STC332-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC332-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2020-01709-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por ZBC S.A. contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y al \u00abjuez natural\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio \u00abrevo[car] el auto 77346 del 28 de agosto de 2020, en el cual se resuelve desfavorablemente\u2026 el recurso de reposici\u00f3n [y, en consecuencia,] declare su falta de competencia y remita al juez competente\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mariana Guti\u00e9rrez Restrepo formul\u00f3 demanda de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra ZBC S.A., tras alegar que las sandalias que adquiri\u00f3 de la convocada, le generaron da\u00f1os e incomodidades en sus pies, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n del dinero pagado o el cambio del bien objeto del litigio; el conocimiento del asunto lo asumi\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio, que el 14 de mayo de 2020 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. Contra la referida decisi\u00f3n, la sociedad actora formul\u00f3 reposici\u00f3n, tras argumentar, entre otras, la falta de jurisdicci\u00f3n y competencia, al considerar que el asunto se trata de \u00abun tema de responsabilidad de da\u00f1o causado por producto defectuoso\u00bb, de ah\u00ed que la llamada a conocer de la acci\u00f3n sea la jurisdicci\u00f3n civil; con auto n\u00b0 77346 de 28 de agosto siguiente, la Superintendencia mantuvo el prove\u00eddo censurado. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, los hechos y las pretensiones de la demanda est\u00e1n encaminados a la declaratoria de una responsabilidad de da\u00f1o causado por producto defectuoso, por lo que la Superintendencia carece de competencia. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que \u00abel r\u00e9gimen de garant\u00edas y el r\u00e9gimen de responsabilidad de da\u00f1o por producto defectuoso son dos reg\u00edmenes completamente diferentes, pues mientras en el primero lo que se pretende es la reparaci\u00f3n del da\u00f1o contenido en el bien mismo consistente en un defecto de calidad, idoneidad o seguridad, en el r\u00e9gimen de responsabilidad de da\u00f1o causado por producto defectuoso lo que se pretende es la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado por el bien en otros bienes del consumidor o en el mismo consumidor en su integridad f\u00edsica\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que contrario a lo afirmado por la sociedad accionante las pretensiones de la demanda est\u00e1n encaminadas a buscar la devoluci\u00f3n del precio pagado por el producto o el cambio del bien objeto de litigio, m\u00e1s no un resarcimiento de da\u00f1os, por lo que se est\u00e1 frente a una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor y no de una responsabilidad civil por producto defectuoso; que frente al caso similar en el que se accedi\u00f3 a la falta de competencia, los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos son sustancialmente diferentes; pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la solicitud de amparo. <\/p>\n
2. Laura Moreno Restrepo, quien indic\u00f3 actuar como apoderada judicial de Mariana Guti\u00e9rrez Restrepo, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo rogado al considerar que la decisi\u00f3n censurada no luce arbitraria, pues la Superintendencia luego de estudiar los art\u00edculos 56 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del C\u00f3digo General del Proceso, concluy\u00f3 que la competencia qued\u00f3 fijada desde que la demandante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos como consumidora, solicitando la devoluci\u00f3n del dinero pagado o el cambio del bien objeto del litigio, de ah\u00ed que no pueda dar un entendimiento diferente. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la Superintendencia no incurri\u00f3 en falta de coherencia interna \u00abpor haber adoptado otra postura en un proceso similar, pues si se mira bien las cosas, lo que hizo dicho organismo en este caso fue interpretar la demanda para concluir que, en estrictez, m\u00e1s all\u00e1 del lenguaje utilizado, lo que en \u00faltimas se ped\u00eda era la protecci\u00f3n de un t\u00edpico derecho de la consumidora demandante, sin que la Sala, como juez constitucional, pueda inmiscuirse en ese labor\u00edo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los repartos tra\u00eddos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que se est\u00e1 desconociendo el principio del juez natural, a m\u00e1s que \u00abla competencia en materia de derecho de consumo se encuentra claramente delimitada\u2026 y no puede predicarse que por una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la Superintendencia de Industria y Comercio, adquiera competencia de un asunto en el cual no puede actuar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Superintendencia convocada, con auto n\u00b0 77346 de 28 de agosto de 2020, que mantuvo la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n contenida en el auto n\u00b0 27345 de 14 de mayo anterior, explic\u00f3 los motivos por los cueles era esa autoridad la competente para conocer del asunto objeto de litigio. <\/p>\n
En tal providencia, tras analizar lo dispuesto en los art\u00edculos 56 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del C\u00f3digo General del Proceso, de cara al caso concreto, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026como la parte demandante acudi\u00f3 a \u00e9sta Superintendencia para que se protejan sus derechos como consumidora por considerarlos vulnerados, por cuanto se\u00f1al\u00f3 que las sandalias adquiridas le generaron da\u00f1os e incomodidades en sus pies, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n del dinero pagado o el cambio del bien objeto del litigio, por lo que es posible concluir que nos encontramos ante una acci\u00f3n y asunto que a todas luces es de competencia de este Despacho, en tanto en parte alguna hace referencia a tratarse de una acci\u00f3n de responsabilidad por producto defectuoso, caso en el cual se perder\u00eda la competencia, y por el contrario, la demandante fue muy clara al manifestar que estamos ante una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, siendo el tr\u00e1mite a seguir aquel previsto para el procedimiento verbal sumario dispuesto en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, es preciso tener en cuenta que si bien la parte actora hizo menci\u00f3n a que le fue entregado un producto defectuoso, esto no remite autom\u00e1ticamente a se\u00f1alar que su acci\u00f3n est\u00e1 enfocada en una responsabilidad por da\u00f1os por producto defectuoso, en tanto no est\u00e1 reclamando el pago de da\u00f1o alguno en calidad de perjuicios, y por el contrario, es claro para el Despacho que hace referencia a un bien que seg\u00fan su criterio, no cumpli\u00f3 con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y funcionamiento que se predican de los bienes adquiridos, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 \u00fanicamente que se le devuelva el valor pagado por el mismo, o que se cambie el bien. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Superintendencia accionada valor\u00f3 \u00edntegramente la demanda y sus pretensiones, concluyendo que tiene competencia para conocer del asunto, habida cuenta de que lo reclamado es la protecci\u00f3n de los derechos como consumidora, en la medida en que lo pretendido es la devoluci\u00f3n del dinero o el cambio del bien objeto de litigio, que no una acci\u00f3n de responsabilidad civil por producto defectuoso. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, al margen que se compartan, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Las anteriores consideraciones imponen la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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