STC320-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC320-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-21-000-2020-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwin Evelio Hern\u00e1ndez Torres contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, a cuyo tr\u00e1mite se vincularon las personas que actualmente conforman la lista de elegibles para el cargo de Asistente Administrativo Grado 5 (Actividades Secretariales o Administrativa) Grupo 12 – \u00c1rea Administrativa, se\u00f1aladas en el Acuerdo CSJNS2020- 184 del 20 de agosto de 2020. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, \u00abacceso al empleo p\u00fablico\u00bb, trabajo e \u00abigualdad de oportunidades\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad accionada, por lo que pidi\u00f3 le ordene cumplir lo dispuesto \u00aben la resoluci\u00f3n CJR20-0208 del 6 de noviembre de 2020, haciendo una acci\u00f3n administrativa real, que permita la creaci\u00f3n de una lista de elegibles conforme al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente asunto, en s\u00edntesis, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Edwin Evelio Hern\u00e1ndez Torres fue nombrado, el 31 de julio de 2020, en provisionalidad, en el cargo de Asistente Administrativo Grado 5 en la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial De C\u00facuta. <\/p>\n
2.2. El 3 de agosto de 2020, la autoridad accionada public\u00f3 el formato de \u00abopci\u00f3n sede\u00bb del mencionado cargo (Asistente Administrativo Grado 5), con la finalidad de proveerlo en propiedad, oportunidad en la que estableci\u00f3, como uno de los requisitos de dicho trabajo, el \u00abmanejo de equipos electr\u00f3nicos de comunicaci\u00f3n de conmutaci\u00f3n y similares\u00bb. <\/p>\n
2.3. Expres\u00f3 el accionante que el prenotado requisito \u00abno corresponde con el cargo a opcionar\u00bb, por lo que la enjuiciada, modific\u00f3 el formato de opci\u00f3n sede, \u00abel mismo d\u00eda en que se cerraba la posibilidad de escoger sede\u00bb, sin miramiento que \u00abdebi\u00f3 realizar un aviso formal con la modificaci\u00f3n pertinente y de igual forma, iniciar el termino en una fecha posterior, pues al no hacerlo, se vulner\u00f3 la posibilidad de los aspirantes al goce del derecho a tomar sede de opci\u00f3n de una manera plena y sin la existencia de posible inducci\u00f3n al error\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adicion\u00f3 que la convocada pretendi\u00f3 subsanar el rese\u00f1ado yerro \u00aba trav\u00e9s de un aviso de manera informal violando el principio de publicidad, toda vez que no fue realizado a trav\u00e9s de aviso o comunicado, como se realiza en\u2026 las situaciones que se presentan modificaciones en las etapas del concurso\u00bb, situaci\u00f3n por la que \u00ablas personas interesadas no pudimos opcionar (sic) al cargo\u2026, ya que se nos violent\u00f3 el debido proceso de manera directa, puesto que se vici\u00f3 la toma de opci\u00f3n, toda vez que dicho error que presentaba el formato inicial, no permit\u00eda tener claridad frente a los cargos ofertados\u00bb. <\/p>\n
2.5. De otro lado, destac\u00f3 que el Consejo Superior de la Judicatura con resoluci\u00f3n CJR20-0208 del 6 de noviembre de 2020, reconoci\u00f3 que \u00abel procedimiento realizado para integrar la lista de elegibles comport\u00f3 un error\u00bb, por lo que exhort\u00f3 a la querellada \u00abpara que [corrigiera] la actuaci\u00f3n administrativa con fundamento en la cual expidi\u00f3 la Lista de Elegibles para el cargo de Asistente Administrativo Grado 5\u00bb, mandato que desatendi\u00f3 la autoridad cricada. <\/p>\n
2.6. Finalmente, destac\u00f3 que con lo anteriormente expuesto: <\/p>\n
\u2026 queda evidenciada la existencia real de un perjuicio que justifica las medidas a adoptar por parte del juez constitucional dentro del proceso de convocatoria y selecci\u00f3n de la lista de elegibles para proveer el cargo de Asistente Administrativo Grado 5, pues no hacerlo, causa un da\u00f1o especifico a los interesados en participar en dicho concurso, pues se encuentra presente la imposibilidad de acceder al mismo y un da\u00f1o a la persona que ostenta el cargo en provisionalidad puesto que el mismo posee derechos como servidor judicial y su despidi\u00f3 ser\u00eda ilegal por ser consecuencia de un acto administrativo [irregular]. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de C\u00facuta y Norte de Santander solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n en la causa, toda vez que\u2026 dentro de sus funciones no est\u00e1n las censuradas por la parte accionante\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n e inform\u00f3 que Edwin Evelio Hern\u00e1ndez Torres \u00abno hizo ni hace parte de los Registros Seccionales de Elegibles de la Convocatoria No. 2 del Empleados de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resalt\u00f3 que no deb\u00eda ser vinculada \u00abcomo parte accionada en el presente proceso constitucional, porque, conforme lo dispuesto en el numeral 1 del art\u00edculo 101 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, corresponde a los Consejos Seccionales de la Judicatura administrar la carrera judicial en el correspondiente Distrito\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el resguardo, al considerar que el gestor \u00abcuenta con otro mecanismo para que se dirima la controversia que [plantea], que se torna id\u00f3neo y eficaz, como es la posibilidad de impetrar la acci\u00f3n de cumplimiento ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo en el marco de la Ley 393 de 1997\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n resalt\u00f3 que como el promotor <\/p>\n
\u2026 no concurs\u00f3 ni hace parte de los Registros Seccionales de Elegibles de la Convocatoria No. 2 de Empleados de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, su inconformidad se ubica en un escenario de debate de rango legal y no constitucional, pues no se vislumbra de forma manifiesta prerrogativa de primer orden en disputa, de lo que deviene la improcedencia del amparo rogado por el incumplimiento del postulado de la subsidiariedad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales y, en especial, resalt\u00f3 que, si bien no hace \u00abparte del registro de elegibles, s\u00ed existe una afectaci\u00f3n directa en raz\u00f3n a la desvinculaci\u00f3n que se realizar\u00e1 con base en un acto administrativo viciado de ilegalidad por un procedimiento err\u00f3neo, lo cual\u2026 desvirt\u00faa [su] falta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, encuentra la Corte que el promotor carece de inter\u00e9s para cuestionar la actuaci\u00f3n que pregona irregular, en la medida en que ning\u00fan perjuicio le irroga, pues las \u00fanicas personas que, eventualmente, hubiesen visto truncado el acceso al empleo ofertado por la \u00abopci\u00f3n sede\u00bb criticada, ser\u00edan aquellas que concursaron, aprobaron y conformaron las lista de elegibles con la que se pretende proveer el cargo de Asistente Administrativo Grado 5. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un mecanismo jur\u00eddico creado para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, adem\u00e1s, el art\u00edculo 10\u00b0 de la obra referida consagra que tiene inter\u00e9s para proponer el amparo toda persona \u00abvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el ordenamiento prev\u00e9 como supuesto primordial para deprecar la protecci\u00f3n referida, la \u00abvulneraci\u00f3n o amenaza\u00bb de las garant\u00edas esenciales, pues carecer\u00eda de objeto cualquier orden del juez constitucional en procura de salvaguardar los derechos, cuando \u00e9stos han sido reestablecidos o ha cesado el peligro de su trasgresi\u00f3n. <\/p>\n
Bajo ese entendido, comoquiera que la supuesta irregularidad que denunci\u00f3 el quejoso, es una cuesti\u00f3n que, en manera alguna, compromete sus garant\u00edas constitucionales, se concluye que el promotor de este resguardo carece de inter\u00e9s para formularlo. <\/p>\n
3. Cabe a\u00f1adir, que de considerarse que la situaci\u00f3n que esboza el actor comprometer\u00eda de alguna manera la legalidad del acto que lo retire del cargo, que actualmente ostenta, el reclamo tambi\u00e9n resultar\u00eda inviable, comoquiera que el gestor, de reunirse las condiciones legales correspondientes, contar\u00eda con otro mecanismo de defensa para cuestionar la legalidad de ese acto administrativo, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, dispuesto en el art\u00edculo 1381 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, es de recordarse que los actos administrativos gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellos susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto criticado, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo. \u2013Negrillas ajenas al texto orignal- (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
En este orden de ideas, lo cierto es que dentro del proceso judicial que, eventualmente, adelante el tutelante ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, puede reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto que pregona irregular, mecanismo id\u00f3neo para hacer cesar la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que invoc\u00f3. <\/p>\n
4. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Dispone la citada norma lo siguiente \u00abToda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior\u00bb. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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