STC316-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC316-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00345-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de diciembre de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado 5\u00b0 Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Juzgado accionado i) \u00abfij[ar] agencias en derecho a [su] favor y en favor del coadyuvante\u2026 en suma no inferior a 1 smmlv amparado acuerdo csj del 5 de [a]gosto de 2016\u00bb; y ii) \u00abque cada vez que notifique una sentencia, la notifique al correo que aparece en la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Pereira, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado 5\u00b0 Civil del Circuito de esa ciudad, con radicado 2019-00163; autoridad que, luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 3 de noviembre de 2020 ampar\u00f3 los derechos colectivos invocados, condenando en costas a la convocada a favor del actor. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela se duele el actor, en s\u00edntesis, que \u00abla accionada no fija agencias en derecho a [su] favor ni en favor del coadyuvante\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Risaralda manifest\u00f3 que contra el actor promovi\u00f3 proceso ejecutivo, que est\u00e1 en curso; solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que el llamado a responder es la autoridad judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Provincial de Pereira inco\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras advertir que no ha vulnerado las prerrogativas invocadas por el actor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado 5\u00b0 Civil del Circuito de Pereira relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que el expediente est\u00e1 pendiente de dictar auto fijando costas, sin embargo, destac\u00f3 que, \u00ablos dineros que el actor popular pueda percibir dentro de cualquier tr\u00e1mite se encuentran embargados, por cuenta del proceso ejecutivo 2017-00326 tramitado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta localidad\u00bb; remiti\u00f3 el link a fin de consultar la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar ausente el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que el gestor no ha solicitado al estrado querellado la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho que echa de menos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo relativo a la notificaci\u00f3n de la sentencia a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico, tampoco ha sido pretendido ante el juez natural. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n formulada, del examen de la demanda de amparo se establece que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada al fracaso, tras encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues de las probanzas aportadas al plenario y auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese acudido ante el fallador accionado a fin de pretender lo que por esta v\u00eda excepcional pide, torn\u00e1ndose improcedente el resguardo, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, las anteriores situaciones enmarcan la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se respaldar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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