STC333-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC333-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00058-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, sin hacer petici\u00f3n concreta, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y propiedad, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Nestar Rodr\u00edguez Bar\u00f3n promovi\u00f3 juicio de pertenencia contra herederos de Benigno Arnoldo L\u00f3pez L\u00f3pez y otros, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, el que dict\u00f3 sentencia el 15 de enero de 2019 desestimando las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de esa ciudad en fallo de 29 de octubre de 2019 la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que el Tribunal censurado no tuvo en cuenta las formas propias del proceso; que no apreci\u00f3 las pruebas en conjunto ni les asign\u00f3 el m\u00e9rito respectivo a cada una de ellas; que no valor\u00f3 ni mencion\u00f3 el dictamen, as\u00ed como tampoco la idoneidad del perito; que no efectu\u00f3 una explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones, ni expuso motivaciones constitucionales, legales, de equidad y doctrinarias; y se omiti\u00f3 calificar la conducta procesal de las partes. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el fallo emitido no se encuentra en consonancia con los hechos y pretensiones planteados en la demanda, en donde se expusieron razones y aportaron documentos que daban cuenta de que contaba con el derecho; y que se dej\u00f3 de lado que el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso ordenaba brindar protecci\u00f3n al m\u00e1s d\u00e9bil. <\/p>\n
2.5. Adujo que no se tuvieron en cuenta las presunciones; que el bien no era bald\u00edo, contaba con antecedentes registrales e incluso con las \u201cX\u201d que distingu\u00edan a los propietarios, hab\u00eda sido objeto de negocios jur\u00eddicos, y se lo vendieron por la suma de $155.400.000. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que demostr\u00f3 que ha pose\u00eddo el inmueble desde hace muchos a\u00f1os -interrogatorio, declaraciones y pruebas documentales-; que ninguna entidad p\u00fablica ni persona natural le ha disputado su calidad; y que lo que pretend\u00eda era reclamar lo que le pertenec\u00eda. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que si los funcionarios hubiesen cumplido con su deber los resultados ser\u00edan otros; que el dictamen precis\u00f3 que el bien era susceptible de prescripci\u00f3n, en tanto que no se encontraba sobre terrenos de uso p\u00fablico o de la Naci\u00f3n; y que el bien estaba en el comercio desde 1966, por lo que no comprend\u00eda las razones por las que no se concedi\u00f3 la pertenencia deprecada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n cuestionada se encontraba soportada en las pruebas oportunamente recaudadas y en los argumentos razonables que all\u00ed se consignaron. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el fallo criticado de 29 de octubre de 2019; y la interposici\u00f3n de la tutela el 13 de enero de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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