STC325-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC325-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00054-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00f3n Rosario Romero Guzm\u00e1n contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda y a las partes e intervinientes reconocidas en el proceso verbal de simulaci\u00f3n distinguido con radicaci\u00f3n 2017-00346. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, acude a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 acceso a la justicia\u2026 prevalencia del derecho sustancia\u2026 [y] legalidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y las pruebas recaudadas se puede extractar que en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda curs\u00f3 el proceso promovido por la aqu\u00ed gestora contra Jos\u00e9 Mois\u00e9s Argel Mart\u00ednez y otros, que finaliz\u00f3 con sentencia desestimatoria del 27 de agosto de 2019. <\/p>\n
Contra dicha providencia, la parte vencida interpuso recurso de apelaci\u00f3n, presentando, dentro de los tres d\u00edas siguientes a su interposici\u00f3n, los reparos concretos, conforme lo prev\u00e9 el numeral 3 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n fue remitida a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, colegiatura que, mediante auto de 24 de febrero de 2020, declar\u00f3 desierto el medio de impugnaci\u00f3n por cuanto no fue sustentado. <\/p>\n
3. La accionante considera que la determinaci\u00f3n de la corporaci\u00f3n ad quem adolece de \u00abdefecto sustantivo\u00bb pues \u00abomiti\u00f3 tener en consideraci\u00f3n que la asistencia de mis apoderados o m\u00eda en calidad de demandante resultaba innecesaria para el desarrollo de la misma por cuanto las razones o motivos de impugnaci\u00f3n de la sentencia\u2026 fueron oportunamente manifestados en el documento de apelaci\u00f3n de la sentencia\u2026\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que \u00abla interpretaci\u00f3n adoptada\u2026 es irrazonable acerca del alcance de los art\u00edculos 322 y 327 del CGP y desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas\u2026\u00bb am\u00e9n que desconoci\u00f3 que \u00abla no comparecencia de la parte apelante a esta audiencia no tiene como consecuencia la declaratoria de desierto del recurso de apelaci\u00f3n, por cuanto existi\u00f3 en todo momento claridad sobre las inconformidades y reparos concretos a la providencia apelada\u00bb de all\u00ed que tambi\u00e9n se configure un \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb <\/p>\n
Asimismo, aduce la incursi\u00f3n en un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb en la medida que \u00abno analizaron el contenido literal del documento por el cual se present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia\u2026\u00bb pues \u00absi lo hubiesen hecho\u2026 habr\u00edan evidenciado que en el mismo se formulan los reparos de naturaleza jur\u00eddica y probatoria que permit\u00edan el ejercicio de las competencias a t\u00edtulo de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abque se le ordene al accionado a que\u2026 declare la nulidad de la providencia\u2026 atacada\u2026 [y] dictar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u2026 dentro de un t\u00e9rmino razonable\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El magistrado de la colegiatura convocada, que actu\u00f3 como ponente de la determinaci\u00f3n objeto de escrutinio, se opuso a la prosperidad del resguardo puesto que \u00abobr\u00f3 conforme a derecho, exponiendo claramente los criterios a tener en cuenta y respetando el debido proceso en cada una de las actuaciones llevadas a cabo\u2026 por tanto, la mera circunstancia de que la promotora no se encuentre de acuerdo con la decisi\u00f3n tomada, no hace procedente la tutela, ni es muestra de que se haya incurrido en una v\u00eda de hecho\u00bb <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si la corporaci\u00f3n convocada, lesion\u00f3 las garant\u00edas invocadas por la quejosa dentro de la actuaci\u00f3n 2017-00346 en que es demandante, al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n por ella formulado contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. La inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la providencia objeto de censura data del 24 de febrero de 2020, en tanto que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 13 de enero, de acuerdo con el acta de reparto digital, es decir, superado ampliamente el semestre establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presuntamente afectada debi\u00f3 utilizar oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Efectivamente, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial, pues en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso la accionante como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC325-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC325-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00054-00 Bogot\u00e1, D.C, veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00f3n Rosario Romero Guzm\u00e1n contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53190","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53190","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53190"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53190\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53190"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}