STC328-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC328-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-00068-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por HH Grupo Empresarial S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al que se vincularon los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2018-00594. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estim\u00f3 trasgredido con las sentencias \u2013de primera y segunda instancia- de 6 de junio de 2019 y 31 de julio de 2020, mediante las cuales los falladores accionados acogieron la demanda de cumplimiento contractual que se formul\u00f3 en su contra. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, reproch\u00f3 que en virtud de dichas providencias result\u00f3 condenada a pagar la cl\u00e1usula penal pactada en un contrato de arrendamiento (en la que ella fungi\u00f3 como arrendadora), pese a que (i) en ese negocio jur\u00eddico no se pact\u00f3 un plazo para cumplir la obligaci\u00f3n de entrega del inmueble; (ii) no se suscribi\u00f3 el acta a cuyo otorgamiento (mediante escritura privada autenticada ante notario) se supedit\u00f3 tal desalojo, como solemnidad \u00abad sustancian actus\u00bb; y (iii) los demandantes no probaron la constituci\u00f3n del establecimiento comercial (hotel) que iba a operar en el predio, de lo cual tambi\u00e9n depend\u00eda el nacimiento de la susodicha obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en primera instancia, se le hab\u00eda condenado al cumplimiento forzoso del contrato, junto con el pago de la cl\u00e1usula penal y, pese a que ese fallo solo fue apelado por ella, el tribunal decidi\u00f3, de oficio, excluir la primera de esas prestaciones y mantener \u00fanicamente lo atinente al pago de perjuicios, con lo cual trasgredi\u00f3 el principio de congruencia que restringe la actividad del juez de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se dejen sin efecto las sentencias de ambas instancias o, en subsidio, la de segundo grado, y que se ordene al tribunal dictar un nuevo fallo en el que se limite a resolver los espec\u00edficos reparos que ella elev\u00f3 como apelante \u00fanica. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn envi\u00f3 copia de las audiencias surtidas en el juicio que aqu\u00ed interesa y la magistratura convocada dijo estarse al contenido de la providencia materia de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al resolver la segunda instancia del proceso declarativo que incumbe a esta actuaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos plasmados en la sentencia que ahora censura el accionante. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la magistratura convocada confirm\u00f3, en su mayor\u00eda, el fallo estimatorio de primera instancia (excluyendo la obligaci\u00f3n de entrega que en primer grado se le hab\u00eda impuesto a la demandada), no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante anteponer que, si bien es cierto, como lo alega la convocante, que el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso impone a los jueces de apelaci\u00f3n una limitante argumentativa, en cuya virtud tales falladores deben circunscribir su actividad jurisdiccional a estudiar los espec\u00edficos reparos que la parte impugnante le hubiere formulado al fallo de primera instancia, tambi\u00e9n lo es que tal regla no es absoluta, puesto que el mismo precepto contempla la posibilidad de que la misma tenga que modularse con motivo de \u00ablas decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb, tal como lo ha reconocido esta misma Corporaci\u00f3n frente a casos semejantes al que hoy se estudia (STC21818-2017, STC235-2020, entre otros). <\/p>\n
Hecha la anterior anotaci\u00f3n, conviene memorar ahora que en el fallo materia de censura, la magistratura encartada comenz\u00f3 precisando que, \u00abestudiado el clausulado del contrato de arriendo de inmueble comercial, aportado al proceso (folio 21 a 31), se observa que en la cl\u00e1usula cuarta se pact\u00f3: \u201cCUARTA. ENTREGA: LOS ARRENDATARIOS recibir\u00e1n de manos del ARRENDADOR, el inmueble objeto del presente contrato cuando se realice la entrega material del inmueble. Dicha fecha debe realizarse un acta de entrega material debidamente notariada, la cual ser\u00e1 adjuntada al presente contrato y se suscribir\u00e1 un \u201cOTRO SI\u201d modificando la fecha de iniciaci\u00f3n del presente contrato\u201d. El Art\u00edculo 1979 del C. C. consagra: \u201cDerecho de retracto y existencia de arras. Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme escritura, podr\u00e1 cualquiera de las partes arrepentirse hasta que as\u00ed se haga o hasta que se haya procedido a la entrega de la cosa arrendada; si intervinieren arras, se seguir\u00e1n bajo este respecto las mismas reglas que en el contrato de compraventa\u201d Claramente se observa que, en la cl\u00e1usula cuarta del contrato de arriendo de inmueble comercial, no se pact\u00f3 que \u201cel arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme escritura\u201d, por tanto no puede la parte demandada poner a decir el contrato una cosa distinta a la pactada, pues lo que acordaron las partes fue que al momento de la entrega deb\u00eda \u201crealizarse un acta de entrega material debidamente notariada\u201d y suscribir un \u201cotro s\u00ed\u201d; y si bien, el acta es un documento privado, como lo afirma el apelante, no puede equipararse a un pacto de realizar el contrato de arriendo mediante escritura, pues el contrato de arriendo se realiz\u00f3 y legaliz\u00f3 mediante documento privado que se aport\u00f3 al plenario, y revisado el mismo cumple con los requisitos de existencia y validez, tal como lo analiz\u00f3 el A-quo en su sentencia, por tanto naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica, surgiendo as\u00ed las obligaciones de las partes, siendo en el contrato de arriendo, y como se repite, la principal obligaci\u00f3n del arrendador, la de entregar el inmueble, y la del arrendatario la de pagar el valor de la renta, motivo por el cual, al no haberse pactado que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme escritura, no le era dable a la demandada hacer uso de la figura de retracto a que se refiere el art\u00edculo 1979 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 puntualizando que \u00abAhora bien, como quiera que el contrato de arrendamiento es consensual, es decir, que se perfecciona con el solo acuerdo de las partes sobre la cosa y el precio, lo cual est\u00e1 plenamente determinado en el contrato de arriendo comercial objeto de este proceso, al pactarse que se entregar\u00eda en arriendo un inmueble denominado \u201cHotel Poblado Manila\u201d y que, el canon mensual de arriendo es la suma de TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($31.000.000) mensuales, motivo por el cual, perfeccionado el contrato, no queda ninguna duda para la Sala, que el mismo naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica. Y es que, no cabe duda que el contrato de arrendamiento se perfeccion\u00f3 ante la presencia del acuerdo sobre la cosa y el precio consignada en el documento suscrito el 28 de diciembre de 2017. As\u00ed las cosas, lo expresado en la cl\u00e1usula cuarta de la citada convenci\u00f3n en forma alguna se erigi\u00f3 en la alegada solemnidad ad sustancian actus, como lo precis\u00f3 con raz\u00f3n el fallador de primera instancia que, a su vez hiciera inviable el derecho de retracto de que trata el art\u00edculo 1979 del C.C.; y es que, el sentido com\u00fan indica que en esta \u00edndole de acuerdos es \u00fatil para las partes el elaborar un acta de entrega que se aprovecha para se\u00f1alar el comienzo de la ejecuci\u00f3n del contrato, consignar el inventario de los bienes entregados y su estado, siendo la oportunidad para dejar constancia de las observaciones que surjan respecto de los bienes objeto del arrendamiento. En el caso sub judice se indic\u00f3, en la cl\u00e1usula en comento, que el acta de entrega ser\u00eda adjuntada al contrato como un \u201cOTRO SI\u201d \u201cmodificando la fecha de iniciaci\u00f3n del presente contrato\u201d. Siendo que, se modifica lo existente, por tanto, si el contrato no hubiere existido desde su realizaci\u00f3n, no hab\u00eda lugar a pactar modificaci\u00f3n alguna a algo que no exist\u00eda; as\u00ed concluimos que, la funci\u00f3n del acta, no era por tanto, dar inicio al contrato. En este orden de ideas, este primer cargo de Violaci\u00f3n del art\u00edculo 1979 del C.C., est\u00e1 llamado a no prosperar\u00bb. <\/p>\n
En referencia al iter contractual del negocio jur\u00eddico objeto del litigio, anot\u00f3 que \u00abson dos los contratos aportados como prueba documental con la demanda, a saber, en primer lugar, un contrato llamado memorando de intenci\u00f3n y entendimiento (folio 17 a 20), contrato preparatorio para la realizaci\u00f3n de un contrato de arrendamiento, o de promesa de celebrar un contrato de arriendo futuro, atendiendo que el inmueble objeto del contrato estaba en construcci\u00f3n (as\u00ed se indica en la cl\u00e1usula primera), memorando firmado el 27 de noviembre de 2015, entre la demandada HH GRUPO EMPRESAIRAL SAS, como promitente arrendador, y WILSON ANTONIO LOBO ROSO como promitente arrendatario, el cual tiene como objeto de contrato el inmueble denominado \u201cHotel Poblado Manila\u201d, en donde se pacta en la cl\u00e1usula cuarta, como fecha de entrega del inmueble para su adecuaci\u00f3n, a partir del mes de marzo de 2017, y en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima se acuerda, firmar el contrato de arrendamiento el 25 de marzo de 2017; y en segundo lugar, un contrato de arrendamiento de inmueble comercial (folio 21 a 31) celebrado el 28 de diciembre de 2017 entre HH GRUPO EMPRESARIAL SAS como arrendadora y LUIS FERNANDO LOBO ROSO Y JAIRO LOBO ROSO, como arrendatarios, y Wilson Antonio Lobo Roso y Jos\u00e9 David Lobo Roso, como codeudores; el cual tiene como objeto, el mismo \u201cHotel Poblado Manila\u201d, en el cual se pacta en la cl\u00e1usula DECIMA TERCERA: \u201cEl presente contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo inmueble y solamente podr\u00e1 ser modificado por escrito suscrito por las partes\u201d, es decir, que cualquier contrato que se hubiere firmado con anterioridad a este, relativo al arriendo del mismo inmueble (como el memorando de intenci\u00f3n), desaparece del mundo jur\u00eddico, por tanto y tal como lo afirma el Juez A-quo, lo que se demanda es el contrato de arriendo suscrito en diciembre 28 de 2017, ya que la pretensi\u00f3n formulada es el cumplimiento del contrato de arriendo comercial, y esto es as\u00ed, por cuanto la promesa de celebrar un contrato deja de tener vigencia cuando se realiza el contrato prometido, adem\u00e1s que, como ya se dijo, se pact\u00f3 expresamente que se anulaba todo convenio anterior relativo al arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, resalt\u00f3 que \u00absi bien es cierto, que el memorando de intenci\u00f3n no fue celebrado por las mismas partes que realizaron el contrato de arrendamiento comercial, y que este perdi\u00f3 vigencia cundo se celebr\u00f3 el de arriendo de inmueble comercial, no es menos cierto que, el hecho que ya ese contrato no est\u00e9 vigente, y que sus cl\u00e1usulas no se puedan aplicar en este caso, no implica que no haya sido preparatorio del de arriendo celebrado con posterioridad, y que no exista un v\u00ednculo entre el uno y el otro, n\u00f3tese que surgen varios indicios que nos llevan esa conclusi\u00f3n, como el hecho que los dos contratos tienen el mismo objeto que es el \u201cHotel Poblado Manila\u201d, que pese a que las partes no son las mismas, en los interrogatorios que absolvieron estas, dejaron claro, que la raz\u00f3n por la cual no aparece como arrendador el se\u00f1or Wilson (pues este es codeudor en el contrato de arriendo), es porque este solicit\u00f3 al se\u00f1or Hern\u00e1n Alonso Hern\u00e1ndez, se realizara el mismo con los primos con quienes se hab\u00eda asociado; y n\u00f3tese como es el mismo se\u00f1or Hern\u00e1n Alonso quien afirma en su interrogatorio que, el memorando de intenci\u00f3n era preparatorio para la celebraci\u00f3n del contrato de arriendo del \u201cHotel Poblado Manila\u201d; todos estos indicios, nos llevan a concluir que no se trata de dos contratos separados, pues el objeto de ambos era el mismo, indistintamente que, con la celebraci\u00f3n del contrato de arriendo, dejara de existir el primer contrato de intenci\u00f3n. As\u00ed las cosas, no se observa que exista una indebida vinculaci\u00f3n entre el memorando de entendimiento y el documento de contrato de arrendamiento comercial, indistintamente, y como se repite, que el memorando de intenci\u00f3n haya perdido vigencia, motivo por el cual este segundo cargo tambi\u00e9n est\u00e1 llamado a no prosperar\u00bb. <\/p>\n
A partir de ese entendimiento sobre los antecedentes del contrato, y su efecto en los t\u00e9rminos en que el arrendador deb\u00eda entregar el predio objeto de la negociaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00aben la cl\u00e1usula cuarta del contrato de arriendo de inmueble comercial, antes transcrita, se pact\u00f3 sobre la entrega del inmueble arrendado, que la misma se efectuar\u00eda al arrendatario \u201ccuando se realice la entrega material del inmueble\u201d, interpretando el A-quo que, el verdadero sentido de esta cl\u00e1usula era que la entrega se realizar\u00eda al arrendador por la empresa constructora, cuando se terminara de construir (pues el mismo no estaba terminado), para que este lo entregara a los arrendatarios, y a partir de ese momento iniciar\u00eda a ejecutarse el contrato; es este el motivo por el cual el recurrente afirma que, el A-quo dedujo del contrato de intenci\u00f3n, que no estaba vigente, y no del de arrendamiento, que la entrega deb\u00eda realizarse cuando se terminara la construcci\u00f3n. Planteadas as\u00ed las cosas, debe la sala entrar a estudiar la tantas veces mencionada cl\u00e1usula cuarta, para determinar cu\u00e1l es el alcance de la misma, pues esta no es clara\u00bb. <\/p>\n
Puesto en esa tarea, memor\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 1551 del C.C. consagra: \u201cDefinici\u00f3n de plazo. El plazo es la \u00e9poca que se fija para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n; puede ser expreso o t\u00e1cito. Es t\u00e1cito, el indispensable para cumplirlo. No podr\u00e1 el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, se\u00f1alar plazo para el cumplimiento de una obligaci\u00f3n; solo podr\u00e1 interpretar el concebido en t\u00e9rminos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicaci\u00f3n discuerden las partes\u201d. Esta norma, contrario a lo que afirma el apelante si faculta al Juez para interpretar el contrato, cuando los plazos pactados, son vagos y oscuros y sobre los que discuerden las partes; como en el caso que nos ocupa, en donde los demandantes afirman que les debieron hacer entrega del inmueble inmediatamente se terminara de construir y la parte demandada afirma que no se pact\u00f3 fecha para la entrega. As\u00ed tenemos que, con el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 el representante legal de la demandada y los indicios en su contra que seguidamente analizaremos, podemos concluir que ciertamente el alcance de la cl\u00e1usula cuarta, es que la entrega del inmueble al arrendatario, deb\u00eda hacerse por el arrendador, cuando se terminara de construir el mismo\u00bb. <\/p>\n
En respaldo de esta \u00faltima conclusi\u00f3n, recalc\u00f3 que \u00aben el interrogatorio que absolvi\u00f3 el se\u00f1or HERNAN ALONSO HERNANDEZ MELLAN como representante legal de HH GRUPO EMPRESARIAL SAS, se escucha en el audio II lo siguiente: A minuto 6:13 dijo: \u201cEl hotel Poblado Manila fue una obra que hizo la empresa que yo gerencio, se inici\u00f3 por la \u00e9poca del a\u00f1o 2016, se termin\u00f3 a comienzos del 2018 y se tiene rentado hoy a una empresa que se llama Los Patios\u201d. A minuto 6:43 dijo: \u201cBueno con Wilson nos un\u00eda como una intenci\u00f3n de negocio como una buena relaci\u00f3n comercial y firmamos esa intenci\u00f3n de cuando termin\u00e1ramos ese edificio de pronto alquil\u00e1rselo a \u00e9l\u201d. A minuto 7:57 dijo: \u201cEn ese momento hicimos otra intenci\u00f3n del negocio, sujeta a que ten\u00edamos que hacer otros perfeccionamientos del mismo, unos avances materiales, una entrega f\u00edsica, bueno sujetamos ah\u00ed otra intenci\u00f3n de negocio a seguirla adelante\u201d. Seguidamente el Juez lee la cl\u00e1usula cuarta del contrato y le pregunta: \u201cEsa entrega material del inmueble cuando se le iba a realizar a HH GRUPO EMPRESARIAL SAS?\u201d Y el interrogado no responde. Luego le pregunta: \u201cCuando termin\u00f3 de construirse ese hotel?\u201d, Responde: \u201cEn el 2018\u201d; seguidamente le pregunta: \u201cPara la fecha en que se suscribi\u00f3 este contrato, este que usted denomina segunda intenci\u00f3n, es decir diciembre 28 de 2017, ya hab\u00eda sido terminado el hotel?\u201d Responde: \u201cNO\u201d; a continuaci\u00f3n se le pregunta: \u201cIban a firmar una acta de entrega material debidamente notariada?\u201d, y responde: (Minuto 15:52.) \u201cSi, el d\u00eda que yo les entregue el hotel a ellos\u201d. Acto seguido, cuando interroga el apoderado judicial de la parte demandante, el representante legal de la demandada responde evasivo, por lo que se le llama la atenci\u00f3n por el Juez, so pena de incurrir en confesi\u00f3n ficta o indicio grave; no obstante lo anterior, Cuando se le pregunta si recibi\u00f3 un anticipo, igual evade la pregunta y no responde, por lo que nuevamente le llama la atenci\u00f3n el juez y le advierte sobre el comportamiento y conducta de las partes en el proceso. Le repite la pregunta, si recibi\u00f3 o no el dinero, y dice que no puede contestar la pregunta, y el juez ordena tener por confesi\u00f3n ficta, respondida la pregunta. Frente a la advertida actitud evasiva del representante legal de la persona jur\u00eddica demandada, al absolver el cuestionario formulado en el interrogatorio de parte, es procedente, en cumplimiento del mandato contenido en la parte final del inciso primero del art\u00edculo 280 del C\u00f3digo General del Proceso, deducir un indicio en su contra al calificar la conducta procesal de las partes. Indicio de que la entrega del inmueble a los arrendatarios se har\u00eda cuando se terminara de construir el inmueble\u00bb. <\/p>\n
Y sobre el mismo particular, agreg\u00f3 que, \u00aben gracia de discusi\u00f3n, si se entendiera que no se pact\u00f3 un plazo para la entrega, y por tanto debe acudirse a la analog\u00eda de normas, como lo dijo el A-quo, para determinar cu\u00e1l es el plazo para la entrega del inmueble arrendado, pod\u00eda v\u00e1lidamente acudirse a las normas del C.C; pues el art\u00edculo 822. Del C. Co. Consagra: \u201cAPLICACI\u00d3N DEL DERECHO CIVIL. Los principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, ser\u00e1n aplicables a las obligaciones y negocios jur\u00eddicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial se regir\u00e1 por las reglas establecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley\u201d. Motivo por el cual no le asiste raz\u00f3n al apelante cunado afirma que no se pueden aplicar las normas del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Sobre la excepci\u00f3n con la que la demandada intent\u00f3 poner en tela de juicio la exigibilidad de la obligaci\u00f3n de entrega que se le cobraba (dada la falta de pago del primer canon, por parte de los arrendatarios), se\u00f1al\u00f3 que \u00abIndica el recurrente, que conforme a la cl\u00e1usula 2 y 6 del contrato el arrendatario deb\u00eda pagar el canon dentro de los 5 primeros d\u00edas del mes, en forma anticipada, por tanto conforme al fallo, desde el 5 de enero de 2018 le era exigible a los arrendatarios el pago del canon de arrendamiento y en el proceso no se demostr\u00f3 que los arrendatarios hubieren cumplido, y la verificaci\u00f3n del cumplimiento es un requisito para determinar la procedencia y establecimiento del cumplimiento de la contraparte, siendo elemento indispensable para el \u00e9xito de una acci\u00f3n como la aqu\u00ed planteada, dejando de lado lo dispuesto en el art. 1882 del C.C. Observa la sala que este cargo igualmente est\u00e1 llamado a no prosperar, toda vez que no puede dejarse de lado lo dispuesto en el art\u00edculo 1882 del C. C. sobre el tiempo de entrega, pues si el arrendador no ha cumplido con su obligaci\u00f3n de entregar el goce de la cosa arrendada, el arrendatario no est\u00e1 en mora de pagar el arriendo, conforme lo previsto en el art\u00edculo 1609 del C. C.\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente a la posibilidad de acumular las pretensiones orientadas al cumplimiento forzado del contrato y al pago de la cl\u00e1usula penal, indic\u00f3 que \u00abque le asiste raz\u00f3n al apelante, pues si se demanda el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, no puede pedirse al mismo tiempo la pena, el juez no puede declarar subsistente el contrato y ordenar el pago de la pena, porque ello ir\u00eda en contra de la intenci\u00f3n de la demanda. As\u00ed las cosas, tenemos que, el se\u00f1or Juez a-quo efectu\u00f3 una acumulaci\u00f3n equivocada de las pretensiones que acogi\u00f3, pues a la primera, referida a ordenar el cumplimiento del contrato (principal), sum\u00f3 el reconocimiento de la cl\u00e1usula penal (pedida como subsidiaria), y sabido es, que las pretensiones subsidiarias se analizan en defecto de la prosperidad de las principales, lo que es suficiente para corroborar el yerro en que incurri\u00f3, pues al otorgarle prosperidad a la primera pretensi\u00f3n principal, el campo de acci\u00f3n del se\u00f1or Juez de instancia se limitaba a sopesar las dem\u00e1s as\u00ed rotuladas, no las subsidiarias\u00bb. <\/p>\n
Ante dicho escenario, arguy\u00f3 el tribunal que \u00aben la sentencia recurrida en primer lugar se accede al reconocimiento de la pretensi\u00f3n principal, ordenando el cumplimiento del contrato celebrado el 28 de diciembre de 2017 entre la empresa H.H GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., como arrendadora y LUIS FERNANDO LOBO ROZO y JAIRO LOBO ROZO como arrendatarios (numeral segundo de la parte resolutiva), y como consecuencia de lo anterior, ordena a la demandada cumplir con la obligaci\u00f3n de entregar al arrendatario la cosa arrendada, permitiendo la iniciaci\u00f3n de la vigencia del contrato (numeral tercero parte resolutiva). No obstante lo anterior, observa la sala que no es viable mantener lo dispuesto en la sentencia de primera instancia, en cuanto al cumplimiento del contrato, esto es, la entrega del establecimiento de comercio; pero no por lo argumentado por la parte recurrente, sino porque el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, se encuentra en poder de un tercero en virtud de un nuevo contrato celebrado, lo cual viene demostrado en el plenario, con la confesi\u00f3n del demandado en su interrogatorio, y reconocido por el demandante en el libelo introductorio; motivo por el cual este segundo contrato de arrendamiento celebrado con terceros prevalece, al haberse hecho entrega del inmueble a estos, y cualquier entrega posterior no tendr\u00e1 valor alguno, as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 1980 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Y con base en ello, coligi\u00f3, finalmente, que \u00abno estar\u00edan llamadas a prosperar las pretensiones denominadas como principales por la parte demandante, imponi\u00e9ndose entonces entrar al estudio de las pretensiones subsidiarias; observando la Sala que en cuanto a la pretensi\u00f3n referente a la imposici\u00f3n de la cl\u00e1usula penal, esta se encuentra plenamente justificada en correspondencia con el acreditado incumplimiento de la sociedad demandada de sus obligaciones contractuales y por su conducta contractual ajena a la buena fe que impone el art\u00edculo 871 del C. Co., carga que deriva del acuerdo suscrito por las partes como una valoraci\u00f3n plena y anticipada de los perjuicios a cargo de la parte incumplida. Por otra parte y en cuanto a la pretensi\u00f3n consecuencial de la subsidiaria relativa a que \u201cSe condene al pago de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a los demandados, por los da\u00f1os sufridos por los demandantes debido al incumplimiento del contrato de arriendo, los cuales equivalen a la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISE\u00cdS MIL PESOS M\/L ($82.926.000) por concepto de p\u00e9rdida del poder adquisitivo por la suma pactada c\u00f3mo cl\u00e1usula penal por el hecho del paso del tiempo, esto es, la indexaci\u00f3n\u201d; observa la Sala, que de la lectura completa de las pretensiones se evidencia que lo realmente reclamado es la indexaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal y no la obtenci\u00f3n de una indemnizaci\u00f3n de perjuicios adicional; y como la indexaci\u00f3n, no tiene por finalidad indemnizar un perjuicio, ni siquiera incrementar o aumentar el valor nominal de una determinada suma econ\u00f3mica; sino, que simplemente pretende actualizar dicho valor al momento presente, ello no es incompatible con la cl\u00e1usula penal, motivo por el cual igualmente debe concederse esta pretensi\u00f3n, imponi\u00e9ndose por tanto adicionar la sentencia sobre el particular en el numeral CUARTO de la parte resolutiva, ordenando la indexaci\u00f3n de la suma a que se condena por CL\u00c1USULA PENAL, desde el 28 de diciembre de 2017, data en que se suscribi\u00f3 el contrato de arrendamiento, a la fecha de esta sentencia\u00bb. <\/p>\n
Ante tales raciocinios, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 a la magistratura encartada. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, la decisi\u00f3n mencionada conlleva un criterio razonable que, al margen de que la Corte lo proh\u00edje, impide el \u00e9xito del amparo, pues \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); a lo que se a\u00f1ade que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). <\/p>\n
Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la accionante se circunscribi\u00f3 a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00 y STC1558-2015). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura convocada, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC328-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC328-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-00068-00 (Aprobado en Sala de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C, veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por HH Grupo Empresarial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53193","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53193"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53193\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}