqu\u00ed interesada, siendo este uno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Sala para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria estatuida en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, conclusi\u00f3n que no se aprecia desprovista de l\u00f3gica y raz\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, aunque las partes en contienda, sobre todo la demandada7, fue contundente en afirmar que eran poseedores del aludido inmueble, tal aseveraci\u00f3n fue enseguida desvirtuada por su propio dicho, al manifestar que, siendo arrendadores, negociaron con la arrendadora la venta del susodicho local comercial, al punto que realizaron varios pagos a \u00e9sta imputables al precio pactado; sin embargo, por motivos que todav\u00eda desconocen, pese a que firmaron el contrato de promesa de compraventa elaborado por el abogado de confianza de la demandante, \u00e9sta no lo suscribi\u00f3, por lo que, en definitiva, no hubo transferencia del derecho real de dominio, situaci\u00f3n que ubica a los demandados en calidad de tenedores, como bien lo dilucid\u00f3 el Tribunal censurado. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el razonamiento que al asunto le dio la Corporaci\u00f3n criticada, por m\u00e1s discutible que le parezca a la gestora, y aun si pudiera admitir otra posici\u00f3n, no lleva inserta vulneraci\u00f3n superior alguna, dado que no se aprecia caprichosa o arbitraria, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las decisiones cuestionadas se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo denunciadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la misma, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC7700-2020). <\/p>\n
5. T\u00e9ngase presente adem\u00e1s, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Sala, que la acci\u00f3n de tutela \u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC7686-2020). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, basta decir, en relaci\u00f3n con el reproche endilgado a la Magistrada sustanciadora acusada, alusiva a que neg\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas en segunda instancia, cuando estas eran pertinentes y necesarias para resolver la controversia, que el mismo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues la promotora, en una conducta constitutiva de incuria, desaprovech\u00f3 la herramienta que ten\u00eda a su favor para controvertir esa decisi\u00f3n8, la cual tambi\u00e9n estima lesiva para sus derechos fundamentales, como lo era interponer el recurso de s\u00faplica, procedente a voces del art\u00edculo 331 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00fanico escenario en el que pod\u00eda ventilar la referida inconformidad, lo que no hizo, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, desidia de la cual ahora no se puede valer para anular o retrotraer dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC1664-2020). <\/p>\n
Puntualizando que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC1297-2020). <\/p>\n
7. Por lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda remitida al correo institucional de la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
5 Tambi\u00e9n en dicho fallo se negaron las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n formulada por los demandados. <\/p>\n
6 La sentencia SC1692-2019. <\/p>\n
7 Ello porque en muchas ocasiones la parte actora, hasta en el recurso de alzada, fue ambigua en sus afirmaciones, pues utilizaba indistintamente las expresiones poseedores y tenedores. <\/p>\n
8 Auto del 23\/06\/20. <\/p>\n
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