STC313-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC313-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00030-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Victoria Celed\u00f3n Sim\u00f3n contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del tr\u00e1mite especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb y a la \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada en el marco del tr\u00e1mite especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a favor de la gestora y de Jorge Lorenzo, Alfonso Javier, Mar\u00eda \u00c1ngela y Mar\u00eda Eugenia Celed\u00f3n Sim\u00f3n, con Rad. 2016-00116-00. <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, \u00abdejar sin efecto jur\u00eddico la sentencia del 28 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, aduce en s\u00edntesis, que mediante la decisi\u00f3n de fondo en comento, la Colegiatura criticada desestim\u00f3 la petici\u00f3n de restituci\u00f3n del predio rural denominado \u2018La Proveedora\u2019, situado en la vereda \u00abLos Ceibotes\u00bb del municipio de Valledupar (Cesar), e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-10770, tras advertir que no se prob\u00f3 que el abandono del predio estuviera asociado al conflicto armado interno y que los solicitantes salieron del fundo de manera voluntaria, incurriendo as\u00ed, en causal de procedencia del amparo, habida cuenta que: (i) se encontraba acreditada la presencia de grupos al margen de la ley en la zona donde est\u00e1 ubicada la heredad en menci\u00f3n y ese solo hecho era suficiente para \u00absentirse intimidado y obligado a abandonar la propiedad\u00bb, por ende, resultaba innecesario demostrar que el despojo fue consecuencia de una acci\u00f3n directa en contra de la integridad de los solicitantes; (ii) desatendi\u00f3 que su padre Alfonso Celed\u00f3n Benjumea sali\u00f3 del inmueble aludido \u00abpor miedo a ser secuestrado o extorsionado por grupos armados al margen de la ley que transitaban libremente\u00bb por esa zona, tal y como fue corroborado por varios testigos; (iii) concluy\u00f3 que la muerte de Jos\u00e9 del Carmen Galv\u00e1n, administrador del predio, fue atribuible a la \u00abdelincuencia com\u00fan\u00bb, cuando ese hecho est\u00e1 asociado a la actuaci\u00f3n de grupos ilegales; (iv) omiti\u00f3 otorgarle valor a las declaraciones que daban cuenta del secuestro del solicitante Alfonso Javier Celed\u00f3n Sim\u00f3n por parte de la guerrilla; (v) estim\u00f3 que el abandono del bien se produjo voluntariamente por la falta de inter\u00e9s de su padre en la explotaci\u00f3n del mismo, sin embargo, afirma, \u00abno existe un solo elemento en el sumario que confirme esa aseveraci\u00f3n\u00bb; y, (vi) brind\u00f3 plena credibilidad a los testimonios de los opositores sin tener otro respaldo probatorio para ratificar sus dichos, circunstancia que vulner\u00f3 el \u00abprincipio de igualdad en la contienda judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 14 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena aleg\u00f3, que \u00abhizo un minucioso, exhaustivo e integral examen del acervo probatorio a la luz de los principios de la ley 1448 de 2011 y dem\u00e1s normas integrantes del Bloque de Constitucionalidad en materia de protecci\u00f3n a las v\u00edctimas del conflicto armado y\/o desplazamiento forzado\u00bb, raz\u00f3n por la cual la vulneraci\u00f3n denunciada por la gestora es inexistente. <\/p>\n
b.) El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi expres\u00f3, que no ha conculcado prerrogativa alguna a la gestora, pues su intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite especial motivo de censura se limit\u00f3 a \u00abproporcionar y poner a disposici\u00f3n de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras la informaci\u00f3n que reposa en sus bases de datos sobre los predios bajo su jurisdicci\u00f3n (\u2026)\u00fatiles para su actuaci\u00f3n en la etapa administrativa\u00bb; y adem\u00e1s, \u00abel IGAC act\u00faa como perito auxiliar en la etapa judicial del proceso y cumple las \u00f3rdenes que indican actuaciones catastrales en los fallos de restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c.) La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas refiri\u00f3, que \u00abtodas las actuaciones desplegadas por los operadores judiciales dentro del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras con radicado No 20001-31-21-001-2016-00116- 00, se surtieron respetando el derecho de defensa y contracci\u00f3n de las partes en el proceso, y acceder a las pretensiones del accionante podr\u00eda comprometer el principio de seguridad jur\u00eddica, la garant\u00eda de la cosa juzgada y la presunci\u00f3n de acierto de que est\u00e1n revestidas las providencias judiciales, dejando en claro que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas no tiene inferencia alguna en la amenaza o vulneraci\u00f3n efectiva de alg\u00fan Derecho Fundamental de la accionante, ni tiene responsabilidad alguna, en torno a las pretensiones de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
d.) La Procuradur\u00eda Veintid\u00f3s de Restituci\u00f3n de Tierras manifest\u00f3, que la sentencia cuestionada estuvo fundamentada en el material probatorio obrante en el expediente del tr\u00e1mite censurado, por lo que se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
e.) Al momento de registrar el proyecto de fallo no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En innumerables fallos la Corte ha decantado que la tutela tan s\u00f3lo procede contra providencias o actuaciones judiciales en los casos en que \u00e9stas entra\u00f1en alguna causal de procedencia del amparo, valga decir, que sean el fruto de una arbitrariedad del administrador de justicia, en cuya virtud, se ocasione quebranto a los derechos fundamentales, siempre que el afectado no tenga a su disposici\u00f3n otra forma de resguardo judicial o que haya acudido tard\u00edamente al escenario constitucional. <\/p>\n
2. En el presente asunto, la accionante cuestiona la sentencia del 28 de julio de 2020, mediante la cual la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena desestim\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a favor de la gestora y de Jorge Lorenzo, Alfonso Javier, Mar\u00eda \u00c1ngela y Mar\u00eda Eugenia Celed\u00f3n Sim\u00f3n, con Rad. 2016-00116-00. <\/p>\n
3. Sin embargo, se pone al descubierto la improcedencia de la tutela en este espec\u00edfico caso, pues no se observa defecto alguno para dejar sin valor ni efecto la providencia aqu\u00ed cuestionada, en la medida en que el Tribunal accionado expuso unas apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que no lucen caprichosas o antojadizas. <\/p>\n
En efecto, para denegar las pretensiones de los solicitantes dentro del tr\u00e1mite especial atacado, la Corporaci\u00f3n accionada comenz\u00f3 por apreciar las declaraciones de \u00e9stos y de los testigos Luis Carlos Paba Royero, Adolfo Le\u00f3n Guerra Palmezano y Rodolfo Pumarejo Maestre, en cuyo labor\u00edo encontr\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abcorroboraron que el se\u00f1or ALFONSO CELEDON BENJUMEA hab\u00eda sido v\u00edctima de abandono y\/o desplazamiento forzado de la finca La Proveedora, por una serie de hechos violentos que se ven\u00edan presentando para comienzos de los a\u00f1os 90, perpetrados b\u00e1sicamente por grupos armados de guerrilla que operaban en la zona de ubicaci\u00f3n del citado inmueble. En efecto, se refieren principalmente a hechos como el homicidio de un administrador de la finca La Proveedora que trabajaba para el se\u00f1or ALFONSO CELEDON, al hurto de ganado y a un atentado contra un quiosco que se encontraba en el predio, todo lo cual atribuyen a grupos armados al margen de la ley, espec\u00edficamente de guerrilla, los cuales hac\u00edan presencia en la zona. <\/p>\n
El dicho de estos testigos se encuentra acorde con el contexto de violencia que se viv\u00eda en la zona pues ya desde comienzos de los a\u00f1os 90 exist\u00eda presencia de grupos armados en la zona de ubicaci\u00f3n del predio La Proveedora, tal como se evidencia en el oficio No. 0035 BR2-BAPOP-S2-INT- 252 de fecha 28 de marzo de 1990 emitido por el Batall\u00f3n de Artiller\u00eda No. 2 \u201cLa Popa\u201d, con destino al \u201cPROPIETARIO FINCA Proveedora\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como bien se observa, aunque el citado documento no d\u00e9 cuenta exacta de presencia de grupos guerrilleros asentados en el inmueble La Proveedora, si lo hace respecto de la zona de ubicaci\u00f3n del mismo pues hace menci\u00f3n a la invasi\u00f3n de fincas ubicadas cerca a este. Con este documento se torna entonces razonable lo expuesto por los solicitantes y por los testigos LUIS CARLOS PABA ROYERO, ADOLFO LEON GUERRA PALMEZANO y RODOLFO PUMAREJO MAESTRE, quienes afirman que para comienzos de los a\u00f1os 1990, 1991, 1992, 1993, exist\u00eda presencia de grupos guerrilleros en la zona donde se encontraba ubicado el predio La Proveedora y que al parecer esta fue la raz\u00f3n por la cual el se\u00f1or ALFONSO CELEDON BENJUMEA se vio en la necesidad de abandonar las actividades que ven\u00eda ejerciendo en el inmueble. <\/p>\n
En efecto, los solicitantes ANGELA CELEDON SIMON y JORGE LORENZO CELEDON SIMON as\u00ed como tambi\u00e9n los testigos LUIS CARLOS PABA ROYERO, ADOLFO LEON GUERRA PALMEZANO y RODOLFO PUMAREJO MAESTRE, concuerdan en que las razones para que el se\u00f1or ALFONSO CELEDON BENJUMEA se vio obligado a abandonar forzosamente el predio La Proveedora por la destrucci\u00f3n de un quiosco que hab\u00eda construido all\u00ed, el homicidio de un administrador del predio de apellido GALVAN, los actos de abigeato y amenazas proferidas contra \u00e9l y toda su familia\u00bb. <\/p>\n
Puestas en esa dimensi\u00f3n las cosas, el Tribunal de Cartagena dio aplicaci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 78 de la Ley 1448 de 2011, sobre la inversi\u00f3n de la carga de la prueba y traslad\u00f3 en cabeza de los opositores la obligaci\u00f3n de acreditar que no hubo abandono y que no se presentaron circunstancias que ameritaran afectar el derecho que invocaban los solicitantes respecto el predio. As\u00ed, inici\u00f3 por valorar las declaraciones de los opositores y los testimonios de El\u00edas Casta\u00f1o Guerra, Herlinda Reyes Castillo, Manuel Echeverr\u00eda, Iv\u00e1n Hinojosa Anicharico, Lucy del Carmen Mart\u00ednez \u00c1lvarez, Hermes Rojas Molina, Gustavo Enrique Arias Camarillo, Hugo Galindo Nieves y Luis Ernesto Cadena, para concluir que: <\/p>\n
Hechos como la destrucci\u00f3n de un quiosco que hab\u00eda en el predio y el homicidio del se\u00f1or JOSE DEL CARMEN GALVAN – trabajador del se\u00f1or ALFONSO CELEDON \u2013 han sido claramente relacionados como hechos ajenos a la presencia y acci\u00f3n de los grupos armados al margen de la ley que hac\u00edan presencia en la zona (y no en el predio). <\/p>\n
En cuanto a la destrucci\u00f3n del quiosco, es claro que ninguno de los testigos da cuenta de que tal evento haya sido causado por el accionar de alg\u00fan grupo guerrillero con la intenci\u00f3n de atentar contra los bienes del se\u00f1or ALFONSO CELEDON BENJUMEA o contra su permanencia en el predio. En apartes anteriores qued\u00f3 claro que los testigos HERLINDA REYES y dem\u00e1s personas que aseguraron haber ingresado al predio entre los a\u00f1os 1988 y 1991 concuerdan en que el quiosco fue destruido por un gran \u00e1rbol de ceiba que se encontraba contiguo a la edificaci\u00f3n en un d\u00eda de intensa lluvia con fuertes brisas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, declarantes como VICTOR MARQUEZ y LUIS MOLINA, apoyados en las declaraciones de HERLINDA REYES, ELIAS CATA\u00d1O, MANUEL ECHEVERRIA y otros m\u00e1s con claro conocimiento del hecho corroboraron con gran detalle las circunstancias en que ocurri\u00f3 el homicidio del se\u00f1or JOSE DEL CARMEN GALVAN, hacia el a\u00f1o 1990 aproximadamente, asoci\u00e1ndolo a delincuencia com\u00fan pues lo atribuyen a una banda de cuatreros que operaba en la zona y que estaba dedicada a hurtar ganado de otros inmueble ubicados en la misma zona de la Proveedora\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, de las declaraciones practicadas al tr\u00e1mite especial acusado, la autoridad judicial convocada tambi\u00e9n observ\u00f3, que los \u00abtestigos tra\u00eddos por los solicitantes (ADOLFO GUERRA, RODOLFO PUMAREJO y LUIS CARLOS PABA ROYERO), no mencionaron haber escuchado alguna vez que el se\u00f1or ALFONSO CELEDON BENJUMEA recibiera amenazas o fuera v\u00edctima de extorsi\u00f3n en el predio La Proveedora ni en otro lugar con el fin de que abandonara este \u00faltimo inmueble\u00bb, a lo cual, agreg\u00f3 que si bien esos testimonios daban cuenta de un hurto de ganado en el predio objeto de restituci\u00f3n, ese delito \u00abno necesariamente ten\u00eda que estar asociado al conflicto armado pues as\u00ed como los grupos armados comet\u00edan abigeato tambi\u00e9n lo pod\u00edan cometer particulares\u00bb, y que el homicidio de Jos\u00e9 del Carmen Galv\u00e1n, administrador del fundo, fue atribuible a \u00abun grupo de \u201ccuatreros\u201d extrayendo ganado de una finca, las cuales decidieron dar fin a su existencia para que no los denunciara\u00bb. <\/p>\n
Y en cuanto al secuestro de Alonso Javier Celed\u00f3n Sim\u00f3n, consider\u00f3 que \u00abes claro que tal hecho ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 1992 y en un lugar distinto al predio La Proveedora como lo es el municipio de la Jagua del Pilar, raz\u00f3n por la cual, no es posible atribuir conexi\u00f3n de ese evento con la permanencia en el predio La proveedora\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en el curso del asunto objeto de revisi\u00f3n constitucional, la autoridad judicial acusada con observancia en los testimonios y en las pruebas documentales, tambi\u00e9n hall\u00f3 por demostrado que varios de los opositores ingresaron a la heredad referida desde el a\u00f1o 1988, por autorizaci\u00f3n expresa del propietario el se\u00f1or Alfonso Manuel Celed\u00f3n Benjumea, padre de los solicitantes, quien les permiti\u00f3 la entrada con el fin de \u00abenajenar el fundo al INCORA para que este lo adjudicara a campesinos de la zona\u00bb, y, porque \u00abpara el a\u00f1o 1988 reca\u00eda un embargo sobre el inmueble y el se\u00f1or ALFONSO CELEDON BENJUMEA no ten\u00eda intenciones de saldar la deuda pues sus verdaderos intereses se encontraban en otro inmueble rural ubicado en el municipio de Urumita, Guajira al que llaman algunos testigos como \u201cEl Mosquito\u201d\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en mente lo dicho, la Colegiatura concluy\u00f3, entonces, que: <\/p>\n
\u00aben el periodo de tiempo que el se\u00f1or ALFONSO CELEDON BENJUMEA permaneci\u00f3 en el predio La Proveedora (1981-1988), no est\u00e1 demostrado que haya sufrido hechos de violencia, pues aunque no se niega la presencia de grupos de guerrilla en la zona para esa \u00e9poca, lo cierto es que no existe prueba de hechos asociados al conflicto armado ocurridos en el predio. <\/p>\n
Y si en gracia de discusi\u00f3n se asumiera que el se\u00f1or ALFONSO CELEDON BENJUMEA sali\u00f3 por causas asociadas al conflicto armado, se tendr\u00eda que dicha salida ocurri\u00f3 como ya se dijo, en el a\u00f1o 1988, fecha esta que se encuentra por fuera del espacio temporal cobijado por la ley 1448 conforme a lo expuesto en el art\u00edculo 75, cuyo tenor literal dispone que son titulares del derecho a la restituci\u00f3n \u201c….Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de bald\u00edos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicaci\u00f3n, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el art\u00edculo 3o de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el t\u00e9rmino de vigencia de la Ley\u201d\u00bb. <\/p>\n
4. Se aprecia de este modo, que las valoraciones sobre los puntos materia de discordia, sea cual fuere el criterio de cara a las mismas, no fueron irreflexivas o antojadizas, sino basadas en una ponderaci\u00f3n juiciosa de los elementos demostrativos aportados al asunto cuestionado, de la situaci\u00f3n respectiva y de las normas llamadas a gobernarla, lo que impide la interferencia del juez de tutela, ya que en lo referente a la interpretaci\u00f3n legal y a la evaluaci\u00f3n probatoria, no puede inmiscuirse el juez constitucional porque esos precisos puntos pertenecen al contorno funcional de cada administrador de justicia, por tal raz\u00f3n no deben someterse al escrutinio de la acci\u00f3n de amparo, salvo, se reitera, en situaciones de evidente arbitrariedad, circunstancia que en el sub examine se encuentra descartada. <\/p>\n
Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC081-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, se impone negar la salvaguarda instada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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