STC329-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC329-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00031-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Inversiones Villa del Rosario S.A. frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, con vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes en la causa que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La empresa convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abpropiedad privada[,] indemnizaci\u00f3n \u00edntegra\u00bb y \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades jurisdiccionales acusadas, en aras de que se ordene \u00abdecretar la nulidad de toda la actuaci\u00f3n surtida a partir del auto admisorio de la demanda\u00bb o desde \u00abla diligencia de inspecci\u00f3n judicial\u00bb; ello, dentro del consecutivo n.\u00b0 2019-00050. <\/p>\n
2.- En sustento, sostuvo que ante el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 curs\u00f3, bajo la radicaci\u00f3n descrita a espacio, el libelo de \u00abservidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb que en su contra instaur\u00f3 Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 (GEB) S.A. E.S.P., admitido con prove\u00eddo de 25 de junio de 2019, en el que adem\u00e1s se dispuso comunicar a la procuradur\u00eda delegada en lo agrario y ambiental. <\/p>\n
Adujo que el 8 de julio siguiente se llev\u00f3 a cabo la diligencia de inspecci\u00f3n judicial sobre el inmueble sometido al asunto1; que fue notificada de la demanda el d\u00eda 19 subsecuente, y que el 5 de agosto posterior se dict\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones. <\/p>\n
Expuso que intent\u00f3 la nulidad de ese fallo, rechazada de plano a trav\u00e9s de providencia calendada el 8 de noviembre de la misma anualidad2 que, habi\u00e9ndola apelado, result\u00f3 confirmada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 30 de julio de 2020. <\/p>\n
Critic\u00f3, en s\u00edntesis, i) que no se enter\u00f3 al delegado del ministerio p\u00fablico; ii) que en la inspecci\u00f3n, practicada previo a su notificaci\u00f3n, se vislumbraron \u00abnotorias diferencias\u00bb, pues el predio revisado en la diligencia \u00abes muy superior\u00bb al referido en la demanda; iii) que el veredicto incurri\u00f3 en \u00abincongruencia\u00bb, dado que los linderos all\u00ed relacionados difieren de los tra\u00eddos en el libelo e igualmente se dio por probado un \u00abvalor de indemnizaci\u00f3n\u00bb menor a la \u00abrealidad\u00bb, y iv) que la nulidad por evadirse la fase de \u00abalegatos de conclusi\u00f3n\u00bb fuera desechada, en la medida en que como tambi\u00e9n se pretermiti\u00f3 toda posibilidad de audiencia improbable ser\u00eda \u00abadivinar\u00bb o proponer la invalidaci\u00f3n hasta antes de la sentencia. <\/p>\n
Acerca de esto \u00faltimo denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 32 de la ley 56 de 1981 y 5\u00b0 del decreto 2580 de 1985, compilado en el 1073 de 2015. Asever\u00f3 que el resguardo es oportuno, parti\u00e9ndose de la resoluci\u00f3n del tribunal. <\/p>\n
3.- Esta Sala de la Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes de que trata el precepto 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1.- El Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 memor\u00f3 lo acontecido en el litigio y se opuso a la clama, para lo cual destac\u00f3 que acorde al canon 2.2.3.7.5.3. del decreto 1073 de 2015 \u00abNO es necesari[a] la citaci\u00f3n ni previa notificaci\u00f3n del demandado\u00bb a la inspecci\u00f3n judicial; que la gestora una vez se hizo parte rehus\u00f3 ejercer \u00aboposici\u00f3n alguna al estimativo de perjuicios\u00bb; que profiri\u00f3 fallo con apoyo en el numeral 7\u00b0 de la norma en cita y que contra el mismo no se interpuso recurso. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la nulidad fue aprovechada por la censora \u00aben vista que dej[\u00f3] fenecer en silencio el t[\u00e9]rmino de traslado\u00bb para oponerse ni apel\u00f3 la sentencia adoptada y que, en todo caso, ah\u00ed se le dijo que el rito \u00abno contempla la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n cuando no existe oposici\u00f3n\u00bb, a\u00f1adiendo que \u00abconforme el art\u00edculo 278 del C.G.P., [si] no hay pruebas por practicar al Juez le asiste el DEBER -que no posibilidad- de\u00bb sentenciar anticipadamente, seg\u00fan el criterio de esta Sala de Casaci\u00f3n vertido en \u00abSC-1322018 (11001020300020160117300)\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00absi bien en el auto admisorio (\u2026) se dispuso la comunicaci\u00f3n al Procurador Judicial y Agrario, el hecho de que est\u00e1 no se hubiere dado no tiene la virtualidad de convertirse\u00bb en una trasgresi\u00f3n invalidatoria, pues ni el decreto especial ni el C\u00f3digo General del Proceso (art. 46) \u00abexige[n] la intervenci\u00f3n de aquella entidad y\u00bb, en gracia de discusi\u00f3n, lo ordenado fue \u00abuna mera comunicaci\u00f3n[,] que no vinculaci\u00f3n como parte\u00bb. Sin embargo, no se implor\u00f3 nulidad por tal circunstancia. <\/p>\n
2.- Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 (GEB) S.A. E.S.P., luego de referirse a los hechos, suplic\u00f3 demeritar el auxilio puesto que la activante procura reavivar \u00aboportunidades procesales vencidas por negligencia\u00bb y no se otea desacierto en lo dirimido por los juzgadores confutados. Aleg\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los escenarios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
2.- Se anticipa la vocaci\u00f3n al fracaso de la ayuda protestada toda vez que, de un lado, los desafueros endilgados respecto al monto indemnizatorio reconocido en el pleito de \u00abservidumbre\u00bb, las \u00abnotorias diferencias\u00bb de las medidas del predio en la inspecci\u00f3n judicial e \u00abincongruencia\u00bb del fallo adoptado en ese rito, as\u00ed como la falta de notificaci\u00f3n de la procuradur\u00eda delegada, de existir, se habr\u00edan prolongado hasta el 5 de agosto de 2019, cuando se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que puso fin a esa instancia (contra la que, adem\u00e1s, no se interpuso recurso). <\/p>\n
Por el demarcado sendero, m\u00e1s all\u00e1 de lo aducido en el escrito inicial, cierto es que entre la fecha aludida y la de formulaci\u00f3n del reclamo supralegal \u201316 de diciembre de 2020\u2013 transcurri\u00f3 un lapso que supera en mucho el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta de esta Colegiatura como razonable y proporcional para que la afectada en sus prerrogativas ejerciera el mecanismo iusfundamental, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo real que justifique la visible tardanza en el acudimiento; todo lo cual, por ende, impide abordar el estudio de fondo a\u00f1orado. <\/p>\n
Frente al postulado en menci\u00f3n, se ha delimitado: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01; reiterada en STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3.- De otra parte, en lo ata\u00f1edero al rechazo \u2013mediante auto de 8 de noviembre de 2019\u2013 de la nulidad intentada por la quejosa, se advierte que la providencia objeto de debate ser\u00e1 la definitoria de 30 de julio de 2020, que en sede de apelaci\u00f3n la confirm\u00f3. <\/p>\n
(\u2026)A prop\u00f3sito de la discusi\u00f3n que se plantea en la apelaci\u00f3n, bueno es empezar recordando que el \u201cproceso de constituci\u00f3n de servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica tiene como prop\u00f3sitos esenciales facilitar la implementaci\u00f3n expedita de las obras necesarias para la adecuada prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico y garantizar que el propietario o poseedor del inmueble sirviente sea compensado con una indemnizaci\u00f3n justa\u201d (Sentencia C-831 de 2007); de ah\u00ed que por tratarse de un asunto de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social, el legislador ha puesto empe\u00f1o en fijar unas reglas especiales para esta tipolog\u00eda de procesos, las que difieren ciertamente de las del proceso declarativo. <\/p>\n
Ciertamente, de acuerdo con ellas [art\u00edculos 2.2.3.7.5.1, 2.2.3.7.5.2 y 2.2.3.7.5.3 del decreto 1073 de 2015], a la demandante, que es la entidad de derecho p\u00fablico que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecuci\u00f3n, se le exige apenas dirigir la demanda contra los titulares de derechos reales principales sobre el respectivo bien y acompa\u00f1ar el plano general en el que figure el curso que habr\u00e1 de seguir la l\u00ednea de transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n, el inventarios de da\u00f1os que se causaren con el estimativo de su valor, el certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio y el t\u00edtulo judicial que corresponda con la suma estimada como indemnizaci\u00f3n; cumplidas esas formalidades, el juez deber\u00e1, dentro de las 48 horas siguientes a la presentaci\u00f3n del libelo, practicar una inspecci\u00f3n judicial sobre el predio a efectos de identificarlo, hacer un examen y reconocimiento de la zona objeto de gravamen y autorizar la ejecuci\u00f3n de las obras que sean necesarias para el goce efectivo de la servidumbre; as\u00ed mismo, admitir\u00e1 a tr\u00e1mite la demanda y ordenar correr traslado de ella al demandado por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, quien a su turno solo podr\u00e1 presentar oposici\u00f3n respecto del estimativo de los perjuicios; esto es, no puede formular excepciones de m\u00e9rito, al punto que apenas estar\u00e1 habilitado para solicitar que se practique un aval\u00fao de los da\u00f1os por un perito de la lista de auxiliares y otro de la lista suministrada por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, cumplido lo cual, con \u201cbase en los estimativos, aval\u00faos, inventarios o pruebas que obren en el proceso, el juez dictar\u00e1 sentencia, se\u00f1alar\u00e1 el monto de la indemnizaci\u00f3n y ordenar\u00e1 su pago\u201d. <\/p>\n
Eso, sin mayores miramientos, impide considerar que el proceso adolece de alguna irregularidad por no haberse agotado la fase de alegaciones pues, est\u00e1 visto, esa no es una etapa prevista para los procesos de esa naturaleza; y aun cuando el art\u00edculo 27 de la ley 56 de 1981 hac\u00eda una remisi\u00f3n al procedimiento que para la \u00e9poca de su vigencia establec\u00eda el derogado c\u00f3digo de procedimiento civil, no puede olvidarse que la ley actual se guard\u00f3 de hacer ese reenv\u00edo, de donde es imposible, por el principio de legalidad, tratar de traer esas normas del c\u00f3digo general del proceso a este evento, cuyo tr\u00e1mite, ya se dijo, est\u00e1 reglado por el citado decreto 1073 de 2015. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, muy recientemente la doctrina constitucional acaba de precisar que, no existiendo pruebas por practicar, al \u201cjuez no le queda alternativa distinta que \u00abdictar sentencia anticipada\u00bb, porque tal proceder no est\u00e1 supeditado a su voluntad, esto es, no es optativo, sino que constituye un deber y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento\u201d, en cuyo caso, si el \u201cfallo se emite en forma escrita no es forzoso garantizar la oportunidad para las alegaciones finales dada la ausencia de pr\u00e1ctica probatoria, porque aquellas son una cr\u00edtica de parte acerca del despliegue demostrativo, de suerte que si \u00e9ste no se llev\u00f3 a cabo no hay sobre qu\u00e9 realizar las sustentaciones conclusivas, teniendo en cuenta que las posturas de los contendientes est\u00e1n plasmadas en sus respectivas intervenciones anteriores (demanda y r\u00e9plica)\u201d (Cas. Civ. Sent. de 27 de abril de 2020, rad. 47001-22-13-000-2020 00006-01); aqu\u00ed, debe admitirse, no se habla de una sentencia anticipada, pero en trasunto est\u00e1 la misma situaci\u00f3n jur\u00eddica que se presenta en el evento en que aquella se profiere, en cuanto que los condicionamientos para que el fallo se produzca, harto sui-generis de procesos, tienen su foco en el inter\u00e9s general, lo que a juicio del legislador, bien permite prescindir de esa fase de alegaciones muy propia de la mayor\u00eda de procesos regulados en la ley. <\/p>\n
Obviamente que si las cosas son de ese modo, lo \u00faltimo que podr\u00eda hacer el juzgador ser\u00eda, cerrando los ojos ante esos criterios, tramitar la solicitud de nulidad y, posteriormente, decidirla, algo que, sin muchos atisbos, desaf\u00eda los fines y prop\u00f3sitos de ese instrumento de defensa; menos cuando si eventualmente ese vicio hubiera podido configurarse, es claro que el momento para dejarla al descubierto, era all\u00ed cuando se profiri\u00f3 la sentencia y la parte ten\u00eda la oportunidad de apelar de ella y sin embargo ning\u00fan pronunciamiento hizo, pues opt\u00f3 por casi un mes despu\u00e9s, cuando ya el fallo estaba ejecutoriado, acudir a este expediente, como si fuese una manera de rescatar esa oportunidad perdida, cuando ya con su silencio termin\u00f3 convalid\u00e1ndola. <\/p>\n
As\u00ed, como lo que dice el inciso final del precepto 135 del estatuto general del proceso es que el \u201cjuez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n\u201d, no hay en el sub-judice motivos que autoricen tramitar la solicitud elevada por la demandada, obviamente que hacerlo desconocer\u00eda la teleolog\u00eda de la norma, en cuyo trasunto est\u00e1 evitar que esta herramienta se utilice para reciclar controversias que, por virtud del principio de preclusi\u00f3n, quedaron superadas\u2026 (\u00c9nfasis ajeno al texto). <\/p>\n
Providencia que al margen de que sea compartida no subyace arbitraria, subjetiva o antojadiza, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que, en consecuencia, descarta las vulneraciones aqu\u00ed aducidas por la promotora, de donde sus r\u00e9plicas no encuentran recibo en esta sede especial\u00edsima de auxilio. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se forj\u00f3 en la demanda de resguardo es una diferencia de criterio en torno a la forma en que la corporaci\u00f3n jurisdiccional encausada opt\u00f3 por revalidar el rechazo de la nulidad venida de comentarse, en atenci\u00f3n al mandato de oportunidad que la caracteriza (fue interpuesta tiempo despu\u00e9s de en firme el veredicto); discrepancias que devienen escasas para que la Corte se inmiscuya en lo all\u00ed dirimido, m\u00e1xime cuando en este nivel se ha decantado que disentir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, per se, en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01; reiterado en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
4.- Lo consignado, entonces, impone no acceder a la salvaguarda implorada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si el pronunciamiento no es impugnado, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Con matr\u00edcula n.\u00b0 176-48642 de la oficina de instrumentos p\u00fablicos de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
2 No revocada por el juez a-quo, en sede de reposici\u00f3n, el 18 de febrero de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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