STC337-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC337-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-03482-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gonz\u00e1lez de la Pava y C\u00eda. S. en C. S contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo singular distinguido con radicaci\u00f3n 2019-00214. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la accionante acudi\u00f3 al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Expuso que celebr\u00f3 un \u00abcontrato de promesa de venta\u00bb con la empresa Forma e Imagen Arquitectos e Ingenieros S. A. S., respecto de un inmueble ubicado en la ciudad de Ibagu\u00e9, pactando como precio la suma de ochocientos millones de pesos, pagaderos en efectivo \u00abel 1\u00ba de noviembre de 2017 o a los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abcomo la obligaci\u00f3n no se satisfizo en la \u00e9poca establecida\u00bb promovi\u00f3 demanda ejecutiva que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, despacho que libr\u00f3 mandamiento de pago el 1\u00ba de junio de 2018. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la empresa ejecutada propuso \u00abindebidamente\u00bb como excepciones previas, la de pleito pendiente, \u00abfalta del requisito formal de la exigibilidad del documento presentado como t\u00edtulo ejecutivo, inexistencia del t\u00edtulo complejo por falta de exigibilidad del t\u00edtulo [y] cl\u00e1usula compromisoria\u00bb y, como defensas de fondo, las que denomin\u00f3 \u00abincumplimiento del contrato presentado al cobro por la parte demandante-inexigibilidad del documento presentado como t\u00edtulo ejecutivo, inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo complejo por falta de exigibilidad del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en sentencia de 28 de noviembre de 2019, se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de exigibilidad del t\u00edtulo\u00bb, desestim\u00e1ndose las pretensiones de la demanda; decisi\u00f3n contra la cual promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n \u00abpor considerarse que el juez de conocimiento no hab\u00eda sido congruente en su decisi\u00f3n dado que la motivaci\u00f3n del fallo no fue consonante ni con los hechos, ni con las pretensiones, ni con las excepciones\u00bb. <\/p>\n
Dice que el 5 de noviembre de 2020 el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada; empero, estima que dicho fallo \u00abno fue consonante con los reparos que se le hicieron a la providencia de primera instancia\u00bb pues ratifica la prosperidad de \u00abuna excepci\u00f3n de fondo no propuesta, aseverando que el pago estaba sujeto a la condici\u00f3n de que la demandante transfiriera el dominio a un patrimonio aut\u00f3nomo desconocido\u2026 olvidando que (la \u00fanica condici\u00f3n t\u00e1cita es la resolutoria y respecto de los contratos bilaterales art. 1546 del C.C.) e igualmente que por definici\u00f3n \u201ces obligaci\u00f3n condicional la que depende de una condici\u00f3n, esto es de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no, art\u00edculo 1530 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
3. Aunque no atribuye con precisi\u00f3n defecto alguno a las determinaciones acusadas y no formula pretensi\u00f3n concreta, s\u00ed considera trasgredidas \u00abde facto\u00bb las prerrogativas superiores indicadas en p\u00e1rrafos precedentes. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El representante legal de Forma e Imagen Arquitectos e Ingenieros S. A. S. solicit\u00f3 desestimar el resguardo, dada su evidente improcedencia, pues quien formula la acci\u00f3n carece de legitimaci\u00f3n en la causa para representar a la sociedad Gonz\u00e1lez de la Pava, habida consideraci\u00f3n que dicha persona jur\u00eddica se encuentra en estado de liquidaci\u00f3n y su representaci\u00f3n legal est\u00e1 en cabeza de Jos\u00e9 Manuel Beltr\u00e1n Buend\u00eda y no de quien otorg\u00f3 poder para promoverla, esto es Ruby Alejandra de la Pava. <\/p>\n
Consider\u00f3, adem\u00e1s, que el profesional del derecho simplemente efect\u00faa una enunciaci\u00f3n en el sentido que el asunto de violaci\u00f3n del derecho fundamental\u2026 ostenta una relevancia constitucional; empero, olvida que \u00abpara que se cumpla el requisito es necesario comprobar que la irregularidad procesal tenga incidencia directa en la trasgresi\u00f3n aludida, que para el presente caso no se cumple a cabalidad, pues\u2026 se limita simplemente a efectuar manifestaciones sin el debido ejercicio de argumentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, Jos\u00e9 Manuel Beltr\u00e1n Buend\u00eda, liquidador de Gonz\u00e1lez de la Pava y C\u00eda. S. en C. S., solicit\u00f3 \u00ababstenerse de hacer cualquier consideraci\u00f3n a la presente acci\u00f3n constitucional puesto que\u2026 el se\u00f1or Ra\u00fal Alfonso Medina Canal\u2026 no es reconocido por esta administraci\u00f3n\u2026 en ninguna de las diligencias o actuaciones de la sociedad\u00bb de all\u00ed que \u00abno apruebe bajo ning\u00fan punto de vista\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron los derechos fundamentales de la actora, dentro del compulsivo 2019-00124 en que es demandante, al declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de exigibilidad del t\u00edtulo\u00bb pese a que, en decir de la gestora, no fue propuesta por la ejecutada, lo que llev\u00f3 a la desestimaci\u00f3n de las pretensiones formuladas. <\/p>\n
2. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de revisi\u00f3n <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 5 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, comoquiera que fue el que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que se resuelvan de cierta manera, ello en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica,. <\/p>\n
Pero, excepcionalmente, se tienen aquellos casos en que el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Esto porque cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso, obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
4.1. Previo a abordar el estudio del caso concreto, debe la Corte referirse brevemente a las manifestaciones realizadas por quienes acudieron a la actuaci\u00f3n como vinculados. <\/p>\n
Los prenombrados aseguran que quien promueve el presente resguardo carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, habida consideraci\u00f3n que no detenta la representaci\u00f3n legal de Gonz\u00e1lez de la Pava y C\u00eda, S. en C. S., puesto que la misma recae en Jos\u00e9 Manuel Beltr\u00e1n Buend\u00eda, quien funge como liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades el 24 de enero de 2020 y posesionado en tal cargo el 6 de febrero siguiente. <\/p>\n
Si bien, la anterior circunstancia fue corroborada por esta Sala con la documental adosada, es lo cierto que alg\u00fan inter\u00e9s le puede asistir al profesional del derecho para promover el resguardo, tomando en consideraci\u00f3n que fue \u00e9l quien, como apoderado de la sociedad aqu\u00ed convocante, formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de 28 de noviembre de 2019, resuelto por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, mediante la sentencia que es objeto de reproche constitucional. <\/p>\n
4.2. Decantado lo anterior y realizado el an\u00e1lisis pertinente tanto a los argumentos de la queja constitucional as\u00ed como de la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, en particular la providencia de segundo grado proferida por la colegiatura convocada el 5 de noviembre del a\u00f1o anterior, se advierte que habr\u00e1 de negarse el amparo implorado, comoquiera que la resoluci\u00f3n all\u00ed adoptada no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, en tanto obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
4.3. En efecto, al centrarse la inconformidad de la quejosa en la declaraci\u00f3n oficiosa de la falta de exigibilidad de las obligaciones ejecutadas, es preciso resaltar que la autoridad enjuiciada, con apoyo del precedente jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n1, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Acorde con la postura jurisprudencial en cita, prontamente advierte la corporaci\u00f3n que la sentencia dictada por el juez de conocimiento no es incongruente por el solo hecho de que el juez se hubiera adentrado a realizar el estudio sobre la validez del t\u00edtulo ejecutivo pues, como bien lo puntualiza el mencionado Tribunal de cierre, es deber del juez as\u00ed como tambi\u00e9n para garantizar la prevalencia del derecho sustancial, revisar incluso antes de dictar sentencia de primera o de segunda instancia, que el t\u00edtulo ejecutivo re\u00fana los presupuestos legales m\u00ednimos, para poder as\u00ed ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Por consiguiente, as\u00ed los aspectos relativos al cumplimiento de los requisitos formales del t\u00edtulo hubieran sido alegados como excepci\u00f3n previa por la parte ejecutada, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n y decididos de manera adversa por parte del a quo en la etapa procesal pertinente, tal y como lo refiere el apelante, dicha circunstancia no imped\u00eda que el juzgador de primer grado se detuviera nuevamente a verificar la validez del contrato de promesa de compraventa aportado como base de la ejecuci\u00f3n <\/p>\n
2.4. Luego\u2026 resulta pertinente concluir que el reparo de apelaci\u00f3n que se contrae a dicho t\u00f3pico no es de recibo para la corporaci\u00f3n por cuanto [la] actividad procesal desplegada por el a quo, lejos de estar prohibida por el estatuto de los ritos civiles actual, se le impon\u00eda como un deber, it\u00e9rese, para garantizar la prevalencia del derecho sustancial, sin que pudiera considerarse, en consecuencia, el estudio practicado por el juez al t\u00edtulo ejecutivo, como una anomal\u00eda o irregularidad que torne la sentencia incongruente, con independencia de que esta sala comparta o no los argumentos por \u00e9l utilizados para justificar la revocatoria del mandamiento ejecutivo.\u00bb <\/p>\n
Seguidamente, tras revisar el clausulado del documento base del recaudo indic\u00f3 que \u00abno esta[ba] claro si el contrato celebrado entre las partes fue una promesa de compraventa, una promesa de celebrar una fiducia o una promesa de celebrar esos dos contratos, es decir el de fiducia y el de compraventa\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello, y refiri\u00e9ndose brevemente a la decisi\u00f3n adoptada por esta Corporaci\u00f3n el 14 de marzo de 2012, dentro de la acci\u00f3n de tutela 2012-00006-01, advirti\u00f3 que \u00abal interior de un proceso ejecutivo no es procedente pronunciarse sobre temas que, por su naturaleza, obligatoriamente deben ventilarse en un proceso declarativo, como lo es en este caso el tema referente a la nulidad del contrato aportado como base de la ejecuci\u00f3n\u00bb, y que, pese a no ser procedente \u00abemitir un pronunciamiento frente a la validez o invalidez del contrato de promesa aportado\u2026 por cuanto este debate necesariamente debe ventilarse en un proceso declarativo\u00bb, esa circunstancia no imped\u00eda \u00ababordar el estudio de los requisitos para que dicho t\u00edtulo pueda ser ejecutado a trav\u00e9s de la v\u00eda judicial\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis del t\u00edtulo ejecutivo, de cara a las pruebas aportadas en el tr\u00e1mite de la primera instancia y, para ratificar el fallo confutado, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta sala advierte que si bien en el literal d) de la cl\u00e1usula quinta del contrato se dijo que la aqu\u00ed ejecutada deb\u00eda pagar a favor de la ejecutante la suma de $800.000.000 el d\u00eda 1 de noviembre de 2017, tal obligaci\u00f3n, si bien es clara por cuanto no se requiere acudir a ninguna clase de elucubraci\u00f3n o interpretaci\u00f3n para su inteligencia, y expresa por cuanto est\u00e1 dirigida de manera directa al deudor, no es actualmente exigible ya que, de acuerdo con el clausulado contractual, para que la parte ejecutada estuviera en mora de realizar dicho pago, la ejecutante a su vez deb\u00eda haber acreditado el cumplimiento previo de las obligaciones que se encontraban a su cargo, como lo eran, la de transferir el inmueble a un patrimonio aut\u00f3nomo a m\u00e1s tardar el 28 de julio de 2017 libre de condiciones resolutorias, limitaciones, grav\u00e1menes o medidas cautelares, junto con los documentos necesarios requeridos por la fiducia para la constituci\u00f3n del mencionado patrimonio aut\u00f3nomo, todo lo cual se hecha de menos por cuanto la parte ejecutante no despleg\u00f3 actividad probatoria en ese sentido y, por el contrario, del certificado de libertad y tradici\u00f3n obrante a folios 175 a 179 del cuaderno principal, expedido el 25 de septiembre de 2019, despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n de la demanda, se infiere que el inmueble objeto de la promesa a la fecha todav\u00eda se encuentra en cabeza de la sociedad accionante <\/p>\n
(\u2026) toda vez que en los contratos bilaterales \u201cninguno de los contratantes est\u00e1 en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos\u2026\u201d por ende la legitimaci\u00f3n en la causa por activa para solicitar, ya sea la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del contrato a trav\u00e9s de la v\u00eda declarativa o ejecutiva, seg\u00fan sea el caso\u2026 la tiene \u00fanicamente el contratante cumplido o que se ha allanado a cumplir; dado el incumplimiento vislumbrado de la parte ejecutante, no puede decirse que la obligaci\u00f3n por ella perseguida es exigible y, por tanto, mal podr\u00eda ordenarse llevar adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
4.4. En las circunstancias descritas, al margen de que la Corte comparta o no los anteriores razonamientos, estos hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
Lo anterior, pues cuando la decisi\u00f3n objeto de censura no desencadena flagrante vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas, no se abre paso a la protecci\u00f3n invocada en tanto lejos est\u00e1 de obedecer a capricho o arbitrariedad del encartado, ya que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC11304-2018, 5 sep. 2018, rad. 02425-00). <\/p>\n
4.5. En apoyo a la postura jur\u00eddica asumida por el acusado, atinente a que al momento de dictar el fallo, el juzgador est\u00e1 llamado a volver a revisar, inclusive de oficio, los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago, la Corte ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (CSJ STC4808-2017, 5 abr. 2017, rad. 00694-00, citada y reiterada en STC14164-2017, 11 sep. 2017, rad. 00358-01 y STC14595-2017, 14 sep. 2017, rad. 00113-01). <\/p>\n
As\u00ed, de lo anterior fluye que, al definirse una ejecuci\u00f3n, les asiste a los jueces la \u00abpotestad-deber\u00bb de verificar nuevamente los presupuestos de los instrumentos de pago, pues tal carga contenida en el anterior estatuto adjetivo se mantiene en el actual, siendo ese el proceder aplicado por la colegiatura censurada. <\/p>\n
Entonces, queda claro que lo pretendido por la persona jur\u00eddica actora en esta oportunidad es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la tutela, mecanismo que no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
De conformidad con lo precisado, se desestimar\u00e1 la salvaguarda, toda vez que lo resuelto por el tribunal accionado no configura defecto alguno que constituya desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, am\u00e9n de que lo pretendido por la accionante es imponer su particular razonamiento, sustituyendo la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis de los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo deprecado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto, por el medio m\u00e1s expedito, a las partes e intervinientes, y en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 STC3298-2019, 14 de mar. <\/p>\n
<\/p>\n
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