STC322-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC322-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00044-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Osman Miguel Cotes De la Hoz contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio ordinario especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna, a la \u00abpropiedad privada\u00bb, a la igualdad, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa, a la \u00abbuena fe y confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias de primera y segunda instancia emitidas el 5 de mayo de 2015 y 12 de diciembre de 2018, dentro del proceso ordinario de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa que la sociedad Lascano Morales e Hijos S.C.S. promovi\u00f3 frente a la Fundaci\u00f3n Francisco Watson, con radicado No. 2013-00045-00. <\/p>\n
Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, que se \u00abdejen sin efecto\u00bb las citadas providencias, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar y a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad, \u00abNULITAR todo lo actuado\u00bb en el aludido juicio1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto resulta relevante para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis el actor que, siendo desplazado por la violencia, logr\u00f3 ahorrar para la compra de un lote de terreno para la construcci\u00f3n de una vivienda, el cual le ofreci\u00f3 la Fundaci\u00f3n Francisco Watson, por lo que al terminar de pagar en 2011 el precio pactado, le fue entregada la posesi\u00f3n de este; sin embargo, en octubre de 2020, un comprador de un lote vecino le comunic\u00f3 que a trav\u00e9s de las decisiones referidas en l\u00edneas precedentes, las se\u00f1alas instancias judiciales declararon resuelto el contrato de compraventa suscrito entre las partes en contienda y contenido en la escritura p\u00fablica No. 1603 del 23 de septiembre de 2010, cuyo objeto era el predio de mayor extensi\u00f3n del cual adquiri\u00f3 el memorado lote, informaci\u00f3n que pudo corroborar en la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que las mentadas autoridades con lo actuado en el rese\u00f1ado litigio, incurrieron en causal del amparo por defecto procedimental, ya que no lo vincularon al tr\u00e1mite, cuando, dice, era obligatoria su citaci\u00f3n, en la medida que la parte demandante conoc\u00eda del proyecto urban\u00edstico que la fundaci\u00f3n demandada estaba llevando a cabo en dicho terreno, as\u00ed como de las compraventas que \u00e9sta hab\u00eda realizado a los interesados, por lo que, afirma, no pudo ejercer su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, siendo la acci\u00f3n de tutela el \u00fanico mecanismo que tiene para contrarrestar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que las sentencias criticadas le est\u00e1n generando, pues, al interior del juicio ya se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios2. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 14 de enero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, remiti\u00f3 el link del proceso objeto de controversia constitucional para su consulta, sin realizar manifestaci\u00f3n alguna frente a lo pretendido por el accionante3. <\/p>\n
c. El representante legal de la vinculada sociedad Lascano Morales & Hijos S. C. S., luego de referirse a cada uno de los hechos narrados en el libelo de tutela, pidi\u00f3 declarar improcedente el auxilio invocado, por cuanto que \u00abnunca se le ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, adem\u00e1s que como qued\u00f3 anotado no se cumplen los requisitos para [su] procedencia\u00bb5. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los otros involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas6. La primeras, atinentes a que i) la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, vi) que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10\u00b0 del mencionado decreto establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. T-878\/07 y T-430\/17). <\/p>\n
3. Bajo los anteriores lineamientos, de entrada se advierte que la protecci\u00f3n suplicada por el se\u00f1or Osman Miguel Cotes De la Hoz resulta improcedente, por las razones que a continuaci\u00f3n se anotan: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, no cabe duda que el reclamo constitucional elevado por el accionante se dirige contra las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa que la sociedad Lascano Morales e Hijos S.C.S. promovi\u00f3 frente a la Fundaci\u00f3n Francisco Watson, con radicado No. 2013-00045-00, particularmente, de las sentencias de primera y segunda instancia emitidas el 5 de mayo de 2015 y 12 de diciembre de 2018 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar y a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad7, respectivamente, juicio del cual no hizo parte; luego, entonces, es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar en esta sede las decisiones all\u00ed proferidas. <\/p>\n
En efecto, revisada las documentales y los informes adosados al expediente, la Corte aprecia que el actor no integra alguno de los extremos de la litis y tampoco ha intervenido como tercero, raz\u00f3n por la cual no tiene inter\u00e9s para debatir lo all\u00ed actuado, as\u00ed aduzca que con ello se le est\u00e1 vulnerando su derecho a la vivienda digna, pues se tiene precisado que \u00ab[c]ualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC3986-2020). <\/p>\n
3.2. Adicionalmente t\u00e9ngase en cuenta, que la solicitud de protecci\u00f3n tambi\u00e9n incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad que la caracteriza, pues si la inconformidad del tutelante radica en que ha debido ser vinculado al proceso ordinario criticado, omisi\u00f3n que le cercen\u00f3 la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra el fallo de segunda instancia confutado, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 354 del C\u00f3digo General del Proceso, alegando la causal 7\u00aa prevista en el art\u00edculo 355 ejusdem, para ventilar ante la autoridad competente, claro est\u00e1, siempre y cuando se cumplan los presupuestos previstos por el legislador para el efecto, la presunta irregularidad que les endilga a las autoridades judiciales convocadas, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC1289-2020). <\/p>\n
3.3. Con todo, si resulta ser cierto que el gestor viene ejerciendo la posesi\u00f3n del lote de terreno que compr\u00f3 a la fundaci\u00f3n demandada en el citado asunto, el gestor podr\u00e1 intentar oponerse a la eventual diligencia de entrega o desalojo y, en \u00faltimas, reclamar a \u00e9sta los perjuicios que le sean causados por el incumplimiento del contrato de compraventa suscrito entre ellos. <\/p>\n
4. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela remitida v\u00eda correo institucional a la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido v\u00eda correo electr\u00f3nico a la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Ejusdem. <\/p>\n
6 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
7 Que resolvieron, en su orden, declarar resuelto el el contrato de compraventa suscrito entre las partes en contienda y contenido en la escritura p\u00fablica No. 1603 del 23 de septiembre de 2010, y, confirmar esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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