STC323-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC323-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00041-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00e1n El\u00edas Bader Pico contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 56663 (radicado Corte Suprema de Justicia). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a \u00abla doble conformidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Ceret\u00e9, fue procesado y condenado1 penalmente por el Tribunal Superior de Monter\u00eda (Sala de Conjueces) por los delitos de \u00abprevaricato por acci\u00f3n y peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb2 en fallo del 18 de diciembre de 2017, declarado nulo por la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante auto del 20 de marzo de 2019 por considerar que careci\u00f3 de motivaci\u00f3n suficiente; en consecuencia, orden\u00f3 a la corporaci\u00f3n a quo retomar la actuaci\u00f3n y dictar nueva decisi\u00f3n atendiendo las precisiones efectuadas sobre la valoraci\u00f3n de la prueba y correcci\u00f3n de las anomal\u00edas detectadas en la argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
Refiere que, en virtud de dicha orden, el tribunal de Monter\u00eda profiri\u00f3 el 2 de julio de 2019 otra providencia, tambi\u00e9n condenatoria, imponiendo una pena, en su caso, de 146 meses de prisi\u00f3n por los punibles relacionados; veredicto ratificado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia de segunda instancia del 5 de agosto de 2020 (\u00fanicamente disminuy\u00f3 el quantum punitivo a 134 meses de prisi\u00f3n). <\/p>\n
Cuestiona las anteriores determinaciones al se\u00f1alarlas como v\u00edas de hecho atentatorias de sus derechos fundamentales; de la del tribunal, sostiene que incumpli\u00f3 el mandato de la Sala de Casaci\u00f3n Penal al declarar la nulidad del primer fallo, ya que habr\u00eda supuestamente reincidido en las falencias halladas en cuanto a la \u00abfalta de motivaci\u00f3n\u00bb; pero adem\u00e1s, tild\u00f3 de \u00abplagio\u00bb la decisi\u00f3n, pues asevera, se trat\u00f3 de una r\u00e9plica de otro fallo emitido por ese mismo tribunal; es decir, explica, la nueva providencia no cont\u00f3 \u00abcon motivaciones genuinas y ajustadas a las incidencias probatorias y controversias generadas en el proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Del proferimiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, critica que lo que hizo fue \u00absuplir [los] vac\u00edos (\u2026)\u00bb del a quo, lo que implic\u00f3 que resolviera determinados t\u00f3picos \u00abpor primera vez\u00bb sobre todo lo atinente con el alegato de la \u00abausencia de responsabilidad de los acusados\u00bb, de manera que, tal circunstancia, seg\u00fan afirma, \u00ab(\u2026) limit[\u00f3] sensiblemente la posibilidad de ejercer la contradicci\u00f3n y especialmente impidi[\u00f3] materializar el derecho de la doble conformidad\u00bb; adicionalmente aduce que el tema de la \u00abcausal de ausencia de responsabilidad\u00bb lo toc\u00f3 su defensor a\u00fan desde la audiencia preparatoria; sin embargo, afirma, no fue abordado ni analizado por ninguna de las instancias. <\/p>\n
Indica que otro hecho transgresor de sus garant\u00edas lo fue el que se haya iniciado la etapa de juzgamiento sin su presencia, al igual que la pr\u00e1ctica de pruebas, aspecto que, aunque hizo parte de los alegatos de conclusi\u00f3n, tambi\u00e9n habr\u00eda sido pasado por alto por las accionadas. <\/p>\n
3. En consecuencia, por todo lo anterior, pide \u00ab(\u2026) (i) se declare la nulidad de las providencias judiciales proferidas en mi contra [\u2026] la decisi\u00f3n [del] 6 de abril de 2016 en la que neg\u00f3 la reprogramaci\u00f3n del inicio del juicio oral [\u2026] y neg\u00f3 el acceso a participar activamente de mi propio juicio; (ii) dejar sin efecto la segunda sentencia del Tribunal Superior de Monter\u00eda [\u2026] adiada el 2 de julio de 2019 y la dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el d\u00eda 5 de agosto de 2020 [\u2026] para que en esta oportunidad sean debidamente motivadas [y] se pronuncien detalladamente sobre todos mis argumentos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Asdrubal Ricardo Rangel Villalba, conjuez del Tribunal Superior de Monter\u00eda, Sala Penal, defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n que le correspondi\u00f3 proferir en el asunto en cuesti\u00f3n, e indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) el accionante goz\u00f3 de todas las garant\u00edas procesales legales durante el inicio, desarrollo y terminaci\u00f3n del proceso penal en el que no se puede considerar que se le haya violado el derecho fundamental de defensa, ya que durante todas las actuaciones estuvo representado t\u00e9cnicamente por un profesional en la materia, se cumplieron todas las etapas procesales de conformidad con la ley [y] en ning\u00fan momento se present\u00f3 nulidad de estas actuaciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Magistrada Patricia Salazar Cuellar, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, sostuvo la pretensi\u00f3n del tutelante es improcedente dado que la \u00abla sustent\u00f3 a partir de una flagrante tergiversaci\u00f3n de la decisi\u00f3n emitida por esta Corporaci\u00f3n\u00bb, ya que, contrario a lo por aqu\u00e9l expuesto, cada uno de los puntos objeto del recurso obtuvieron respuesta, pues, la Sala, \u00ab(\u2026) consciente de la trascendencia de la decisi\u00f3n, le destin\u00f3 un ac\u00e1pite a cada de los aspectos relevantes del debate, incluyendo los atinentes a las nulidades propuestas por los procesados y sus defensores. Incluso, de oficio, fueron corregidos algunos yerros, lo que se tradujo en decisiones favorables a los condenados, por lo que resulta temerario afirmar que no se garantiz\u00f3 el derecho a la doble conformidad\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, frente a las alegaciones del tutelante precis\u00f3 que, aunque la Sala de Casaci\u00f3n Penal encontr\u00f3 en el fallo penal de primera instancia algunas imprecisiones, aqu\u00e9llas \u00ab(\u2026) no ten\u00edan la connotaci\u00f3n suficiente de afectaci\u00f3n de las garant\u00edas, para anular el tr\u00e1mite adelantado como si se hab\u00eda observado en la decisi\u00f3n anterior, es esta oportunidad estaban cumplidos los requisitos m\u00ednimos de claridad y precisi\u00f3n en el desarrollo procesal de la sentencia que permit\u00edan su estudio, sin necesidad de acudir al mecanismo extremo de nulidad\u00bb. Finaliz\u00f3 manifestando que el amparo no debe prosperar porque los puntos cuestionados por el actor \u00abfueron resueltos tanto por la primera como por la segunda instancia, solo que no corresponden al particular deseo del procesado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las corporaciones judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el quejoso al condenarlo a la pena de 134 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abprevaricato por acci\u00f3n y peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb (sentencia de primera instancia del 2 de julio de 2019 dictada por el Tribunal Superior de Monter\u00eda, Sala de Conjueces; y, fallo de segunda instancia del 5 de agosto de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal), incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo, f\u00e1ctico, falta de motivaci\u00f3n y desconocimiento de precedentes\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, el examen de la Corte se circunscribir\u00e1 al dictado el 5 de agosto de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
El actor, eleva diversas cr\u00edticas al proferimiento de la Hom\u00f3loga Especializada, entre ellas, lo acusa de \u00abfalta de motivaci\u00f3n\u00bb por omitir pronunciarse sobre puntos alegados en la \u00abalzada\u00bb, as\u00ed como por dejar de valorar pruebas relevantes y demostrativas de la \u00abausencia de responsabilidad\u00bb e incluso, desconocer sus propios precedentes relacionados con las implicaciones de dictar un fallo carente de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
En concordancia con la \u00faltima de las censuras mencionadas, adujo que, inobserv\u00f3 las precisiones concretadas en el auto interlocutorio del 20 de marzo de 2019 con el que declar\u00f3 la nulidad de la primera sentencia emitida en su contra por la sala de conjueces del Tribunal Superior de Monter\u00eda, en el que concluy\u00f3 que, \u00abcomo el d\u00e9ficit argumentativo abarca aspectos centrales del debate, no puede suplir dichos vac\u00edos como juzgador de segunda instancia, porque ello implicar\u00eda resolver por primera lo atinente a la responsabilidad penal de los procesados, lo que limitar\u00eda sensiblemente la posibilidad de ejercer la contradicci\u00f3n y especialmente impedir\u00eda materializar el derecho a la doble conformidad\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que la Sala convocada pas\u00f3 por alto que el fallo impugnado se trat\u00f3 de un \u00abplagio\u00bb y que dicha \u00abanomal\u00eda no fue subsanada\u00bb, por lo tanto, se\u00f1ala, \u00abpersiste el vicio anti\u00e9tico y transgresor del debido proceso, por no contener la segunda sentencia de la Sala de conjueces motivaciones genuinas [\u2026] pues la argumentaci\u00f3n que a\u00fan subsiste en la sentencia proferida en mi contra no est otra que la sustent\u00f3 el fallo dictado en el radicado 2011-03875 de 7 de septiembre de 2015 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la \u00abmotivaci\u00f3n incompleta\u00bb, manifest\u00f3 que se dej\u00f3 de analizar los planteamientos relacionados con la presencia de una \u00abcausal de ausencia de responsabilidad (error de tipo, numeral 10, art\u00edculo 32 C\u00f3digo Penal)\u00bb, seg\u00fan resalta, se present\u00f3 por \u00abhaber acogido el precedente judicial de mi inmediato superior, quien me hab\u00eda revocado una primera sentencia de tutela de similar contenido. (\u2026) al momento de las alegaciones finales se argument\u00f3 que, por acatar un precedente de mi superior, no concurr\u00eda en mi conducta un hecho constitutivo de la descripci\u00f3n t\u00edpica, dicho de otra manera, que actu\u00e9 convencido que mi decisi\u00f3n se encontraba ajustada al ordenamiento jur\u00eddico por acatar el procedente de mi superior\u00bb. <\/p>\n
Respecto al \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, expuso que fue relevante porque no apreci\u00f3 la Corte \u00abhechos indicadores que [\u2026] tienen la fuerza demostrativa para desestimar el dolo en mi conducta [\u2026]\u00bb, lo que conllevar\u00eda a concluir que el comportamiento era \u00abat\u00edpico\u00bb. Sostuvo que, con especificidad, se dejaron de valorar los siguientes hechos: \u00ab1. La revocatoria por parte de mi superior de la providencia dictada por el suscrito el 2 de octubre de 2008 en el proceso tutelar 2008-00082, en la que declar\u00e9 improcedente una tutela muy similar a la que se cuestiona en este proceso (\u2026) 2. Igualmente, se encuentra demostrado en el proceso [\u2026] que a pesar de la trascendencia de los temas planteados en esa primera tutela [\u2026] no se solicit\u00f3 por intermedio de las autoridades legitimadas para que la Corte Constitucional seleccionara y sometiera a revisi\u00f3n dicha tutela y tampoco la Corte lo hizo oficiosamente; [y], (\u2026) 3. Que las providencias que resolvieron las tutelas 2008-00103 y 2009-00069 proferidas por el suscrito, fueron producto del an\u00e1lisis de las pruebas aportadas por las partes, a tal grado que se justific\u00f3 con fundamento en los insumos legales, porqu\u00e9 se le deb\u00eda proteger el derecho a unos demandantes y negar a otros (\u2026) sobre estos tres hechos debidamente acreditados y aducidos como hechos indicadores de cara a construir indicios de no responsabilidad penal, la Sala de decisi\u00f3n de conjueces y la Corte Suprema de Justicia, no hicieron pronunciamiento alguno\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior agrega que, aunque esos hechos \u00abanalizados aisladamente no son suficientes para descartar la comisi\u00f3n de los delitos por los que se me juzga, s\u00ed constituyen hechos indicadores, puntos de partida para construir contraindicios o indicios de no responsabilidad por inexistencia de dolo en mi conducta\u00bb; y complement\u00f3 que, \u00abla revocatoria de mi primera sentencia que declar\u00f3 la improcedencia de la tutela 2008-00082 y la no selecci\u00f3n de la misma por parte de la Corte Constitucional, sin duda fundaron una regla de la experiencia, en el sentido de que cuando se dan estas dos situaciones con consecuencias jur\u00eddicas en materia de precedente judicial, por lo general, quien tiene la raz\u00f3n es el superior, por lo que es dable inferir l\u00f3gicamente la existencia de un hecho indicado o inicialmente desconocido, el cual puede ser otro que mi actuar estuvo exento de dolo por haber obrado bajo la influencia de un error invencible de que [en] mi conducta no concurr\u00eda un hecho constitutivo de los delitos de prevaricato y peculado por acatar el precedente de mi superior\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, apunt\u00f3 que esos hechos \u00ab(\u2026) permiten inferir que mis decisiones alojadas en las sentencias de tutelas cuestionadas, no solamente son plausibles, sino que adem\u00e1s tienen la suficiente razonabilidad para dejar sin piso los cuestionamientos hecho por la Corte, porque en materia de temas como la competencia, subsidiaridad, inmediatez, interpretaciones de normas legales y constitucionales sobre la cual gir\u00f3 la controversia entre el suscrito y mi superior, puede ser que no se acert\u00e9, pero ello no quiere decir que se est\u00e1 profiriendo una providencia manifiestamente contrario a la ley y mucho menos deliberadamente dolosa\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destaca que represent\u00f3 vulneraci\u00f3n a su derecho a la defensa material, el que se haya dado curso al juicio oral sin su presencia, pese a que solicit\u00f3 con antelaci\u00f3n el aplazamiento de la audiencia por dificultades de salud. <\/p>\n
Finalmente, adujo que la tasaci\u00f3n de la sanci\u00f3n punitiva no fue debidamente sustentada en los principios que orientan \u00abla necesidad de la pena\u00bb, pues debi\u00f3 consultarse sobre \u00abla personalidad del sentenciado [\u2026] el desempe\u00f1o personal, laboral, familiar y social [lo] que se constituye en un imperativo categ\u00f3rico a tener en cuenta\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, n\u00f3tese, esos argumentos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que el actor pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n al de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue desfavorable, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario o especial como es el caso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, res\u00e1ltese, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una providencia judicial no conformarse con realizar s\u00f3lo exposiciones argumentales que cuestionen su validez por no compartir, por ejemplo, la valoraci\u00f3n probatoria, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza cuestionando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto planteado involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los defectos que, fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Ahora, si bien el actor se\u00f1ala los \u00abyerros\u00bb que en su sentir cometi\u00f3 la Sala tutelada al momento del ejercicio deductivo y de hermen\u00e9utica legal dentro del contexto procesal cuestionado, as\u00ed como los \u00abdefectos\u00bb que enrostra a la decisi\u00f3n adoptada, observa la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo en ese escenario por los jueces de la causa en virtud de sus espec\u00edficas competencias; es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Y en este caso, esa intenci\u00f3n se advierte n\u00edtida, pues el querellante pretende se le otorgue m\u00e9rito probatorio a unos espec\u00edficos hechos que considera refuerzan su teor\u00eda del caso, al igual que, se le d\u00e9 valor a sus inferencias particulares sobre los elementos de convicci\u00f3n allegados al plenario, todo lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, de manera uniforme la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Y tambi\u00e9n ha dicho esta Sala que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
4.2. De la razonabilidad de la providencia atacada. <\/p>\n
Es pertinente agregar que, no se revela prima facie la disonancia argumental e interpretativa que el tutelante pregona de la Hom\u00f3loga accionada al evaluar los puntos cr\u00edticos del recurso y llegar a las conclusiones recriminadas. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, es menester destacar que, contrario a lo alegado por el gestor del amparo, la Sala Especializada se circunscribi\u00f3 a los temas objeto de discusi\u00f3n formulados en la apelaci\u00f3n; al respecto, sobre la supuesta \u00abfalta de motivaci\u00f3n\u00bb indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAunque es cierto que el Tribunal incurri\u00f3 en algunas imprecisiones al referirse a los hechos, a lo que se a\u00fana un desorden notorio en la presentaci\u00f3n de los fundamentos del fallo, la Sala advierte que, finalmente, expuso las conclusiones atinentes a la responsabilidad penal de los procesados, al punto que los impugnantes pudieron referirse a ellas con amplitud. <\/p>\n
En efecto, en la providencia se da por sentado que los jueces BADER PICO y DAZA RAM\u00cdREZ fallaron en primera y segunda instancia, respectivamente, las acciones de tutela relacionadas en el numeral 3. Igualmente, se indica por qu\u00e9 las mismas son manifiestamente contrarias a la ley. Finalmente, se indic\u00f3 por qu\u00e9 puede predicarse que los procesados actuaron dolosamente. <\/p>\n
Igualmente, se sostiene que a trav\u00e9s de las decisiones manifiestamente contrarias a la ley los procesados dieron lugar a que los dineros del PAR TELECOM fueran a parar a manos de los accionantes en los dos tr\u00e1mites de tutela ampliamente conocidos. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal se refiri\u00f3 a: (i) la evidente falta de competencia; (ii) la falta de inmediatez, bajo el entendido de que los accionantes no desvirtuaron la \u201cirracionalidad\u201d del largo tiempo transcurrido entre la afectaci\u00f3n de los derechos y la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n; (iii) estos mismos temas ya hab\u00edan sido ventilados y resueltos ante otros jueces; (iv) no se verific\u00f3 que los demandantes tuvieran derecho al Plan de Pensi\u00f3n Anticipado; (iv) el ordenamiento jur\u00eddico no consagra la posibilidad de decretar embargos en el \u00e1mbito de la tutela y, menos, bajo las circunstancias que rodearon estos hechos; (v) no se tuvo en cuenta que los accionantes fueron indemnizados, ni la incidencia de ello en la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital; etc. <\/p>\n
Al efecto, debe aclararse que estos aspectos fueron ventilados en varios ac\u00e1pites de la sentencia impugnada, lo que, sin duda, afect\u00f3 su claridad. Sin embargo, ello no implica la inexistencia de esos argumentos. <\/p>\n
Finalmente, el Tribunal explic\u00f3 que los prevaricatos se materializaron en los fallos de primer y segundo grado, as\u00ed como en la decisi\u00f3n acerca del embargo. La alusi\u00f3n que hizo a otro proceso de tutela, por el que no se emiti\u00f3 acusaci\u00f3n, obedece a un error, que puede ser corregido en esta instancia, como en efecto se har\u00e1. <\/p>\n
De otro lado, a lo largo de la decisi\u00f3n se refiri\u00f3 a los datos indicativos del actuar doloso de los procesados, referidos en detalle en el numeral 5. <\/p>\n
Lo anterior les permiti\u00f3 a los impugnantes exponer los argumentos que consideraron pertinentes para solicitar la revocatoria del fallo condenatorio\u00bb. <\/p>\n
Luego, en cuanto al dolo en la comisi\u00f3n de la conducta que deriv\u00f3 en la responsabilidad penal del procesado, puntualiz\u00f3 que fue determinante el hecho de haberse omitido por parte de aqu\u00e9l evaluar la competencia para asumir la demanda, dado que ninguno de los accionantes acredit\u00f3 residir en el municipio de Ceret\u00e9, y resultaba claro adem\u00e1s que, los hechos y los efectos de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales hayan tenido ocurrencia en esa poblaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual manera, recalc\u00f3 que se dejaron de verificar presupuestos determinantes de la procedencia de la tutela, tales como, que el debate propuesto en la demanda no haya sido objeto de decisi\u00f3n anterior dentro de otro tr\u00e1mite constitucional (temeridad), as\u00ed como el pertinente examen de los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad; sobre esto resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn suma, las decisiones emitidas por los procesados dentro del tr\u00e1mite radicado bajo el n\u00famero 2008-0103 son manifiestamente ilegales por m\u00faltiples razones, entre las que se destacan: (i) desconocieron las reglas vigentes en materia de competencia, bajo una precaria argumentaci\u00f3n contraria a la realidad f\u00e1ctica, a pesar de que el apoderado de la empresa demandada hizo notar dicha situaci\u00f3n; (ii) no tuvieron en cuenta que los accionantes contaban con otros mecanismos judiciales para hacer valer sus derechos, y eludieron considerar que frente a algunos de esos conflictos ya exist\u00edan decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas; (iii) hicieron caso omiso de la informaci\u00f3n suministrada por el PAR TELECOM sobre las millonarias indemnizaciones que hab\u00edan recibido los demandantes; (iv) igualmente, eludieron el hecho de que la desvinculaci\u00f3n laboral ocurri\u00f3 justo cuando la empresa dej\u00f3 de existir; y (v) se apartaron de las reglas sobre la inmediatez en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Lo anterior, en contrav\u00eda de lo expuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en cuanto dispone que la acci\u00f3n de tutela \u201csolo proceder\u00e1 cuando el afectado no dispongan de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u201d. Igualmente, resulta contrario a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia territorial, sin perjuicio de las reglas atinentes a la inmediatez y de la legislaci\u00f3n aplicable a los eventos de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral de personas que gocen de fuero sindical, cuando la desvinculaci\u00f3n es coet\u00e1nea o posterior a la extinci\u00f3n de la empresa. <\/p>\n
As\u00ed, no es admisible lo que plantea el defensor de BADER PICO en el sentido de que la acusaci\u00f3n y la condena se emitieron \u00fanicamente por la trasgresi\u00f3n de algunos precedentes jurisprudenciales, con lo que pretende abrir el debate acerca de cu\u00e1ndo el delito de prevaricato se configura por el desconocimiento del precedente. De hecho, tanto \u00e9l como su representado se refieren a varias de las normas aplicables al caso, bien para alegar que el primero se confundi\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de las reglas de competencia, o para sostener que el art\u00edculo 86 superior habilita a todos los jueces del territorio nacional para resolver las solicitudes de amparo. <\/p>\n
Sobre el particular complement\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los procesados decidieron resolver de fondo este asunto, a pesar de tener pleno conocimiento de la temeridad con la que actuaron los accionantes. Sab\u00edan, igualmente, que los jueces de Monter\u00eda ya hab\u00edan resuelto el asunto en primera y segunda instancia. <\/p>\n
Seg\u00fan se indic\u00f3, lo anterior constitu\u00eda raz\u00f3n suficiente para desestimar las multimillonarias pretensiones de los accionantes. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se tiene que el apoderado judicial del PAR TELECOM se dio a la tarea de explicar en detalle la situaci\u00f3n laboral de cada uno de los accionantes y se refiri\u00f3 ampliamente a las reglas previstas para la concesi\u00f3n del Plan Anticipado de Pensi\u00f3n, entre las que se destac\u00f3 la necesidad de que los trabajadores estuvieran cobijados por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
En cuanto al dolo, a\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) A la luz de lo expuesto en los ac\u00e1pites anteriores, BADER PICO y [\u2026] desatendieron flagrantemente las normas de competencia para asumir el conocimiento de la primera acci\u00f3n de tutela. Aunque en la demanda no se incluy\u00f3 ning\u00fan dato que vinculara el municipio de Ceret\u00e9 con el tema objeto de debate, y no obstante haber sido advertidos por la parte accionada, el primero de ellos se limit\u00f3 a dar una explicaci\u00f3n tan lac\u00f3nica como alejada de la realidad procesal, y el segundo hizo caso omiso de esa problem\u00e1tica cuando conoci\u00f3 el asunto en segunda instancia. Ello, se insiste, a pesar de que se trataba de un caso especialmente complejo, no solo por las partes involucradas, sino adem\u00e1s por las sumas multimillonarias que estaban siendo reclamadas. <\/p>\n
Exactamente lo mismo sucedi\u00f3 con la segunda tutela, pues aunque el asunto ya hab\u00eda sido resuelto por los juzgados de Monter\u00eda y a pesar de que la parte accionada alleg\u00f3 copia del respectivo fallo, los procesados, tambi\u00e9n bajo una argumentaci\u00f3n incipiente, optaron por asumir el conocimiento de ese complejo asunto, en el que tambi\u00e9n se pretend\u00eda el pago de una elevada suma de dinero. <\/p>\n
Estos datos son indicativos de que los procesados quer\u00edan conocer a toda costa de este asunto, lo que explica por qu\u00e9 los accionantes eligieron precisamente el municipio de Ceret\u00e9, y no otro, para ventilar sus pretensiones. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, los procesados hicieron caso omiso de la informaci\u00f3n relevante que les suministr\u00f3 el PAR TELECOM. <\/p>\n
En la primera tutela, desatendieron todos los datos relacionados en los p\u00e1rrafos anteriores, atinentes a la existencia de otros procesos, el pago de cuantiosas indemnizaciones, el momento del retiro de los trabajadores, la fecha de extinci\u00f3n de Telecom, etc\u00e9tera, para ordenar el pago de una cifra millonaria. Igualmente, optaron por citar precedentes irrelevantes para la soluci\u00f3n del caso y omitieron m\u00faltiples decisiones de la Corte Constitucional, anteriores a la emisi\u00f3n de los fallos cuestionados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como bien lo anot\u00f3 el Tribunal, no se dieron a la tarea de realizar verificaciones que cambiaran la referida realidad procesal, a lo que se a\u00fana que ni siquiera consultaron las normas laborales que regulan el monto de las indemnizaciones para el caso de la terminaci\u00f3n irregular de la relaci\u00f3n laboral de aforados sindicales cuando ello ocurre coet\u00e1neamente con la extinci\u00f3n de la empresa. <\/p>\n
En la segunda tutela, adem\u00e1s de la manifiesta imposibilidad de resolver este asunto de fondo, al hacerlo desconocieron, sin m\u00e1s, los requisitos establecidos para acceder al Plan de Pensi\u00f3n Anticipada, a pesar de que fueron advertidos de esa situaci\u00f3n por la empresa demandada\u00bb (SP2881-2020). <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, la Sala accionada tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de debate, as\u00ed como las pruebas practicadas en el juicio para otorgarles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es decir, no encuentra esta Sala configurados los defectos a que se refiere el ac\u00e1 demandante, ya que las consideraciones expuestas por la denunciada resultan razonadas, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno a esas conclusiones. <\/p>\n
Finalmente, cabe reiterar lo que la Corte ha dicho en los casos en que se discute v\u00eda tutela una determinaci\u00f3n judicial, esto es, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
5. Consideraciones adicionales \u2013 Subsidiariedad. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho a la doble conformidad, afectaci\u00f3n que, seg\u00fan el criterio personal del accionante se configur\u00f3 porque la Hom\u00f3loga tutelada abord\u00f3 en su decisi\u00f3n temas relacionados con la responsabilidad penal supuestamente omitidos por la colegiatura a quo, es decir, que habr\u00edan sido examinados \u00abpor primera vez\u00bb en la segunda instancia, para esta Sala no se cumple el requisito de la subsidiariedad, dado que, primero le corresponde al interesado elevar la pertinente solicitud a la competente a fin de que se pronuncie frente a la procedencia de habilitar un escenario jur\u00eddico en el que se desate esa oportunidad procesal. <\/p>\n
Lo anterior quiere decir que, mientras no se haya efectuado ese planteamiento ante el juez de la causa, no es posible conminarlo a responder por la conculcaci\u00f3n o desconocimiento de un derecho que solo vino a reclamarse a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Del car\u00e1cter residual que gobierna esta acci\u00f3n, esta Sala en precedencia ha dicho: <\/p>\n
\u00abPretender que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n (\u2026) que se resuelve en las instancias, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta importante herramienta constitucional, en tanto el juez de tutela no puede inmiscuirse en las decisiones que fueron proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho debatidos al interior del proceso de conocimiento\u00bb (CSJ STC4511-2017, 29, mar. 2017, rad. 2017-00097-01). <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone la negativa de la salvaguarda. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. Lo pretendido por el peticionario del amparo fue anteponer su propio criterio al de la Sala Especializada acusada y atacar, por esta v\u00eda, aquella decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, ya que \u00e9sta no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento y autonom\u00eda, asuma frente a la situaci\u00f3n planteada. <\/p>\n
6.2. Conforme lo rese\u00f1ado, no merece reproche la determinaci\u00f3n cuestionada, toda vez que fue producto de un examen de la problem\u00e1tica expuesta, el cual no se advierte caprichoso o inconsulto; por el contrario, la decisi\u00f3n se soport\u00f3 en un estudio de las pruebas allegadas y de la aplicaci\u00f3n normativa pertinente, por lo que mal podr\u00eda el juez constitucional desconocer su contenido. <\/p>\n
6.3. No es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento, donde deben plantearse las alegaciones en torno al supuesto desconocimiento de la garant\u00eda de la doble conformidad, en atenci\u00f3n al estricto car\u00e1cter subsidiario y residual del presente mecanismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 En la misma causa fue coprocesado Francisco Daza Ram\u00edrez, como Juez Penal del Circuito de Ceret\u00e9. <\/p>\n
2\u0002 Los hechos punibles tuvieron su origen en las sentencias que profiri\u00f3 Bader Pico en sendas acciones de tutela (radicados 2008-00103 y 2009-00069) incoadas por varios extrabajadores de la extinta Telecom contra el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de dicha entidad, persiguiendo indemnizaci\u00f3n por presunto despido injusto, entre otras reclamaciones; as\u00ed mismo, pretendiendo el reconocimiento de derechos pensionales. En ambos tr\u00e1mites, como juez de tutela de primer grado, concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 el pago de diversos emolumentos por concepto de reparaci\u00f3n integral y habilit\u00f3 el adelantamiento de un incidente de liquidaci\u00f3n de acreencias laborales en el marco del tr\u00e1mite constitucional, para en \u00e9l dar paso al decreto de embargo y secuestro de unas sumas dinerarias de la accionada a fin de garantizar las obligaciones y el cumplimiento del fallo tutelar. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC323-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC323-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00041-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00e1n El\u00edas Bader […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53188"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53188\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}