STC338-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC338-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01449-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas en el juicio ejecutivo 2009 – 00352 tramitado por Antonio Ram\u00edrez Zuluaga contra Fabiola Ariza D\u00edaz y Pedro Jes\u00fas Guerrero Ragua, al cual se acumularon otras ejecuciones iniciadas contra la ejecutada citada por Lisban Osorio Ospino y Carmenza G\u00f3mez Ram\u00edrez, quien posteriormente cedi\u00f3 su cr\u00e9dito al primigenio ejecutante. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 requerir a las accionadas para que de manera oportuna, congruente, precisa, detallada y completa informen el estado de la solicitud de los dep\u00f3sitos judiciales en su favor, as\u00ed como que se efect\u00fae su pago a cuenta, todo ello en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 sus pretensiones en que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 orden\u00f3, con auto de 2 de diciembre de 2019, a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, entregarle el producto del remate practicado, pero ha sido dilatada sin justificaci\u00f3n la entrega o pago a cuenta de los dep\u00f3sitos judiciales correspondientes. <\/p>\n
Aduce que ha presentado diversas solicitudes para tal fin, destacando las de 11 de junio, 16 de junio, 27 de julio y 20 de agosto, todas de 2020, con la finalidad aludida, sin embargo, no han sido tramitados sus requerimientos. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3 la orden de entrega aducida por el tutelante. <\/p>\n
2. La Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias precis\u00f3 que durante el a\u00f1o 2020 fueron suspendidos los t\u00e9rminos judiciales en diversas ocasiones en raz\u00f3n de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid -19, as\u00ed como los inconvenientes que tuvo para la digitalizaci\u00f3n de los expedientes y que estos contin\u00faen su tr\u00e1mite; y que en los d\u00edas 21, 23 y 24 de septiembre de 2020 realiz\u00f3 actuaciones que responden al tr\u00e1mite del proceso, como el fraccionamiento de los dep\u00f3sitos judiciales para devolver $ 5\u00b4364.560 al rematante Gilberto Silva Ni\u00f1o. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado al considerar que el derecho fundamental de petici\u00f3n desarrollado con la ley 1755 de 2015 no regula el juicio a que alude el quejoso, sino el ordenamiento procesal civil, de donde el derecho supuestamente transgredido ser\u00eda el debido proceso. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la mora judicial centr\u00f3 su an\u00e1lisis en las actuaciones desplegadas por la Oficina de Apoyo antes y despu\u00e9s de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos que mencion\u00f3, que ocurri\u00f3 entre el 16 de marzo de 2020 y el 22 de mayo de 2020, encontrando que en ambos escenarios se actu\u00f3 diligentemente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo insisti\u00f3 en que el procedimiento para el pago de los dep\u00f3sitos judiciales que reclama debe regirse por la Circular n.\u00b0 17 del 29 de abril \u00faltimo, sin que exista raz\u00f3n para que se omita el deber de informar el estado en el que se encuentra dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la resoluci\u00f3n de solicitudes de actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito presentadas por otros acreedores no constituye \u00f3bice para incumplir la orden de pago emitida el 2 de diciembre de 2019, la que -resalta el gestor- es hasta la concurrencia de su cr\u00e9dito y costas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Pues bien, cuesti\u00f3n de primer orden es reiterar, en punto al derecho de petici\u00f3n o acceso a la informaci\u00f3n que resalta el quejoso en el escrito de impugnaci\u00f3n, c\u00f3mo esta Sala en reiterada jurisprudencia ha se\u00f1alado que no se puede impulsar las actuaciones judiciales a trav\u00e9s de solicitudes de petici\u00f3n, pues \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial, deben resolverse de acuerdo a las formas propias de cada juicio\u00bb, por lo que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 y 31 mar. 2000. rad. 4822 y 4867, reiteradas en CSJ STC 8086-2019, 20 jun.). <\/p>\n
De esta manera, sobre la eventual vulneraci\u00f3n de garant\u00edas iusfundamentales en tal \u00e1mbito, esta Corporaci\u00f3n ha enfatizado que: <\/p>\n
(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos\u2026 (CSJ STC, 2 ago. 2002. rad. 2002-00199-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, de ser afirmativa la respuesta, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
En el presente caso, el peticionario pretende la entrega de dineros producto del remate practicado en juicio ejecutivo en el cual \u00e9l interviene como acreedor, en aras de satisfacer su cr\u00e9dito, lo que traduce que estas actuaciones son de naturaleza netamente judicial, de all\u00ed que su derecho fundamental de petici\u00f3n no sea relevante. <\/p>\n
3. De otro lado y en relaci\u00f3n con la mora judicial alegada, a partir de los elementos de convicci\u00f3n presentes en el diligenciamiento tutelar colige la Sala que la vulneraci\u00f3n alegada no ocurri\u00f3, habida cuenta que no se observa mora injustificada en la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales obrantes en el proceso criticado. <\/p>\n
En efecto, revisada tal ejecuci\u00f3n refulge evidente que, no obstante, la orden emitida en el auto aprobatorio de la diligencia de remate de 2 de diciembre de 2019 por el Juzgado accionado, de entrega de dineros para cubrir el cr\u00e9dito, realmente no existe prove\u00eddo que disponga el valor exacto que del producto de la almoneda debe entregarse a cada uno de los acreedores, ni el orden de prelaci\u00f3n que a cada uno de estos corresponde, si a ello hubiere lugar. <\/p>\n
Es que como en el juicio coactivo de marras fueron acumuladas varias demandas ejecutivas de diversos acreedores, menester es, para viabilizar la entrega de dineros, dar cumplimiento a los literales a) y b) del numeral 5 del art\u00edculo 463 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor el juzgado de conocimiento debe disponer la prelaci\u00f3n con la cual se deben pagar esas variadas acreencias, si es que est\u00e1n en diversos grados de prelaci\u00f3n o de preferencia seg\u00fan las reglas sustanciales, as\u00ed como los gastos del proceso causados en inter\u00e9s general de los acreedores y los causados particularmente para cada uno. <\/p>\n
Y a pesar de que el canon procesal citado consagra que dicha decisi\u00f3n corresponde a la sentencia, esto s\u00f3lo es aplicable cuando las demandas fueron acumuladas antes de la emisi\u00f3n de fallo por el juzgado cognoscente; pero como dicha acumulaci\u00f3n tambi\u00e9n es viable hasta antes del auto que fija la primera fecha para remate, como sucedi\u00f3 en el sub lite, se impone en este evento la expedici\u00f3n de un auto interlocutorio con el prop\u00f3sito aludido. <\/p>\n
Esta \u00faltima providencia no ha sido expedida en el juicio ejecutivo de que se trata, omisi\u00f3n que revela como, en realidad, es inexistente la orden de entrega de dinero que aduce el tutelante a su favor y, por contera, la mora de las autoridades convocadas al tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
A m\u00e1s de lo anterior, para dicha graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos es indispensable que los acreedores o los ejecutados presenten las liquidaciones actualizadas de todos los cr\u00e9ditos hasta la \u00e9poca de la subasta, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 446 de la obra en cita, lo que dar\u00e1 paso que el estrado judicial apruebe esos ejercicios aritm\u00e9ticos o los modifique conforme al numeral 3\u00b0 \u00eddem -m\u00e1s no a conminar a los intervinientes a que aporten otra liquidaci\u00f3n-. <\/p>\n
Este procedimiento tampoco aparece satisfecho en el juicio ejecutivo fustigado, porque s\u00f3lo uno de los acreedores present\u00f3 la liquidaci\u00f3n actualizada de su cr\u00e9dito, a m\u00e1s de que el juzgado dispuso la rehechura de esa c\u00e1lculo en contrav\u00eda del precepto referido a espacio -que le impone al juzgado aprobarlo o \u00e9l mismo modificarlo-, lo cual gener\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n que se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Total es que el Juzgado accionado no ha expedido el prove\u00eddo que disponga el valor exacto que del producto de la almoneda debe entregarse a cada uno de los acreedores, ni el orden de prelaci\u00f3n que a cada uno de estos corresponde, si a ello hubiere lugar, para lo cual es necesario que todos los acreedores o los ejecutados aporten la liquidaci\u00f3n actualizada de cada cr\u00e9dito, de donde resulta evidente la inexistencia de la mora judicial alegada por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ago., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ab\u2026las que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
4. Lo sucintamente consignado impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala EXHORTA al Juzgado Cuarto Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 para que direccione el tr\u00e1mite ejecutivo a su cargo en los t\u00e9rminos indicados en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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