STC324-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC324-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2020-00290-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Germ\u00e1n O\u00f1ate Arciniegas, quien dijo actuar como representante legal de la Sociedad Integral de Especialista Santa Teresa S.A.S., frente al fallo proferido el 20 de noviembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida \u00e9l contra el Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos, del ente social que dijo representar, al debido proceso, defensa, petici\u00f3n y \u00abaplicaci\u00f3n de norma por incurrir la parte demandante en una falsedad procesal (sic)\u00bb, presuntamente vulnerados por el estrado acusado con las decisiones adoptadas en el juicio ejecutivo seguido en contra de tal sociedad. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a la sede judicial accionada \u00abrevocar el\u2026 mandamiento de pago de\u2026 23 de mayo de 2019 (sic)\u00bb y \u00abdar respuesta a [su] solicitud de\u2026 15 de septiembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que Armando del Cristo Lara Garc\u00eda instaur\u00f3 contra la Sociedad Integral de Especialista Santa Teresa S.A.S., el 11 de julio de 2019 el Juzgado accionado libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma de $412.500.000 -por concepto de c\u00e1nones adeudados por la \u00faltima desde el 11 de marzo de 2015 hasta el 19 de agosto de 2018, con ocasi\u00f3n del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes-, junto con sus respectivos intereses, a la vez que decret\u00f3 diferentes cautelas. <\/p>\n
2.2. El 17 de julio de 2019 se notific\u00f3 personalmente de la orden de apremio al aqu\u00ed accionante, a trav\u00e9s del apoderado judicial que constituy\u00f3 aduciendo ser el representante legal de la ejecutada, seguidamente formul\u00f3 incidente de desembargo, recurso de reposici\u00f3n y excepciones de m\u00e9rito frente a tal prove\u00eddo. <\/p>\n
2.3. El 5 de agosto de ese a\u00f1o el despacho dej\u00f3 \u00absin efectos [ese] acto secretarial\u00bb, por cuanto aunque Germ\u00e1n O\u00f1ate Arciniegas aparec\u00eda registrado como Presidente de la deudora, seg\u00fan el certificado de la C\u00e1mara de Comercio s\u00f3lo ostentaba su representaci\u00f3n \u00abfrente a las entidades del sector financiero\u00bb y para el caso concreto deb\u00eda \u00abacudirse a la Gerencia, cargo que es ocupado por\u2026 Olga Luc\u00eda Barreto Gil\u00bb, de donde la notificaci\u00f3n personal de aqu\u00e9l no obligaba a la ejecutada; decisi\u00f3n que mantuvo el 7 de noviembre posterior y frente a la cual el ad-quem, el 10 de diciembre siguiente, declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n que aqu\u00e9l concedi\u00f3. <\/p>\n
2.4. El 8 de septiembre de 2020 se declar\u00f3 \u00abnotificad[a] por aviso a la [ejecutada]\u2026, desde el 29 de agosto de 2019\u00bb, y el pasado 7 de octubre, destacando que \u00e9sta guard\u00f3 silencio dentro del \u00abt\u00e9rmino de traslado\u00bb, se dispuso seguir adelante el cobro. <\/p>\n
2.5. En sede de tutela el gestor critic\u00f3 el mentado mandamiento de pago y las medidas cautelares decretadas porque, adujo, uno y otras se emitieron sin que el juzgador se percatara de que Olga Lucia Gil Barreto, \u00abadem\u00e1s [de ser] esposa del acto[r]\u00bb, \u00abno era al momento de [la] suscripci\u00f3n del contrato [de arredramiento fuente de cobro,] la representante legal de la Sociedad\u00bb, de donde, como \u00abno pod\u00eda comprometerla jur\u00eddicamente\u00bb, el documento arrimado con la demanda no satisfac\u00eda los requisitos exigidos por el canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso para ser considerado t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que esa situaci\u00f3n \u00abha ocasionado un colapso econ\u00f3mico a la empresa[,] lo c[u]al no le ha permitido\u2026 satisfacer sus obligaciones laborales y comerciales, que la ha llevado a un estado de quiebra porque no hay dinero, ni para comprar insumos[,] para satisfacer las necesidades de los afiliados a las EPS y EPS-S, con quienes se tienen (sic) contrato de prestaci\u00f3n de servicios asistenciales\u00bb; que el 15 de septiembre de 2020 solicit\u00f3 al Juzgado, por correo electr\u00f3nico, la remisi\u00f3n de copia de la demanda ejecutiva y sus anexos, sin que a la fecha de instauraci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela hubiere recibido respuesta, requiriendo esos documentos para aportarlos \u00abcomo pruebas dentro de una denuncia penal que instaurar[\u00e1] ante la Fiscal\u00eda\u2026[,] por los presunto[s] punibles de falsedad en documento privado y fraude procesal en raz\u00f3n a que dicho[s] documentos fueron presentados como t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n ante el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
3. La demanda de amparo se formul\u00f3 el 6 de noviembre de 2020 y ese mismo d\u00eda se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 que el resguardo era improcedente porque el actor solicit\u00f3 \u00abrevocar el\u2026 mandamiento ejecutivo y que se decrete la nulidad de todo lo actuado\u2026, no obstante, tuvo su oportunidad procesal para solicitar y recurrir lo aqu\u00ed pedido, esto es, a partir de que fuera notificado por aviso el\u2026 29 de agosto de 2019, interregno que no aprovech\u00f3 y desde esa fecha la entidad Santa Teresa y\/o su representante legal no ha presentado petici\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abentre la \u00faltima decisi\u00f3n resuelta a petici\u00f3n del (sic) la Sociedad\u2026 y la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela han transcurrido m\u00e1s de 6 meses, por lo tanto, carece del presupuesto de inmediatez\u00bb; y que el pasado 9 de noviembre atendi\u00f3 la solicitud de copias que le formul\u00f3 el quejoso el 15 de septiembre anterior. <\/p>\n
2. Armando del Cristo Lara Garc\u00eda exigi\u00f3 el despacho adverso de la protecci\u00f3n porque Germ\u00e1n O\u00f1ate no est\u00e1 legitimado para acudir a este tr\u00e1mite supralegal en nombre de la Sociedad, por no estar facultado para representarla judicialmente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en todo caso, el ruego tutelar no satisface los requisitos generales y espec\u00edficos para su procedencia, a m\u00e1s que \u00abning\u00fan reparo merecen las decisiones adoptadas por el Juzgado\u00bb, comoquiera que \u00e9ste \u00abactu\u00f3 dentro del marco de la autonom\u00eda e independencia que le es otorgada por la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Lo primero, porque el 5 de agosto de 2019 el Juzgado acusado \u00abse pronunci\u00f3 frente a la legitimaci\u00f3n del Presidente de la sociedad demandada, para representarla, y arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n que su atribuci\u00f3n lo facultaba para hacerlo, solo ante entidades financieras, y no judicialmente -pues esta facultad reca\u00eda en la Gerente-, por lo que incluso, dej\u00f3 sin efectos la notificaci\u00f3n personal que se hab\u00eda efectuado por medio del poder que aquel le confiri\u00f3 al mandatario judicial delegado; decisi\u00f3n que fue reiterada en prove\u00eddo del 7 de noviembre siguiente, que desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado, y aunque se concedi\u00f3 la alzada, este Tribunal, en auto del 10 de diciembre de 2019, lo declar\u00f3 inadmisible, quedando ejecutoriada\u00bb; siendo ese el \u00abt\u00f3pico\u2026 en el que se cimenta la demanda constitucional\u00bb. <\/p>\n
Mientras que, lo segundo, porque debido a esa decisi\u00f3n \u00abse orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de quien se estim\u00f3 como verdadero representante legal de la sociedad, lo cual se surti\u00f3 por aviso el 29 de agosto de 2019, guardando absoluto silencio, siendo este momento el oportuno para que se presentara\u2026 el recurso de reposici\u00f3n en contra del auto de mandamiento de pago, esta vez, con facultades conferidas por la Gerente; y tampoco se evidencia que la nulidad aqu\u00ed pretendida, se haya planteado al interior del juicio\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3, en cuanto a la solicitud de expedici\u00f3n de copias, que se present\u00f3 un hecho superado, porque en este tr\u00e1mite se acredit\u00f3 que la Secretar\u00eda del Juzgado acusado dio respuesta a la misma, \u00abv\u00eda correo electr\u00f3nico\u00bb, el pasado 9 de noviembre, \u00aba las 10:24 horas, a la direcci\u00f3n web recursoshumanossantateresa@outlook.com\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor, adujo que la Corte Constitucional ha flexibilizado la exigencia del presupuesto de la inmediatez, por lo cual su solicitud de resguardo debi\u00f3 prosperar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, se evidencia que la queja del promotor del amparo se dirigi\u00f3 contra el mandamiento de pago y las cautelas decretadas en el juicio recriminado, de donde su reclamo estaba llamado al fracaso, por lo que la decisi\u00f3n de primer grado ha de confirmarse, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. Patentemente, muy a pesar de las alegaciones del inconforme, la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, comoquiera que entre la notificaci\u00f3n de la ejecutada en el juicio atacado (se le tuvo por debidamente enterada por aviso, tanto del mandamiento de pago como de las cautelas, desde el 29 de agosto de 2019) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de amparo que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (6 de noviembre de 2020), transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a ese requisito la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; y CSJ STC5977, 15 may. 2015). <\/p>\n
2.2. Aunado a ello, frente a todos los reparos tra\u00eddos en cuanto a la mentada orden ejecutiva y las medidas cautelares, la sociedad deudora tuvo a su alcance la proposici\u00f3n de recursos ordinarios y excepciones de m\u00e9rito, herramientas de las que no hizo uso, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el fallador natural e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular la Corte ha sostenido que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada tampoco se abre paso a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la evidente e injustificada falta de agotamiento de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las decisiones criticadas en sede de tutela. <\/p>\n
3. Por otro lado, iterando que la ausencia de tales presupuestos impide al fallador constitucional ocuparse del fondo del asunto sometido a su conocimiento, pertinente es agregar que por el aludido principio de subsidiariedad tambi\u00e9n es inviable la protecci\u00f3n respecto a si el quejoso considera que en alguna irregularidad incurrieron las partes o intervinientes en la actuaci\u00f3n fustigada, pues ante ello otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden penal o disciplinario, exponiendo la situaci\u00f3n concreta ante las entidades competentes, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo cual no le es desconocido por cuanto aqu\u00ed precisamente adujo que las copias que ante su solicitud le remiti\u00f3 la sede judicial acusada las requer\u00eda \u00abcomo pruebas dentro de una denuncia penal que instaurar[\u00e1] ante la Fiscal\u00eda\u2026[,] por los presunto[s] punibles de falsedad en documento privado y fraude procesal en raz\u00f3n a que dicho[s] documentos fueron presentados como t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n ante el Juzgado accionado\u00bb. <\/p>\n
Respecto a tal aspecto la Sala tiene por sentado que: <\/p>\n
\u2026si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Las anteriores razones imponen respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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