STC319-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC319-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00241-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, Audifarma S.A., la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda 1 Judicial II Delegada para Asuntos Civiles y Laborales y la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abdigitalizar lo q[ue] la tutelada dijo agregar y q[ue] nunca digitalizo\u00bb; que la acci\u00f3n \u00abse notifique en estados, aportar siempre el link donde se encuentre la acci\u00f3n digitalizada en su integridad\u2026\u00bb; que se \u00abpronunci[e] en derecho si la Ley 472 de 1998 le permite la renuencia q[ue] tiene con la acci\u00f3n\u00bb; que se \u00abobserve la mora judicial de la tutelada quien no cumple t\u00e9rminos perentorios de tiempo q[ue] le impone y ordena Ley 472 de 1998\u00bb; y que le \u00abinforme q[ue] acci\u00f3n legal deb[e] impetrar\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Audifarma1, bajo el radicado 2016-00519, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, despacho ante el cual el 16 de octubre de 2020 el actor elev\u00f3 distintas solicitudes <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que la acci\u00f3n popular lleva \u00abvegetando largos periodos est\u00e9riles de tiempo en el despacho\u00bb, el que no aplica el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 472 de 1998; y que en el estado de 9 de noviembre de 2020 se consign\u00f3 que se agregaba expediente de la Subdirecci\u00f3n de Vigilancia, lo cual no es cierto. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el link de consulta del expediente criticado 2016-00519. <\/p>\n
2. Audifarma S.A. indic\u00f3 que el proceso se ha desarrollado conforme a la ley; que el gestor act\u00faa de forma temeraria y de mala fe al dilatar y congestionar los estrados judiciales en sus distintas instancias; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no se presenta la supuesta vulneraci\u00f3n en tanto que el centro de atenci\u00f3n farmac\u00e9utica ya fue trasladado. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues las pretensiones enunciadas no la vinculaban y su resoluci\u00f3n tampoco se encontraba en el marco de sus competencias; adem\u00e1s que no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que ha sido notificada de m\u00faltiples tutelas, con escritos id\u00e9nticos y contra el mismo despacho, en donde solo cambia el radicado, lo que era inaudito para la administraci\u00f3n de justicia; que no exist\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no es vinculado directamente en esta acci\u00f3n, no se determin\u00f3 cual fue su omisi\u00f3n, ni transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues el 16 de octubre de 2020 el gestor elev\u00f3 diferentes solicitudes ante el estrado acusado y el 27 de ese mismo mes promovi\u00f3 la tutela, esto es, de forma prematura, sin esperar a que el fallador se pronunciara al respecto; y que solo a partir de las respuestas brindadas en el auto de 5 de noviembre siguiente se pod\u00eda analizar si existi\u00f3 alguna irregularidad susceptible de remediarse por esta v\u00eda excepcional, sin dejar de lado que dicha determinaci\u00f3n pod\u00eda ser controvertida en reposici\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que se deb\u00eda aplicar el Decreto 2591 de 1991, pues el estrado acusado no contestaba la tutela; que ped\u00eda se le demostrara como fue notificado Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, en tanto que se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en centenares de acciones populares y nunca se le permiti\u00f3 informar a la comunidad por la p\u00e1gina web, entonces no entiende cuando esta se volvi\u00f3 un medio id\u00f3neo para efectuar los enteramientos de las acciones constitucionales, pues nunca se lo hab\u00edan aceptado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, esto es, la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2016-00519, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el promotor no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 5 de noviembre de 2020, con el que, entre otras cosas, se le inform\u00f3 que la acci\u00f3n popular se encontraba digitalizada desde el mes de julio de 2020, que el despacho acusado era garante de la Ley 472 de 1998, se le deneg\u00f3 la nulidad y el desistimiento impetrado y se reconoci\u00f3 como coadyuvante a Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo, raz\u00f3n por la que el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: <\/p>\n
\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada 15 may. y 17 oct. 2012, rads. 2012-00017-01 y 2012-02127-00; STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00). <\/p>\n
3. De otro lado, frente a los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n relativos a la aplicaci\u00f3n del Decreto 2591 de 1991 ante la falta de contestaci\u00f3n del despacho convocado, lo cierto es que tal argumento no es de recibo, en la medida en que el juzgador querellado dio respuesta a la solicitud de amparo, sumado a que el reclamo constitucional se efectu\u00f3 de cara a una actuaci\u00f3n judicial, por lo que s\u00f3lo con verificar el decurso procesal era suficiente para proferir una determinaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Finalmente, en lo atinente a la notificaci\u00f3n de Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, se advierte que el libelista carece de legitimaci\u00f3n, porque el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procedimientos de tutela por la remisi\u00f3n normativa trazada a partir del art\u00edculo 4 del Decreto Reglamentario 306 de 1992, dispone que la \u00abindebida representaci\u00f3n o por falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento solo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada…\u00bb, o sea, los \u00abtercer[os] interesados\u00bb, por lo que tal ruego ha de desestimarse. <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Lugar de vulneraci\u00f3n: Avenida 1 de mayo No. 34-41. <\/p>\n
<\/p>\n
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