STC309-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC309-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00398-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al fallo proferido el 9 de diciembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Tercero Civil Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular con radicado 2015-01300, incoada por Leandro Giraldo (en la que aqu\u00e9l fue reconocido como coadyuvante) contra Bancolombia S.A.1; al darla por terminada por desistimiento t\u00e1cito mediante prove\u00eddo de 25 de junio de 2018, el cual mantuvo el 1\u00ba de agosto siguiente al desatar la reposici\u00f3n propuesta por el quejoso, a la vez que le inform\u00f3 que de esa censura dio traslado a todos los intervinientes en ese tr\u00e1mite y le neg\u00f3 la expedici\u00f3n de las copias que reclam\u00f3 hasta tanto sufragara los emolumentos necesarios para su reproducci\u00f3n. <\/p>\n
Anot\u00f3 el tutelante que el Juzgado quebrant\u00f3 su garant\u00eda esencial al aplicar \u00absin reparo alguno [el] desistimiento t[\u00e1]cito, figura existente en CGP e inaplicable en acci[\u00f3]n popular; al ser\u2026 esp[e]cial con etapas y t[\u00e9]rminos regulados en [la] Ley 472 de 1998, violando [el] art. 29 CN, art. 5 [de la] Ley 472 de 1998 y olvidando q[ue] el CGP, solo aplica en civil, agrario, familia, laboral, siempre q[ue] exista vac[\u00ed]o en la ley y que no se oponga a la natu[r]a[l]eza de la misma\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[s]olicit[\u00f3] correr tra[s]lado al Procurador Delegado en la acci\u00f3n popular a fin [de] q[ue]\u2026 actuara en derecho, empero nunca\u2026 corrieron [ese] tra[s]lado\u00bb. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3 ordenar al Juzgado i) \u00abcontinuar [e]l tr[\u00e1]mite de [la] acci\u00f3n popular y\u2026 decret[ar] [la] nulidad del auto por el cual se termin[\u00f3] anormalmente\u00bb; ii) \u00abcorrer traslado al Procurador Delegado en [la] a[cci\u00f3n] popular a fin [de] q[ue] act[\u00fa]e en derecho y garantice [el] art. 29 CN\u00bb; y iii) digitalizar \u00abtodo lo actuado en la acci\u00f3n popular y\u2026 envi[arlo] al correo q[ue] aport[\u00f3]\u00bb; as\u00ed mismo, exigir \u00abal Procurador Delegado en acciones populares y al Defensor del Pueblo en Pereira\u2026 q[ue] prueben c[\u00f3]mo actuaron en derecho en esta acci\u00f3n popular\u2026 y si garantizaron [el] art. 29 CN o simplemente nada [h]icieron en derecho, d[e]sconociendo [la] Ley 734 de 2002, ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado encausado limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia escaneada del expediente contentivo del asunto fustigado. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo – Regional Risaralda indic\u00f3 no ser \u00abel organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante y m\u00e1s a\u00fan cuando no se le ha vulnerado derecho alguno\u00bb, sumado a que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela debe ser declarada improcedente, ya que el accionante cuenta con otros medios diferentes para garantizar su derecho\u00bb. <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la inmediatez, porque la demanda de amparo s\u00f3lo se formul\u00f3 hasta el pasado mes de noviembre mientras que \u00aba) la\u2026 medida de terminaci\u00f3n procesal [por desistimiento t\u00e1cito] fue adoptada por auto del 25 de junio de 2018; b) en su contra el actor interpuso recurso y solicit\u00f3 correr traslado al Procurador Delegado a fin de que se pronunciara sobre lo actuado y c) mediante prove\u00eddo del 1\u00b0 de agosto de 2018 se decidi\u00f3 no reponer aquel auto. All\u00ed mismo se indic\u00f3 que de ese medio de impugnaci\u00f3n se hab\u00eda corrido traslado a la Procuradur\u00eda y a los dem\u00e1s intervinientes\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[i]mprocedentes tambi\u00e9n resultan la solicitud formulada para obtener que por el Procurador Delegado en Asuntos Civiles y el Defensor Regional del Pueblo se demuestre cu\u00e1l fue su actuar para proteger las garant\u00edas procesales del actor, ya que la acci\u00f3n de amparo est\u00e1 dise\u00f1ada para proteger derechos fundamentales concretos y no para elevar esa clase de peticiones\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el quejoso, adujo ampararse en el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, manifest\u00f3 que \u00abel auto ilegal aun en firme no ata\u00bb y rog\u00f3 \u00abvalorar todos los recursos q[ue] present[\u00f3] a fin de evitar el da\u00f1o irreparable por exceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, como la queja del promotor de la salvaguarda se dirigi\u00f3, en concreto, contra el auto de 1\u00ba de agosto de 2018, mediante el cual el Juzgado acusado i) mantuvo el que adopt\u00f3 el 25 de junio anterior -atinente a terminar, por desistimiento t\u00e1cito, la acci\u00f3n popular referida en los antecedentes-, ii) inform\u00f3 que del recurso de reposici\u00f3n all\u00ed resuelto \u00abno s\u00f3lo se corri\u00f3 traslado\u2026 a la Procuradur\u00eda\u2026, sino a las dem\u00e1s partes, tal y como lo dispone el art\u00edculo 319 del C.G.P.\u00bb, y iii) neg\u00f3 \u00abla reproducci\u00f3n de las piezas procesales solicitadas, hasta que se cancelen las expensas necesarias\u00bb; advierte la Sala que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, por no satisfacer el presupuesto de la inmediatez, como acertadamente lo concluy\u00f3 el a-quo constitucional. <\/p>\n
En efecto, entre la fecha de emisi\u00f3n de aquella providencia (1\u00ba de agosto de 2018) y la de instauraci\u00f3n de la solicitud de tutela del ep\u00edgrafe (noviembre de 2020), transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral que la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido como razonable y proporcional para acudir a este remedio excepcional de protecci\u00f3n, sin que la foliatura reporte la existencia de justificaci\u00f3n v\u00e1lida alguna para tal tardanza. <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, lo cierto es que la referida determinaci\u00f3n de dar por concluida la acci\u00f3n popular bajo la figura del desistimiento t\u00e1cito se ajust\u00f3 a la postura imperante en esta Corte, frente al particular, para ese momento (expuesta, entre muchos otros, en fallos STC20192-2017 y STC8356-2018), la cual tan s\u00f3lo vari\u00f3 con la emisi\u00f3n de la sentencia de tutela STC14483-2018 (7 nov., rad. 2018-00755-01), cuya nueva doctrina, acorde con lo dispuesto por esta Corporaci\u00f3n, s\u00f3lo \u00abse aplicar\u00e1 desde su adopci\u00f3n el 1\u00ba de diciembre de 2018 en sentido gen\u00e9rico\u00bb (STC236-2019, 21 en., rad 2018-01088-01), esto es, frente a decisiones emitidas con posterioridad a la aqu\u00ed cuestionada. <\/p>\n
4. En un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, esta Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que desde la fecha de proferimiento del auto de 26 de agosto de 2016, que confirm\u00f3 el del d\u00eda 8 anterior, por [el] cual el Juzgado encausando termin\u00f3 la acci\u00f3n popular\u2026 por desistimiento t\u00e1cito, y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 14 de noviembre de 2018, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, recientemente en un asunto con id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que los prove\u00eddos que determinaron la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito en las demandas que originan las quejas acumuladas en el este asunto, datan del 8 de agosto de 2016\u2026, y los autos que resolvieron la reposici\u00f3n formulada y a su vez negaron la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n ocurrieron el 26 de agosto de ese mismo a\u00f1o\u2026; mientras que los presentes resguardos fueron radicados el 14 de noviembre de 2018\u2026, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
En todo caso, es pertinente se\u00f1alar que para el 8 de agosto de 2016, fecha en que se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, dicha figura era aplicable para las acciones populares seg\u00fan el criterio mayoritario de esta Sala, de ah\u00ed que no pueda predicarse una v\u00eda de hecho por parte de la autoridad judicial cuestionada (CSJ, STC215-2019, 17 en. 2019, rad. 2018-01094) (CSJ STC719-2019, 31 en., rad. 2018-01092-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto a las dem\u00e1s pretensiones, especialmente las relacionadas con la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, es necesario recordar al quejoso, como insistentemente se le ha dicho en m\u00faltiples ocasiones, que si considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular de parte de esas entidades, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
6. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Sede de vulneraci\u00f3n: sucursal de la carrera 42 Nro. 38-22 de Envigado. <\/p>\n
<\/p>\n
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