STC312-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC312-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2020-00369-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3: (i) \u00abse ordene nulidad del auto que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular\u00bb criticada; (ii) \u00abque digitalice todo lo actuado en la a[cci\u00f3n] popular, incluyendo tutelas de existir y [se] las reenv\u00ede al correo electr\u00f3nico\u00bb; (iii) \u00abse vincule al procurador delegado en acciones populares y al defensor del pueblo en Pereira\u2026 a fin que prueben y demuestren en derecho como garantizaron art 29 CN en la acci\u00f3n popular tutelada hoy y\u2026 que cumplen ley 734 de 2002\u00bb; y (iv) \u00abse vincule al consejo seccional judicatura sala disciplinaria y sala administrativa a fin que aporten copia de todas [sus] quejas\u2026 disciplinarias presentadas\u2026 contra la juez y contra el Tribunal sscf (sic) de Pereira, consignando para todas y cada una de ellas, lo ocurrido en derecho y cuando decidir\u00e1 en derecho\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Leandro Giraldo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia SA (radicaci\u00f3n 2015-01421), que fue admitida por el juzgado criticado con prove\u00eddo del 14 de julio de 2016, tr\u00e1mite en el que se reconoci\u00f3 a Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga como coadyuvante. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, a trav\u00e9s de auto del 3 de mayo de 2018, se requiri\u00f3 al demandante, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, para que adelantara \u00ablas gestiones necesarias tendientes a concretar la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad del tr\u00e1mite de [esa] acci\u00f3n\u00bb, para lo cual le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas. <\/p>\n
2.3. Vencido el plazo otorgado, sin que se cumpliera la aludida carga, el estrado querellado con providencia del 25 de junio de 2018, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el coadyuvante, recurso desestimado con auto del primero de agosto siguiente. <\/p>\n
2.4. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado querellado \u00abtermin\u00f3 ilegalmente [la acci\u00f3n popular cuestionada]\u2026 por desistimiento t\u00e1cito, inaplicable en acciones populares\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda destac\u00f3 que \u00abha tramitado las quejas que formalmente el aqu\u00ed accionante ha formulado\u2026 en contra de la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira, garantiz\u00e1ndole el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
3. El municipio de Pereira dijo atenerse a lo que se demostrara en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. El municipio de Medell\u00edn dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abal no existir acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte de la Administraci\u00f3n municipal de la que pudiera derivarse la supuesta afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
6. El Procurador 10 Judicial II de la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles de Medell\u00edn defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n judicial reprochada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo por temeridad, habida cuenta que \u00abel interesado previamente hab\u00eda ventilado los mismos cuestionamientos frente al juzgado; en efecto, se trata de la tutela radicada al No.2018-01115-01 en la que, entre otras peticiones, solicit\u00f3 \u201c(\u2026) se decrete de manera INMEDIATA nulidad del auto que termino (Sic) la acci\u00f3n popular (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3, \u00aben lo atinente a la digitalizaci\u00f3n del expediente y dem\u00e1s pretensiones frente a las autoridades accionadas\u2026, [que] la tutela es improcedente por la evidente ausencia de conductas reprochables\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo resalt\u00f3 que \u00abel auto ilegal no ata aun en firme\u00bb, por lo que pidi\u00f3 continuar con el curso de la acci\u00f3n popular objeto de reproche constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinado el presente caso y circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se verifica que el actor cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 25 de junio de 2018, que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular fustigada por desistimiento t\u00e1cito, al considerar que dicha decisi\u00f3n es \u00abilegal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que fue negada, en sede de impugnaci\u00f3n, por esta Sala Especializada con sentencia del 31 de enero de 2019 (STC755-2019), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Obrando en nombre propio, el querellante sostiene que la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso, en la demanda popular n\u00b0 2015\u201301421 que instaur\u00f3 Leandro Giraldo contra Bancolombia S.A., y en la que participa como coadyuvante, dado que el despacho termin\u00f3 su acci\u00f3n \u00ab (\u2026) con figura inexistente en ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, y solo existente en el CGP, llamada DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el juzgado censurado \u00abSE NEGO (sic) ACEPTAR MI DESISTIMIENTO ANTE LA RENUENCIA DE LA JUEZ EN TRAMITAR LA A (sic) POPULAR Y OLVIDO QUE LOS RECUROSOS (sic) QUE IMPETRE (sic) DETIENEN EL TERMINO (sic) DE 30 D\u00cdAS Y CADA Q (sic) RESULVA (sic) UN RECURSO, DEBE CONTABILIZAR NUEVAMENTE ESE TERMINO\u00bb (sic), afirm\u00f3 igualmente que el procurador delegado no act\u00faa en el pleito planteado, desconociendo las normas que lo regulan, pues \u00abnunca presento (sic) nulidad del auto ilegal que termino (sic) la acci\u00f3n popular (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u2026 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira no configura defectos de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la autoridad judicial cuestionada requiri\u00f3 al promotor para que realizara la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad sobre la admisi\u00f3n de la demanda, y una vez comprobado el incumplimiento de la carga procesal asignada, procedi\u00f3 a decretar su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, el 25 de junio de 2018, y una vez se recurri\u00f3 tal determinaci\u00f3n, mantuvo su postura inicial el 1\u00ba de agosto de 2018 (f. 15, cd. 1). <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n adquiri\u00f3 firmeza e hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, adicionalmente, para la fecha en que fue emitida tal determinaci\u00f3n el criterio mayoritario de esta Corporaci\u00f3n establec\u00eda que s\u00ed era aplicable esta figura en las acciones populares, lo que reafirma que no puede endilg\u00e1rsele una v\u00eda de hecho a la providencia que as\u00ed la adopt\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, debe advertirse que la Sala en recientes pronunciamientos modific\u00f3 la posici\u00f3n que ven\u00eda sosteniendo sobre la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito se\u00f1alando su improcedencia, sin embargo, los efectos interpartes de las decisiones de tutela s\u00f3lo tienen aplicaci\u00f3n hacia el futuro y en caso de similares situaciones f\u00e1cticas, por lo que no resulta posible su extensi\u00f3n al presente caso. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Por las razones as\u00ed esbozadas, y comoquiera que la terminaci\u00f3n anticipada, obedeci\u00f3 a un criterio jur\u00eddico razonable y se encontraba conforme con el precedente jurisprudencial de la \u00e9poca de esta Corte, se revocar\u00e1 el auxilio otorgado, dejando sin efectos las actuaciones realizadas en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
6 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC312-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC312-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2020-00369-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53181","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53181"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53181\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}